Martes 4 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • Excélsior • México Hoy •
Reforma• Unomásuno
• El Heraldo de México • El Sol de México • El Universal
VI
PREMIO ESTUDIOS AGRARIOS Y IV CERTAMEN INVESTIGACIÓN AGRARIA 2001.
La Jornada, página 24, y El Universal, página 8-B, martes 4 de diciembre.
La Procuraduría Agraria informa el Fallo del H. Jurado Calificador del VI
Premio Estudios Agrario y IV Certamen Investigación Agraria 2001.
CONCEDEN
AMPARO PROVISIONAL A COMUNEROS DE SAN SALVADOR ATENCO.
Luciano Tapia, Excélsior, página 25, martes 4 de diciembre.
Les fue concedido a los comuneros de este municipio la tercera suspensión de
amparo contra la expropiación de sus tierras, informaron los ejidatarios José
Gil García e Ignacio del Valle.
NADA
DETENDRÁ AL NUEVO AEROPUERTO.
Nota informativa, México Hoy, página 25, martes 4 de diciembre.
El gobernador Arturo Montiel Rojas mostró su deseo de que los amparos logrados
hasta ahora por tres comunidades no signifiquen retrasos significativos en la
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
GENERAN
INCERTIDUMBRE.
Mariel Zúñiga, Reforma, página 11-A, martes 4 de diciembre.
La decisión de que Texcoco será la sede del nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México es considerado entre los constructores el máximo logro del
primer año del Gobierno de Vicente Fox.
DEMANDA
DE CONTROVERSIA DE GDF POR EL AEROPUERTO.
Jesús Flores, Unomásuno, página 14, martes 4 de diciembre.
El secretario general de gobierno del DF, Francisco Ortiz Pinchetti, informó
que este martes la Consejería Jurídica presentará ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) la demanda de controversia constitucional contra
la decisión del gobierno federal de construir la nueva sede del aeropuerto
capitalino en Texcoco.
EL
PRESIDENTE FOX NO ES ANTIAGRARISTA, ASEGURA EL DIRIGENTE DE LA UGOCM.
Nota informativa, El Heraldo de México, página 6, martes 4 de diciembre.
El secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM),
Jacinto López, diputado José Luis González Aguilera, afirmó que “se
equivocan aquellos que piensan que el Presidente Vicente Fox es antiagrarista”;
en tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, puntualizó que el Gobierno
Federal intenta soluciones reales para dar respuesta a las demandas de la gente
del campo.
APUNTO
DE REVENTAR CRISIS EN EL CAMPO, ADVIERTE AL CNPR.
Lorena Gaona, El Sol de México, página 18, martes 4 de diciembre.
Tras admitir que la situación en el campo mexicano está a punto de
“reventar” por la falta de estímulos económicos, el presidente de la
Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Julián Orozco González,
advirtió que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año
debe ajustarse a las demandas de los productores agrícolas, ya que de lo
contrario, este sector continuará empantanado.
MÉXICO,
SEGUNDO LUGAR A ESCALA MUNDIAL EN PÉRDIDA DE BOSQUES Y SELVAS: SEMARNAT.
Angélica Enciso, La Jornada, página 45, martes 4 de diciembre.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer
ayer que a partir de 1993 la tasa anual de deforestación creció a 1.1 millones
de hectáreas, casi el doble de las 600 mil hectáreas que se tenían
registradas, lo que coloca al país en el segundo lugar mundial en pérdida de
bosques y selvas después de Brasil.
EXIGEN
PAGO DE TIERRAS 300 CAMPESINOS.
Rodrigo Huerta Pegueros, Unomásuno, página 18, martes 4 de diciembre.
Cerca de 300 campesinos, pertenecientes a nueve ejidos del municipio de
Acapulco, realizaron un plantón en la caseta de la Autopista del Sol y
exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) el pago de una deuda equivalente a 200
millones de pesos por concepto de la expropiación de sus tierras para la
construcción de la Autopista en 1992.
PLAZA
PÚBLICA.
Columna de Miguel Ángel Granados, Reforma,
página 25, martes 4 de diciembre.
El camino de Texcoco está empedrado. Y no precisamente, como el del infierno,
de buenas intenciones. La decisión gubernamental de establecer el aeropuerto
internacional de la Ciudad de México en tierras de 19 ejidos en dos municipios
(todo lo cual se denomina con el nombre de uno de ellos, para efectos prácticos,
como se hablaba de Tizayuca en semejantes términos simplificatorios), está
siendo impugnada mediante varios procedimientos y con varias intensidades.
VIDA
NACIONAL.
Ángel Soriano, Excélsior, página 31, martes 4 de diciembre.
Segundo Amparo.
Ejidatarios de San Salvador Atenco ganaron un segundo amparo. Con ello los
habitantes del ex Vaso de Texcoco dan muestras de continuar su lucha por la vía
legal y pacífica en defensa de sus tierras, ante una decisión arbitraria de
utilizarlas para una obra que si bien es en beneficio del país, debió antes
consultárseles para emprenderla.
LA
PEQUEÑA GUERRA EN TEXCOCO.
Carlos Martínez Assad, El Universal, página 25, martes 4 de diciembre.
Para los ejidatarios de San Salvador Atenco, la guerra la iniciaron quienes
decidieron tomar sus tierras para otra finalidad que la destinada por su
historia. Fuertes empresas privadas se disputarán ese territorio en las obras
del nuevo aeropuerto. Después de mucho tiempo, los machetes comenzaron a
relucir en plena mancha urbana, casi un siglo después de la llegada de las
huestes de Emiliano Zapata como símbolo de un nuevo movimiento social provocado
por la decisión unilateral de los poderosos.
SECTOR
AGRARIO
VI
PREMIO ESTUDIOS AGRARIOS Y IV CERTAMEN INVESTIGACIÓN AGRARIA 2001.
La Jornada, página 24, y El Universal, página 8-B, martes 4 de diciembre.
La
Procuraduría Agraria informa el Fallo del H. Jurado Calificador del VI
Premio Estudios Agrario y IV Certamen Investigación Agraria 2001.
VI
PREMIO ESTUDIOS AGRARIOS 2001.
1er.
Lugar
Ivonne
Vizcarra Bordi,
...Y la lucha sigue entre sombreros y rebozos. Historia de una tierra de
subsistencia “marginal” mazahua.
2º.
Lugar
Leticia
Merino Pérez,
Las políticas forestales y de conservación y sus impactos sobre comunidades
forestales.
3er.
Lugar
Verónica
Vázquez García.
Género y tenencia de la tierra en el ejido mexicano: ¿La costumbre o la Ley
del Estado?
Mención
y recomendación para publicación.
Conrado
Márquez Rosano,
Apropiación del territorio y gestión de recursos forestales. Estudio de
caso en ejidos de Marqués de Comillas, Selva Lacandona, Chiapas.
IV
CERTAMEN INVESTIGACIÓN AGRARIA
1er.
Lugar
Alfredo
Ramírez Gómez,
Las comunidades indígenas: entre la Ley Indígena y la Ley Agraria. Avances
del PROCEDE en comunidades del valle de Oaxaca (1996-2001)
2º.
Lugar
Héctor
Bernal Mendoza,
La territorialidad y el futuro de nuestra institución: perspectiva desde la
etapa final del PROCEDE.
3er.
Lugar
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
CONCEDEN
AMPARO PROVISIONAL A COMUNEROS DE SAN SALVADOR ATENCO.
Luciano Tapia, Excélsior, página 25, martes 4 de diciembre.
Les
fue concedido a los comuneros de este municipio la tercera suspensión de amparo
contra la expropiación de sus tierras, informaron los ejidatarios José Gil
García e Ignacio del Valle.
Señalaron
que fue el juez VI de distrito con sede en ciudad Nezahualcóyotl, quien otorgó
la suspensión provisional del recurso de amparo promovido por el despacho del
jurista, Ignacio Burgoa Orihuela.
Cabe
mencionar que hace 15 días a los comuneros del ejido de Tocuila, también les
fue concedida una suspensión similar, recurso de amparo que fue interpuesto por
la Procuraduría Agraria, con lo que se convierte así en el segundo de otros más
que están en proceso y del cual confían sea favorable según manifestaron los
propios ejidatarios.
Tanto
Ignacio del Valle como José Gil aseguraron también que será mañana martes
cuando el alcalde de Texcoco, Horacio Duarte Olivares presente ante la Suprema
Corte de la Nación SCN), la controversia constitucional en contra del Gobierno
Federal que pretende construir el aeropuerto en terrenos del ex Vaso de Texcoco.
Los
ejidos que deberán permanecer como se encuentran, son: Nexquipayac, San
Salvador Atenco y Tocuila; el primero con 900 hectáreas, el segundo con 1,070 y
el último con 128 hectáreas.
Dos
de estas suspensiones de amparo fueron promovidas por la SRA en el caso de
Tocuila y Nexquipayac, mientras en el caso de San Salvador Atenco, son
promovidos por el jurista Ignacio Burgoa Orihuela.
Por
otra parte el ambiente que se vive en la Casa Ejidal se mantiene igual que otros
días, con guardias permanentes, además de que las autoridades municipales
tampoco se presentaron a trabajar este lunes.
Los
líderes indicaron que el presidente municipal Margarito Yánez Ramos, “está
desconocido”, ya que indican que “aquí la autoridad es el pueblo”.
Cabe
mencionar que desde el 22 de octubre, cuando los campesinos levantaron la voz
contra la expropiación de sus tierras, el alcalde y sus regidores no han podido
ingresar al edificio municipal, por lo que estos no se han presentado.
Mientras
tanto el municipio de Papalotla –que el más pequeño del Estado de México–,
corre el riesgo de perder la cuarta parte de su territorio con el proyecto del
nuevo Texcoco, en donde se incluye la construcción del nuevo aeropuerto, debido
a que también se tiene proyectada la construcción de una autopista, la cual
atravesaría además de éste otras demarcaciones aledañas, aseguró el
dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la localidad, Juan
Miranda Alvarado.
Indicó
que dicha carretera cruzará por los municipios de Tezoyuca, Chiautla,
Tepetloaxtoc y Papalotla que es parte de la infraestructura vial del proyecto
aeroportuario que entroncaría con al carretera Venta de Carpio hasta la
autopista México-Puebla.
En
tal sentido manifestó que los habitantes de esta localidad, al enterarse de
esta situación han manifestado preocupación porque no saben de qué manera
podrían resultar afectados e incluso hay campesinos que piensan habrá otra
expropiación de tierras de cultivo.
NADA
DETENDRÁ AL NUEVO AEROPUERTO.
Nota informativa, México Hoy, página 25, martes 4 de diciembre.
El
gobernador Arturo Montiel Rojas mostró su deseo de que los amparos logrados
hasta ahora por tres comunidades no signifiquen retrasos significativos en la
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Igualmente,
negó rotundamente las versiones de los campesinos opositores al proyecto de la
nueva terminal aérea en el sentido de que su gobierno haya amenazado a líderes
sociales. “Esas prácticas no las tomamos, ni las tomaremos nunca, el señor
Procurador está investigando, lo que queremos son denuncias concretas”, aclaró.
Un
grupo de campesinos logró una suspensión provisional contra el decreto, en los
núcleos ejidales de Tocuila, Nexquipayac y San Salvador Atenco, este último a
cargo del jurista Ignacio Burgoa Orihuela. Montiel Rojas declinó responder a
las declaraciones de Burgoa, a quien calificó como persona muy respetable y
conocedora del derecho.
“Sé
que hizo unas declaraciones en relación con un comentario que yo hice. El hecho
de que los ejidatarios hayan llevado su amparo y lo haya recibido el juez, no
quiere decir que se frene el avance del decreto, hay que esperar a que los
jueces dictaminen lo que corresponda”, dijo.
“Lo
digo en español para que se entienda, en latín no lo sé hablar, yo no desdeñé
en ningún momento los amparos, los presentaron, y se les debe dar la resolución
del juez”. Dijo el gobernador Montiel que los inconformes no son la totalidad
de los campesinos aglutinados en los 13 núcleos agrarios, afectados por la
expropiación.
“Hay
algunos grupos de ejidatarios que no han mostrado su anuencia o su rechazo. Con
ellos está platicando la Reforma Agraria y el Gobierno del estado, tenemos tres
que han hecho la presentación de documentación ante los jueces”, indicó.
“Les han dado entrada a su petición, pero no les han dado respuesta, entonces
el decreto tiene plena vigencia”.
GENERAN
INCERTIDUMBRE.
Mariel Zúñiga, Reforma, página 11-A, martes 4 de diciembre.
La
decisión de que Texcoco será la sede del nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México es considerado entre los constructores el máximo logro del
primer año del Gobierno de Vicente Fox.
No
obstante, el impasse en que se encuentra la obra, sin plan maestro, ni fórmulas
de licitación aún, genera incertidumbre y pone en juego alrededor de 3 mil
millones de dólares que habrán de desembolsar principalmente inversionistas
privados.
Y
es que el diseño del plan maestro iniciaría después del 22 de octubre, fecha
en que se dio a conocer la resolución de la sede. Pero, en lugar de iniciar los
trabajos, comenzó la guerra. Las primeras batallas por la legitimidad de la
expropiación, por la honestidad de la decisión y la controversia entre el
Gobierno capitalino y el federal.
Y
a la fecha no se conocen avances para iniciar las obras que ya de por sí se
llevarán todo un sexenio, entonces existe el riesgo de que no se 'corone' este
Gobierno con la inauguración del aeropuerto, pues sólo el plan maestro tomaría
un año y medio, además de tres a cuatros años más en la construcción.
"Si
se contempla como evento el que no se ejecute la obra o bien, esta se retrase
por todos los problemas políticos y económicos que enfrenta, obviamente la
industria de la construcción dejará de recibir ingresos en su conjunto por 2
mil 800 millones de dólares, no se generarán empleos, no se detonarán las 37
de las 73 ramas productivas ligadas al sector.
"Y
de cara al futuro obviamente es una limitante del crecimiento de la industria,
del país y genera incertidumbre entre los inversionistas", advirtió José
Luis García Cantú, vicepresidente de inversión y relaciones
interinstitucionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC).
Pese
al gran interés por la obra, los constructores mexicanos se enfrentaron con el
Gobierno federal desde el primer día en que se dio a conocer la decisión de la
sede. Y es que, para los empresarios nacionales el principal punto de encono es
el anuncio de hacer licitaciones internacionales.
"Sería
triste y poco afortunado, que no se incluyera a toda la capacidad que existe en
el país de ingeniería, infraestructura y arquitectura que está demostrada en
muchas obras que hay en México. No creemos que sea la mejor fórmula haberlas
hecho licitaciones internacionales", precisó Leandro López Arceo,
presidente de la CMIC.
Rolando
Zárate Rocha, también vicepresidente de la CMIC alertó que la industria de la
construcción está en espera desde más de cuatro años del inicio de las obras
del nuevo aeropuerto, por lo que cualquier retraso en el inicio de estas afectaría
gravemente.
Cada
uno de los entrevistados, directivos de la CMIC, son también constructores
activos en diferentes empresas tales como ICA, Gusta, Iconsa, todas ellas con
experiencia en la construcción de aeropuertos y otras magnas obras tales como
museos, hoteles, túneles y el metro.
Qué
pasa...
El
anuncio de la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México generó grandes
expectativas en los constructores, pero...
El
silencio sobre un plan de trabajo para su construcción por parte del Gobierno,
preocupa a los involucrados en el proyecto.
Dicho
plan comenzaría el 22 de octubre. En juego cerca de 3 mil millones de dólares
que darán inversionistas extranjeros.
Prevalecen
batallas de grupos que están a favor y otros en contra de la sede Texcoco.
DEMANDA
DE CONTROVERSIA DE GDF POR EL AEROPUERTO.
Jesús Flores, Unomásuno, página 14, martes 4 de diciembre.
El
secretario general de gobierno del DF, Francisco Ortiz Pinchetti, informó que
este martes la Consejería Jurídica presentará ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) la demanda de controversia constitucional contra
la decisión del gobierno federal de construir la nueva sede del aeropuerto
capitalino en Texcoco.
Ortiz
Pinchetti explicó que el principal argumento que sostiene a la demanda de
controversia es que existe una invasión a las facultades del gobierno, se está
ocasionando un grave daño el medio ambiente, además la decisión de construir
la nueva sede del aeropuerto en Texcoco ocasionará una grave distorsión al
crecimiento natural del DF.
A
lo anterior dijo, se suma un desmantelamiento del aeropuerto Benito Juárez que
ocasionará una pérdida de varios miles de millones de dólares y en
consecuencia ello afectará al Distrito Federal.
Respecto
al daño ambiental, Francisco Ortiz dijo que la determinación de construir el
aeropuerto alterno en Texcoco provocará severas inundaciones en el Distrito
Federal porque habrá una destrucción de los cauces naturales que sirven para
desahogar las aguas pluviales.
Precisó
que la demanda de controversia forma parte de varias acciones del gobierno
capitalino para externar su inconformidad con la determinación construir en
Texcoco, pues dijo que existen otras alternativas, como puede ser, incluso,
acudir ante las comisiones nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos a
interponer quejas, con el argumento de que se están violentando los derechos de
los habitantes de la ciudad.
Sin
embargo, aseguró que no se tomará ninguna acción por encima de la ley y por
lo tanto el gobierno capitalino respetará las acciones que realice la ALDF, la
cual también, a excepción de la fracción del PAN, ha hecho pronunciamientos
contra esa decisión.
Francisco
Ortiz se reunió ayer con la Comisión de Gobierno de la ALDF para afinar la
agenda de comparecencias de los funcionarios del GDF que deberán acudir a la
asamblea para presentar sus propuestas de presupuesto, por lo pronto este martes
el secretario de Finanzas, Carlos Urzúa, explicará al pleno de los
legisladores el proyecto de presupuesto del gobierno capitalino.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
EL
PRESIDENTE FOX NO ES ANTIAGRARISTA, ASEGURA EL DIRIGENTE DE LA UGOCM.
Nota informativa, El Heraldo de México, página 6, martes 4 de diciembre.
El
secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM),
Jacinto López, diputado José Luis González Aguilera, afirmó que “se
equivocan aquellos que piensan que el Presidente Vicente Fox es antiagrarista”;
en tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, puntualizó que el Gobierno
Federal intenta soluciones reales para dar respuesta a las demandas de la gente
del campo.
José
Luis González afirmó que el presidente Fox apoya a los hombres del campo y
“nuestro compromiso es apoyarlo a él en todos los programas que beneficien a
los campesinos”.
A
su vez, el titular de la Sagarpa, quien inauguró el Décimo Octavo Congreso
Nacional Extraordinario de la OGOCM, señaló: “México vive hoy una nueva
democracia, en donde existe claridad de las políticas públicas y una
participación directa de los productores, a través de las organizaciones
campesinas, en la toma de las decisiones que los involucran”.
APUNTO
DE REVENTAR CRISIS EN EL CAMPO, ADVIERTE AL CNPR.
Lorena Gaona, El Sol de México, página 18, martes 4 de diciembre.
Tras
admitir que la situación en el campo mexicano está a punto de “reventar”
por la falta de estímulos económicos, el presidente de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Julián Orozco González, advirtió que
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año debe ajustarse
a las demandas de los productores agrícolas, ya que de lo contrario, este
sector continuará empantanado.
En
breve entrevista, destacó la importancia de que haya un congreso razonado para
el agro y que éste tome en cuenta sus verdaderas demandas y necesidades.
“Siempre
surgen grandes programas y proyectos para el campo que nunca se concretan y únicamente
se quedan en buenas intenciones, que en nada contribuyen a sacarlo de su
estancamiento ni tampoco a garantizar mejores condiciones de vida para los
campesinos, los cuales siguen viviendo en la pobreza extrema”, subrayó.
Destacó
la importancia de propiciar una mayor competitividad en el medio rural a través
de apoyos y de importar grandes cantidades de granos básicos, con el fin de
dejar de poner en riesgo la soberanía nacional.
SEMARNAT
MÉXICO,
SEGUNDO LUGAR A ESCALA MUNDIAL EN PÉRDIDA DE BOSQUES Y SELVAS: SEMARNAT.
Angélica Enciso, La Jornada, página 45, martes 4 de diciembre.
La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer ayer
que a partir de 1993 la tasa anual de deforestación creció a 1.1 millones de
hectáreas, casi el doble de las 600 mil hectáreas que se tenían registradas,
lo que coloca al país en el segundo lugar mundial en pérdida de bosques y
selvas después de Brasil.
En
la presentación de los datos preliminares del inventario forestal, el titular
de la Semarnat, Víctor Lichtinger, expresó que de 1993 a 2000 se perdieron en
total 7.8 millones de hectáreas, el equivalente al estado de Jalisco. Tan sólo
Campeche perdió ciento por ciento de sus bosques y Tabasco 58 por ciento.
Aseguró
que el problema de pérdida de la cubierta forestal es grave y se requiere de
una "política más agresiva". El problema es más serio de lo que se
creía, por lo que en breve se darán a conocer las cifras al presidente Vicente
Fox, expresó.
En
los últimos siete años la tasa anual de desaparición de bosques y selvas fue
de 1.1 millones de hectáreas, superficie similar a Querétaro u ocho veces el
Distrito Federal, explicó Raúl Arriaga, subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental.
Explicó
que en la mayor parte de la superficie forestal desaparecida se realizan
actualmente actividades agropecuarias. Detalló que en el caso de Campeche había
en total 200 mil hectáreas de bosques y todas se perdieron, pero en Chihuahua,
zona forestal, en este periodo desaparecieron 576 mil hectáreas, lo cual
equivale a 7 por ciento de su superficie boscosa.
En
cuanto a selvas, agregó, Yucatán perdió 35 por ciento de su superficie; es
decir, 272 mil hectáreas; Querétaro, 30 por ciento; o sea, 44 mil hectáreas,
y Veracruz, 22 por ciento, 270 mil hectáreas.
Las
principales causas de la desaparición de bosques tienen que ver con el
incremento de la superficie destinada a uso agropecuario, la cual pasó de 15
por ciento del territorio nacional a casi 17 por ciento. Al año la superficie
orientada a este rubro creció en 518 mil hectáreas, precisó.
Las
selvas desaparecerán en 58 años, de seguir tendencias
De
mantenerse esta tendencia las selvas, que cubren una superficie de 30.8 millones
de hectáreas, desaparecerán en 58 años, mientras los bosques, que actualmente
suman 32.9 millones de hectáreas, bajarán a 26 millones en 25 años y en 127 años
se acabarán.
Lichtinger
dijo que en la propuesta de Presupuesto de Egresos el Ejecutivo planteó asignar
al sector forestal el próximo año 500 millones de pesos, mientras que el rubro
necesita alrededor de 2 mil millones de pesos para poner en marcha diferentes
programas.
Al
conocerse esta información, precisó, se revisarán las estrategias
establecidas en la Cruzada por los Bosques y el Agua. La desaparición de la
cubierta forestal, agregó, incluye la pérdida de suelos, agua, generación de
oxígeno y biodiversidad. Es necesario, consideró, cambiar las políticas
anteriores, pues "no se trata sólo de una política de plantar árboles,
sino que es un problema compartido con las secretarías de Agricultura, Reforma
Agraria y Desarrollo Social".
En
este sentido, abundó, también son necesarios cambios legislativos para que se
descentralicen decisiones de aprovechamiento a los gobiernos estatales realmente
comprometidos con la conservación. Para ello, dijo el secretario, se sacará
una norma oficial que permita homogeneizar los permisos de explotación
forestal.
En
la presentación del inventario se dio a conocer que el cambio de uso de suelo
de los bosques, para orientarlos a la agricultura, ha sido la principal razón
de la deforestación, aunque también tiene influencia la tala clandestina que
realizan mafias organizadas, la tala hormiga que llevan a cabo campesinos y el
cultivo de enervantes.
Ahora,
dijo, lo que se tiene que hacer ante este problema de la "sociedad
mexicana" es fortalecer los programas de educación ambiental, las políticas
de largo plazo y los incentivos económicos.
GUERRERO
EXIGEN
PAGO DE TIERRAS 300 CAMPESINOS.
Rodrigo Huerta Pegueros, Unomásuno, página 18, martes 4 de diciembre.
Cerca
de 300 campesinos, pertenecientes a nueve ejidos del municipio de Acapulco,
realizaron un plantón en la caseta de la Autopista del Sol y exigieron a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión de Avalúos
de Bienes Nacionales (CABIN) el pago de una deuda equivalente a 200 millones de
pesos por concepto de la expropiación de sus tierras para la construcción de
la Autopista en 1992.
Jaime
Ramírez Manzanares, presidente del Consejo Consultivo de Comisariados Ejidales
de Acapulco, dio a conocer que la SCT pretende pagarles a un peso el metro
cuadrado de tierras expropiadas, cuando en otros estados el precio ha sido más
que un peso, dijo.
Insistió
que la postura de la SCT es de un peso y argumentan que está bien pagado;
creemos que no se vale que estén lucrando y negociando con la tierra de los
campesinos, por lo que recordó que hace dos años les pagaron a 2 pesos con 50
centavos el metro cuadrado. Reiteró que los campesinos han sido mal pagados en
virtud de que en otros estados el precio ha sido un poco más elevado.
Y
agregó: En el estado de Guerrero, somos los únicos campesinos pisoteados y ya
no pretendemos seguir de esta manera.
Alrededor
de las 09:00 horas de este lunes, campesinos de los ejidos de Agua de Perro, San
Martín del Jovero, Altos del Camarón, Colonia Guerrero, Dos Arroyos,
Sabanillas, Ejido Nuevo, Kilómetro 21 y La Venta, amenazaron en varias
ocasiones con tomar la caseta de cobro en la entrada al puerto de Acapulco, en
donde solicitaron la intervención del gobernador René Juárez Cisneros ante la
Federación para el pago de las tierras expropiadas.
Escoltados
por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y personal de seguridad de
Caminos y Puentes Federales (Capufe) Ramírez Manzanares dijo que los
ejidatarios exigen el pago de 20 pesos por metro cuadrado, es decir 200 millones
de pesos por las cien hectáreas que a la fecha se niega a pagar la SCT.
Los
inconformes, solicitaron también a los responsables de CABIN realizar un
replanteamiento del avalúo de las parcelas ejidales que fueron expropiadas por
la SCT y que se conocen como sobre anchos, al mismo tiempo, se dijeron estar
abiertos a negociaciones y a sostener las reuniones necesarias.
OPINIÓN
PLAZA
PÚBLICA.
Columna de Miguel Ángel Granados, Reforma,
página 25, martes 4 de diciembre.
El
camino de Texcoco está empedrado. Y no precisamente, como el del infierno, de
buenas intenciones. La decisión gubernamental de establecer el aeropuerto
internacional de la Ciudad de México en tierras de 19 ejidos en dos municipios
(todo lo cual se denomina con el nombre de uno de ellos, para efectos prácticos,
como se hablaba de Tizayuca en semejantes términos simplificatorios), está
siendo impugnada mediante varios procedimientos y con varias intensidades.
La
más vistosa de todas, aunque no necesariamente la más sustantiva, es la que
algunos ejidatarios de la región afectada, acompañados de más en más por
grupos que combinan la solidaridad con el servicio a sus propios intereses, se
ha manifestado una y otra vez no sólo en las cabeceras municipales, de Atenco y
Texcoco, sino sobre todo en la ciudad de México. Muchos de ellos han blandido
los machetes que emplean en sus labores del campo. Y si bien por ello se les
debe considerar útiles de trabajo, aperos de labranza o herramientas para
cuidar ganado, también se trata de armas. Y el artículo 9o. constitucional es
claro al negar a las "reuniones armadas" el "derecho a
deliberar". Aun admitiendo que es discutible si la presencia de algunos
machetes constituye la hipótesis de la prohibición constitucional, lo cierto
es que la presencia de esos instrumentos punzocortantes es un ingrediente
peligroso que en una fricción, ni siquiera un enfrentamiento con granaderos,
puede desembocar en violencia que añadiría un factor conflictivo más a la
defensa de los derechos de los ejidatarios cuyos predios fueron expropiados.
No
todos los ejidatarios han escogido ese camino para manifestar su oposición a
los decretos expropiatorios. Las autoridades de los ejidos afectados han
resuelto acudir al juicio de amparo. Se trata de combatir mediante ese
procedimiento ante la justicia federal los 19 decretos de expropiación
relativos a la construcción del aeropuerto y a mitigar el impacto ambiental a
fin de preservar el equilibrio ecológico. Hasta ahora, nueve núcleos ejidales
decidieron ser representados por la Procuraduría Agraria. Otros serán
confiados a abogados particulares, entre ellos el doctor Ignacio Burgoa, a quien
con obvia exageración algunas notas de prensa llaman "el padre del
amparo", bautizo que haría seguramente revolverse en su tumba a Rejón,
Otero, Vallarta y muchos otros cuya paternidad sería más nítidamente
comprobable. Burgoa no es ni siquiera "el defensor de los ejidatarios de
Texcoco", como su prosopopeya lo induce a considerarse a sí mismo.
La
Procuraduría inició nueve juicios de amparo. En ocho de ellos, los juzgados
federales correspondientes negaron la suspensión provisional. Sólo en uno, el
28 de noviembre, fue dictado en sentido contrario. El juez sexto de distrito en
el estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl decretó la suspensión
de plano del decreto que expropió 128 hectáreas al ejido de San Miguel Tocuila,
municipio de Texcoco. El efecto de esa decisión judicial es que las cosas se
mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta que en la audiencia
constitucional se resuelva el asunto de fondo: determinar si los decretos se
apegaron a la Constitución, es decir si se argumentó adecuadamente la causa de
utilidad pública alegada por el presidente de la República, que es el firmante
de los decretos.
Los
servicios jurídicos ofrecidos por la Procuraduría tienen la ventaja de ser
gratuitos, factor nada desdeñable en un caso en que la deficiente valuación de
las tierras es uno de los flancos débiles de los decretos. En consecuencia, si
los amparos no son concedidos, de la magra o pingüe indemnización que los
ejidatarios obtengan habrá que cizar los honorarios de los abogados
particulares.
No
me refiero a la compensación pecuniaria como algo que fatalmente va a ocurrir,
es decir como la consumación del acto expropiatorio. La experiencia indica, sin
embargo, que las expropiaciones por causa de utilidad pública suelen ser
convalidadas por la judicatura federal. El propio Burgoa y otros abogados
notables buscaron revertir por la vía del amparo la expropiación bancaria, que
socialmente suscitó tanta inquina, y no consiguieron un resultado favorable a
su causa.
La
expropiación es un acto de fuerza, unilateral, propio del Estado. Esa
circunstancia hace que carezcan de razón los ejidatarios que se niegan, dicen,
a vender sus tierras. Nadie está comprándolas. La expropiación sólo puede
ser revertida si el propósito alegado no cuadra con el concepto de utilidad pública,
por lo que los afectados suelen resignarse a que se les dé la mejor indemnización
posible. En ese punto la autoridad actuó con tal ligereza que parece haberlo
hecho a propósito, para que la fuerza del derecho resplandezca al corregir los
errores de bulto cometidos al tasar en montos iguales terrenos de naturaleza
diferente, al no incluir las casas y otras edificaciones, etcétera.
VIDA
NACIONAL.
Ángel Soriano, Excélsior, página 31, martes 4 de diciembre.
Segundo
Amparo.
Ejidatarios de San Salvador Atenco ganaron un segundo amparo. Con ello los
habitantes del ex Vaso de Texcoco dan muestras de continuar su lucha por la vía
legal y pacífica en defensa de sus tierras, ante una decisión arbitraria de
utilizarlas para una obra que si bien es en beneficio del país, debió antes
consultárseles para emprenderla.
A
estas acciones legales de los habitantes se suma la controversia constitucional
que interpondrá a partir de hoy el ayuntamiento de Texcoco, y la que realizará
el gobierno del Distrito Federal, lo que constituye un amplio frente de rechazo
al aeropuerto, por ser lesivo al entorno ecológico de la zona.
Varias
opciones había para emprender la magna obra, sólo que –se sabe– poderosos
intereses de grupos económicos y políticos con una amplia visión empresarial
determinaron esa región como la más viable para la terminal aérea, con
inversiones millonarias a través de jugosas concesiones de las que los lugareños
sólo serían espectadores.
LA
PEQUEÑA GUERRA EN TEXCOCO.
Carlos Martínez Assad, El Universal, página 25, martes 4 de diciembre.
Para
los ejidatarios de San Salvador Atenco, la guerra la iniciaron quienes
decidieron tomar sus tierras para otra finalidad que la destinada por su
historia. Fuertes empresas privadas se disputarán ese territorio en las obras
del nuevo aeropuerto. Después de mucho tiempo, los machetes comenzaron a
relucir en plena mancha urbana, casi un siglo después de la llegada de las
huestes de Emiliano Zapata como símbolo de un nuevo movimiento social provocado
por la decisión unilateral de los poderosos.
Los
campesinos de Texcoco fueron arrollados por un decreto presidencial
expropiatorio con el fin de construir en sus terrenos la nueva terminal aérea
de la ciudad de México. Por supuesto nadie les pidió su opinión, pero cuando
se enteraron de la posibilidad mostraron inmediatamente su desacuerdo. Sin
embargo, no podían hacer más, porque en la tradición de la cultura política
mexicana nadie les advirtió y éstos ni siquiera podían recurrir a algún
procedimiento legal sino hasta que se había consumado el despropósito, de
acuerdo con los informes de ecologistas y grupos que los intereses privados no
pudieron comprar. Ahora varios núcleos ejidales se encuentran en proceso de
ampararse contra el decreto expropiatorio de 5 mil 384 hectáreas y algún juez
ha declarado la suspensión temporal.
Independientemente
de lo que pueda suceder en forma definitiva, el gobernador del estado de México,
Arturo Montiel Rojas, el mismo que afirmó que los derechos humanos no eran para
las ratas, ya ha considerado "irrelevante" la decisión de integrantes
del Poder Judicial.
Dos
cuestiones se desprenden de lo que ha venido sucediendo: primero, que la decisión
autoritaria de establecer el nuevo aeropuerto ha generado un movimiento social
de resistencia cuyos alcances evidentemente no habían sido considerados. Es difícil
llegar a un acuerdo porque los campesinos reivindican el derecho de posesión de
las tierras de sus antepasados, lo que no se puede comprar con moneda corriente.
No es difícil suponer que se ofreció inicialmente de forma oficial la exigua
cifra de 7 pesos para dar margen al regateo posterior. No es pecado, como supone
un locutor televisivo, que todo sea cuestión de pesos y centavos, porque
interrogaba a los líderes haciéndoles caer en flagrante sospecha (¡¡¡) de
valorar el precio de sus tierras por encima de lo ofrecido por el gobierno.
Segundo,
que como se sospechaba, se trata del aeropuerto del grupo económico del estado
de México y toda la negociación con los ejidatarios expropiados se ha dejado
en manos de autoridades escasamente sensibles al problema. Como es obvio y,
debido a la cercanía, los campesinos afectados han decidido manifestarse por
las calles de la ciudad de México, con los graves efectos que causa en el de
por sí cada vez más enmarañado tráfico de vehículos automotores.
Los
13 núcleos ejidales de Atenco y Texcoco están dispuestos a mostrar ante la
opinión pública nacional y ante los organismos internacionales lo justo de sus
demandas que no es sino el exigir respeto a su propiedad como la de cualquier
otro ciudadano mexicano. En su pequeña guerra, los campesinos muestran su
capacidad de resistencia frente a un proyecto que en poco les beneficiará sobre
todo si, como en otras decisiones de gobierno, se afecta a muchos en beneficio
de unos cuantos.
Por
diferentes razones resultaba infundada la decisión de establecer el aeropuerto
en Texcoco, porque se trataba de una región donde se había puesto en práctica
un programa de rescate ecológico que ya duraba varios años y con resultados a
la vista; porque la parte no acuosa estaba siendo dedicada a la agricultura;
porque a quince kilómetros del actual aeropuerto no se justificaba hacer a un
lado la enorme inversión que ha significado y abandonarlo a la grave especulación
a la que seguramente darán lugar sus enormes terrenos susceptibles de varios
usos urbanísticos.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx