Viernes 10 de agosto
de 2001
Viernes 10 de agosto
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • La Jornada • El Universal • Excélsior • El
Economista
• Novedades • La Prensa • El Sol de México
INSTALARÁN
EN DOS SEMANAS MESAS DE DIÁLOGO CON CAP.
Margarita Vega, Reforma, página 8, viernes 10 de agosto.
En un plazo máximo de dos semanas, se instalarán las mesas de negociación en
la Secretaría de Gobernación para encontrar soluciones a la problemática
agraria, anunciaron ayer la Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez
Mota y el líder del Congreso Agrario Permanente, Álvaro López.
CAMPESINOS
TOMARÁN CARRETERAS EL 1 DE SEPTIEMBRE.
Virginia
Pérez, La Prensa, página 1, viernes 10 de agosto.
No se desmovilizarán los campesinos: el 1o. de septiembre tomarán y cerrarán
carreteras y el 28 de noviembre realizarán un paro nacional en unión del
sector obrero, declaró ayer Álvaro López Ríos, coordinador del Congreso
Agrario Permanente (CAP).
MONREAL
ADVIERTE SOBRE ESTALLIDOS SOCIALES POR LA CRISIS EN EL CAMPO.
Javier Ortiz, Novedades, página 6, viernes 10 de agosto.
En la reunión del presidente Vicente Fox en Nuevo Vallarta, Nayarit, con nueve
gobernadores de la región centro-occidente del país, el gobernador de
Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, aprovechó la ocasión para advertir al
presidente en torno a los riesgos que vive el país ante la crisis que vive el
campo y alertó sobre los posibles estallidos de inconformidad.
JUSTIFICA
EL PRI MOVILIZACIONES.
Claudia Guerrero, Reforma, página 9, viernes 10 de agosto.
Cuando el Gobierno cierra la puerta a los campesinos por intolerancia,
incompetencia o soberbia, abre las puertas a la movilización, advirtió ayer
Dulce María Sauri, presidenta del PRI.
ALERTA
CNC SOBRE COLAPSO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
Claudia Guerrero, Reforma, página 9, viernes 10 de agosto.
Los
últimos indicadores financieros muestran que el campo en México está inmerso
en un "verdadero colapso generalizado", aseguró ayer Heladio Ramírez,
secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
APOYA
EL CNA POLÍTICA AL AGRO.
Yolanda Ceballos, Reforma, página 3-A, viernes 10 de agosto.
El Consejo Nacional Agropecuario, CNA, reiteró su voto de confianza a la política
agropecuaria del país, independientemente de quién sea el Secretario de
Agricultura y de que existan errores de instrumentación para agilizar la
entrega de los recursos.
DEMANDAN
REVISIÓN INTEGRAL A LA POLÍTICA AGROPECUARIA.
Elizabeth Velasco C. y Matilde Pérez U., La Jornada, página 10, viernes 10 de
agosto.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Congreso Agrario Permanente (CAP)
suscribieron un pacto de unidad y acción, en el que exigen al gobierno
federal se realice una revisión integral de la política agropecuaria y se
defina un proyecto de desarrollo en la materia que considere la autosuficiencia
y soberanía alimentarias como prioridad nacional.
EN
RIESGO DE DESAPARECER, OCHO ETNIAS DE BAJA CALIFORNIA.
Jorge Alberto Cornejo, La Jornada, página 34, viernes 10 de agosto.
Divididos
por conflictos de tierras, amenazados por el poderío del narcotráfico y
abandonados por las autoridades, casi mil 500 indígenas nativos de Baja
California -que aún viven en ocho comunidades ubicadas en los municipios de
Mexicali, Tecate y Ensenada- están condenados a desaparecer.
TRANSPARENTÓ
ARTURO MONTIEL LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA DEL EXLAGO DE TEXCOCO. Nota
informativa, El Economista, página 45, viernes 10 de agosto.
El gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, entregó a las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes del Congreso de la Unión un
expediente completo que precisa, desde 1912 a la fecha, la situación de la
tenencia e la tierra en la zona del exlago de Texcoco.
EXIGEN
CHICHIMECAS FIN AL DESPOJO DE SUS TIERRAS ANCESTRALES.
Alejandro González Anaya, La Jornada, página 36, viernes 10 de agosto.
Representantes de la única comunidad chichimeca del país, agrupada como tal en
el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, solicitaron ayuda de la delegación
del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Querétaro para que el gobierno
federal les restituya más de 500 hectáreas de las que han sido despojados a lo
largo de varias generaciones.
VIOLENCIA
EN DOS MUNICIPIOS POTOSINOS, AL CONMEMORAR EL NATALICIO DE ZAPATA.
Margarita Basáñez, Excélsior, página 26, viernes 10 de agosto.
Mientras
en Tamuín y Tamazunchale hubo incontables conatos de violencia con los
activistas del Parlamento Indio Estatal (PIE), quienes desde ayer conmemoran el
122 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, la calma volvió a los otros
ocho ayuntamientos cuyas alcaldías habían sido tomadas, informó hoy el
subsecretario de Gobierno, Eduardo González Sierra.
LA
CRISIS DEL CAMPO.
Isaac
Katz, El Economista, página 63, viernes 10 de agosto.
Desde que el nuevo gobierno asumió el poder hace ocho meses, uno de los
principales problemas que ha tenido que enfrentar ha estado centrado en la
situación del sector agropecuario.
POLÍTICA
AGRARIA SIN FONDO.
Sergio
Benito Osorio, El Universal, página 4-D, viernes 10 de agosto.
Las
marchas campesinas que el día de ayer tuvieron lugar en distintas partes del país
y que, para la ciudad de México, algunos medios publicitaron anticipadamente
como una “megamovilización” resultó ser una expresión bastante
minoritaria de un descontento que, sin embargo, poco a poco y a lo largo de
muchos años se ha ido fermentando en el campo mexicano, en sus distintas
regiones, sectores de productores y habitantes.
FOX
SIEMBRA VIENTOS Y TENDRÁ TEMPESTADES.
Lisandro Otero. El Sol de México, página 9, viernes 10 de agosto.
El
campesinado mexicano está hoy arruinado, descontento y en una progresión hacia
la miseria más absoluta.
SECTOR
AGROPECUARIO
INSTALARÁN
EN DOS SEMANAS MESAS DE DIÁLOGO CON CAP.
Margarita Vega, Reforma, página 8, viernes 10 de agosto.
En
un plazo máximo de dos semanas, se instalarán las mesas de negociación en la
Secretaría de Gobernación para encontrar soluciones a la problemática
agraria, anunciaron ayer la Secretaria de Desarrollo social, Josefina Vázquez
Mota y el líder del Congreso Agrario Permanente, Álvaro López.
En
dichas mesas participarán las dependencias involucradas con los temas del
campo, incluyendo a las Secretarías de Agricultura, Economía, Reforma Agraria,
Hacienda, Ecología y la propia Sedesol.
De
acuerdo con López, la Secretaría de Gobernación inició las labores de
negociación desde el pasado lunes 6 de agosto, cuando Santiago Creel se
comprometió con las organizaciones integrantes del CAP a hacer todo lo posible
para que fueran recibidos por los titulares de las dependencias mencionadas.
"La
Secretaría de Gobernación acordó conmigo el lunes que intercedería con los
Secretarios para que fuéramos recibidos y se acordaran mesas de trabajo. El
segundo acuerdo fue que en la próxima semana o a más tardar en dos se estaría
instalando la comisión por el diálogo par el campo", señaló.
Ayer
se produjo el segundo encuentro entre Vázquez Mota y las organizaciones que
conforman el CAP, esta vez en las oficinas del organismo agrario. Ahí, la
funcionaria se comprometió a integrarlas en la conformación del plan sectorial
de desarrollo social e incluso apoyó la idea de crear un programa nacional para
la mujer campesina.
"Como
titular de la Secretaría de Desarrollo Social no solamente veo con buenos ojos
que se fortalezcan los programas para mujeres, sino que soy una promotora y una
aliada para que así suceda, especialmente porque durante este año el
presupuesto para programas de mujeres llegó en cero y esta es una de las tareas
más importantes que tenemos que fortalecer en el futuro", señaló Vázquez
Mota al finalizar la reunión a puerta cerrada que se prolongó por casi tres
horas.
A
diferencia del miércoles, cuando López se manifestó totalmente satisfecho del
resultado de los encuentros con los Secretarios de Desarrollo Social y de
Agricultura, que los recibieron tras varias horas de protesta, el líder del CAP
indicó que los campesinos aún no tienen total confianza en el Gobierno, y que
el haberse reunido con algunos funcionarios no representó la firma de "un
cheque en blanco".
"Las
garantías (de que el Gobierno cumpla con lo prometido) las tenemos en función
de la fuerza y la voluntad que nosotros tenemos de pelear. Definitivamente no
estamos firmando un cheque en blanco para decir que los compromisos que se han
hecho simplemente los dejemos a la buena voluntad". Dijo "No vamos a
bajar la guardia, lo de ayer fue una prueba de que estamos dispuestos a luchar
en los marcos de la legalidad y de que tenemos razón, hoy le toca al Gobierno
atender con mayor puntualidad y eficacia los reclamos del campo. La confianza la
vamos a ir construyendo en la medida en que haya respuesta y cumplimiento a los
acuerdos", agregó.
Al
asegurar que las marchas campesinas lograron los resultados esperados, López
informó que desde ayer la Sagarpa puso en marcha un programa emergente para la
situación de los cafetaleros, así como otras medias para apoyar económicamente
la comercialización de piña y arroz.
CAMPESINOS
TOMARÁN CARRETERAS EL 1 DE SEPTIEMBRE.
Virginia Pérez, La Prensa, página 1, viernes 10 de agosto.
No
se desmovilizarán los campesinos: el 1o. de septiembre tomarán y cerrarán
carreteras y el 28 de noviembre realizarán un paro nacional en unión del
sector obrero, declaró ayer Álvaro López Ríos, coordinador del Congreso
Agrario Permanente (CAP).
Consideró
que si la Jornada Nacional de Lucha Campesina realizada el pasado miércoles
tuvo algunas fallas, se consiguió abrir espacios para el diálogo con el
gobierno federal y que Javier Usabiaga, titular de Agricultura, ofreciera un
mejor trato para la gente del campo.
Luego
de que el pasado miércoles miles de campesinos, aunque no los que se esperaban
y fueron convocados, marcharon por calles de esta ciudad y otros estados de la
República en demanda de que las autoridades del gobierno federal atendieran sus
peticiones, el dirigente del CAP advirtió a las autoridades que "no crean
que por haberse comprometido a instalar la próxima semana mesas de negociación
con titulares de cinco dependencias se desmovilizarán los campesinos".
Dijo
que la puesta en marcha de las próximas movilizaciones del sector campesino del
país dependería de las respuestas y acuerdos a que se llegue con las
organizaciones y militantes del agro en las mesas de negociación que se
instalarán en la Secretaría de Gobernación la semana próxima.
Refirió
que en dichas instalaciones se espera la presencia de los titulares de
Agricultura, Reforma Agraria, Desarrollo Social, Economía, Hacienda y Medio
Ambiente, con quienes esperan concretar compromisos para que autoridades y el
agro caminen juntos.
Álvaro
López sostuvo que en dichas reuniones la posición del sector campesino será
clara y no permitirán que "se nos dé más atole con el dedo", pues
la insurgencia campesina del pasado 8 de los corrientes, apenas fue una llamada
de atención al gobierno federal.
Asimismo
manifestó que durante la reunión que sostuvieron el día de la jornada con el
Secretario Usabiaga, donde en la noche establecieron mesas de trabajo para
encontrar solución a la problemática que enfrenta el café, el arroz, la piña,
incluso las presas, sólo en el caso del café se firmó un acuerdo para
realizar un padrón y dar los recursos.
Informó
que ayer sostuvieron una reunión con la titular de la Sedesol, Josefina Vázquez,
a quien plantearon la necesidad de que la política de combate a la pobreza sea
incluyente para que las organizaciones campesinas tengan participación en los
programas.
MAS
IRRITACIÓN
Cuestionado
respecto de los bombazos el mismo día de su Jornada Campesina, el dirigente del
CAP dijo que esa situación es una muestra más de la desesperación de algunos
grupos que aprovechan la actual coyuntura conflictiva del país. Y agregó que
el gobierno debe entender que eso es un síntoma más de irritación social.
MONREAL
ADVIERTE SOBRE ESTALLIDOS SOCIALES POR LA CRISIS EN EL CAMPO.
Javier Ortiz, Novedades, página 6, viernes 10 de agosto.
El
presidente Vicente Fox llegó ayer a su reunión en Nuevo Vallarta, Nayarit, con
nueve gobernadores de la región centro-occidente del país.
El
gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, aprovechó la ocasión para
advertir al presidente en torno a los riesgos que vive el país ante la crisis
que vive el campo y alertó sobre los posibles estallidos de inconformidad.
JUSTIFICA
EL PRI MOVILIZACIONES.
Claudia Guerrero, Reforma, página 9, viernes 10 de agosto.
Cuando
el Gobierno cierra la puerta a los campesinos por intolerancia, incompetencia o
soberbia, abre las puertas a la movilización, advirtió ayer Dulce María
Sauri, presidenta del PRI.
"Si
el Gobierno no quiere presiones, que haga su trabajo, que solucione y que
resuelva", indicó, al inaugurar el Congreso Constitutivo de la Confederación
Nacional Campesina (CNC).
En
alusión a declaraciones recientes de Vicente Fox, condenó que para el
Presidente la política de desarrollo rural se reduzca a que "aguanten vara
los campesinos".
"Qué
fácil es decirlo, haciendo a un lado la responsabilidad del Presidente en la
solución de los problemas del campo. No señor Presidente Fox, los campesinos
quieren y demandan solución, no vara", dijo.
La
presidenta del PRI respondió también a las críticas de su homólogo panista,
Luis Felipe Bravo Mena, quien acusó al tricolor de estar detrás de las
movilizaciones campesinas.
"Hay
una gran verdad en lo que dice el presidente del PAN, qué bueno que ya se dio
cuenta que la mayoría de los campesinos del país son militantes o
simpatizantes del PRI", indicó.
ALERTA
CNC SOBRE COLAPSO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
Claudia Guerrero, Reforma, página 9, viernes 10 de agosto.
Los
últimos indicadores financieros muestran que el campo en México está inmerso
en un "verdadero colapso generalizado", aseguró ayer Heladio Ramírez,
secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Al
inaugurar el Congreso Nacional Constituyente de dicha organización, el priísta
indicó que al mes de julio de este año, se han financiado un millón 600 mil
hectáreas menos que en el 2000.
Detalló
que la caída en el financiamiento en el maíz es del 40 por ciento, en el café
de 65 por ciento, y en la caña de 34 por ciento.
"Esto
significa que el paisaje de México se llenará de desempleados o de jornaleros
que venderán por casi nada su fuerza de trabajo", dijo.
Apuntó
que el colapso en el campo incluye estancamiento económico, baja productividad,
uso irracional de los recursos naturales, ausencia de créditos, infraestructura
deteriorada, atraso tecnológico, bajos precios de los productos, altos costos
de los insumos y una débil presencia del Estado.
Ante
cerca de 4 mil delegados, calificó a la actual administración como un Gobierno
de derecha que pretende aislar y desmovilizar a los campesinos, a través del
individualismo.
El
ex Gobernador de Oaxaca anunció sin embargo que la relación entre la CNC y el
Gobierno foxista deberá apartarse de los extremos.
"Ni
abyección alguna, ni radicalismo a ultranza, sino defensa sin concesiones de
los derechos del campesino", dijo.
La
relación con el PRI
Durante
su discurso, Ramírez indicó que por primera vez la CNC, afiliada al PRI, debe
luchar por sus demandas desde la oposición.
Reconoció
que a lo largo de todos los sexenios priístas la Confederación ha actuado en
una posición "tallada en la subordinación institucional".
Sin
embargo, aseguró que los cenecistas seguirán siendo priístas.
Anunció
que impulsarán alianzas sociales y políticas para integrar un frente nacional
que contrarreste el peso de la derecha en el país.
Ramírez
aprovechó para exigir al PRI un nuevo trato hacia la CNC que les permita
rescatar su poder real "menospreciado por quienes sostienen la tesis de que
los sectores deben desaparecer del PRI.
APOYA
EL CNA POLÍTICA AL AGRO.
Yolanda Ceballos, Reforma, página 3-A, viernes 10 de agosto.
El Consejo Nacional
Agropecuario, CNA, reiteró su voto de confianza a la política agropecuaria del
país, independientemente de quién sea el Secretario de Agricultura y de que
existan errores de instrumentación para agilizar la entrega de los recursos.
Los "errores de hace
muchos años" son la causa de que el ingreso real de agricultores y
ganaderos presente un deterioro de 24.5 por ciento en promedio en el periodo
1990-2000.
Jesús Vizcarra Calderón,
presidente del CNA, reiteró que ocho meses de la actual administración no es
suficiente para ver los resultados, aunque al menos se logró un incremento real
de 4 mil millones de pesos en el presupuesto para el campo para el ejercicio
2001.
"Antes de sentarnos a
la mesa tuvimos algunas inquietudes, el problema del campo mexicano no es de hoy
y no todo el campo está mal. Consideramos que tiene una visión correcta aunque
nuestro juicio ha habido errores de instrumentación.
"Yo pediría tendencias
y con base en esas tendencias nosotros confiamos en que habrá que darle
oportunidad a la política agropecuaria para ver la evolución más real",
dijo.
Asimismo, el presidente del
CNA, organismo de productores y empresarios que participan con más del 60 por
ciento del PIB agroalimentario, consideró que está en manos del Congreso de la
Unión darle al campo la capacidad financiera, vía el presupuesto, para
competir con productores de Estados Unidos y Canadá.
La propuesta del CNA es
promover la reconversión productiva en las zonas donde tradicionalmente existe
una sobreoferta de granos como son Tamaulipas, Baja California, Sonora y
Sinaloa, para tener una orientación enfocada a impulsar y/o atender los
mercados regionales y los de exportación de manera selectiva.
"Durante estos últimos
años el panorama fue particularmente desfavorable para los sectores productores
de granos básicos, oleaginosas, azúcar y café, actividades de la mayor
importancia para nuestro país en el contexto, tanto de superficie de cultivo,
como de número de productores.
"La mayoría de estas
actividades se caracterizaron por precios nominales muy similares desde
1996-1997, de tal forma que los apoyos gubernamentales se empezaron a convertir
en un complemento cada vez más importante para asegurar la rentabilidad",
se destaca en un estudio estadístico realizado por el CNA.
En su opinión, si los
integrantes de la cadena productiva no toman en cuenta la alternativa de la
reconversión, la reducción de costos de producción y buscan a toda costa
elevar la eficiencia, la problemática de crisis en el campo continuará y será
recurrente año con año.
"Estos últimos años
el panorama fue particularmente desfavorable para los sectores productores de
granos básicos, oleaginosas, azúcar y café, actividades de la mayor
importancia para nuestro país"
Jesús Vizcarra Calderón
DEMANDAN
REVISIÓN INTEGRAL A LA POLÍTICA AGROPECUARIA.
Elizabeth Velasco C. y Matilde Pérez U., La Jornada, página 10, viernes 10
de agosto.
La
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Congreso Agrario Permanente (CAP)
suscribieron un pacto de unidad y acción, en el que exigen al gobierno
federal se realice una revisión integral de la política agropecuaria y se
defina un proyecto de desarrollo en la materia que considere la autosuficiencia
y soberanía alimentarias como prioridad nacional.
Ante
la desigualdad en las relaciones comerciales con los socios del norte, y las
consecuencias negativas para los campesinos mexicanos, demandan la revisión y
renegociación del Tratado de Libre Comercio en los capítulos agropecuario,
telecomunicaciones y transporte. Debe revisarse también, afirman, el proceso de
negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Acuerdo de
Libre Comercio con la Unión Europea.
En
el texto del pacto señalan que exigirán "la inclusión de verdaderos capítulos
o cartas sociales normativos en todos los acuerdos comerciales, en especial del
ALCA. Y de manera concreta, pugnaremos por la revisión de los acuerdos
paralelos en materias laboral y ambiental del TLC".
La
unidad de acción abarca la defensa de los derechos y condiciones de vida y
laborales de los trabajadores migratorios, los cuales "deben incluirse en
cláusulas de protección en todos los acuerdos comerciales".
La
reforma fiscal es otro tema sustantivo para la UNT y el CAP. Al respecto señalan
que se han propuesto conseguir que la iniciativa gubernamental de reforma fiscal
se convierta "en un pacto fiscal con enfoques y contenidos sociales, en el
contexto de la reforma social y democrática del Estado".
Para
ello, asumen que es "indispensable la participación amplia de las más
diversas fuerzas y organizaciones gremiales, así como un cambio sustancial en
los planteamientos y en las prioridades que contempla la propuesta original del
gobierno".
Como
parte de la reforma del Estado establecen como otra prioridad lograr la
verdadera libertad de asociación de todos los trabajadores mexicanos, del campo
y de la ciudad, así como de los migratorios.
Advierten
sobre bloqueos carreteros
La
instalación de mesas de diálogo en siete secretarías de Estado y la promesa
de un nuevo trato y relación no desmovilizarán ni fracturarán al Congreso
Agrario Permanente (CAP), dijo el coordinador de ese organismo campesino, Álvaro
López Ríos.
Aseguró
que si no hay respuestas satisfactorias a las demandas campesinas, el 1º de
septiembre habrá un bloqueo de carreteras y el 28 de noviembre un paro
nacional, en el que también participará la Unión Nacional de Trabajadores.
Las propuestas de solución que proponga el gobierno federal serán evaluadas,
advirtió.
Los
campesinos que participaron en las movilizaciones del pasado miércoles
retornaron a sus lugares de origen, mientras que algunos de sus representantes
estarán en las mesas de negociaciones en las secretarías de Gobernación,
Reforma Agraria, Hacienda, Economía, Agricultura, Desarrollo Social y Medio
Ambiente.
EN
RIESGO DE DESAPARECER, OCHO ETNIAS DE BAJA CALIFORNIA.
Jorge Alberto Cornejo, La Jornada, página 34, viernes 10 de agosto.
Divididos
por conflictos de tierras, amenazados por el poderío del narcotráfico y
abandonados por las autoridades, casi mil 500 indígenas nativos de Baja
California -que aún viven en ocho comunidades ubicadas en los municipios de
Mexicali, Tecate y Ensenada- están condenados a desaparecer.
Cada
vez son menos, y en muchos casos han perdido sus tradiciones; sólo 10 por
ciento de los habitantes de sus comunidades hablan y comprenden su lengua
tradicional.
Aprender
español se ha convertido para ellos en herramienta de subsistencia, según
indica el Instituto Nacional Indigenista.
La
influencia de visitantes -en su mayoría turistas estadunidenses- sobre sus
pobladores, así como las precarias condiciones en las que viven, han
contribuido a modificar sus costumbres y hábitos alimenticios, propiciando el
surgimiento de enfermedades que antes no se padecían, como la diabetes
mellitus, que en algunas comunidades afecta hasta a 50 por ciento de la población.
El
Mayor, ubicada en el valle de Mexicali, es una de las comunidades indígenas más
grandes de Baja California -cuenta con 300 miembros de la etnia cucapá-, y ahí
sólo 16 personas hablan la lengua tradicional; el resto la desconoce y ha
perdido el interés por aprenderla.
Los
cucapás son una comunidad en peligro de extinción, y su ubicación geográfica
coincide con la zona decretada por el gobierno federal mexicano como reserva de
la biosfera; sin embargo, se les ha prohibido la pesca, única alternativa que
tienen para su alimentación y para la obtención de algunos recursos económicos.
Por
ello la delegación estatal del Instituto Nacional Indigenista y la Procuraduría
de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California estudian ese caso
para encontrar medidas que permitan garantizar la permanencia de la comunidad,
pues sus jóvenes emigran a Baja California con el fin de buscar oportunidades
de empleo.
En
San Isidoro y Santa Catarina -comunidades ubicadas al este del municipio de
Ensenada- habitan los pai-pai, que son poco más de 200 y enfrentan grandes
problemas económicos.
Probablemente
los pai-pai son también la comunidad más afectada por la diabetes mellitus en
la entidad.
En
Santa Catarina hay 50 familias que sobreviven y experimentan una de las peores
crisis de las que se tenga registro en más de 500 años de existencia de esa
etnia nativa de Baja California.
Ubicados
en una extensión territorial de 64 mil hectáreas de tierras improductivas para
la agricultura, los miembros de la etnia pai pai prácticamente carecen de
alternativas para su desarrollo.
Desde
hace seis años los pai pai demandan del gobierno federal permiso para explotar
la biznaga, especie de cacto endémica que tiene gran valor comercial en la
industria de los dulces.
No
obstante, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
rechazó esa petición hasta que no se realice un estudio para determinar la
factibilidad del proyecto de explotación y se presente un programa para
garantizar que la biznaga seguirá en los cerros de Baja California.
Los
pai-pai no saben ni a quién pedir que realice el estudio, y menos tienen para
pagarlo.
Las
condiciones de otras comunidades -como los cochimíes, kiliwas y kumiais- son
similares, por ello el INI reconoce que las comunidades nativas de Baja
California están en franco deterioro.
No
hay, sin embargo, apoyos federales y estatales especiales para el rescate de
esos grupos étnicos.
María
Elena Rodarte, delegada en Baja California del INI, asegura que los recursos con
los que se cuentan en la dependencia no alcanzan, lo cual busca transformarse de
organismo normativo en coordinador, que lleve a las instancias encargadas las
demandas de desarrollo social y salud de las comunidades.
Esta
última parte es esencialmente necesaria, pues más de 60 por ciento de los niños
que habitan en las comunidades indígenas nativas de Baja California padecen
actualmente de enfermedades, y una de las principales causas de muerte son las
infecciones gastrointestinales.
El
narcotráfico
Ante
la falta de programas efectivos de apoyo a las comunidades nativas de Baja
California, éstas viven casi en el abandono, y ahora más que nunca se
enfrentan a la posible desaparición con la llegada de narcotraficantes, quienes
ofrecen trabajo a los jóvenes descargando avionetas llenas de droga, las cuales
aterrizan en sus comunidades.
La
Procuraduría General de la República (PGR), la segunda Zona Militar y el
propio INI dan cuenta de ello en sus reportes, pues cada vez es más elevado el
número de indígenas arrestados por tener vínculos con bandas organizadas de
traficantes de estupefacientes.
El
número de indígenas nativos que permanecen todavía en sus comunidades se ha
reducido dramáticamente en los últimos años a consecuencia de la migración
por la falta de empleo, arrestos, muertes por enfermedades curables y ejecuciones
vinculadas al narcotráfico.
Tal
es el caso de la etnia pai-pai, a la que pertenecían 20 personas asesinadas en
septiembre de 1998 en el municipio de Ensenada, en lo que según las autoridades
fue un ajuste de cuentas entre indígenas enrolados en actividades de narcotráfico.
Las
comunidades de San Isidoro y Santa Catarina -en las que habitan 400 miembros de
esa etnia- son las que enfrentan los mayores problemas económicos.
En
Santa Catarina, de donde era originario el narcotraficante Fermín Castro,
blanco de la masacre del 17 de septiembre de 1998 en el rancho El Rodeo, ubicado
en El Sauzal de Rodríguez, sólo viven 50 familias.
Reportes
de inteligencia de la zona militar indican que narcotraficantes utilizan desde
1995 tierras de comunidades indígenas nativas de Baja California, con el fin de
sembrar mariguana y construir pistas clandestinas para el aterrizaje de
avionetas cargadas con estupefacientes.
La
sangre, sin embargo, ha corrido en más de una ocasión en las tierras de los
indígenas bajacalifornianos.
El
26 de mayo de 1996 presuntos narcotraficantes asesinaron a Marcelino Murillo Álvarez,
comisariado de San Isidoro, y a su ayudante Amado Díaz.
Entre
1996 y septiembre de 1999 narcotraficantes asesinaron por lo menos a 25 indígenas,
entre hombres, mujeres y niños. por rencillas personales y porque en algunos
casos se atrevieron a denunciarlos ante las autoridades.
Actualmente
los indígenas reciben constantes amenazas de narcotraficantes.
Comunidades
como Juntas de Nejí, en el municipio de Tecate, y San José de la Zorra, en
Playas de Rosarito, son las más afectadas. Allí algunos miembros de esas
comunidades rurales obtienen recursos económicos a cambio de su silencio.
En
otros casos los indígenas reciben sólo amenazas. Vecinos de comunidades como
San José de la Zorra aseguran que avionetas cargadas con latas sin etiqueta
aterrizan en una pista clandestina ubicada cerca del poblado.
La
pequeña comunidad -de 40 familias de la etnia kumiai- se aterroriza cuando
camionetas que transportan hombres armados con ametralladoras llegan, descargan
y después se van.
Temerosos,
vecinos del lugar aseguran que algunos miembros de su comunidad reciben una
"gratificación" de los narcotraficantes para que no reporten nada a
las autoridades.
El
problema agrario
La
división del territorio bajacaliforniano en ejidos afectó también a las
comunidades indígenas: integrantes de comunidades nativas reconocen la
autoridad del comisario ejidal y menosprecian a sus autoridades tradicionales.
La
delegada del INI, María Elena Rodarte, afirma que los conflictos agrarios son
la principal amenaza para esos pueblos. Quienes tienen la tierra y la comienzan
a comercializar se enfrentan contra los que buscan que los predios sean
comunales.
Bajo
el amparo de la administración estatal que encabezó el gobernador panista
Ernesto Ruffo Appel, las comunidades indígenas de esa entidad fueron despojadas
por empresarios de unas 280 mil hectáreas de terreno en cuatro comunidades
ubicadas en Tecate y Ensenada.
Actualmente
existen tres denuncias ante la Secretaría de la Reforma Agraria y el Tribunal
Unitario Agrario, una de ellas contra Claudio Ruffo, hermano del ex mandatario.
Los
pueblos indios han quedado desamparados por parte de las autoridades estatales
que históricamente han protegido y privilegiado a las familias de poderosos
empresarios
ganaderos y vitivinícolas.
En
el caso de San Antonio Necua, los indígenas kiliwas eran antes dueños de la
tierra y hoy son trabajadores de la compañía productora de vinos La Cetto.
TRANSPARENTÓ
ARTURO MONTIEL LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA DEL EXLAGO DE TEXCOCO.
Nota informativa, El Economista, página 45, viernes 10 de agosto.
El
gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, entregó a las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes del Congreso de la Unión un
expediente completo que precisa, desde 1912 a la fecha, la situación de la
tenencia e la tierra en la zona del exlago de Texcoco.
Con
ello, el gobernador mexiquense abre totalmente la posibilidad de que cualquier
interesado conozca la verdadera posesión de los terrenos que se proponen como
sede del nuevo aeropuerto internacional de México.
En
este expediente se aclara que de las casi 16 mil hectáreas propuestas para el
proyecto de Desarrollo Ambiental Nuevo Texcoco, alrededor de 11 mil hectáreas
son propiedad del gobierno de la República, 3 mil 500 hectáreas son propiedad
ejidal y aproximadamente mil 200 hectáreas son propiedad del gobierno del
estado de México.
Esto
demuestra que en la propuesta mexiquense los intereses particulares no
prevalecen, y que, por el contrario, se evitan maniobras especulativas que
impacten el objetivo principal: que los mexicanos cuenten con un aeropuerto
moderno, funcionaol, cercano y seguro.
Asimismo,
el gobernador recordó que su administración abrió desde el mes de abril el
Registro Público de la Propiedad del Estado de México, para que cualquier
persona interesada pueda consultarlo y constatar la propiedad de la tierra en
todo el territorio mexiquense.
Con
ello, el gobierno del estado de México demuestra la transparencia del Proyecto
Ambiental Nuevo Texcoco, el cual considera como la mejor opción, tanto para
constituirse en sede el nuevo aeropuerto internacional de los mexicanos, como
para consolidar los esfuerzos de recuperación ecológica iniciados hace treinta
años en la zona del exlago.
Por
lo que respecta a las aproximadamente mil 200 hectáreas de terrenos de
propiedad del gobierno mexiquense en el sitio propuesto para la edificación de
la nueva terminal aérea, el gobierno estatal reiteró su voluntad de donarlas
en su totalidad, por considerarse que, de concretarse, el Proyecto Ambiental
Nuevo Texcoco será de beneficio social, ecológico y económico para todos los
mexicanos.
EXIGEN
CHICHIMECAS FIN AL DESPOJO DE SUS TIERRAS ANCESTRALES.
Alejandro
González Anaya, La Jornada, página 36, viernes 10 de agosto.
Representantes
de la única comunidad chichimeca del país, agrupada como tal en el municipio
de San Luis de la Paz, Guanajuato, solicitaron ayuda de la delegación del
Instituto Nacional Indigenista (INI) en Querétaro para que el gobierno federal
les restituya más de 500 hectáreas de las que han sido despojados a lo largo
de varias generaciones.
Aurelio
Quevedo Torres, delegado de la comunidad Misión de Chichimecas, donde residen
cerca de 2 mil personas, informó que el despojo a este grupo indígena ha sido
tolerado por los últimos tres gobiernos estatales -los de Vicente Fox Quesada,
Ramón Martín Huerta y Juan Carlos Romero Hicks- sin que solucionen el
problema.
Este
abuso, dijo, no ha terminado, y actualmente más de 70 familias totalmente
ajenas a los indígenas de dicha misión residen en el lugar y poseen casi 80
hectáreas.
"La
situación se agravó porque las tierras donde nuestros ancestros construyeron
desde su origen Misión de Chichimecas, por causas que desconocemos, no quedaron
incluidas en la dotación ejidal que se nos hizo en los años veinte del siglo
pasado para restituirnos las tierras que tradicionalmente formaban nuestro
territorio", subrayó.
Luego
de asegurar que "es del dominio público que estas tierras forman parte de
Misión de Chichimecas y tenemos pleno derecho a ellas", precisó que
inicialmente el territorio que poseían era superior a las mil hectáreas,
mientras que ahora son únicamente 538, de las cuales se restan las 80 que ya
poseen extraños que residen en el lugar, es decir que en total han sido
despojados de más de 50 por ciento de su suelo.
Ante
esta situación, Quevedo Torres informó que sus compañeros indígenas y él
pedirán a los tres niveles de gobierno que respeten sus tierras y reconozcan
legalmente las que poseen, pues no cuentan con documentos que avalen su
propiedad pese a que varias generaciones de sus antepasados han muerto ahí.
SAN
LUIS POTOSÍ
VIOLENCIA
EN DOS MUNICIPIOS POTOSINOS, AL CONMEMORAR EL NATALICIO DE ZAPATA.
Margarita Basáñez, Excélsior, página 26, viernes 10 de agosto.
Mientras
en Tamuín y Tamazunchale hubo incontables conatos de violencia con los
activistas del Parlamento Indio Estatal (PIE), quienes desde ayer conmemoran el
122 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, la calma volvió a los otros
ocho ayuntamientos cuyas alcaldías habían sido tomadas, informó hoy el
subsecretario de Gobierno, Eduardo González Sierra.
Asimismo,
destacó que fueron entregadas las delegaciones regionales de la Sagarpa en
Ciudad Valles y Rioverde, así como las de Sedesol, Servicio Estatal del Empleo,
Secretaría de la Reforma Agraria y Representación Huasteca del gobierno
estatal.
Indicó
que la situación más tensa se resiente en el ejido Las Palmas, del municipio
de Tamuín, donde los campesinos indígenas del PIE, quienes desde ayer tenían
cerrado el camino a la planta de Cementos Mexicanos (Cemex), hoy fueron a su vez
cercados por casi tres mil trabajadores de ese lugar.
Explicó
que los empleados de Cemex y de las dos termoeléctricas —las cuales se llaman
Termoeléctricas del Golfo— se molestaron porque otra vez les impedían el
paso a sus centros de trabajo y, en represalia, bloquearon las salidas a los
manifestantes, ante lo cual los del PIE se quedaron sin agua, sin libre tránsito
y sin comida.
Hasta
el momento, señaló, el gobierno del estado se ha limitado a auspiciar una
reunión entre el PIE y los directivos de Cemex y Peñoles, para lograr un
acuerdo en torno de la exigencia de un seguro de riesgo agrícola por cinco
millones de dólares, en caso de que las termoeléctricas protagonizaran algún
desastre ecológico, tal y como recientemente sucediera con los pescadores de la
Laguna de Marland, en el municipio contiguo de Ebano.
OPINIÓN
LA
CRISIS DEL CAMPO.
Isaac Katz, El Economista, página 63, viernes 10 de agosto.
Desde
que el nuevo gobierno asumió el poder hace ocho meses, uno de los principales
problemas que ha tenido que enfrentar ha estado centrado en la situación del
sector agropecuario, destacando los apoyos a la comercialización de maíz en
Sonora y Sinaloa, el pago a los cañeros y ahora las manifestaciones por parte
de grupos de campesinos, estas últimas con tintes claramente políticos y en
donde a los "líderes", que quieren mantener su "poder político",
lo último que realmente les importa es el bienestar de los campesinos.
Obviamente el argumento de que la crisis que se enfrenta en el agro mexicano es
resultado de la apertura comercial como parte de la política
"neoliberal" es absolutamente falaz.
La
crisis del campo viene de muchos años atrás, realmente siglos, aunque la política
agraria y agrícola adoptada a partir de la guerra civil que envolvió a México
entre 1913 y 1917, es realmente la causa de la desastrosa situación que se vive
en las zonas rurales, una en donde predomina la pobreza extrema. Lo que el
gobierno hizo a partir de la década de los 20 es un clásico ejemplo de cómo
destrozar un sector productivo. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la
crisis se deriva de cómo estaba redactado y cómo se aplicó el Artículo 27 de
la Constitución previo a las reformas de 1992.
Que
se haya adoptado una política de reparto de tierras bajo un esquema de ejidos y
comunal, con una definición de los derechos de propiedad sobre la tierra
ineficiente, implicó que este esquema agrario no fue el necesario para el
desarrollo de las comunidades y sí fue, por el contrario, la base para hacer
que la pobreza se asentara en el campo. Si los campesinos no eran dueños de la
tierra sino únicamente del usufructo, claramente no existía ningún incentivo
para mejorar, mediante inversión en infraestructura, la calidad y productividad
de la tierra. Además, hay que agregarle la inseguridad en la tenencia bajo la
cual vivían los pequeños propietarios siempre sujetos a la expropiación
arbitraria de su tierra, tal como sucedió en 1976 en Sonora.
Por
otra parte, bajo un esquema de reparto, tratando de garantizarle tierra a todo
aquél que lo solicitara, llevó a repartir predios de cada vez peor calidad y
de muy baja productividad, como son las laderas de los cerros donde es imposible
introducir técnicas modernas de producción. Esta política de reparto que
atomizó la tierra creó el minifundio, propiedad en donde únicamente se puede
producir para el autoconsumo, garantizando así que los campesinos vivirían
para siempre en la pobreza.
A
la ineficiente definición de los derechos de propiedad hay que agregarle la
notoria ausencia de capital humano de los campesinos derivada de la falta de un
proceso formal de educación. No se puede tener un alto nivel de desarrollo de
las comunidades agrarias si la escolaridad media apenas llega a tres o cuatro años.
Sin educación formal, además de tener una muy baja productividad, también se
tiene una alta tasa de fertilidad, una alta tasa de mortalidad infantil y
familias relativamente grandes, todo ello bajo un esquema de producción para el
autoconsumo. El resultado: pobreza y marginación.
Y
un tercer elemento que explica la pobreza del campo. Los campesinos siempre
fueron utilizados como fuente de poder político para un grupo de caciques que
vivían de la explotación de sus "agremiados" y amparados bajo la
tutela del PRI. Las manifestaciones de esta semana son el último ejemplo de la
forma de actuar de estos caciques, que ven que su poder se les escapa.
Resolver
el problema de la pobreza en el campo no es fácil ni rápido y se requiere de
la instrumentación de varias políticas, empezando con dotar a los productores
de seguridad jurídica sobre su propiedad para que sean libres de hacer con su
tierra lo que deseen: asociarse, rentarla o venderla. También se requiere dotar
a los campesinos de capital humano, por lo que es indispensable profundizar y
ampliar el Progresa para que ellos puedan insertarse exitosamente en los
mercados.
POLÍTICA
AGRARIA SIN FONDO.
Sergio Benito Osorio, El Universal, página 4-D, viernes 10 de agosto.
Las
marchas campesinas que el día de ayer tuvieron lugar en distintas partes del país
y que, para la ciudad de México, algunos medios publicitaron anticipadamente
como una “megamovilización” resultó ser una expresión bastante
minoritaria de un descontento que, sin embargo, poco a poco y a lo largo de
muchos años se ha ido fermentando en el campo mexicano, en sus distintas
regiones, sectores de productores y habitantes.
El
aniversario de Zapata fue también motivo para que a través del estallido de
tres artefactos explosivos se pusiera de manifiesto que hay quienes estiman que
las transformaciones políticas y sociales del país pudieran ser procesadas a
través de métodos diferentes al electoral.
Pero
más allá de las coincidencias y circunstancias del aniversario zapatista, lo
que es cierto es que el gobierno del presidente Fox está, por primera ocasión,
ante la posibilidad de verse enfrentado a un movimiento de escala nacional en la
medida que los dirigentes y
organizaciones campesinas puedan coordinarse, pues la efervescencia en el campo,
en su vertiente indígena o de productores es un hecho que ha sido probado
ampliamente.
Primero
los productores de grano del noreste, luego los cañeros, cafetaleros y en
general los productores pobres han planteado su desacuerdo con la política
agraria que se viene aplicando desde principios de los años noventa. Las
negociaciones de los capítulos agrícolas de la Ronda Uruguay del GATT y luego
del TLCAN constituyeron cesiones inexplicables para las condiciones de la
agricultura mexicana, que en su momento observadores desde distintas
orientaciones ideológicas adelantaron al gobierno que resultaría en la grave
crisis que hoy vive el agro mexicano.
En
el caso de los granos, que afecta a la mayoría de los productores agrarios del
país, la liberalización fue excesiva y las decisiones para administrar los
cupos arancelarios fueron equivocadas y se han transformado en una gran
dificultad para la comercialización de la producción interna; la apertura
comercial transformó inconvenientemente la estructura de los precios relativos
de nuestros principales cultivos, modificó la estructura regional de producción
y se desquiciaron los canales internos de comercialización.
Desaparecieron
las instituciones de fomento agrícola, tras el pretexto de la corrupción y la
ineficiencia de las agencias gubernamentales se les eliminó pero no se crearon
estructuras nuevas que asumieran las grandes obras de infraestructura rural, tan
necesarias para aumentar la productividad de las tierras marginales.
Se
abandonaron los precios de garantía (hoy se pretende también abandonar los
llamados “precios objetivo”), se liquidó Conasupo y desaparecieron los
programas de extensionismo y de crédito, se modificó el Artículo 27
constitucional para privatizar el ejido y el resultado ha sido prácticamente
nada después de una década.
Pero
la responsabilidad, si bien no menor, no puede ser atribuida totalmente al
gobierno.
Los
productores también han sido responsables en al medida en que no han logrado
consolidar modelos organizativos que les hubiese permitido ya actuar con
eficiencia en las condiciones del mercado que hoy existen.
Es
muy poco probable que el gobierno acepte renegociar el TLC en sus contenidos agrícolas,
pues ello significaría revisar el conjunto del acuerdo y pensar en restablecer
el viejo esquema agrario-asistencialista sería un error, pues en gran medida
aquella organización derivó en un esquema para mantener “cautiva” la acción
electoral de los campesinos más que en un sistema que promoviera la eficiencia
productiva de “los hombres del campo”.
Ha
habido intentos importantes para transformar las organizaciones campesinas en
verdaderos instrumentos de gestión económica que puedan participar lo mismo en
contratar coberturas de precios que en hacer escuchar sus intereses en la
integración de los programas presupuestales del gobierno 9º en las
negociaciones de acuerdos internacionales; constratar créditos e innovar tecnológicamente.
Quizá
uno de los obstáculos mayores que enfrentan los campesinos es el corporativismo
que aún el día de ayer pudimos observar entre sus filas.
Muchos
de los dirigentes que ayer marcharon fueron mudos testigos de las reformas
anticampesinas y apoyadores, por omisión, de las malas negociaciones de los
acuerdos internacionales.
FOX
SIEMBRA VIENTOS Y TENDRÁ TEMPESTADES.
Lisandro Otero. El Sol de México, página 9, viernes 10 de agosto.
La
marcha campesina que ayer, conmemorando el natalicio de Zapata, tomó diversas
secretarías en la capital es un indicio claro de los sufrimientos que padece el
agricultor del México profundo. Una de las causas de su perturbación obedece a
una competencia desventajosa, por obra y gracia del TLC, con la agricultura
estadunidense, mecanizada y subsidiada, que ofrece mejores precios sobre los
cotizados aquí.
El
campesinado mexicano está hoy
arruinado, descontento y en una progresión hacia la miseria más absoluta.
No
están lejos los tiempos en que Emiliano Zapata logró poner un fusil en las
manos de muchos campesinos afligidos. La reforma agraria que se comenzó en 1921
deshizo los latifundios y dio paso a la pequeña propiedad rural. Entre 1915 y
1940 más de un millón de familias mexicanas recibieron tierras y otro medio
millón se vio beneficiado por la distribución de parcelas ejidales.
La
profundización de la reforma agraria que impulsó Lázaro Cárdenas, en un
tiempo en que no se temía al socialismo, motivó un incremento vertiginoso de
la producción agropecuaria y en el mundo se comenzó ha hablar del milagro
mexicano. A ello siguió la industrialización de Alemán y un éxodo masivo de
la población del campo hacia las ciudades en busca del mercado de empleos que
se abría.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx