Domingo 2 de diciembre de 2001
Domingo 2 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • Reforma
• La Prensa • Novedades
OTORGAN
MÁS AMPAROS CONTRA LAS EXPROPIACIONES FEDERALES.
Juan Lázaro y Alejandra Martínez, El Universal, Nación, página 1, domingo 2
de diciembre.
El juez sexto de distrito en el estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl,
determinó conceder otros dos amparos a los ejidos de San Salvador Atenco y
Nexquipayac, que se suman al que concedió el pasado 28 de noviembre a los
campesinos de San Miguel Tocuila, protegiendo provisionalmente a más de dos mil
hectáreas que fueron expropiadas por el gobierno federal para la construcción
del nuevo aeropuerto.
EJIDATARIOS
DE SAN SALVADOR ATENCO GANAN LA PRIMERA BATALLA AL GOBIERNO.
René Ramón Alvarado y Georgina Saldierna, La Jornada, página 42, domingo 2 de
diciembre.
Ejidatarios de San Salvador Atenco que desde hace más de un mes se mantienen en
resistencia contra la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco ganaron
la primera batalla al gobierno federal, luego de que el juzgado sexto de
distrito les concediera la suspensión provisional del decreto de expropiación
de más de mil hectáreas de este núcleo agrario, donde se pretende construir
la terminal aérea.
DOCUMENTAN
DEPÓSITOS EN SIETE NÚCLEOS EJIDALES.
Humberto Padgett, Reforma, página 18, suplemento, domingo 2 de diciembre.
La Procuraduría Agraria (PA) logró documentar los depósitos hechos por
la SCT y la Semarnat en favor de los siete núcleos defendidos por la
dependencia y afectados por un total de nueve decretos expropiatorios para
construir el aeropuerto, y presume que la indemnización por concepto de
afectaciones se hizo en los 13 conjuntos agrarios involucrados el mismo día de
la publicación.
CITARÁN
DIPUTADOS A TITULARES DE SCT, SEMARNAT Y SRA SOBRE CASO TEXCOCO.
Juan Manuel Aguayo, La Prensa, página 13, domingo 2 de diciembre.
La Junta de Coordinación Política determinó citar a comparecer a los
titulares de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y de la Reforma
Agraria, para que expliquen a detalle sobre la expropiación de los terrenos
para construir el nuevo aeropuerto, hecho que la semana pasada provocó una
marcha de grupos de ejidatarios armados con machete.
EL
TRABAJO LEGISLATIVO DE ESTE AÑO SE REALIZÓ RESPONSABLEMENTE, DICE LA DIPUTADA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
Nota informativa, Novedades, página 7, domingo 2 de
diciembre.
La presidenta del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara
de Diputados, Lorena Martínez Rodríguez, afirmó ayer que el trabajo
legislativo durante este primer año de ejercicio “se llevó a cabo con un
alto sentido de responsabilidad, con el objetivo de aportar conocimientos,
experiencias y reivindicar la labor de los legisladores con su electorado”.
DIPUTADOS
HARÁN JORNADAS DE ASESORÍA AGRARIA PARA LOS EJIDATARIOS DE YUCATÁN.
Novedades, página 7, domingo 2 de diciembre.
La diputada federal del Partido Acción Nacional, Silvia López Escofié, anunció
que el próximo día 7 se realizarán en Mérida, Yucatán, unas jornadas de
asesoría agraria, que tendrán como objetivo atender a la mayoría de los
afectados por el problema ejidal.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
OTORGAN
MÁS AMPAROS CONTRA LAS EXPROPIACIONES FEDERALES.
Juan Lázaro y Alejandra Martínez, El Universal, Nación, página 1,
domingo 2 de diciembre.
El
juez sexto de distrito en el estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl,
determinó conceder otros dos amparos a los ejidos de San Salvador Atenco y
Nexquipayac, que se suman al que concedió el pasado 28 de noviembre a los
campesinos de San Miguel Tocuila, protegiendo provisionalmente a más de dos mil
hectáreas que fueron expropiadas por el gobierno federal para la construcción
del nuevo aeropuerto.
Los
ejidatarios de San Salvador Atenco y Nexquipayac recibieron la información ayer
con beneplácito, ya que habían perdido la confianza en la justicia mexicana,
señalaron.
José
Gil García, dirigente de Atenco, manifestó que los campesinos pueden tener la
tierra mientras no se resuelve el juicio final.
Informó
que San Salvador Atenco fue el ejido más grande que expropió el gobierno
federal, ya que tan sólo mil 500 hectáreas serían para la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte que tiene planeado construir el aeropuerto y cerca
de 300 para zona ecológica.
José
Gil García, integrante del grupo Atenco Unido, dijo que con esto se está
ganando una batalla más dentro del ámbito legal, sin embargo, también la
movilización social logra una gran reacción en todos los estratos de México.
Dijo
que el juez de distrito considerara que el Poder Ejecutivo, a través de sus
secretarías de Estado, está realizando actos de ejecución del decreto de
expropiación y en virtud de eso se otorga la suspensión provisional, por lo
que los ejidatarios seguirán en posesión de sus terrenos, en tanto no se
resuelva en definitiva el recurso de amparo.
Criticó
las apreciaciones del gobernador Arturo Montiel Rojas, en el sentido de que pese
a los amparos y las suspensiones provisionales de los núcleos ejidales, no se
detendrá el proyecto del aeropuerto, por lo que dijo, lo único que demuestra,
es que no tiene asesores legales, que no conoce el derecho y que esta suspensión
se detiene por el momento, y puede detener en el futuro las obras del
aeropuerto.
José
Gil dijo que por el momento permanecerán en calma, y en reunión interna
determinarán las movilizaciones que se tienen que hacer, ya planean ir a la
ciudad de Toluca, aunque con el amparo se organizarán mejor.
"La
movilización a Toluca será porque sólo se han presentado a la ciudad de México
y con el gobierno del Distrito Federal, pero el del estado de México sólo se
está haciendo a un lado, no está dando la cara, y está mandando la bolita a
todo el mundo, por lo que ya es tiempo de encararlo y enfrentar a quien tenemos
que enfrentar", expresó.
Ignacio
Burgoa Orihuela fue el jurista que promovió el amparo en favor de los
ejidatarios de San Salvador Atenco, mientras que la Procuraduría Agraria (PA)
solicitó amparo para nueve núcleos ejidales expropiados el pasado 22 de
octubre, entre ellos Nexquipayac y San Miguel Tocuila.
La
PA informó que el juez José Antonio Sánchez protegió 300 hectáreas del
ejido de Nexquipayac y también los labriegos seguirán en posesión a pesar de
que la SCT ya había depositado un cheque en favor de los ejidatarios por más
de 27 millones de pesos, dinero que se encuentra en el Fideicomiso del Fondo
Nacional de Fomento Ejidal.
El
pasado 28 de noviembre, el juez José Antonio Sánchez notificó la primera
suspensión provisional contra cualquier acto de gobierno en tierras ejidales
expropiadas, luego que dio entrada al amparo 1111/2001 promovida por la PA en
favor de los ejidatarios de San Miguel Tocuila.
Como
se recordará, la dicha institución, a través de la Dirección General Jurídica
y de Representación Agraria, presentó el miércoles y jueves de la semana
antepasada, nueve demandas de juicio de amparo, correspondientes a los núcleos
agrarios de Chimalhuacán, Huexotla, San Bernardino, Santiago Cuautlalpan, San
Miguel Tocuila, Nexquipayac y San Martín Nezahualcóyotl.
La
suspensión decretada por el funcionario judicial ordena que las cosas se
mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se resuelva en
definitiva si el decreto expropiatorio citado es o no constitucional.
Así
pues, ya son tres las suspensiones que los jueces de Distrito del Estado de México
otorgan en contra de los 19 decretos expropiatorios que afectaron a más de 5
mil 391 hectáreas a 13 ejidos de la zona, asentados en los municipios de
Chimalhuacán, Atenco y Texcoco, para la construcción del nuevo aeropuerto y la
mitigación del impacto ecológico de la obra.
Por
otra parte, campesinos de Nexquipayac afirmaron que aunque dicho ejido es uno de
los tres beneficiados por el Juzgado Sexto, rechazarán cualquier tipo de ayuda
material o económica que provenga del gobierno estatal o del alcalde Margarito
Yánez Ramos, porque "de ninguna manera nos comprarán".
En
una asamblea pública celebrada en ese lugar, establecieron que las obras
municipales como drenaje y pavimentación serán rechazadas; asimismo, no se
aceptarán computadoras o máquinas de coser como han llevado a las poblaciones
de Atenco y la Colonia Francisco I. Madero.
Controversia
en breve: GDF
La
próxima semana el gobierno capitalino presentará ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad "como una
figura moral pública", en contra de la construcción del aeropuerto en
Texcoco.
María
Estela Ríos, consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal dijo que el
documento está perfectamente sustentado por lo que las autoridades locales confían
que se lo aceptará la SCJN.
No
obstante, dijo que la controversia no será la única estrategia legal que
pongan en marcha las autoridades de la ciudad y adelantó que se tiene pensado
acudir a distintas instancias, así como pedir el apoyo de organizaciones no
gubernamentales.
Tampoco
descartó que diputados locales se unan al recurso de inconstitucionalidad,
aunque reconoció que esa es una negociación que le corresponde a José Agustín
Ortiz Pinchetti, secretario de Gobierno.
EJIDATARIOS
DE SAN SALVADOR ATENCO GANAN LA PRIMERA BATALLA AL GOBIERNO.
René Ramón Alvarado y Georgina Saldierna, La Jornada, página 42, domingo
2 de diciembre.
Ejidatarios
de San Salvador Atenco que desde hace más de un mes se mantienen en resistencia
contra la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco ganaron la primera
batalla al gobierno federal, luego de que el juzgado sexto de distrito les
concediera la suspensión provisional del decreto de expropiación de más de
mil hectáreas de este núcleo agrario, donde se pretende construir la terminal
aérea.
Con
este amparo suman tres las suspensiones que favorecen a los campesinos de 13
ejidos que se niegan a vender sus tierras.
En
tanto, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela explicó que gracias a la suspensión
del decreto, el gobierno federal no podrá ejecutar ninguna obra para la
construcción del aeropuerto en esa zona hasta que termine el juicio de amparo,
hecho que podría prolongarse meses y posiblemente años.
Manifestó
que la situación es sumamente favorable para los ejidatarios, ya que el decreto
expropiatorio -dijo- emitido por el presidente Vicente Fox para la construcción
del aeropuerto en la zona de Texcoco es inconstitucional.
El
gobierno foxista se ha rodeado de empresarios ambiciosos que pretenden
incrementar sus riquezas con la construcción de la terminal aérea, pero no van
a lograr sus deseos, subrayó.
En
San Salvador Atenco la noticia sobre la suspensión provisional del decreto causó
sentimientos diversos entre los campesinos de la comunidad: algunos aplaudieron
y lloraron al conocer la noticia, mientras que los dirigentes del movimiento
agrario se mostraron desconfiados y poco entusiasmados. "Más que un
amparo, queremos que dejen en paz la tierra, porque la queremos pa' toda la
vida", señalaron.
Antonio
Altamirano, miembro de la defensa legal del núcleo ejidal de Atenco, leyó la
notificación ante cientos de habitantes concentrados en la plaza pública, tras
el llamado hecho a través de la detonación de tres cohetones. Ahí mostró el
documento en el que el juez sexto de distrito, José Antonio Sánchez Castillo,
determinó suspender el decreto mientras se realiza el juicio de garantías, a
través del cual determinará quién tiene la razón.
En
la explanada principal de Atenco hombres y mujeres soltaron el llanto de alegría
al saber que podrán continuar con la
posesión de sus tierras, en su mayoría
de cultivo, hasta que se defina si el gobierno violó la ley al expropiarlas.
Durante varios minutos aplaudieron y agradecieron al comisariado ejidal, a los
integrantes del movimiento de resistencia y a los abogados por el hecho logrado,
"no importa que sólo sea el primer paso, ello demuestra que el gobierno
cometió una injusticia contra nuestros pueblos", expresaban los oradores.
Los
dirigentes del grupo, encabezados por Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinosa,
vieron con poca esperanza el logro obtenido por el equipo de abogados encabezado
por el jurista Ignacio Burgoa Orihuela. Argumentaron que de ninguna manera se ha
ganado la lucha, ya que ésta sólo es la primera caída, expresaron.
Jesús
Adán Espinosa detalló al respecto: "como antecedente es bueno, lo que no
nos late es que a fin de cuentas el que llevará el juicio para determinar quién
tiene la razón es el propio gobierno, porque el Poder Judicial está
subordinado a las decisiones del presidente Vicente Fox".
Recordó
que meses antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se
decidiera por el proyecto de Texcoco, los ejidatarios solicitaron información y
asesoría, "pero nunca nos hicieron caso; qué esperamos ahora".
Sin
lugar a dudas, añadió, el mejor amparo "somos nosotros". Por ello de
manera alterna a la defensa legal, advirtió, el movimiento de resistencia se
mantiene en pie de lucha "hasta que echemos abajo el decreto o que los
gobiernos federal y estatal arrasen con nosotros, que nos quiten la vida".
De
acuerdo con el documento de amparo, el juez tomó dicha decisión luego de que
la Secretaría de la Reforma Agraria no entregó copias certificadas de la
documentación solicitada por el juzgado. También concedió el beneficio
constitucional con base en el artículo 233 de la Ley de Amparo.
El
juez manifestó, en la notificación entregada al núcleo ejidal de Atenco, que
su determinación "no contraviene las disposiciones de orden público e
interés social"; es decir, la suspensión provisional del decreto no
ocasionará un daño evidente al interés público ni contravendrá el interés
social, ya que "su aplazamiento no conlleva por el momento un perjuicio
irreversible para la sociedad".
De
acuerdo con los litigantes de Atenco, el juez José Antonio Sánchez Castillo se
llevará aproximadamente un año para solucionar la demanda de amparo, porque
tendrá que determinar en modo, tiempo y lugar sobre los conceptos de orden público
e interés social, los cuales son base del argumento jurídico.
De
igual forma el juzgado entregó a la comunidad de Nexquipayac, donde fueron
expropiadas casi 900 hectáreas de tierra de cultivo, un amparo provisional
contra el decreto presidencial del pasado 22 de octubre. Aquí la defensa legal
corre a cargo de la Procuraduría Agraria (PA).
Con
este caso son tres los actos reclamados que benefician a los núcleos ejidales
de Tocuila, Nexquipayac y San Salvador Atenco, los dos primeros con la defensa
legal de la PA y el otro por el jurista Ignacio Burgoa, aunque todavía falta
definirse la situación de otros 10 ejidos.
Por
otra parte, los integrantes del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco
aseguraron que los casos de amenazas de muerte que se dieron a conocer no son
los únicos, ya que la mayoría de los dirigentes y los integrantes del cuerpo
jurídico han recibido intimidaciones vía telefónica y a través de recados.
Jesús
Adán Espinosa, uno de los líderes del movimiento agrario, reconoció que han
sentido miedo, pero es más el coraje "por la injusticia que cometieron
contra nuestros pueblos y de mis compañeros campesinos". Aseguró que pese
a las amenazas, Ignacio del Valle y él han tenido que aguantarse y guardar la
calma, "porque aquí la gente está muy agresiva, quiere desquitar su
miedo, su rabia, y si no nos serenamos y controlamos a los pobladores, el riesgo
de que linchen a funcionarios de Gobernación es mayor", explicó.
Sobre
las amenazas, el jurista Burgoa Orihuela dijo que se trata de cuestiones
colaterales que no tienen ninguna influencia en el proceso judicial. Por lo demás,
expuso que si los dirigentes se sienten amenazados en su integridad física,
deberán presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se
investiguen los hechos.
Este
sábado se presentó a la explanada municipal de Atenco una comisión del Frente
Zapatista de Liberación Nacional (FZLN).
Provenientes
de diversos municipios y de varias delegaciones del Distrito Federal, expusieron
la problemática que en sus comunidades se padecería en caso de que se
construya el nuevo aeropuerto en el ex lago de Texcoco.
DOCUMENTAN
DEPÓSITOS EN SIETE NÚCLEOS EJIDALES.
Humberto Padgett, Reforma, página 18, suplemento, domingo 2 de diciembre.
La
Procuraduría Agraria (PA) logró documentar los depósitos hechos por la SCT y
la Semarnat en favor de los siete núcleos defendidos por la dependencia y
afectados por un total de nueve decretos expropiatorios para construir el
aeropuerto, y presume que la indemnización por concepto de afectaciones se hizo
en los 13 conjuntos agrarios involucrados el mismo día de la publicación.
El
monto total depositado al Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en
favor de las comunidades defendidas por la PA asciende a 216.9 millones de
pesos, con los que se compensó a más de 2 mil hectáreas; la suma corresponde
a los precios fijados por el Gobierno federal, por los que el metro cuadrado de
tierra de riego en la región afectada fue pagada a 25 pesos y el de temporal a
7.20 pesos.
La
entrega de estos documentos en los casos de San Miguel Tocuila, Texcoco,
Nexquipayac y Atenco derivó en que el Sexto Juzgado de Distrito, con sede en
Nezahualcóyotl, otorgara la suspensión de los decretos expropiatorios que
benefician a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ambos núcleos
ejidales.
El
criterio del juez se abocó a la inminencia de la ocupación al quedar exhibido
el pago de la indemnización, aunque no de su recepción por parte de los
expropiados.
"El
juez había considerado que mientras no se pagara, no se podía tener acceso a
la tierra, no obstante, le demostramos que ya estaba pagado y por ello nos otorgó
esas suspensiones", informó Amado Acosta, residente de la Procuraduría
con sede en Texcoco.
La
documentación será entregada el martes como elemento del cuerpo del recurso de
revisión, luego de que se negara la suspensión provisional sobre siete
decretos, todos en favor de la Semarnat; Acosta dijo estar confiado en que se
lograría la obtención de todos, pero declinó dar detalles.
Indicó
que no existen antecedentes históricos respecto a que, durante una expropiación,
las dependencias participantes en el acto depositen parcialmente el monto de las
afectaciones.
Además,
el propio reglamento del Fideicomiso indica que si no existe una indemnización
completa, el acto no puede ser consumado por completo; bajo la posibilidad de
hacerlo parcialmente, la Ley Agraria dispone de la figura de convenio de ocupación.
Sin
embargo, éste habría de celebrarse entre la instancia involucrada y el
comisariado ejidal, así como del ejidatario si también se trata de
afectaciones parcelarias, como es este caso, y acordada mediante una asamblea;
también se debe contar con el concurso de la PA, lo cual, no ha sucedido.
Por
ello, el funcionario estimó que los depósitos pertinentes a los 19 decretos
existentes en favor de ambas Secretarías ya fueron depositados en el
Fideicomiso, aunque el interés de la Procuraduría se centró en la obtención
de los comprobantes de los ejidos defendidos por ellos.
"Estamos
en el entendido de que se pagó todo; nuestros abogados recurrieron al
Fideicomiso y consiguieron la ficha de Tocuila, Nexquipayac y luego las demás.
El juez había negado la suspensión debido a que no había ejecución (del
acto), pero ya estaba ejecutado el mismo día (en que se publicó la expropiación)
y depositaron; la ficha de Tocuila así lo demuestra.
"Tenemos
conocimiento de que todas las indemnizaciones ya fueron pagadas, el departamento
jurídico de la Procuraduría ya tiene las fichas, principalmente de los ejidos
que representamos y son uno de los elementos básicos que utilizamos para lograr
la suspensión del decreto", explicó.
En
consecuencia, el Gobierno Federal habría hecho un desembolso de 534.37 millones
de pesos el mismo día en que se publicó la expropiación, el 22 de octubre,
para asegurar la posesión de las 5 mil 328 hectáreas afectadas en los
municipios de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, de las cuales, 2 mil 63 hectáreas
corresponden a la SCT con un monto de 210.43 millones de pesos, así como 3 mil
328 hectáreas a la Semarnat para compensar con 323.93 millones de pesos a los
afectados. Los terrenos que no obtengan la suspensión provisional podrían ser
ocupados en cualquier momento.
CITARÁN
DIPUTADOS A TITULARES DE SCT, SEMARNAT Y SRA SOBRE CASO TEXCOCO.
Juan Manuel Aguayo, La Prensa, página 13, domingo 2 de diciembre.
La
Junta de Coordinación Política determinó citar a comparecer a los titulares
de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y de la Reforma Agraria, para
que expliquen a detalle sobre la expropiación de los terrenos para construir el
nuevo aeropuerto, hecho que la semana pasada provocó una marcha de grupos de
ejidatarios armados con machete.
El
diputado Bernardo de la Garza, coordinador de la fracción parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México, informó al respecto que los funcionarios
deberán explicar todos los mecanismos que se han instrumentado para resolver el
conflicto con los comuneros, pues esa falta de información ha ocasionado las
movilizaciones.
Disculpas
de Cerisola
Señaló
que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, envió
a la Cámara de Diputados una carta donde ofrece sus disculpas por el mal
entendido que hubo durante su última comparecencia, donde sostuvo que “hasta
las aves tienen voluntad propia y ya decidieron” que el nuevo aeropuerto se
construya en Texcoco.
EL
TRABAJO LEGISLATIVO DE ESTE AÑO SE REALIZÓ RESPONSABLEMENTE, DICE LA DIPUTADA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
Nota informativa, Novedades, página 7, domingo 2 de
diciembre.
La
presidenta del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de
Diputados, Lorena Martínez Rodríguez, afirmó ayer que el trabajo legislativo
durante este primer año de ejercicio “se llevó a cabo con un alto sentido de
responsabilidad, con el objetivo de aportar conocimientos, experiencias y
reivindicar la labor de los legisladores con su electorado”.
A
través de un comunicado, la legisladora explicó que la Comisión que
representa aplicó el programa de Jornadas Legislativas de Atención Ciudadana
en cada entidad federativa, con el objeto de fortalecer el vínculo de
comunicación entre legisladores y la ciudadanía.
Informó
que en este año, ingresaron al comité un total de mil 275 demandas ciudadanas
de atención a diversos problemas, las cuales han sido canalizadas a las
instancias correspondientes para su gestión.
“Durante
este primer año se realizaron reuniones con el secretario del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger; de Gobernación, Santiago
Creel; así como con gobernadores de los estados de Puebla, Baja California Sur,
Durango, Oaxaca, Estado de México y Colima, aclaró.
De
igual manera, sostuvieron reuniones con el subsecretario de Desarrollo Político
de Gobernación, Juan Molinar Horcasitas, el procurador agrario, Valdemar Martínez
Garza y el titular del Registro Agrario Nacional, Joaquín Contreras Cantú.
Explicó
que la creación del proyecto “Jornadas Legislativas de Atención
Ciudadana”, cuyo objetivo radica en informar, orientar y estrechar el vínculo
de comunicación entre diputados y ciudadanos en relación con las demandas o
peticiones y darles seguimiento conjuntamente con las comisiones legislativas.
El
comité está conformado, además, por seis subcomités, los cuales se enfocan
en la atención a grupos y ciudadanía, enlaces con diversas instituciones y
organismos relacionados.
YUCATÁN
DIPUTADOS
HARÁN JORNADAS DE ASESORÍA AGRARIA PARA LOS EJIDATARIOS DE YUCATÁN.
Novedades, página 7, domingo 2 de diciembre.
La
diputada federal del Partido Acción Nacional, Silvia López Escofié, anunció
que el próximo día 7 se realizarán en Mérida, Yucatán, unas jornadas de
asesoría agraria, que tendrán como objetivo atender a la mayoría de los
afectados por el problema ejidal.
En
conferencia de prensa manifestó que de esa manera será posible escuchar a los
ejidatarios para identificar su problema a fin de canalizarlo al área de la
Secretaría de la Reforma Agraria que pueda atenderlo e iniciar el trámite para
llegar a una solución.
El
sector agrario en la entidad es fuente de conflictos por despojos y engaños en
la compra-venta de terrenos, dijo la diputada.
Expuso
que la controversia en propiedad ejidal está relacionada con el abuso por parte
de quines se aprovechan de la ignorancia de los propietarios y explotan la venta
y manejo de los terrenos, sin que los beneficiarios originales reciban algo
positivo.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx