Martes
21 de agosto
de 2001 Martes
21 de agosto
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • El Financiero •
Excélsior • La Crónica de Hoy
• El Sol de México • El Heraldo de México • Diario de México
EL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL.
Octavio West, El Heraldo de México, página 13, martes 21 de agosto.
En la SRA el presupuesto para el semestre fue de 804.7 millones, de los cuales
se erogaron 774.9 millones, lo que representa un subejercicio de 3.70 por
ciento, al haberse dejado de ejercer 29.8 millones de peso.
CAMPO
DE GOLF EN TERRITORIO ZAPATISTA.
Fátima Monterrosa, El Financiero, página 45, martes 21 de agosto.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, indígenas de las bases de apoyo del EZLN
denunciaron que el gobierno federal pretende construir un hotel con campo de
golf en el centro político y cultural llamado “Aguascalientes V”, que se
ubica en la comunidad Roberto Barrios, en el municipio de Palenque, al norte de
Chiapas.
TEMEN
UN DESALOJO SORPRESA PEPENADORES DE TLAYAPACA.
Karyna Soriano, La Crónica de Hoy, página 19, martes 21 de agosto.
Las más de 100 familias de pepenadores que aún reclaman el predio Tlayapaca se
encuentran en estado de alerta, pues temen que en cualquier momento entre la
fuerza pública para desalojarlos.
URGENTE
SOLUCIONAR DESDE LA ALDF PROBLEMÁTICA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
Nota informativa, El Sol de México, página 3-C, martes 21 de agosto.
El jefe delegacional de Xochimilco, Juan González Romero, hizo un llamado a la
ALDF para que apruebe y realice los programas parciales para buscar el
reordenamiento y la ubicación de los asentamientos irregulares del área
natural protegida, así como en zonas agrícolas.
CIENTOS
DE HECTÁREAS DE CULTIVO SE RIEGAN CON AGUA CONTAMINADA.
Nota informativa, Diario de México, página 8, martes 21 de agosto.
El presidente del Comisariado Ejidal de Santiago Teyahualco, Estado de México,
Primo Romero Fuentes, dijo que a lo largo de 30 años sus canales de riego han
sido contaminados a causa de las descargas residuales que sin tratamiento alguno
son liberadas de las empresas de la región, motivo por el que actualmente sólo
se les permite sembrar maíz y alfalfa, pero que al no ser redituable ha
provocado que varios ejidatarios fraccionen sus parcelas.
ALERTAN
ONG SOBRE EMERGENCIA ALIMENTARIA.
Genaro Altamirano, El Universal, página 9-B, martes 21 de agosto.
En Oaxaca, organizaciones civiles de derechos humanos estatales y nacionales
alertaron a los gobiernos federal y estatal de la “emergencia alimentaria”
en que se encuentra San Juan Maninaltepec por el conflicto agrario que
enfrentan.
EXTENSO
RECHAZO DE PUEBLOS INDIOS A LA LEY APROBADA: LÓPEZ BÁRCENAS.
Víctor Ruiz Arrazola, La Jornada, página 15, martes 21 de agosto.
La entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos y
cultura indígenas ''vuelve incierto el futuro político inmediato del país y
reclama soluciones de fondo, sostuvo en la ciudad de Oaxaca el procurador de la
Defensa del Indígena, del INI, Francisco López Barcenas.
LOS
INDÍGENAS IMPUGNAN “SU” LEY.
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, La Jornada, Suplemento
“Hojarasca”, página 4, martes 21 de agosto.
Por segunda vez los cientos de comuneros del municipio de Nicolás Ruiz,
Chiapas, se reúnen para discutir su rechazo a la ley indígena recientemente
publicada en el Diario Oficial de la Federación y su adhesión a la queja
frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve la Red de
Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos mediante el proyecto 169.
APARECE
OTRO CONTRATO SOSPECHOSO DE SAGARPA.
Hermenegildo Castro, La Crónica de Hoy, página 7, martes 21 de agosto.
Apareció
un nuevo contrato de la Sagarpa en beneficio de la Fundación Mexicana para el
Desarrollo Rural, asignado en forma directa por un instituto dirigido por una ex
funcionaria de la Fundación. La aparición del nuevo contrato contradice al
secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien afirmó que sólo se asignó
uno a la Fundación.
¿PUERTAS
CERRADAS AL CAMPO?
Ramón Vera Herrera, La Jornada, Suplemento “Ojarasca”, página 6 martes 21
de agosto.
México atraviesa por un momento de gran confusión, la sensación, en muchos
sectores, de que Vicente Fox ganó las elecciones pero todavía no hay gobierno,
esto aunque sus funcionarios emprendan reformas que profundizan las tendencias
mundiales de desmantelamiento del campo.
REPLANTEAN
PROBLEMA AGRARIO.
Manuel González Hinojosa, segunda parte, Excélsior, página 7, martes 21 de
agosto.
Después de los grandes repartos de tierras, el latifundismo se acabó durante
los gobiernos revolucionarios, pero en la mayor parte de las tierras entregadas
a los campesinos, se efectuó la destrucción de recursos naturales, al
desaprovecharse la posible utilización productiva de esas tierras.
DIARIO
LEGISLATIVO.
Columna de Pedro Jiménez Rodríguez, Diario de México, página 4, martes 21 de
agosto.
De primerísimo nivel va a ser el “Primer Encuentro de Legisladores de Acción
Nacional”, que el jueves arranca en Puerto Vallarta. Además del presidente
Vicente Fox, van a asistir Francisco Gil Díaz, Luis Ernesto Derbez, Eduardo
Sojo, María Teresa Herrera Tello, Javier Usabiaga Arroyo, entre otros.
DEBATE
NACIONAL.
Ricardo Zapata, El Sol de México, Suplemento “Misión Política Nacional”,
página 7, martes 21 de agosto.
Demandó
el Congreso Nacional Indígena en la movilización del pasado 8 de agosto al
gobierno foxista, mayor presupuesto al campo; reforma al 27 constitucional para
que las sociedades mercantiles no tengan acceso a la tierra; elevar a rango
constitucional el derecho a la alimentación; revisar los acuerdos comerciales
sobre biodiversidad; revisar el TLC y discutir una agenda nacional donde se tome
en cuenta verdaderamente a los campesinos.
EL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL.
Octavio West, El Heraldo de México, página 13, martes 21 de agosto.
En nuestra nota anterior mencionamos que al cierre del periodo enero-junio, el
gasto programable del sector público presupuestario alcanzó la cifra de 405
mil 493.3 millones de pesos, lo que ofrece el resultado de un subejercicio de 7
mil 279 millones; esto es, 1.76 por ciento de la meta prevista al semestre.
Por
su parte, la meta semestral representa 43.52 por ciento del gasto programable
anual, lo que quiere decir que al 30 de junio se había alcanzado un gasto
equivalente al 42.74 por ciento del techo anual.
CHIAPAS
CAMPO
DE GOLF EN TERRITORIO ZAPATISTA.
Fátima Monterrosa, El Financiero, página 45, martes 21 de agosto.
En
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, indígenas de las bases de apoyo del EZLN
denunciaron que el gobierno federal pretende construir un hotel con campo de
golf en el centro político y cultural llamado “Aguascalientes V”, que se
ubica en la comunidad Roberto Barrios, en el municipio de Palenque, al norte de
Chiapas.
Autoridades
del municipio autónomo de “El Trabajo” informaron que en los últimos días
funcionarios del gobierno federal acudieron a mediar los terrenos ejidales
propiedad de indígenas zapatistas, con el fin de instalar un corredor turístico.
En
un comunicado, dieron a conocer “la entrada de funcionarios federales que
vienen a medir los terrenos del ejido para imponer el proyecto de un hotel y un
campo de golf en las cascadas que están en nuestro terreno”.
Por
lo anterior, “exigimos al gobierno federal del señor Vicente Fox detenga sus
acciones de guerra de baja intensidad con las comunidades indígenas”.
DISTRITO
FEDERAL
TEMEN
UN DESALOJO SORPRESA PEPENADORES DE TLAYAPACA.
Karyna Soriano, La Crónica de Hoy, página 19, martes 21 de agosto.
Las
más de 100 familias de pepenadores que aún reclaman el predio Tlayapaca se
encuentran en estado de alerta, pues temen que en cualquier momento entre la
fuerza pública para desalojarlos.
El
temor de los vecinos surgió el pasado martes, cuando la procuraduría
capitalina les notificó que Servimet interpuso una denuncia por despojo en
contra de quien resultara responsable de invadir el predio Tlayapaca, entre
Carlos Lazo y Tamaulipas.
Desde
entonces, los pepenadores realizan guardias nocturnas en ambas calles, donde
instalaron dos campamentos con casas de lámina y cartón para exigir la
devolución del predio de casi 14 hectáreas. Además, cuentan con un teléfono
celular abierto las 24 horas para comunicarse en caso de emergencia.
“Sabemos
que en cualquier momento nos van a desalojar, porque estamos en una vía pública,
pero no tenemos miedo. Si los granaderos llegan a agredirnos como en 1998, vamos
a responder de la misma manera y no vamos a permitir que golpeen a nuestros
hijos”, comentó María Isabel Barrera.
URGENTE
SOLUCIONAR DESDE LA ALDF PROBLEMÁTICA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
Nota informativa, El Sol de México, página 3-C, martes 21 de agosto.
El
jefe delegacional de Xochimilco, Juan González Romero, hizo un llamado a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que apruebe y realice los
programas parciales para buscar el reordenamiento y la ubicación de los
asentamientos irregulares del área natural protegida, así como en zonas agrícolas.
El
funcionario destacó que, sí se da prisa a esta aprobación, se evitarán
muchos problemas que dan origen a estos asentamientos irregulares, además de
que también evitaría que las personas sean desalojadas y se repitan año tras
año las acciones del pasado 15 de agosto en el distrito de riego.
Por
otra parte, precisó que jurídicamente se evitaría que la gente sea víctima
de engaños por parte de personas oportunistas que venden y lotifican
ilegalmente, ganando grandes sumas de dinero con terrenos que no son suyos que
incluso son propiedad del Gobierno del Distrito Federal.
ESTADO
DE MÉXICO
CIENTOS
DE HECTÁREAS DE CULTIVO SE RIEGAN CON AGUA CONTAMINADA.
Nota informativa, Diario de México, página 8, martes 21 de agosto.
Cientos
de hectáreas de cultivo de Tultepec, Estado de México, continúan siendo
regadas con agua contaminada a través del Canal San Juan Cartagena, provocando
que se quemen las cosechas y las plantas, así como enfermedades en el ganado y
los campesinos del lugar.
El
presidente del Comisariado Ejidal de Santiago Teyahualco, Primo Romero Fuentes,
dijo que a lo largo de 30 años sus canales de riego han sido contaminados a
causa de las descargas residuales que sin tratamiento alguno son liberadas de
las empresas de la región, motivo por el que actualmente sólo se les permite
sembrar maíz y alfalfa, pero que al no ser redituable ha provocado que varios
ejidatarios fraccionen sus parcelas, provocando asentamientos irregulares.
OAXACA
ALERTAN
ONG SOBRE EMERGENCIA ALIMENTARIA.
Genaro Altamirano, El Universal, página 9-B, martes 21 de agosto.
En
Oaxaca, organizaciones civiles de derechos humanos estatales y nacionales
alertaron a los gobiernos federal y estatal de la “emergencia alimentaria”
en que se encuentra San Juan Maninaltepec por el conflicto agrario que
enfrentan.
En
una carta dirigida al presidente Vicente Fox y al gobernador José Murat, señalan
que el conflicto surgió en 1913 cuando la familia Díaz Grijalva llegó a
Maninaltepec, municipio de Santiago Choapan, y se posesionó de una extensión
pequeña de tierra, “pero posteriormente argumentaron que tenían derechos por
escrituración sobre una extensión de 3 mil hectáreas”.
REFORMAS
EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS
EXTENSO
RECHAZO DE PUEBLOS INDIOS A LA LEY APROBADA: LÓPEZ BÁRCENAS.
Víctor Ruiz Arrazola, La Jornada, página 15, martes
21 de agosto.
La
entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos y
cultura indígenas ''vuelve incierto el futuro político inmediato del país y
reclama soluciones de fondo, porque han generado un extenso rechazo de los
pueblos indios, pero también de un amplio sector de la sociedad nacional e
internacional, así como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional'',
sostuvo en la ciudad de Oaxaca el procurador de la Defensa del Indígena, del
Instituto Nacional Indigenista, Francisco López Barcenas.
Expuso
que la situación jurídica de los indios de México se complica con los nuevos
preceptos constitucionales, ya que a partir de la entrada en vigor del Convenio
169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, se han efectuado diversas modificaciones al marco jurídico
nacional, federal y estatal, ''muchas de las cuales contienen mayores derechos
que las nuevas reformas constitucionales.''
Composición
pluricultural
El
abogado de origen mixteco citó que, en materia constitucional, ''se reformó el
primer párrafo del artículo cuarto, en el que se reconoce la composición
pluricultural de la nación; asimismo, se incorporó al artículo 27 la protección
de la integridad de las tierras de los grupos indígenas.''
En
lo que respecta al ámbito federal, ''se llevaron a cabo modificaciones y
adiciones a distintos ordenamientos jurídicos. Así, en materia penal se
reformaron el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal; en
materia de tierras y recursos naturales, la Ley Agraria, Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y Ley Forestal; en el aspecto
cultural, la Ley General de Educación y Ley Federal de Derechos de Autor. En
cuanto a la administración, se modificó la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.''
LOS
INDÍGENAS IMPUGNAN “SU” LEY.
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, La Jornada,
Suplemento “Hojarasca”, página 4, martes 21 de agosto.
Domingo
12 de agosto, por la mañana. Por segunda vez los cientos de comuneros del
municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas, se reúnen para discutir su rechazo a la
ley indígena recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación y
su adhesión a la queja frente a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que promueve la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos
mediante el proyecto 169.
Este
es el día en que la comunidad de Nicolás Ruiz anuncia los cargos para su
fiesta tradicional de San Agustín y se reúnen cientos de habitantes en la casa
de bienes comunales, edificio donde se juntan a decidir su futuro todos los
meses. En esta reunión los comuneros discuten su rechazo a la “ley indígena”.
Frente a sus compañeros, el defensor comunitario de esta región, elegido por
esta misma asamblea para formar parte de la Red, da comienzo: enfatiza la
importancia de la autogestión jurídica y explica la “reclamación” frente
a la OIT que se lleva a cabo por violaciones al Convenio 169 sobre pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes.
A
la intervención del defensor comunitario le sigue una larga discusión en la
que la multitud de comuneros muestra su descontento con la “nueva ley indígena”,
recuenta los años de agravios y el desconocimiento –por parte del gobierno–
de sus derechos. Entonces se preguntan acerca de la relación entre esta nueva
ley, el Tratado de libre Comercio y la marginación económica que se ha
agudizado por la crisis en el sector agrario.
La
Asamblea de Nicolás Ruiz fue el primer evento de una serie de actos que se
llevarán a cabo en las ocho regiones pertenecientes a la Red de Defensores.
En
cada una de estas zonas, miles de choles, tojolabales, tzeltales y tzotziles están
firmando un acta mediante la cual expresan su apoyo a la queja que la Red
presentará ante la OIT para así buscar el rechazo internacional de la nueva
“ley indígena”.
El
acta resume cuatro puntos por los que la nueva ley es un insulto a los pueblos
indígenas y es violatoria a sus derechos en el ámbito internacional.
Primero,
subordina la libre determinación y autonomía de las decisiones y leyes
unilaterales de los congresos estatales.
Segundo,
la designación de las comunidades como “entidades de interés público” en
vez de reconocerlas como “entidades de derecho público”, es un intento de
limitar las acciones comunitarias para hacer imposible la reconstrucción de los
pueblos.
Tercero,
la ley no respeta las formas colectivas de tenencia de la tierra y del uso de
los recursos naturales, dejando a los pueblos vulnerables frente a las políticas
neoliberales, que se hacen posible por los cambios hechos al Artículo 27 de la
Constitución.
SAGARPA
APARECE
OTRO CONTRATO SOSPECHOSO DE SAGARPA.
Hermenegildo Castro, La Crónica de Hoy, página 7, martes 21 de agosto.
Apareció
un nuevo contrato de la Secretaría de Agricultura en beneficio de la Fundación
Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR), ahora por 538,200 pesos, asignado en
forma directa por un instituto dirigido por una ex funcionaria de la Fundación.
El
monto del contrato para la FMDR es el más alto de las 64 adjudicaciones
directas realizadas por el Instituto Nacional de Capacitación del Sector
Agropecuario (INCA-Rural) a diferentes personas e instituciones. La aparición
del nuevo contrato contradice al secretario de Agricultura, Javier Usabiaga,
quien afirmó que sólo se asignó uno a la Fundación.
Hasta
el momento está documentada la existencia de tres contratos por un monto de
3.53 millones de pesos, asignados por dependencias gubernamentales bajo la
responsabilidad de ex directivos de la Fundación, lo que los coloca en un
evidente conflicto de intereses.
Además
de los contratos adjudicados directamente por el subsecretario de Desarrollo
Rural, Antonio Ruiz García, por un monto de 3.1 millones de pesos, la FMDR fue
beneficiada con otro contrato por 538,200 pesos, asignado por el INCA, dirigido
por Leticia Deschamps, ex funcionaria de la Fundación.
Deschamps
fue nombrada al frente del INCA por el subsecretario Ruiz García, según afirmó
en entrevista, por su desempeño al frente del Instituto Mexicano de Educación
para el Desarrollo Rural (IMEDER), el cual forma parte de la FMDR, donde el
ahora funcionario público fue Director General y trabajo 17 años.
Ahora,
el IMEDER recibió un contrato por adjudicación directa para la formación de
formadores por 538,200 pesos, el más alto en una lista de 64 adjudicaciones,
exceptuando un contrato para servicio de comedor, abastecimiento de alimentos y
cafetería por 850 mil pesos.
En
la práctica, el INCA y la Fundación compiten por el mercado de la capacitación
pues el Instituto debe cumplir con la obligación constitucional —consignada
en el artículo 27—de asesorar y capacitar a los productores del sector
agropecuario, con cargo al gobierno.
Por
eso, llama la atención que la nueva administración haya cerrado 23
delegaciones del INCA y 5 de los 6 centros de capacitación para que los
productores contraten ahora a empresas privadas. Los costos serán pagados por
los productores con un subsidio que les entregará la Secretaría Agricultura.
Con
la medida, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural resulta la mejor
colocada para la competencia pues tiene delegaciones en todo el país y el INCA
sólo tiene representación en Hermosillo, Zacatecas, Puebla, Toluca y Mérida.
Ahora,
el INCA cuenta con sólo 46 plazas, de las cuales la mayoría están ocupadas
por funcionarios, con un presupuesto de 30 millones 420 mil pesos para salarios
al año.
Con
la nueva modalidad, el instituto solamente tiene un programa: la formación de
formadores, el cual pretende conseguir 150 profesionales durante el año por
medio de un diplomado. Esos formadores irán al campo para capacitar a los técnicos
agropecuarios y los técnicos, por su parte, se encargarán de los productores,
a quienes cobrarán el servicio.
En
el diplomado participan algunos profesionales provenientes de la FMDR aunque,
según comentarios de fuentes cercanas al proceso de selección, dos o tres
reprobaron el examen de admisión, “pero eso es lo de menos, lo verdaderamente
grave es la visión privatizante, la promoción de una idea de generar riqueza a
ultranza, sin reparar en el desarrollo comunitario ni social”.
De
acuerdo con técnicos del INCA, la intención de los nuevos funcionarios es
quitar de la competencia al Estado para entregar los servicios de capacitación
al sector privado, particularmente a la Fundación Mexicana para el Desarrollo
Rural (FMDR).
Lo
que dice la ley
La
fracción XIII del artículo 47 de la Ley de Servidores Públicos establece la
obligación del funcionario de “excusarse de intervenir en cualquier forma en
la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte”.
En
al artículo 27 de la Constitución se establece:
OPINIÓN
¿PUERTAS
CERRADAS AL CAMPO?
Ramón Vera Herrera, La Jornada, página 6 Suplemento, martes 21 de agosto.
México
atraviesa por un momento de gran confusión: es quizá la caída del PRI como
partido en el poder, el reacomodo continuo de su militancia en distintas
regiones, la sensación, en muchos sectores, de que Vicente Fox ganó las
elecciones pero todavía no hay gobierno. Esto aunque sus funcionarios emprendan
reformas que profundizan las tendencias mundiales de desmantelamiento del campo,
su reconversión a un complejo tramado de agroindustria-cinturones de
maquila-corredores de servicio y transporte, proyectos de prospección de
recursos naturales de toda índole, la apropiación de territorios y el agua, más
escasa y más concentrado su usufructo.
El
vaciamiento de las comunidades", dice Gonzalo Chapela, "el hecho de
que el campo es más femenino, que están desapareciendo los ejidatarios, que no
se reúnen en asambleas, que todo el mundo emigra, que más de la mitad del
ingreso viene de otras labores que no son del campo" es un síntoma de algo
que para Miguel Tejero no es "sólo un problema de apertura comercial, sino
de todos los genéricos, cuya caída
ha sido impresionante en todo el mundo. Lo de la oferta y la demanda ya no
funciona, resulta que la manipulación de unos cuantos fondos de inversión en
la bolsa de Chicago o de Nueva York hace que se arruinen un chingo de
productores rurales de muchos países del mundo, mediante movimientos
financieros exclusivamente especulativos". No obstante los campesinos se
movilizan. Luis Hernández Navarro resume la situación:
En
las últimas semanas parece haber una reanimación de la lucha rural que abarca
a copreros en Guerrero, piñeros en Oaxaca y Veracruz, maiceros y trigueros en
Sonora y Sinaloa, los sorgueros en Tamaulipas, los agricultores relativamente
acomodados de Chihuahua. Esta reanimación se expresa en protestas más o menos
radicales, que van desde las tomas de las instalaciones de Pemex en Sinaloa,
hasta la detención de los camiones cargados con mercancía agrícola en
Chihuahua y su devolución hacia la frontera, hasta el tirar piña y copra en
Guerrero y Oaxaca, al lado de lo que son movilizaciones o protestas de corte
tradicional, históricas, como las que se han venido sucediendo en la Montaña o
en la Costa Grande de Guerrero.
El
recambio en el gobierno pesa: hay nuevas políticas, connotados empresarios agrícolas
o gente de organizaciones filantrópicas ligada al mundo empresarial han sido
nombrados funcionarios públicos, poniendo en marcha un conjunto de políticas
--es una verdadera reforma institucional-- que han disparado en parte estas
movilizaciones.
Tales
reformas están afectando la relación tradicional entre los industriales, los
procesos de comercialización y los productores rurales. Tras estas
transformaciones hay una deliberada actitud de los nuevos funcionarios de no
reconocer a los interlocutores tradicionales del mundo rural, a los dirigentes
de las organizaciones campesinas, y la respuesta de estas dirigencias ante lo
que consideran la pérdida de sus privilegios --más una disminución drástica
de los subsidios que se daban para el funcionamiento de estas organizaciones--
está afectando las posibilidades de sobrevivencia de las organizaciones
campesinas tradicionales, que han pasado a depender, en el caso de la CNC, de lo
que logran recoger de los gobernadores en donde los gobernadores son todavía
priístas. Es una protesta muy compleja que suma elementos del pasado con el
presente. Existe la defensa de los intereses corporativos tradicionales de las
dirigencias, pero además hay un malestar real de las organizaciones campesinas
asociado a su vez con problemas históricos: la caída de rentabilidad del
sector, la apertura indiscriminada de las fronteras, etcétera.
Los
factores nuevos son la promulgación de estos decretos para la comercialización
y la canalización de subsidios en lo específico.
Todo
ello hace suponer una situación de conflictos de inestabilidad; movilizaciones
y protestas rurales en muchas regiones que configuran claramente un ascenso en
la lucha, un ascenso muy complicado.
A
ello se suma la utilización de este malestar rural, por parte de los
gobernadores priístas y por parte del mismo PRI como una forma de medir fuerzas
con el gobierno de Vicente Fox. Queda la impresión de que el terreno rural se
está convirtiendo en la primer prueba de fuerzas, en la primer gran cruzada
entre el aparato priísta en lo general y la gestión de Fox en lo particular.
Además
de estas protestas contra condicionantes concretas, el campesinado pobre del sur
"quizá no se movilice por precios pero se moviliza por algo más global, más
integral, como son los derechos, ahora que se empiezan a reconocer como indígenas".
"Esos que vemos como indígenas" dicen otros "son los campesinos
pobres que cuando se movilizan por precios son campesinos y cuando se movilizan
por derechos son indígenas". Y movilizarse por derechos no implica sólo
la lucha por las reformas constitucionales en materia indígena o una ley rural
más justa. "Ha sido muy impresionante la reacción de las
organizaciones" dice Alejandro Villamar "al llamado a organizar foros
para entender e impugnar el Plan Puebla Panamá (PPP). No es sólo la lucha por
el precio, el crédito, la tenencia de la tierra o los problemas de rezago; el
enfoque va ya más allá de lo local". Esta visión coteja con quienes
plantean que el reto para las organizaciones, ejidos y comunidades en el mundo
rural no puede desligarse de una visión más integral, llamémosle regional: el
ámbito de "las luchas territoriales". Por ejemplo, cuenta Andrés
Barreda que en el área que va de Veracruz a Acapulco se plantea un corredor
(caminos, maquila, prospección de recursos, agro-industria) como parte del PPP.
"Parte de la problemática es que van a hacer una carretera, y van a
comenzar a expulsar pueblos -- unos 20 mil campesinos del Popocatépetl-- y
meterlos a trabajar a la maquila. A partir de esto surgen luchas campesinas por
que no les expropien tierras, y la gente se está articulando con quienes pelean
contra la maquila, y como la gente a la que le quitan la tierra son pueblos
indios, se están articulando como tales. Esta es una lucha territorial que
vincula una lucha campesina, indígena y urbana o ambientalista, incluso
proletaria."
Es
decir, ante una dinámica global (eso difuso que como monstruo se nombra
neoliberalismo) hay que encontrar, dicen otros, sus síntomas y tejidos
concretos a nivel regional. Si en los sesenta la máxima era "piensa
global, actúa a nivel local" hoy parece que el foco de acción-pensamiento
cambia de continuo entre uno y otro polo. En Baja California, por ejemplo, las
huellas del monstruo están a la vista juntas. Siembra de transgénicos, aparición
de tambos no etiquetados con residuos tóxicos abandonados en las calles de los
barrios proletarios de Mexicali; lucha a plena luz del día entre los cárteles
del narco; migración, pero también dilución de la frontera por el trabajar en
Estados Unidos y vivir en la enorme favela a la que muta Tijuana. Acasillamiento
y agroindustria en los campos de cultivo en San Quintín. Crisis pesquera (se
desmanteló el empuje cooperativo de los atuneros hace unos años), aumento
desmedido de mano de obra para la maquila, que a su vez crece explosivamente.
Apertura de enclaves de bioprospección en el Mar de Cortés, nuevos corredores
náuticos y carreteros transpeninsulares.
REPLANTEAN
PROBLEMA AGRARIO.
Manuel González Hinojosa, segunda parte, Excélsior, página 7, martes 21
de agosto.
Después
de los grandes repartos de tierras, a costa principalmente de las haciendas más
grandes, medianas o pequeñas, el latifundismo se acabó durante los gobiernos
revolucionarios, principalmente a partir del sexenio cardenista, pero parecía
que los gobernantes posteriores trataban de emular a Cárdenas y superarlo en su
instinto revolucionario y, así, por ejemplo, Gustavo Díaz Ordaz repartió 26
millones de hectáreas, en la inteligencia de que repartos anteriores y
posteriores eran de tierras no aptas para la explotación agrícola o ganadera
y, por consiguiente, quienes recibían esa tierra, por dotación, ampliación o
restitución, no las podían aprovechar sino mediante grandes inversiones de
dinero que no tenían y no podían conseguir porque nadie confiaba en los grupos
campesinos, pues éstos no poseían la preparación adecuada para utilizar las
tierras mediante inversiones costosas. Así es que, en la mayor parte de las
tierras entregadas a los campesinos, se efectuó la destrucción de recursos
naturales, al desaprovecharse la posible utilización productiva de esas
tierras. Además de lo anterior, el reparto, y el haber destruido las
principales unidades de producción, para convertirlas en ejidos, trajo como
consecuencia el minifundismo destructor de la riqueza del campo y una forma de
propiedad o de utilización antieconómica.
DIARIO
LEGISLATIVO.
Columna de Pedro Jiménez Rodríguez, Diario de México, página 4, martes
21 de agosto.
DEBATE
NACIONAL.
Ricardo Zapata, El Sol de México, Suplemento “Misión Política
Nacional”, página 7, martes 21 de agosto.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx