Domingo 16 de diciembre de 2001
Domingo 16 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Revista Época • Ovaciones • Reforma
LA
POLÉMICA TERCERA VÍA PARA EL AEROPUERTO.
Leopoldo Nieto Aranda, revista Época, página 20, domingo 16 de diciembre.
En
un capítulo más sobre la "polémica" decisión federal de construir
el aeropuerto alterno de la ciudad de México en Texcoco, el domingo 10 de
diciembre procedieron -una semana después de ser entregadas- dos de las tres
controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia.
NEGOCIAN
DESOCUPACIÓN DE 130 PREDIOS INVADIDOS.
Nota informativa, Ovaciones, página 4, domingo 16 de diciembre.
El gobierno del estado de Chiapas negocia con organizaciones campesinas la
desocupación de 130 predios invadidos desde hace años, fuera de la zona de
influencia zapatista, 80 de ellos en los municipios de Nicolás Romero y
Venustiano Carranza.
CREAN
COMITÉ DE JUSTICIA PARA PUEBLOS INDÍGENAS.
Hanako Taniguchi, Reforma, página 30, domingo 16 de diciembre.
El Instituto Nacional Indigenista (INI) acaba de crear un Comité Técnico de
Procuración de Justicia que pretende servir como puente entre las dependencias
gubernamentales y los pueblos indígenas en cuestiones que se relacionen con la
procuración de la justicia.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
LA
POLÉMICA TERCERA VÍA PARA EL AEROPUERTO.
Leopoldo Nieto Aranda, revista Época, página 20, domingo 16 de diciembre.
EL
FALLO DE LAS CONTROVERSIAS, HASTA 2002
En
un capítulo más sobre la "polémica" decisión federal de construir
el aeropuerto alterno de la ciudad de México en Texcoco, el domingo 10 de
diciembre procedieron -una semana después de ser entregadas- dos de las tres
controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia.
En
medio del forcejeo entre autoridades federales, juristas y ejidatarios
inconformes, el juez Juventino Castro Castro admitió las controversias
interpuestas por el gobierno capitalino y la alcaldía de Texcoco. Referente a
la demanda interpuesta por el municipio de Acolman, la controversia no ha
procedido por falta de pruebas sustentables, aunque no ha sido denegada.
Esto
implica que se establezca un juicio legal que emplazará a las partes
involucradas. Ante ello, las secretarías de Comunicaciones y Transportes,
Contraloría, Reforma Agraria y de Hacienda tendrán 30 días hábiles -a partir
de la aceptación del magistrado- para contestar la demanda. Debido a la
tardanza de las pruebas, peritajes y demás recursos que se requieran, el fallo
de la SCJN podría darse hasta principios de 2002.
El
martes 11 de diciembre, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela presentó ante el juez
sexto de Distrito el onceavo amparo en favor de los ejidos de La Magdalena
Panoaya y Vicente Rivapalacio, contra la expropiación federal en el estado de México.
Por
su parte, el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, dijo
que presentará ante la SCJN el proyecto de "la tercera pista" como
una alternativa viable para no cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) y "no perder más tiempo en todo el diferendo que hay en
relación con Texcoco. Con este proyecto se evita la expropiación de tierras de
los ejidatarios del estado de México y se garantiza el funcionamiento de la
terminal aérea en 50 años, aseguró el jefe capitalino.
Informó
que enviará al presidente Vicente Fox el anteproyecto para su evaluación, con
el objetivo de "no dejar sin opciones, ni salidas, al gobierno federal en
el caso del aeropuerto".
Por
vez primera, diputados federales visitaron las tierras mexiquenses que fueron
expropiadas por el gobierno federal. Acompañados por campesinos y autoridades
locales, Garza Guevara, Romero Reyna, del PAN, Rogaciano Morales Reyes, del PRD,
y Félix Castellanos Hernández del PT, caminaron 10 kilómetros para conocer
las condiciones de las tierras de los inconformes.
Después
de cinco horas por las milpas y sembradíos, los mexiquenses mostraban sus
tierras como el único patrimonio que tiene y que dijeron "defenderemos
hasta la muerte".
El
diputado petista, Castellanos Hernández, presidente de la Comisión de la
Reforma Agraria, dijo que "la decisión del presidente Fox fue un error y
una torpeza política".
Unen
demandas maestros y ejidatarios
En
la conmemoración de los festejos guadalupanos, ejidatarios de Texcoco y
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se unieron
-el martes 11 de diciembre- para rechazar la construcción del aeropuerto de
Texcoco y solicitar mayores recursos para el rubro de educación.
Con
su tradicional consigna, "tierra sí, aviones no", unos dos mil 500
manifestantes caminaron por las calles de la ciudad de México hasta
concentrarse en el Zócalo capitalino para demandar al gobierno federal el
cumplimiento de sus demandas.
Los
ejidatarios mexiquenses dejaron claro que "en ningún momento hemos venimos
a negociar la venta de nuestras tierras, como lo argumentó el gobierno de
Arturo Montiel y el federal".
Con
el temor de recibir agresiones personales, los inconformes dijeron que desde
este momento "hacemos responsables al presidente Vicente Fox y a Arturo
Montiel por cualquier daño que pudieran sufrir nuestras personas, familias,
como consecuencia de nuestras manifestaciones".
Proyecto
de la tercera pista
En
entrevista con EPOCA, el arquitecto Carlos Hurtado y el capitán piloto
aviador, Alfredo Lezama, dijeron que Terminal 2 es el proyecto aeroportuario que
requiere el presidente Vicente Fox para dar solución a todos los problemas que
ha generado la decisión de construir el aeropuerto en Texcoco.
Manifestaron
que el único que no conoce su proyecto es el presidente Vicente Fox, "nos
han filtrado y no ha llegado a sus manos. "Señor presidente, le queremos
presentar un proyecto que le va a solucionar el problema de saturación área
que tiene el AICD, le vamos a dar una alternativa que no sea muy costosa, ecológicamente
sana, que no va a tener problemas de expropiación de tierras y demandas".
Denunciaron
que después de entregar -tres meses antes de nombrar a Texcoco como el lugar idóneo-
su proyecto a dos subsecretarios de Comunicaciones y Transportes, su documento
fue archivado sin considerar las ventajas que este proponía.
Manifestaron
que la decisión de aprobar el proyecto de Texcoco "ya estaba tomada desde
hace mucho tiempo" y que Tizayuca siempre fue una comparsa, para poder
justificar que había una controversia y que se estaban estudiando la otra opción".
CHIAPAS
NEGOCIAN
DESOCUPACIÓN DE 130 PREDIOS INVADIDOS.
Nota informativa, Ovaciones, página 4, domingo 16 de diciembre.
El
gobierno del estado de Chiapas negocia con organizaciones campesinas la
desocupación de 130 predios invadidos desde hace años, fuera de la zona de
influencia zapatista, 80 de ellos en los municipios de Nicolás Romero y
Venustiano Carranza.
El
subsecretario de Regulación Agraria de la entidad, Arturo Luna Lujano, aclaró
que en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
unas 800 propiedades se encuentran invadidas, pero es un asunto que corresponde
a la federación.
En
relación con las 130 invasiones fuera de la zona zapatista, Luna Lujano mencionó
en entrevista que los casos más complicados se localizan en la Depresión
Central –Venustiano Carranza y Nicolás Romero–, y el resto en Palenque,
Chilón y Suchiate.
Las
acciones institucionales se enfocan con prioridad a los primeros casos, donde
aplicarán recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría
Agraria para atender a los campesinos que alegan títulos primordiales y
derechos ancestrales.
En
los casos de Venustian Carranza y Nicolás Romero, se trata de propietarios a
quienes luego de años no se les retribuyó ni indemnizó por sus bienes
afectados por el movimiento, explicó.
Cmo
parte de los esquemas de concertación, negociación, consenso y diálogo entre
el sector agrario, se han realizado trabajos de medición y avalúo, y se espera
en corto plazo indemnizar a los propietarios de los primeros municipios, enfatizó.
“Primero
es la negociación y el último caso para resolver las invasiones es la compra
de las tierras invadidas. El tema es complicado pero hay que abordarlo, hay que
enfrentarlo y resolverlo para consolidar los elementos de la gobernabilidad”,
insistió.
Sostuvo,
sin embargo, que en el primer año de gobierno de pablo Salazar Mendiguchía,
emanado de una alianza de partidos políticos, las principales organizaciones
sociales y campesinas que en administraciones pasadas no encontraron solución,
hoy la están encontrando.
“Se
trata de organizaciones históricas que apoyaron en la lucha al actual gobierno,
que participaron en la campaña y en el proceso electoral, en la misma contienda
por el cambio del partido en el gobierno”, explicó.
“En
consecuencia con ello, las organizaciones están conscientes de que éste es su
gobierno y en esa medida, en esa misma medida, dicen, ‘es nuestro gobierno y
es nuestro aliado, nuestro gobernador y estamos obligados a coadyuvar a la
gobernabilidad’”, insistió.
GOBIERNO
FEDERAL
CREAN
COMITÉ DE JUSTICIA PARA PUEBLOS INDÍGENAS.
Hanako Taniguchi, Reforma, página 30, domingo 16 de diciembre.
El
Instituto Nacional Indigenista (INI) acaba de crear un Comité Técnico de
Procuración de Justicia que pretende servir como puente entre las dependencias
gubernamentales y los pueblos indígenas en cuestiones que se relacionen con la
procuración de la justicia.
Este
órgano, que además del Consejo Directivo del INI, cuenta con la participación
de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la
Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la Secretaría del Medio Ambiente
y la Procuraduría Agraria se perfila también como una institución que
presentará alternativas de solución a conflictos que involucren a los pueblos
autóctonos.
Los
principales asuntos a tratar a corto y mediano plazo son los conflictos
agrarios, los asuntos religiosos, la administración de justicia e incluso el
Proyecto de Apoyo al Registro Civil para la población indígena.
Todo
esto con base en tres principios fundamentales como lo es la reorientación de
las políticas gubernamentales para poner fin al paternalismo y al
asistencialismo, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
de los pueblos indios y la construcción de puentes de comunicación de los
grupos indígenas con el Estado mexicano.
De
acuerdo a Julio Atenco Vidal, Director de Procuración de Justicia del INI,
estos objetivos se plantean con el fin de superar el desconocimiento que existe
en los tres niveles de Gobierno sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas,
que ha llevado a lo largo del tiempo a un trato discriminatorio y proteccionista
hacia los grupos originarios del país.
"Todo
esto parte del criterio de que nuestros pueblos esencialmente siguen siendo un
mundo desconocido para la mayoría de los funcionarios públicos, para la mayoría
del poder judicial, para la mayoría de los integrantes del poder de la unión.
"Es
necesario que estos conozcan lo que son los pueblos indígenas y que concerten
políticas pública que puedan beneficiar a estos pueblos de manera que puedan
superar por sí mismos la extrema pobreza y marginalidad en la que
sobreviven", explicó Atenco Vidal.
Entre
las acciones que este comité espera promover se encuentra la creación de una
ley que reconozca y registre los territorios indígenas y sus espacios sagrados,
así como garantizar la protección a la integridad de la tierra de los pueblos
indígenas y sus comunidades, como se establece en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, del cuál México es signatario.
Asimismo,
se espera que distintas Secretarías se vayan incorporando como miembros del
comité para que en un futuro esta agrupación se convierta en un mecanismo al
cual los miembros de comunidades indias puedan llegar a levantar denuncias
directamente.
La
protección legal como prioridad
Una
de las áreas con mayor prioridad es la relacionada a los asuntos jurídicos
penales, ya que de acuerdo con el documento que enumera las líneas de trabajo
del comité, es una de las áreas en las que más desventajas tienen los
nativos.
"Las
condiciones de acceso a la jurisdicción del estado de los indígenas, reflejan
una clara desventaja. Esta se origina principalmente por la carencia de
profesionales del derecho y otras disciplinas, preparados y sensibilizados para
atender de manera adecuada la demanda de atención legal en el marco de la
pluriculturalidad", indica el texto.
Por
medio del trabajo del comité, se espera que los derechos como el de contar con
traductor o intérprete al momento del juicio sean tomados en cuenta por las
autoridades judiciales, y los usos y costumbres autóctonas sean respetadas como
prácticas milenarias y no como actividades muchas veces ilegales.
Por
ejemplo como en los casos de las prácticas culturales de los huicholes respecto
al uso del peyote, la caza del venado de cola blanca, formas propias de
aprovechamiento de los recursos naturales, el uso de armas de fuego y la relación
de las comunidades con las zonas arqueológicas, entre otras.
Además
se gestionará por la inclusión en el marco legal mexicano del elemento de
pluriculturalidad que tome en cuenta las diferencias entre los ciudadanos no indígenas
y los miembros de los pueblos originarios.
"No
existe correspondencia entre la adecuación del orden jurídico nacional y la
reforma institucional necesaria que permita responder cabalmente a la naturaleza
pluricultural de la nación.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx