Lunes 3 de diciembre de 2001
Lunes 3 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Excélsior • La Jornada • La Crónica de Hoy •
Reforma
• El Economista • El Financiero • Unomásuno • Diario de México
ENTREGÓ
LA SRA 400 MIL TÍTULOS AGRARIOS EN BENEFICIO DE MÁS DE 217 FAMILIAS
CAMPESINAS: HERRERA TELLO.
Luis Navarro, Excélsior, página 36, lunes 3 de diciembre.
La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, informó sobre
los resultados de la dependencia a su cargo en los primeros doce meses
de administración; destacó la funcionaria que entregó casi 400 mil
documentos agrarios en beneficio de más de 217 familias campesinas y que fueron
regularizadas 99 colonias agrícolas y ganaderas, de las cuales algunas mantenían
un rezago histórico de 300 años.
MI
TÁCTICA SERÁ PRORROGAR EL JUICIO DE AMPARO, “VOY A JUGAR CON LAS
AUTORIDADES”: BURGOA.
Matilde Pérez U. y Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 8, lunes 3 de
diciembre.
El jurista y defensor legal de los ejidatarios de San Salvador Atenco, Ignacio
Burgoa Orihuela, pidió tolerancia y tranquilidad a los campesinos en
resistencia, "pueden seguir manifestándose públicamente, haciendo
plantones y elaborando pancartas, pero eso no los llevará a ningún lado"
porque el mayor temor de las autoridades es el amparo, del cual ya se obtuvo la
suspensión de plano contra la ejecución del decreto de expropiación.
“EN
EL AEROPUERTO DE TEXCOCO, EL PROBLEMA ES DE LEGALIDAD”.
Alfredo
Sánchez, La Crónica de Hoy, página 10, lunes 3 de diciembre.
El también maestro emérito de la UNAM logró la suspensión del decreto de
expropiación a las tierras de ejidatarios en Texcoco, donde se pretende ubicar
el nuevo aeropuerto.
MARIO
MOLINA: EL GOBIERNO DEBE ESCUCHAR RECLAMOS SOCIALES.
Ricardo Olayo Guadarrama, La Jornada, página 8, lunes 3 de diciembre.
El premio Nobel de Química, Mario Molina, dijo que el gobierno federal debe
escuchar los reclamos sociales que se derivan de la construcción de un nuevo
aeropuerto en Texcoco y también resolver los temas técnicos de medio ambiente
y de desarrollo urbano.
DESCONFÍAN
CAMPESINOS DE SUSPENSIÓN.
Éricka
Hernández, Reforma, página E-13, lunes 3 de diciembre.
Para algunos ejidatarios de San Salvador Atenco y Nexquipayac, la suspensión
provisional del decreto de expropiación de sus parcelas es un
"calmante" por parte del Gobierno Federal para suspender las
movilizaciones; por lo que reafirmaron que las protestas continuarán hasta
revocar el mandato de instalar en sus tierras el nuevo aeropuerto.
NO
HAY MARCHA ATRÁS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO: DYCHTER.
Jaime Hernández, El Economista, página 46, lunes 3 de diciembre.
No habrá marcha atrás en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco,
estado de México, por lo que el proyecto seguirá a pesar de las protestas de
los ejidatarios y comuneros de varios municipios e incluso de los amparos,
ratificó el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Aarón Dychter.
LA
IP, GRAN BENEFICIARIA DEL NUEVO AEROPUERTO.
Celina Yamashiro, El Financiero, página 46, lunes 3 de diciembre.
Justo en tiempos en que la recesión económica mundial golpea a todos los
sectores industrializados, el presidente Vicente Fox plantea a sus colaboradores
austeridad oficial y evitar dispendios para enfocar sus recursos a cumplir las
necesidades de la población.
LA
CIFRA DE HOGARES POBRES CRECERÁ ENTRE 3.6 Y 4 MILLONES ESTE SEXENIO, REVELA
ESTUDIO.
Patricia Muñoz Ríos, La
Jornada, página 9, miércoles 3 de diciembre.
El número de hogares "pobres" en México crecerá entre 3.6 y 4
millones durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, revela un
estudio del Colegio Mexiquense y establece que el estado de México, el Distrito
Federal, Veracruz y Jalisco concentrarán el mayor volumen de éstos. Apunta
además que se "agravará" la precarización del sector rural,
particularmente entre los propietarios ejidatarios, cuya descapitalización los
obligará a acentuar la venta de sus tierras en condiciones desventaja y casi
despojo.
TRAMPAS
Y CANDADOS.
Columna de Alberto Barranco, Reforma, página 6-N, lunes 3 de diciembre.
Aunque
al amparo obtenido por el ejido de San Miguel Tocuila, municipio de Texcoco,
contra el Decreto Presidencial que ordena la expropiación de sus tierras para
efecto de la construcción del nuevo aeropuerto central del país le pone una
piedra en el zapato al proyecto, lo cierto es que el alud se volverá
incontenible en los próximos meses ante el cúmulo de solicitudes similares que
llegarán a la escena.
CLASE
POLÍTICA.
Columna de Miguel Ángel Rivera, La Jornada, página 4, lunes 3 de diciembre.
En la defensa de los intereses de los ejidatarios afectados por la expropiación
de tierras para el nuevo aeropuerto de la ciudad de México ha destacado la
participación del procurador Agrario, Valdemar Martínez Garza, quien tuvo
jornadas muy intensas, pues al mismo tiempo atendió la organización del Foro
Internacional de Ordenamiento de la Propiedad y Sistemas Catastrales...
MOLINO
DEL REY.
Columna de Roberto González, Unomásuno, página 9, lunes 3 de diciembre.
La que anda con mucho, pero mucho trabajo, es la titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, quien ya negocia un arreglo con 11
de las 13 comunidades ejidales que resultarán afectadas por la construcción
del nuevo aeropuerto en Texcoco. La señora Herrera Tello maneja estos asuntos
con mano tersa, en forma seria y sin enfrentamientos innecesarios, elementos
indispensables para que las cosas funcionen bien...
SAN
LUNES.
Enrique Novelo G., Diario de México, página 13, lunes 3 de diciembre.
El gobierno federal no renunciará a la aspiración de perfeccionar las
instituciones del país para ordenar y regularizar la tenencia de la tierra en México,
sostuvo María Teresa Herrero Tello, informó que durante el primer año de la
actual administración se ha regularizado la propiedad de 771 núcleos agrícolas,
con una superficie cercana a 2 millones 600 mil hectáreas, beneficiando así a
236 mil personas...
VIDA
NACIONAL.
Columna de Ángel Soriano, Excélsior, página 35, lunes 3 de diciembre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en receptora
de inconformidades en contra del Poder Ejecutivo y sus resoluciones han sido
acatadas, al igual que autoridades involucradas en la ejecución de acciones que
afectan lo mismo a ciudadanos que a otros niveles de gobierno.
SECTOR
AGRARIO
ENTREGÓ
LA SRA 400 MIL TÍTULOS AGRARIOS EN BENEFICIO DE MÁS DE 217 FAMILIAS
CAMPESINAS:
HERRERA TELLO.
Luis Navarro, Excélsior, página 36, lunes 3 de diciembre.
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, informó sobre
los resultados de la dependencia a su cargo en los primeros doce meses
de administración; destacó la funcionaria que entregó casi 400 mil
documentos agrarios en beneficio de más de 217 familias campesinas y que fueron
regularizadas 99 colonias agrícolas y ganaderas, de las cuales algunas mantenían
un rezago histórico de 300 años.
Al
reunirse con representantes y delegados de diversas instituciones agrarias del
país, la responsable de la Secretaría de la Reforma Agraria reconoció que el
reto continúa siendo la atención a 25 millones de habitantes del campo, pues
es este sector donde se concentran los mayores registros de pobreza en México.
Reiteró
su compromiso de impulsar el cambio y lograr que la SRA sea una institución
cada vez menos burocratizada y con actitud humanitaria, que defienda a los
campesinos y considere la conciliación como vía preferente para resolver los
conflictos.
Frente
a los representantes ejidatarios del país, Herrera Tello evaluó los programas
que la SRA dirige, entre los que sobresale la Cruzada nacional por la Seguridad
Jurídica en el Campo puesta en marcha por el presidente Vicente Fox en febrero
y donde se logró expedir 397 mil 872 documentos en beneficio de 217 mil 216
familias campesinas.
Durante
el presente año, añadió, se ha medido una superficie de 3 millones 645 mil
923 hectáreas mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares (Procede).
El
Procede es el medio que el gobierno de la República pone al servicio de los núcleos
agrarios para llevar a cabo la regularización de la propiedad social, a fin de
otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de uso común, y títulos
de solares urbanos.
Mencionó
que otro de los planes de apoyo al sector es el Programa Nacional de Modernización
y Actualización del Catastro de la Propiedad Rural, donde se han suscrito
convenios de colaboración con diversas entidades federativas para el
intercambio de información de propiedades sociales y privadas.
A
partir del 6 de julio y hasta el 30 de octubre del presente año se han
formalizado 162 mil 877 listas de sucesión mediante el Programa Hereda; el
objetivo es promover que los titulares de derechos agrarios elaboren y depositen
su testamento: la SRA ya cumplió con 2.1 millones de casos.
En
Baja California Sur, se implementó el Programa Nacional de Atención a Zonas
con Litorales, mediante el cual se coordinan los esfuerzos de las secretarías
de Relaciones Exteriores, Semarnat, Sectur, Sedesol, y el Fondo Nacional de
Turismo (Fonatur), a fin de certificar núcleos agrarios.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
MI
TÁCTICA SERÁ PRORROGAR EL JUICIO DE AMPARO, “VOY A JUGAR CON LAS
AUTORIDADES”: BURGOA.
Matilde Pérez U. y Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 8, lunes 3
de diciembre.
El
jurista y defensor legal de los ejidatarios de San Salvador Atenco, Ignacio
Burgoa Orihuela, pidió tolerancia y tranquilidad a los campesinos en
resistencia, "pueden seguir manifestándose públicamente, haciendo
plantones y elaborando pancartas, pero eso no los llevará a ningún lado"
porque el mayor temor de las autoridades es el amparo, del cual ya se obtuvo la
suspensión de plano contra la ejecución del decreto de expropiación.
"No
saben las autoridades en qué lío se metieron con los decretos de expropiación,
que son inconstitucionales. Mi táctica jurídico-procesal será prorrogar el
juicio de amparo, voy a jugar con las autoridades." También respondió al
gobernador del estado de México, Arturo Montiel, quien el pasado jueves calificó
de irrelevante el dictamen del juzgado sexto de distrito de Nezahualcóyotl.
"A Montiel y a cualquiera que descalifique la resolución del juez, les
digo: 'si no sabes, cállate'; que no hablen de lo que no sepan porque hacen el
ridículo", dijo, y lo retó a discutir cara a cara o en una asamblea en
torno al amparo.
Explicó
que las seis décadas de experiencia en el manejo del amparo le avalan en la
lucha a favor de los ejidatarios de San Salvador Atenco. "He tenido muchos
casos de amparo luchando contra presidentes de la República y la razón se ha
impuesto. Allí tienen el caso de los agricultores del Valle del Yaqui en
Sonora, cuando Luis Echeverría era presidente. Soy una especie de toro de
casta, me crezco al castigo y entre más importante sea el adversario más
valiente me pongo."
Puntualizó
que la duración del proceso jurídico no importa, porque los campesinos ya están
protegidos con la suspensión de plano; "entre más tiempo dure el amparo
las autoridades se van a desesperar, se van a desilusionar y los ambiciosos
empresarios que han prohijado ese decreto de expropiación van a quedar
decepcionados".
En
conferencia de prensa, a la que asistieron las autoridades del núcleo ejidal de
San Salvador Atenco, el catedrático de la UNAM explicó detenidamente el
impacto jurídico de la suspensión de plano en contra de la ejecución del
decreto expropiatorio, otorgada el pasado 29 de noviembre por el juez sexto de
distrito en Nezahualcóyotl. Esta resolución significa que mientras el amparo
no se falle con sentencia que cause ejecutoria las autoridades no pueden
efectuar ningún acto en relación con ese decreto porque quedó congelado.
Ese
decreto –abundó– "es un acto de genocidio porque entraña la destrucción
de un grupo humano; al quitarle más de 90 por ciento de la superficie a San
Salvador Atenco mata al ejido, porque ya no tendrá tierras para cultivar y
donde sus miembros trabajen, y eso está evitado por la suspensión de plano que
obtuvimos". Agregó que la audiencia constitucional para continuar con el
trámite del amparo está programada para el próximo día 11, pero "no se
va a llevar a cabo, pediré al juez que difiera la audiencia, porque el
presidente Vicente Fox, las secretarías de Comunicaciones y Transportes,
Reforma Agraria y Medio Ambiente y Recursos Naturales no han rendido sus
informes justificados ni copias (como lo establece el artículo 152 de la Ley de
Amparo) de las constancias de utilidad pública a las que aluden en el documento
del 22 de octubre publicado en el Diario Oficial.
De
acuerdo con la Ley de Amparo, aclaró, al menos con ocho días de anticipación
de la fecha de audiencia, las autoridades deben rendir sus informes justificados
para que tenga conocimiento de ellos el quejoso, sin embargo no han sido
entregados. No me van a expedir esas constancias y mientras no lo hagan, la
audiencia constitucional no se celebra y el amparo continúa. "Estos
-destacó- son los principales argumentos que seguiré esgrimido en la petición
de amparo, independientemente de los otros vicios de inconstitucionalidad que
ostenta el documento de expropiación."
Mirando
al presidente del comisariado, José Elías Robles Martínez, el "padre del
amparo" enfatizó: "Este asunto es el más destacado que he tenido
desde el punto de vista humanitario y social en mi luenga vida de abogado que
abarca más de 61 años. He tomado el asunto con toda pasión, ahínco y casi
con fervor religioso, porque para mí el derecho es una religión a la que he
servido a través de su estudio, su enseñanza e investigación. Me voy a
entregar a su asunto como postulante, después de 12 años haber dejado de
litigar.
"Les
suplico que estén tranquilos; que tengan fe en nuestras instituciones, amén el
amparo -que ha sido el eje de mi vida intelectual-. Si las instituciones fallan
no es por defecto de ellas sino de quienes no las conocen, las violan o nos las
aplican. Me encargaré de defenderlos con las armas nobles del derecho porque
estoy convencido de que la justicia y la razón les asiste a ustedes y a los
otros ejidatarios (perjudicados con la expropiación). Busco la invalidación,
la nulidad del decreto, destruirlo, desaparecerlo. Ustedes me han conmovido, he
admirado su actitud de hombría, la defensa que a costa de su libertad han
esgrimido en relación con sus tierras. Sigan en esa actitud pero tengan
confianza en la institución del amparo (...) en el nuestro, que estamos empeñados
en lograr; que a través de la justicia federal resplandezca la diosa de la
justicia Artemis para ustedes.
"(Ustedes)
deben estar de plácemes con la resolución del juez; estén tranquilos, sigan
trabajando como si no hubiera pasado nada, con mucho entusiasmo y fe en la
justicia".
Burgoa
Orihuela estuvo acompañado por Jaime Miguel Moreno Garavilla, presidente del
comité directivo nacional de la agrupación política Cruzada Democrática
Nacional, a la cual también pertenece el catedrático de la UNAM. Moreno
Garavilla externó su respaldo a la lucha jurídica de los ejidatarios y explicó
que la organización que encabeza está empeñada en ofrecer a la sociedad una
alternativa política, basada en la justicia y en defensa de las personas o
grupos cuyos derechos han sido vulnerados.
A
pregunta expresa de si no van a utilizar el movimiento de San Salvador Atenco
para sumarlo a la disputa político electoral del próximo año, Burgoa Orihuela
y Moreno Garavilla afirmaron que no pretenden sacar ventaja de este caso, sino
"refrendar que nuestra agrupación se afana en la verdad para que la política
deje de ser sinónimo de engaño. No intentamos sorprender, sólo patentizar que
lucharemos por la justicia social, punto de equilibrio que evita los excesos del
neoliberalismo"
“EN
EL AEROPUERTO DE TEXCOCO, EL PROBLEMA ES DE LEGALIDAD”.
Alfredo
Sánchez, La Crónica de Hoy, página 10, lunes 3 de diciembre.
El
también maestro emérito de la UNAM logró la suspensión del decreto de
expropiación a las tierras de ejidatarios en Texcoco, donde se pretende ubicar
el nuevo aeropuerto
—¿Qué
procede ahora, después de que se dicta la suspensión del decreto de expropiación?
—Lo
que continúa es tramitar el fondo para analizar si el decreto es violatorio o
no de la Constitución.
—¿Podemos
esperar un largo proceso, entonces?
—Efectivamente,
se trata de un proceso que dura mucho tiempo. Pero desde ahora, anticipó que
ofreceré muchas pruebas para desvirtuar la causa de entidad pública y
transcurrirán muchos meses.
—¿Esto
significa que no podrán desalojar a los ejidatarios de San Salvador?
—No
sólo eso. Ya no les podrán quitar ni un pedacito de sus tierras, porque existe
la suspensión.
—¿Qué
va a pasar si aún así pretenden desalojarlos?
—Si
alguna autoridad se atreve a desobedecer esa suspensión cometerá un delito que
está precisado en la ley de amparo.
—Parece
sin embargo, que el gobierno federal está muy seguro.
—Están
seguros mentalmente, porque así funciona su cerebro, pero como desconocen el
derecho no deben estar tan seguros.
—¿Es
un asunto que tendrá que resolverse entonces en los tribunales?
—Efectivamente,
porque este es un asunto jurídico más que político.
—¿Existe
el riesgo de que algún funcionario desacate esta resolución?
—Claro
que existe ese riesgo.
—¿Qué
va a pasar si esto sucede?
—Si
algún secretario de Estado, o cualquier otro funcionario, ordena que se tome
posesión de tal o cual predio o interviene para demoler casas, o para incumplir
la suspensión dictada por un juez, de inmediato promuevo el juicio de
procedencia ante la Cámara de Diputados.
—¿Todos
los niveles de gobierno están obligados a respetar la resolución, entonces?
—Todas
las autoridades del país sin excepción.
—¿Con
el decreto se viene abajo la decisión de construir el aeropuerto en la zona de
Texcoco?
—No
sabemos si fracaso o no. Lo único que podemos decir es que el decreto de
expropiación emitido por el Ejecutivo Federal está congelado y no se puede
ejecutar ningún proyecto, porque además otros ejidos han obtenido la misma
suspensión en sus juicios de amparo.
—¿En
caso de alguna emergencia podría cancelarse la decisión del juez sexto del
Estado de México?
—No,
ya no podría darse marcha atrás. En todo caso tendría que hacerlo el juez de
distrito, pero no hay motivo legal para ello.
—¿No
hay marcha atrás?
—No
la hay. Esas tierras no pueden utilizarse para otra cosa que no sean las labores
de los ejidatarios, mientras no se falle el amparo en cuanto al fondo.
—¿Y
a quién le corresponde fallar?
—Esto
lo tendrá que fallar o la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado de Circuito
después de que se sustancie ante el juez de distrito.
—¿Durante
cuánto tiempo no podrá hacerse nada en esas tierras?
—El
tiempo que dure el amparo. Y va a durar mucho tiempo.
—¿Cuánto
le calcula?
—No
lo sé. Lo que puedo decir es que será mucho tiempo, porque personalmente voy a
obligar a las autoridades a que aporten las pruebas que justifiquen lo que dicen
en el decreto expropiatorio.
—¿No
teme perder la batalla legal?
—Por
su puesto que no, porque yo sé que las autoridades no van a aportar las pruebas
porque no las tienen y van a quedar en ridículo.
—¿Los
ejidatarios pueden entonces tener la certeza de que no tocarán sus tierras?
—Pueden
tener esa seguridad, porque no podrán tocarlos mientras el amparo no se falle,
y esto puede ser en un año, en dos años o más.
—¿No
se sabe cuánto tiempo?
—No
se puede predecir cuánto dura un juicio de amparo, porque cada caso es
diferente y depende de sus circunstancias y su naturaleza.
—¿La
ley marca algunos tiempos?
—Si
los marca, pero en la realidad no se observan. Además, hay una serie de
recursos y procedimientos que prolongan el juicio de amparo y eso es lo que yo
voy hacer.
—¿Podemos
decir entonces que las autoridades no la tienen tan fácil?
—No
es sólo un decir. Llevaremos todo hasta sus últimas consecuencias. Yo siempre
he actuado dentro del derecho como académico y maestro universitario. No me
importa la política.
—¿Cuál
es objetivo, entonces?
—Evitar
que los ejidatarios sean despojados de sus tierras. A nadie le gustaría que le
quitaran su tierra o su casa con una expropiación.
—¿Una
buena indemnización podría poner fin a este conflicto?
MARIO
MOLINA: EL GOBIERNO DEBE ESCUCHAR RECLAMOS SOCIALES.
Ricardo Olayo
Guadarrama, La Jornada, página 8, lunes 3 de diciembre.
El
premio Nobel de Química, Mario Molina, dijo que el gobierno federal debe
escuchar los reclamos sociales que se derivan de la construcción de un nuevo
aeropuerto en Texcoco y también resolver los temas técnicos de medio ambiente
y de desarrollo urbano.
"Cualquier
nuevo aeropuerto genera estos problemas, pero ésta es la oportunidad de
evitarlos a futuro", indicó en entrevista.
El
científico mexicano apuntó que donde se ubique la nueva terminal se convertirá
en un polo que obligará al crecimiento del valle de México y comentó que ya
era difícil mantener el aeropuerto donde se ubica actualmente.
Dijo
que aunque no ha estudiado el tema, tiene la impresión de que se han atendido
los señalamientos ambientales y desarrollo urbano, tanto en la propuesta de
Texcoco como la de Tizayuca.
Sin
detallar en los argumentos que impugnan al gobierno federal por elegir Texcoco
como sede aeroportuaria, Molina declaró que "una ventaja del proceso es
que haya habido distintas opiniones, que se apuntaron con claridad cuáles son
los puntos débiles. Hay que aprovechar eso para asegurarse de que en Texcoco se
tomen en cuenta esas críticas, que se tomen en cuenta las posibles
soluciones".
Esa
es una virtud para afinar detalles, "yo lo veo como una oportunidad
inclusive porque sí tiene aspectos positivos, lo mismo que tenía aspectos
positivos la otra propuesta" de Tizayuca.
-¿Pero
el valle de México va a crecer a ese polo de desarrollo?
-Sí,
pero va a crecer de todas maneras. De nuevo aquí podría uno apuntar que si el
aeropuerto hubiera estado más lejos, a lo mejor era un incentivo para que
creciera todavía más. A eso me refiero, que cualquiera que sea la solución
siempre hay manera de presentar consecuencias muy nefastas. En última instancia
estoy dándole más importancia al hecho de que las soluciones se lleven a cabo
con suficiente fuerza para que definitivamente funcionen.
De
la posibilidad de que la terminal aérea continúe en el DF, dijo: "Tengo
entendido que ahí sí hay demasiados problemas y severos. Está demasiado cerca
del Centro. Entonces sí había necesidad de cambiarlo", pero "la
pregunta difícil era ¿en dónde cambiarlo y tenemos ejemplos de otros países
donde el aeropuerto está más lejos, esta más cerca, y con toda claridad se ve
que hay ventajas y desventajas".
DESCONFÍAN
CAMPESINOS DE SUSPENSIÓN.
Éricka
Hernández, Reforma, página E-13, lunes 3 de diciembre.
Para
algunos ejidatarios de San Salvador Atenco y Nexquipayac, la suspensión
provisional del decreto de expropiación de sus parcelas es un
"calmante" por parte del Gobierno Federal para suspender las
movilizaciones; por lo que reafirmaron que las protestas continuarán hasta
revocar el mandato de instalar en sus tierras el nuevo aeropuerto.
El
viernes, el juez sexto de distrito con sede en Nezahualcóyotl, José Antonio Sánchez,
liberó las suspensiones bajo la justificación de que la Secretaria de la
Reforma Agraria no entregó copias certificadas de la documentación que pidió
el juzgado.
"A
nosotros nos huele mal, porque qué casualidad que se están dando así las
cosas, claro que es un avance, pero no le tenemos confianza a las autoridades,
ni modo que el mismo Gobierno se ajusticie el solo, y los juzgados son parte del
aparato.
"Nosotros
continuaremos con las marchas y plantones, nada cambia, no nos interesan las
suspensiones, sino tirar por completo el decreto, suponemos que quieren
calmarnos, pero así pasemos un año, que dicen durará el proceso para la
revocación, aquí continuaremos", dijo uno de los lideres del movimiento
en contra del aeropuerto, Adán Espinoza.
El
documento señala además que la suspensión no ocasionará un daño evidente al
interés público ni contravendrá el interés social, ya que su aplazamiento no
conlleva a un perjuicio irreversible para la sociedad.
Con
estas dos comunidades son tres las que cuentan ya con una suspensión, es decir,
que el Ejecutivo estatal no podrá realizar en las parcelas amparadas ninguna
obra mientras se emite el resolutivo final; sin embargo, aún faltan 10 ejidos
de los 13 expropiados por obtener dicha disposición, si los jueces las estiman
convenientes.
De
las 5 mil 700 hectáreas expropiadas para el nuevo aeródromo, mil 57
corresponden a San Salvador y 825 a Nexquipayac.
Las
opiniones sobre esta medida reflejan la desconfianza que priva entre los
ejidatarios, pues a los de San Salvador Atenco hace tres dos semanas se les negó
la suspensión, por lo que su representante legal, el jurista Ignacio Burgoa
Orihuela, interpuso una revisión del resolutivo.
SOSPECHAS
Mientras
tanto, los campesinos de Nexquipayac ratificaron también su desconfianza por la
intervención de la Procuraduría Agraria en el caso, por lo que a pesar de ser
esa instancia la que logró la suspensión del decreto, quieren que deje de ser
su representante legal.
"En
realidad sentimos que nos quieren jugar chueco, porque en el amparo que ellos
metieron ante el juez no habla de la revocación del decreto, sólo habla de que
el precio es injusto, lo que nos hace pensar que el proceso que ellos seguirán
será sólo para negociar el precio de las tierras.
"Los
campesinos hemos hablado y vamos a contratar a abogados particulares, porque a
la Procuraduría Agraria no le tenemos confianza. Ella llevó los casos porque
la contactó el comisariado ejidal, pero ahora a éste nadie los quiere y la
Procuraduría es un órgano del gobierno", dijo Filemón Rojas, uno de los
expropiados.
De
acuerdo con los ejidatarios, el amparo se dio en lo general, a pesar de que se
calcula que sólo el 50 por ciento de los afectados recurrieron a este recurso
legal, por lo que ahora el paso que sigue es la defensa en lo individual.
Ayer,
el plantón que sostienen los ejidatarios en la Cabecera Municipal prácticamente
estuvo abandonado, sólo asistieron 15 miembros del CGH, quienes jugaron y después
de comer los alimentos que prepararon los campesinos se retiraron.
Tampoco
se realizaron actividades culturales como las que se han venido ofreciendo a los
campesinos que mantienen ocupado el Palacio Municipal de Atenco.
Algunos
afectados repartieron un documento sobre una expropiación que hizo el Gobierno
de Ernesto Zedillo en marzo del 2000 en Los Reyes la Paz, en el que
presuntamente se construiría una subestación eléctrica, y pagó por hectárea
un millón 120 mil pesos.
NO
HAY MARCHA ATRÁS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO: DYCHTER.
Jaime Hernández, El Economista, página 46, lunes 3 de diciembre.
No habrá marcha atrás en
la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, estado de México, por lo que
el proyecto seguirá a pesar de las protestas de los ejidatarios y comuneros de
varios municipios e incluso de los amparos, ratificó el subsecretario de
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Aarón
Dychter.
Dijo
que aún con las afectaciones por la expropiación de tierras, la decisión de
construir el nuevo aeropuerto, "ya se tomó y es la que tenemos". Pero
consideró que se buscarán cauces para la solución del conflicto que ha dado
lugar a protestas, marchas y acciones legales por parte de los residentes de
donde se construirá la nueva terminal.
Destacó
que está en proceso de revisión el avalúo de la Comisión de Bienes
Nacionales (Cabin) para tratar de resolver las demandas de los ejidatarios.
Por
su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de
Diputados, Jesús Orozco Alfaro, destacó la necesidad de encontrar vías jurídicas
para atender las exigencias de los ejidatarios "siempre en el marco de lo
legal para no caer en decisiones extremas.
"Es
necesario que se generen las condiciones para que se proceda adecuadamente
ofreciendo alternativas a los campesinos", reiteró.
Como
se informó, el juez VI de Distrito otorgó un amparo al Comisariado Ejidal de
Tocuila, estado de México, pero para los expertos en derecho se trata de una
suspensión provisional para expropiar los terrenos, pero no concluyente, por lo
que el amparo a los ejidatarios sería sólo temporal.
Por
otra parte, Dychter reiteró que la Cámara de Diputados aprobará un préstamo
de 1,000 millones de pesos a las aerolíneas mexicanas para que puedan pagar el
incremento que sufrieron los seguros, tras los atentados del 11 de septiembre
ocurridos en Nueva York.
Aclaró
que se trata de un préstamo que se dará a través de la banca de desarrollo
con intereses blandos y a pagar en dos años.
LA
IP, GRAN BENEFICIARIA DEL NUEVO AEROPUERTO.
Celina Yamashiro, El Financiero, página 46, lunes 3 de diciembre.
Justo
en tiempos en que la recesión económica mundial golpea a todos los sectores
industrializados, el presidente Vicente Fox plantea a sus colaboradores
austeridad oficial y evitar dispendios para enfocar sus recursos a cumplir las
necesidades de la población.
Sin
embargo, el mismo gobierno pretende financiar la cuarta parte del dinero que s e
requiere para la gran obra del sexenio: en nuevo aeropuerto para la ciudad de México,
amén de absorber los costos por el cierre de la actual terminal aérea por un
costo superior a los cuatro mil millones de dólares.
A
decir de Fernando Gómez Suárez, especialista en aeropuertos, para evitar
contradicciones de facto el gobierno federal debe ser congruente en su política
de austeridad con los planes y programas no estratégicos, pues unos cuatro mil
500 millones de dólares recuperados corresponderían al cierre del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como a su participación
financiera en las obras de construcción del nuevo aeropuerto.
El
gran negocio
LA
CIFRA DE HOGARES POBRES CRECERÁ ENTRE 3.6 Y 4 MILLONES ESTE SEXENIO, REVELA
ESTUDIO.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, página 9, miércoles 3 de diciembre.
El
número de hogares "pobres" en México crecerá entre 3.6 y 4 millones
durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, revela un estudio del
Colegio Mexiquense y establece que el estado de México, el Distrito Federal,
Veracruz y Jalisco concentrarán el mayor volumen de éstos. Apunta además que
se "agravará" la precarización del sector rural, particularmente
entre los propietarios ejidatarios, cuya descapitalización los obligará a
acentuar la venta de sus tierras en condiciones desventaja y casi despojo.
El
análisis indica que de los hogares que se van a formar entre 2000 y 2005, 85
por ciento serán "pobres", ya que sus ingresos se ubicarán entre
cero y cinco veces el salario mínimo. Sólo 15 de cada cien nuevas familias
tendrán posibilidades de estar en mejores condiciones de ingreso.
Expone
que en 2000, cuando la actual administración tomó el poder, el país tenía un
total de 24 millones de hogares, de los cuales 20.4 millones podían
considerarse en los niveles de pobreza y pobreza extrema. En cinco años más,
el volumen de hogares crecerá a 28 millones de los cuales 24.1 estarán en
estas condiciones de total desventaja económica.
En
el Distrito Federal -por ejemplo-, hay un millón 900 mil hogares pobres y
crecerá a casi 2 millones 100 mil. Sin embargo, es el estado de México el que
registra una mayor cantidad de familias en condiciones económicamente
precarias, ya que son casi 3 millones y crecerá a 3.1 millones hacia el término
de este régimen.
Prácticamente
ningún estado de la República se salvará de este crecimiento del número de
pobres, según esta investigación titulada Proyección de hogares pobres en
México por entidad federativa, elaborada por el Colegio Mexiquense, AC, de
Zinacantepec, con base en la proyección de la población económicamente
activa, la matrícula educativa de los hogares y las viviendas y la población
por tamaño de localidad del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Indica
que de la población ocupada actualmente, 2 millones 800 mil no reciben ni
siquiera un salario mínimo; 5.4 millones de personas tienen un ingreso de hasta
un minisalario; 10 millones obtienen entre uno y dos salarios. Únicamente 1.8
millones de personas obtienen más de diez minisalarios mensuales.
Situación
en el campo
El
mayor número de población en condiciones económicamente desfavorables se
encuentra en el sector rural, donde por ejemplo, quienes pertenecen al sector
social, como los ejidatarios, sufren de precarismo, descapitalización y hasta
despojo, lo cual ha sido el principal detonante del crecimiento inusitado de la
venta de estos terrenos y ha propiciado incluso la pérdida de territorialidad
de estas comunidades.
Hay
en el país, según este informe, 2 millones de terrenos ejidales en condiciones
irregulares y la compra-venta de tierra ejidal en México que ha permitido los
cambios constitucionales instrumentados, se da en condiciones de responden más
a la "lógica de mercado" que al desarrollo de las comunidades y deja
"ganancias fáciles" a corto plazo para diversos sectores de
inversionistas ajenos al agro.
Así,
los cambios al artículo 27 de la Constitución, en lugar de reducir el mercado
informal de tierras en el país, lo han incrementado, sobre todo por la
necesidad de los ejidatarios de un ingreso más seguro y rentable que cosechar
la tierra, señala un informe del Colegio Mexiquense sobre el mercado de la
tierra.
Establece
que "son pocas las comunidades que permanecen ajenas a los inversionistas
externos en relación con el mercado de tierras", ya que aun cuando en el
país se registraba una compra-venta de tierras entre las familias rurales, la
irrupción de actores externos indudablemente modifica el escenario hacia una
tendencia de "despojo" para las unidades domésticas y de pérdida de
territorialidad para las comunidades.
OPINIÓN
TRAMPAS
Y CANDADOS.
Columna de Alberto Barranco, Reforma, página 6-N, lunes 3 de diciembre.
Aunque
al amparo obtenido por el ejido de San Miguel Tocuila, municipio de Texcoco,
contra el Decreto Presidencial que ordena la expropiación de sus tierras para
efecto de la construcción del nuevo aeropuerto central del país le pone una
piedra en el zapato al proyecto, lo cierto es que el alud se volverá
incontenible en los próximos meses ante el cúmulo de solicitudes similares que
llegarán a la escena.
Estamos
hablando, concretamente, de 4 mil 365 juicios promovidos por el despacho que
encabeza el jurista Ignacio Burgoa.
La
rendija se abrió ante una inaudita falla del jurídico de la Presidencia de la
República y de los propios abogados de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes: el expropiar pedazo por pedazo, fragmento por fragmento y en su
caso parcela por parcela, en lugar del conjunto.
Dicho
con todas las letras, al individualizarse la medida se abrió la puerta a la
acción de cada uno de los particulares afectados... por más que la Procuraduría
Agraria, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, está planteando
el recurso desde el plano global; de fondo, dicen.
Como
usted sabe, el punto central en que apuntalaba el Gobierno su posibilidad de
iniciar los trabajos inmediatamente, hasta antes de la suspensión otorgada por
el Juez Sexto de Distrito con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, es el
haber depositado los 534 millones de pesos que a juicio de la Comisión de Avalúos
y Bienes Nacionales (Cabin) cubren el costo de las tierras afectadas... por más
que hasta hoy ningún campesino ha reclamado su parte.
Los
recursos se colocaron en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Agraria.
CLASE
POLÍTICA.
Columna de Miguel Ángel Rivera, La Jornada, página 4, lunes 3 de
diciembre.
MOLINO
DEL REY.
Columna de Roberto González, Unomásuno, página 9, lunes 3 de diciembre.
La que anda con mucho, pero mucho trabajo, es la titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, quien ya negocia un arreglo con 11
de las 13 comunidades ejidales que resultarán afectadas por la construcción
del nuevo aeropuerto en Texcoco. La señora Herrera Tello maneja estos asuntos
con mano tersa, en forma seria y sin enfrentamientos innecesarios, elementos
indispensables para que las cosas funcionen bien...
SAN
LUNES.
Enrique Novelo G., Diario de México, página 13, lunes 3 de diciembre.
VIDA
NACIONAL.
Columna de Ángel Soriano, Excélsior, página 35, lunes 3 de diciembre.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en receptora de
inconformidades en contra del Poder Ejecutivo y sus resoluciones han sido
acatadas, al igual que autoridades involucradas en la ejecución de acciones que
afectan lo mismo a ciudadanos que a otros niveles de gobierno.
De
esta manera, el Poder Judicial realiza una función importante como contrapeso
al Ejecutivo y Legislativo, para hacer realidad el estado de Derecho en nuestro
país.
Así,
desde hace meses, el alcalde de Texcoco, Horacio Duarte Olivares, anunció su
decisión de recurrir a la controversia constitucional ante la SCJN por la
determinación del gobierno federal de construir en esa zona el aeropuerto
alterno de la ciudad de México, no sólo por los enormes daños ecológicos que
causará la obra, sino porque se hace a espaldas de sus habitantes.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx