Jueves 16 de agosto de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • Novedades • El Sol de México • México
Hoy • El Día
ANULA
DIÁLOGO EL CAP Y LA SRA POR NO HABER CONSENSO.
Héctor Chávez Maya y Andrés Laguna, Novedades, página 16, jueves 16 de
agosto.
También aparece en El Universal y el Heraldo de México. Luego de una fuerte
discusión entre el coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), Álvaro López
Ríos, y la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, la
reunión que se realizó ayer se suspendió al asegurar que no existe consenso
entre las 12 agrupaciones que forman al CAP.
ACOSO
CONTRA CAMPESINOS DE LA MC.
Pilar
Cantero, El Día, página 13, jueves 16 de agosto.
Las arbitrariedades y acoso contra campesinos de la delegación Magdalena
Contreras continúan, pues el pasado fin de semana trabajadores de la Corena y
la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, pretendían realizar trabajos de
reforestación en zonas de cultivo, a pesar de que los ejidatarios tienen
la protección de la justicia federal.
LEGAL,
EL DESALOJO EN XOCHIMILCO.
Nota informativa, México Hoy, página 15, jueves 16 de agosto.
El
desalojo de cuatro familias que de reserva en Xochimilco se realizó conforme a
la ley, así lo aseguró el jefe delegacional Juan González.
CUENTAS
POR LA CRISIS EN EL CAMPO DEMANDARÁ EL PRI AL REY DEL AJO.
Antonio Betancourt, La Crónica de Hoy, página 6, jueves 16 de agosto.
El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, debe predicar con el ejemplo y
las actitudes en su rancho contra menores trabajadores son parte de las
contradicciones con las que se ha manejado este gobierno en torno al campo,
aseguró el diputado priista Augusto Gómez Villanueva.
DEFIENDE
USABIAGA LABOR EN SAGARPA.
Rafael Pinzón y Jorge Arturo Hidalgo, Reforma, página 10, jueves 16 de
agosto.
El Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien comparece hoy ante la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, dijo ayer sentirse
tranquilo y expresó su confianza en que algún día se reconozca el esfuerzo
que han realizado él y su equipo.
SEÑALES
DE GUERRA DE FOX, LA LEY INDÍGENA: BÁRBARA ZAMORA.
Doina García, El Sol de México, página 20, jueves 16 de agosto.
Con
la publicación de las reformas a la ley indígena, el presidente Fox está
mandando señales de guerra: “obviamente estas acciones van a provocar una
reacción entre estos pueblos”, aseveró Bárbara Zamora del bufete jurídico
de la organización Tierra y Libertad.
LA
VERDAD CUESTA.
Enrique Canales, “Mexicar”, Reforma, página 25, jueves 16 de agosto.
El columnista asevera que “para salvar el campo necesitamos escriturar todos
los terrenos a sus legítimos dueños; a los indígenas sus escrituras
personales, a los ejidatarios sus escrituras personales, a los comuneros sus
escrituras personales, y que no quede ningún terreno sin dueño personal para
que los pobres campesinos puedan asociarse, vender o rentar una partecita de su
terreno para mandar a sus hijos e hijas a estudiar de ingenieros agrónomos”.
SECTOR
AGRARIO
ANULA
DIÁLOGO EL CAP Y LA SRA POR NO HABER CONSENSO.
Héctor Chávez Maya y Andrés Laguna, Novedades, página 16, jueves 16 de
agosto. También aparece en El Universal y el Heraldo de México.
Luego
de una fuerte discusión entre el coordinador del Congreso Agrario Permanente
(CAP), Álvaro López Ríos, y la secretaria de la Reforma Agraria, María
Teresa Herrera Tello, la reunión que se realizó ayer se suspendió al asegurar
que no existe consenso entre las 12 agrupaciones que forman al CAP.
Las
diferencias entre los dirigentes campesinos se hizo evidente cuando no pudieron
ponerse de acuerdo en el cómo priorizar las demandas campesinas.
Ante
ello, Álvaro López Ríos pidió a la secretaria de la Reforma Agraria un
receso en la mesa de negociación para dialogar con los dirigentes y poner un
orden a las peticiones.
DISTRITO
FEDERAL
ACOSO
CONTRA CAMPESINOS DE LA MC.
Pilar Cantero, El Día, página 13, jueves 16 de agosto.
Las
arbitrariedades y acoso contra campesinos de la delegación Magdalena Contreras
continúan, pues el pasado fin de semana trabajadores de la Comisión Natural de
Recursos Naturales (Corena) y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente,
auxiliados por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pretendían
realizar trabajos de reforestación en zonas de cultivo, a pesar de que los
ejidatarios tienen la protección
de la justicia federal.
Ante
el incesante acoso de integrantes de la Profepa y la Corena, avalados por las
autoridades delegacionales, los campesinos de San Bernabé Ocotepec afirmaron
que interpondrán una denuncia penal en la Procuraduría General de la República
(PGR) por desacato a una autoridad.
En
este caso, el juez Sexto de Distrito en materia Administrativa del Distrito
Federal, Marco Antonio Bello Sánchez, quien otorgó un amparo a 11 ejidatarios
para evitar que sus tierras fueran reforestadas, pues ellos las utilizan como
sembradío.
También
hicieron un llamado al presidente de la República Vicente Fox y al jefe del
gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que
los apoye.
De
13 ejidatarios que interpusieron un nuevo amparo, sólo 11 de ellos obtuvieron
la protección de la justicia, menos Gilberto Cruz y Francisco Flores González,
quienes según el juez correspondiente no acreditaron ser ejidatarios.
A
los 11 labriegos que se les otorgo la protección de la justicia, se les notificó
que: “Este juzgado considera que lo procedente es conceder la suspensión
provisional solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado
que actualmente guardan, hasta en tanto no se notifique a las autoridades
responsables la resolución respecto de la suspensión definitiva, que emita
este juzgado”.
Esto,
señala la resolución, para que sigan en su uso de las tierras ejidales que
dicen corresponden al poblado de San Bernabé Ocotepec, en el régimen de
agricultura.
LEGAL,
EL DESALOJO EN XOCHIMILCO.
Nota informativa, México Hoy, página 15, jueves 16 de agosto.
El
desalojo de cuatro familias que de reserva en Xochimilco se realizó conforme a
la ley, así lo aseguró el jefe delegacional Juan González.
Explicó
que durante mucho tiempo el comisario ejidal, Antonio Rosas Santana, incitó al
asentamiento de estas familias en el lugar que se protegieron con varios
amparos, sin embargo, los 20 habitantes del predio estaban violando la ley.
“Estaban
cometiendo delito ecológico a nivel federal y a nivel local porque estaban
cambiando el uso de suelo y ocupando espacios reservados para uso agrícola, con
cascajo, construyendo en zona prohibida, además llevamos el procedimiento
administrativo correspondiente”, aseguró González.
El
delegado en Xochimilco aseguró que tras agotar todos los recursos legales, se
realizó el desalojo para poder continuar con la custodia de estas 207 hectáreas
que serán entregadas a 2 mil 116 ejidatarios en Xochimilco.
González
refirió que las personas desalojadas fueron engañadas haciéndoles creer que
el predio era suyo y podían construir sus viviendas.
SECTOR
AGROPECUARIO
CUENTAS
POR LA CRISIS EN EL CAMPO DEMANDARÁ EL PRI AL REY
DEL AJO.
Antonio Betancourt, La Crónica de Hoy, página 6, jueves 16 de agosto.
El
secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, debe predicar con el ejemplo y las
actitudes en su rancho contra menores trabajadores son parte de las
contradicciones con las que se ha manejado este gobierno en torno al campo,
aseguró el diputado priista Augusto Gómez Villanueva.
En
entrevista, el también ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina,
adelantó a Crónica que en su visita al Congreso del día de hoy, se cuestionará
al "Rey del Ajo" sobre las anomalías que han llevado al sector a la
crisis más grave de los últimos años.
Cuestionado
sobre si el funcionario debe renunciar, señaló: "ya después de la
comparecencia veremos".
Y
aunque consideró que Javier Usabiaga no ha tenido tiempo de asumir su función
de secretario, “porque se le ha encargado la pesca, la alimentación, la
agricultura, la ganadería, y eso muestra que no hay una idea clara del titular
del Ejecutivo para definir la estrategia política de tratamiento a los
problemas del país, y concretamente del campo, no es pretexto para seguir
aplicando las mismas políticas que han dañado al sector”.
Por
lo pronto, dijo, la labor del secretario al frente del agro ha dejado mucho que
desear y se vislumbra un panorama de contradicciones, de incertidumbre porque el
gobierno ha llevado a una distracción para atender sus deberes.
"Más
que plantear asuntos de renuncias o descalificaciones, urge encontrar la forma
de que se definan las estrategias agropecuarias, tenemos que discutir la política
que en materia agropecuaria debe poner en marcha el gobierno".
El
legislador cenecista calificó de contradictorias las actitudes de privilegios
para la importación de productos básicos para el consumo nacional: "Esto,
porque es dañino que teniendo una producción tan importante de maíz, frijol y
azúcar sin comercializar, el gobierno haya fijado, de manera, digamos,
violatoria a la Ley de Ingresos, aranceles tan bajos, que son verdadera expresión
de una desatención a las disposiciones legales que emitió el Congreso de la
Unión.
“Nos
empeñamos de repente en descalificar al individuo, pero también hay que
hacerlo con el gobierno en general, porque pretende sustituir al estado social
por el estado empresarial”.
Para
Gómez Villanueva, el Estado maneja mal la política agropecuaria, porque podría
acarrearle desventajas en el terreno electoral. “Vemos los recientes
resultados electorales, donde la gente le advierte al gobierno de estas
contradicciones, estas actitudes en las cuales se pretende privilegiar a un
sector de la población que bajo la adjetivación de su vocación productiva y
empresarial, pretende asumir posiciones políticas sin que hasta ahora hayan
demostrado la calificación para gobernar".
Ha
abusado de su papel de servidor público: UAM
Si
el gobierno del presidente Vicente Fox está combatiendo las formas de corrupción
en el país, debiera solicitar la renuncia del secretario de Agricultura, Javier
Usabiaga, porque "ha abusado de su papel de servidor público", al
contratar a menores de edad como jornaleros en sus ranchos y sin prestaciones de
carácter social: seguro de salud y acceso a créditos de vivienda, dijo Enrique
de la Garza Toledo, especialista en materia laboral por la UAM.
De
la Garza Toledo refirió además que en estos hechos ilícitos se tiene como
agravante que Usabiaga ocupa un cargo de primer nivel dentro de la administración
federal lo que vale para su "destitución inmediata".
DEFIENDE
USABIAGA LABOR EN SAGARPA.
Rafael Pinzón y Jorge Arturo Hidalgo, Reforma, página 10, jueves 16 de
agosto.
El
Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien comparece hoy ante la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, dijo ayer sentirse tranquilo y expresó
su confianza en que algún día se reconozca el esfuerzo que han realizado él y
su equipo.
En
entrevista, consideró que su reunión con legisladores será una oportunidad
para que se aclaren "muchas de las inquietudes que tienen los Diputados
sobre la forma en que estamos trabajando".
"Las
cuentas que tenemos que entregar son las cuentas de lo que hemos venido haciendo
en los últimos ocho meses, el ejercicio presupuestal, las acciones coyunturales
que hemos tenido que atender, las formas en como las hemos atendido", señaló.
"Yo
estoy muy tranquilo. Hemos hecho lo mejor, dentro de nuestras limitaciones, para
resolver la problemática coyuntural y seguir adelante con nuestro proyecto a
largo plazo", agregó.
El
funcionario reiteró que su permanencia en el cargo es una decisión que sólo
le corresponde al Presidente, y aseguró estar satisfecho con su desempeño en
los primeros ocho meses de la actual administración.
"No
me remuerde la conciencia de nada de lo que he hecho, creo que estoy haciendo lo
que queríamos hacer, lo que está contemplado dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, lo que veníamos trabajando desde el equipo de transición",
dijo.
Sobre
las denuncias hechas en su contra respecto a la presunta contratación de
menores de edad en los ranchos propiedad de su familia, el Secretario de
Agricultura, rechazó las acusaciones y aseguró haberse retirado de los
negocios desde 1996, cuando asumió un cargo en el Gobierno de Vicente Fox en
Guanajuato.
"Los
negocios no son míos, son de mi familia, pero puedo negar rotundamente que la
familia Usabiaga contrate menores de edad para realizar labores del campo.
Estamos dentro de la ley, los negocios tienen registro ante el IMSS, y si existe
alguna denuncia, pues que se haga bien y se procederá a realizar las
investigaciones correspondientes", indicó.
Demandan
liberar apoyos de recursos para los productores agrarios, la excesiva
burocratización, y la falta de atención a las organizaciones y a los problemas
de los campesinos, serán los reclamos que escuchará Usabiaga en su
comparecencia ante Diputados.
Los
priístas Guillermo Hopkins y Jaime Larrazábal, así como el perredista Tomás
Torres, coincidieron en que los retrasos en el pago de subsidios a los
campesinos por parte de la dependencia puede ocasionar un conflicto social
mayor, pues los productores del campo viven al día.
"Lo
que vemos es una enorme ineficiencia en la Secretaría. Usabiaga puede aguantar
vara, como dijo Vicente Fox, pero los productores del campo no", señaló
Hopkins.
Criticó
que mientras arrecían los conflictos en el campo, la Sagarpa deje de ejercer 3
mil 552 millones en el primer semestre del 2001, cuando en diciembre pasado, los
legisladores lograron modificar el presupuesto inicial enviado por Fox para
aumentar en 4 mil 780 millones de pesos los apoyos a la comercialización de
productos como maíz, trigo, sorgo y arroz.
Por
su parte, Torres se pronunció por conformar un "fondo contingente"
que apoye la comercialización de productos como jitomate, cebolla, y frijol.
REFORMAS
SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA
SEÑALES
DE GUERRA DE FOX, LA LEY INDÍGENA: BÁRBARA ZAMORA.
Doina García, El Sol de México, página 20, jueves 16 de agosto.
Con
la publicación de las reformas a la ley indígena, el presidente Vicente Fox
está mandando señales de guerra: “obviamente estas acciones van a provocar
una reacción entre estos pueblos”, aseveró Bárbara Zamora del bufete jurídico
de la organización Tierra y Libertad.
Dijo
que la Alianza de Pueblos Indígenas Mazahuas y Otomíes, acudirán a una
demanda de amparo ante esta nueva ley, ya que le pasado 26 de julio fue
rechazada su solicitud bajo el argumento de que no causaba daños a las
comunidades, puesto que aún no se había publicado.
Empero,
estas reformas ya fueron publicadas y con ello adquieren carácter obligatorio,
por lo que intentarán nuevamente este recurso: “esperamos que en esta ocasión
cumplan con las disposiciones de la ley de amparo”, señaló Zamora.
Explicó
que las nuevas reglamentaciones lejos de ayudar a los pueblos indígenas, anulan
derechos que ya tenían a nivel constitucional, como la propiedad de las
comunidades sobre sus tierras y recursos naturales, que establece el artículo
27.
En
dicho artículo se reconoce que las tierras son para asentamiento urbano y
actividades productivas.
Empero,
en la reforma recién aprobada, el artículo segundo establece que las
comunidades podrán acceder de manera preferente al uso de los recursos
naturales que se encuentran en los lugares donde habitan.
“En
los nuevos postulados, lo único que se les reconoce y no de manera exclusiva,
sino preferente, es el uso de los recursos naturales, más no la propiedad como
ya lo reconoce el artículo 27 actual”, señaló Zamora.
Dijo
que esta es una gran diferencia que aparentemente no se nota en el texto de la
reforma, pero que tiene consecuencias muy negativas para los indígenas, sobre
todo en la propiedad de sus bosques, tierras y aguas.
La
abogada consideró que las comunidades indígenas de los 10 estados donde fue
rechazada esta reforma, estarían dispuestas a someterse a un juicio de amparo
que ponga en tela de juicio, incluso la validez de las decisiones de los
Congresos estatales respecto a la ley.
Dado
que entre los juicios de amparo se están llevando contra el Congreso de la Unión
y los congresos locales que aprobaron la ley, el juez está autorizado para
pedir una constancia de cómo se llevaron a cabo las votaciones en cada
Congreso.
Ello
permitirá establecer si se cumplieron con los requisitos que establecen las
Constituciones locales y el artículo 13 de la Carta Magna: “si los jueces
determinaran que realmente hubo irregularidades, regresarían la reforma aunque
ya estuviera publicada, para que se corrigiera”, señaló.
OPINIÓN
LA
VERDAD CUESTA.
Enrique Canales, “Mexicar”, Reforma, página 25, jueves 16 de agosto.
Decir
que ante la enorme cantidad de problemas estructurales nos va a llevar tres
sexenios sacar al país adelante al punto de empezar a notar que los pobres
comienzan a tener los medios para salir de su tragedia, sería hablar con más
apego a la verdad. Pero los políticos del PAN no hablan así, porque hablar con
la verdad cuesta.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx