Martes 7 de agosto
de 2001
Martes 7 de agosto
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • La Jornada • El Financiero • Excélsior •
Unomásuno
• La Crónica de Hoy• El Sol de México • El Heraldo de México
MOVILIZA
A CAMPESINOS “NOVATEZ DEL GOBIERNO”.
Gerardo Jiménez, Reforma, página 5, martes 7 de agosto.
También aparece en La Prensa. Con
una movilización de aproximadamente 30 mil campesinos en el Distrito Federal, y
un número similar en mítines frente a dependencias gubernamentales y rurales
de diversos estados de la República, este 8 de agosto, el Congreso Agrario
Permanente Nacional (CAP) demandará al Gobierno Federal la implementación de
políticas públicas para este sector.
BUSCA
SEGOB CREAR UNA MESA DE DIÁLOGO CON CAMPESINOS.
Miguel Ángel Ramírez, Unomásuno, página 10, martes 7 de agosto.
También aparece en El Universal.
Ante la amenaza del Consejo Agrario Permanente (CAP) de bloquear las
dependencias del Estado relacionadas con el campo y que no han resuelto las
demandas de este sector, la Secretaría de Gobernación estudia la posibilidad
de crear una mesa de diálogo en que intervendrían los dirigentes de las 13
organizaciones campesinas del país, esta dependencia y los secretarios
involucrados, en especial de Agricultura, de Desarrollo Social y Reforma
Agraria.
INVADEN
MÁS DE 500 HAS. MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL EZLN EN CHIAPAS.
Juan de Dios Moreno Valle, El Sol de México, página 17, martes 7 de agosto.
Simpatizantes y efectivos militantes del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en los últimos cinco días han invadido más de 500 hectáreas,
que se encuentran en el municipio de Las Margaritas y que son propiedad de
campesinos de la CIOAC, así como también se posesionarán de más de 180 hectáreas
del rancho Momón, propiedad del ex gobernador general Absalón Castellanos Domínguez.
SANTA
FE, “MINA DE ORO” PARA EL GOBIERNO DE AMLO: DIPUTADOS.
Alejandra Mayorga, Excélsior, página 21, martes 7 de agosto.
Diputados locales acusaron al gobierno capitalino de convertir los terrenos de
Santa Fe en una “mina de oro” para la administración de Andrés Manuel López
Obrador y de favorecer a dos inmobiliarias con la venta de diversos predios en
la zona, como es el caso de Tlayapaca.
VECINOS
DE TLAYAPACA EXIGEN INDEMNIZACIÓN POR UN PREDIO.
Irasema Pineda, El Heraldo de México, página 9, martes 7 de agosto.
Según el gobierno capitalino, el caso del predio de Tlayapaca ya está cerrado,
aseguró Carlos Heredia, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet)
quien reiteró que todas las familias que fueron desalojadas cuando se vendió
ese terreno a la empresa Poniente Santa Fe, fueron indemnizadas conforme a la
ley.
INTERESES
EXTRANJEROS EN OCUPACIÓN DE TIERRAS PRINCIPAL PROBLEMA COSTERO EN ACAPULCO.
Jorge Laurel, El Sol de México, página 2B, martes 7 de agosto.
El magistrado del Tribunal Unitario Agrario Jorge Lara Martínez sostuvo que uno
de los problemas mayores del ejido en la franja costera es la ocupación de
tierras por intereses extranjeros, ante lo cual “las autoridades competentes
deberán implementar medidas más estrictas para hacer que se respete la ley”.
En el caso de Acapulco “se deben evitar las ventas y compromisos
irregulares”.
CULPAN
A USABIAGA DE APOYO DESIGUAL AL CAMPO.
René Ramón Alvarado, La Jornada, página 11, martes 7 de agosto.
En Nezahuacóyotl, campesinos e indígenas de 27 organizaciones agrupadas en la
organización Plan del Sur aseguraron que la crisis del campo se debe a que
"hay una política tendenciosa y sesgada del gobierno federal en materia
agropecuaria".
SUBSECRETARIO
DE SAGARPA BENEFICIA A SU EX EMPRESA.
Hermenegildo Castro, La Crónica de Hoy, página 1, martes 7 de agosto.
El
subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Antonio Ruiz García, adjudicó,
sin licitar, contratos a la empresa que dirigió antes de incorporarse al sector
público, en lo que constituye un conflicto de intereses.
ES
TEXCOCO EL SITIO IDÓNEO PARA EL NUEVO AEROPUERTO.
Nota Informativa, La Jornada, página 20, martes 7 de agosto.
En un objetivo análisis y juicio de los expertos que han hecho la evaluación
de las variantes que influirían en el eficiente accionar de un aeropuerto, la vía
idónea para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México es
Texcoco, aseguró la diputada federal Laura Pavón Jaramillo.
DIARIO
OFICIAL.
El
Financiero, página 2-A, martes 7 de agosto.
El Tribunal Superior Agrario presenta la sentencia pronunciada en los juicios
agrarios números 575/93 y 862/93, relativos a la ampliación de ejido,
promovido por dos grupos de campesinos del poblado Reventadero, municipio de Pánuco,
Veracruz.
ARCOIRIS.
Miguel Acosta Romero, El Sol de México, página 7, martes 7 de agosto.
La Comisión de Mejora Regulatoria publicó en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente al día 23 de mayo, un aviso donde se da a conocer el primer
calendario de presentación de los programas de mejora regulatoria,
correspondientes a las dependencias y organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal. A la Secretaría
de la Reforma Agraria se le asignó como fecha el día 13 de julio.
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
MOVILIZA
A CAMPESINOS ‘NOVATEZ DEL GOBIERNO’.
Gerardo
Jiménez, Reforma, página 5, martes 7 de agosto. También aparece en La Prensa.
Con
una movilización de aproximadamente 30 mil campesinos en el Distrito Federal, y
un número similar en mítines frente a dependencias gubernamentales y rurales
de diversos estados de la República, este 8 de agosto, el Congreso Agrario
Permanente Nacional (CAP) demandará al Gobierno Federal la implementación de
políticas públicas para este sector.
Álvaro
López Ríos, representante del CAP, detalló que el objetivo de esta
"lucha campesina", será hacerle ver al Gobierno federal su
"novatez" por no atender las demandas cíclicas que tiene campo
mexicano.
"(La
protesta) tiene sus motivaciones en una difícil situación para el campo, que
aunque no es nueva, hoy está agravada por la novatada de un Gobierno que ofreció
el cambio, esto ha significado un subejercicio del gasto aprobado por el
Congreso.
"También
una agudización de la crisis que hoy padecen las ramas más importantes de la
producción agrícola de México como es el maíz, el trigo, el frijol, el
sorgo, el arroz , la caña de azúcar, el café y otros", refirió.
López
Ríos sostuvo en entrevista que los campesinos tuvieron un compás de espera,
pero no hubo correspondencia de parte de los funcionarios del sector
agropecuario que fueron designados por el Presidente Vicente Fox.
Aseguró
que durante este tiempo el Gobierno hizo a un lado al campo y, en cambio, se
privilegió y fortaleció con recursos a otros sectores como las ONG y
fundaciones.
"Las
políticas públicas han favorecido y fortalecido a los sectores civiles como
las ONG y las fundaciones, dejándonos a un lado".
Por
ello, agregó, el próximo miércoles en el marco del 122 aniversario del
natalicio Emiliano Zapata, se desplazarán a la Ciudad de México más de 30 mil
campesinos, que se concentrarán frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación donde llevarán a acabo un mitin.
Posteriormente,
refirió López Ríos, habrá grupos que se trasladarán a la Secretarías de
Gobernación, Desarrollo Social, Reforma Agraria, de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Hacienda y Economía, en donde presentarán una agenda temática de
propuestas y demandas que tiene el campo.
Dicha
agenda, explicó el líder del CAP, abordará ocho puntos, entre los que
destacan los que discutirán con Gobernación: reconocimiento de las
organizaciones campesinas e incorporación de éstas al pacto político y
derechos humanos.
A
la SRA, se llevará la petición de establecer un programa sectorial agrario,
acuerdos en la materia y su cumplimiento; además se prevé discutir el
fortalecimiento de la Procuraduría Agraria, así como los temas jurídicos
vinculados con el sector.
Otros
puntos en la agenda que llevarán a las respectivas Secretarías serán:
presupuesto 2002 y Reforma Fiscal, desarrollo y aprovechamiento de recursos
naturales y desarrollo económico y micro financiamiento.
Sentenció
que de no ser recibidos por los titulares de cada una de las dependencias
referidas, los manifestantes están preparados para sostener plantones
indefinidos hasta ser escuchados.
"De
no ser escuchados o si los Secretarios se esconden estamos dispuestos a llevar a
cabo plantones indefinidos", advirtió el representante de CAP.
Itinerario
en la capital
Este
8 de agosto, aproximadamente 30 mil campesinos de 12 organizaciones que
conforman el Congreso Agrario Permanente llevarán a cabo una jornada nacional
contra la política federal para el campo:
BUSCA SEGOB CREAR UNA MESA DE DIÁLOGO CON CAMPESINOS.
Miguel
Ángel Ramírez, Unomásuno, página 10, martes 7 de agosto. También aparece en
El Universal.
Ante la
amenaza del Consejo Agrario Permanente (CAP) de bloquear las dependencias del
Estado relacionadas con el campo y que no han resuelto las demandas de este
sector, la Secretaría de Gobernación estudia la posibilidad de crear una mesa
de diálogo en que intervendrían los dirigentes de las 13 organizaciones
campesinas del país, esta dependencia y los secretarios involucrados, en
especial de Agricultura, de Desarrollo Social y Reforma Agraria.
Al término
de una reunión con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, el
coordinador del CAP, Álvaro López Ríos, informó que la movilización que
realizarán miles de campesinos en el Distrito Federal y en los 31 estados, a
partir del 8 de agosto, será pacífica y tratarán de no obstruir las
carreteras y las avenidas céntricas de las capitales.
Vamos a
callarle la boca a los que dicen que el CAP está muerto y que no representa a
los campesinos; vamos a demostrar que no es así; somos organizaciones vivas,
actuantes, que tienen proyecto y que el trabajo que hemos hecho durante años
acredita nuestra presencia que no debe ser puesta en tela de duda por parte de
ningún funcionario de la administración pública, advirtió.
Calificó
de amistoso y cordial el encuentro con el titular de Gobernación. La reunión
giró en torno a dos cuestiones: que la movilización sea con ánimo de dialogar
los asuntos del campo, y que haya posibilidades de construir espacios de diálogo
con cada una de las secretarías de Estado y dependencias involucradas en la
problemática del campo.
Quedó
abierta la posibilidad de materializar un acuerdo para que la Secretaría de
Gobernación cree una mesa de diálogo del campo que convoque a las
organizaciones campesinas y a las secretarías de Estado a buscar una solución
a los conflictos que vive el agro, para ello debe organizarse una agenda de
trabajo que incluya todas las demandas.
López Ríos
se quejó con los medios de comunicación de que Josefina Vázquez Mota,
secretaria de Desarrollo Social, no ha querido reunirse con las organizaciones
campesinas.
En este
sentido, Creel Miranda se comprometió a hablar con la funcionaria para pedirle
que atienda las demandas de los campesinos; los mismo hará con los titulares de
Agricultura, y Reforma Agraria, entre otros.
Álvaro
López Ríos, quien es también dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas, expresó que vio buena disposición de Santiago Creel para coordinar
y enlazar las áreas de la administración pública relacionadas con los
problemas del campo. Los funcionarios deben sentarse a dialogar con nosotros
para revisar y atender los problemas que planteamos cada una de las
organizaciones, abundó.
De
Acuerdo con el dirigente campesino el CAP es plural y está conformado por 13
organizaciones, entre ellas la Confederación Nacional Campesina; Central
Campesina Independiente; Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición
de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas; Unión General de Obreros
y Campesinos.
CHIAPAS
INVADEN
MÁS DE 500 HAS. MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL EZLN EN CHIAPAS.
Juan de Dios Moreno Valle, El Sol de México, página
17, martes 7 de agosto.
Simpatizantes
y efectivos militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en
los últimos cinco días han invadido más de 500 hectáreas, que se encuentran
en el municipio de Las Margaritas y que son propiedad de campesinos de la CIOAC,
así como también se posesionarán de más de 180 hectáreas del rancho Momón,
propiedad del ex gobernador general Absalón Castellanos Domínguez.
Las
acciones beligerantes que han implementado los del EZLN han creado entre los
pequeños propietarios, comuneros quienes viven en los municipios de Ocosingo,
Las Margaritas y Altamirano una gran incertidumbre; así como la tala forestal
es en gran escala realizada por aserraderos clandestinos.
Los
efectivos del EZLN en los últimos meses también han creado, cuando menos, 20
nuevos centros de poblaciones en la selva en el área en donde éstos se
encuentran asentados, han derribado muchas extensiones de bosques que estaban
pobladas por milenarios árboles, hoy esas tierras – que son muchas hectáreas-
están siendo cultivadas con maíz, frijol, café y chile.
La
inseguridad en la tenencia de la tierra día a día está incentivándose en
Chiapas, al ser reactivas las invasiones en diferentes municipios de Chiapas.
Mientras
tanto, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, diputado
Edgar Valente de León Gallegos, a sólo 60 días para que concluya su trabaja
parlamentario, inauguró el primer Foro de Análisis y Diagnóstico de las Políticas
de Desarrollo Agrario hacia un Nuevo milenio, así está buscando terminar la
inseguridad en la tenencia de la tierra, nada más que los del EZLN e indígenas
de la selva no lo saben.
Por
su parte, Víctor Manuel Pérez, vocero del CIOAC, nos comentó que los del EZLN
han invadido un predio de más de 500 hectáreas, en la comunidad Buenavista
Pacha, municipio de Las Margaritas.
DISTRITO
FEDERAL
SANTA
FE, “MINA DE ORO” PARA EL GOBIERNO DE AMLO: DIPUTADOS.
Alejandra Mayorga, Excélsior, página 21, martes 7 de agosto.
Diputados
locales acusaron al gobierno capitalino de convertir los terrenos de Santa Fe en
una “mina de oro” para la administración de Andrés Manuel López Obrador y
de favorecer a dos inmobiliarias con la venta de diversos predios en la zona,
como es el caso de Tlayapaca. Los asambleístas ordenarán la realización de
una auditoría para investigar el proceso de venta de dicho predio, transacción
en la que el GDF perdió 50 millones de pesos.
Carlos
Heredia, director general de Servimet –la empresa inmobiliaria del gobierno
capitalino- compareció ayer ante los integrantes de Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas de la Asamblea Legislativa,
quienes le advirtieron que entre los diputados locales existen serias
dudas en torno al proceso de compra- venta de los predios de Santa Fe, donde se
han pasado por alto los Programas de Desarrollo Urbano autorizados para esta
zona.
En
el próximo periodo ordinario de sesiones, la subcomisión llevará el caso
Tlayapaca ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde
se ordenarán las auditorías y posteriormente se girará la instrucción a la
Contaduría Mayor de Hacienda, en caso de que la propuesta sea avalada por los
asambleístas.
La
presidenta del Comité, Lorena Ríos (PAN), avaló la decisión de promover una
auditoría a Servimet, pues dijo que esta empresa se ha concretado a “hacer
negocios” únicamente con dos familias que han adquirido predios en
la zona de Santa Fe: José Luis Saíz Fernández, de la inmobiliaria
Poniente de Santa Fe, y Guillermo Ordorica Brokman, de la empresa Inverloma.
“Existen
serias dudas en torno al manejo de los predios porque el gobierno capitalino ha
convertido esos terrenos en la zona dorada de la administración”, subrayó la
legisladora, quien denunció que inclusive, en la venta de algunos de esos
predios, se han pasado por alto los programas de desarrollo urbano.
El
priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre recordó que las irregularidades en
el predio de Tlayapaca comenzaron desde 1998, cuando el gobierno capitalino
decidió desalojar “ a punta de toletazos” a las 700 familias de
pepenadores que habían adquirido terrenos en ese sitio; indicó que
hasta la fecha algunas de ellas aún no son indemnizadas.
Dijo
que existen muchas dudas del proceso de venta de este y otros predios de la zona
de Santa Fe y, en especial, manifestó el interés de los asambleístas de
conocer a quién se benefició al vender esos terrenos a un precio muy por
debajo de su valor real, pues el gobierno capitalino perdió 50 millones de
pesos en la transacción de compra- venta.
Heredia
Zubieta se defendió y negó que en la zona de Santa Fe exista un monopolio de
familias, pues dijo que los predios de dicha región han sido adquiridos por
inversionistas de distintos ámbitos y orígenes.
El
funcionario presentó ante los diputados locales un informe para demostrar que
la venta de Tlayapaca está perfectamente acreditada, además de que ya se
indemnizó a todos los afectados. Indicó que este terreno se vendió a las
inmobiliarias Inverloma y Poniente de Santa Fe en 230 millones de pesos. A su
vez, dichas empresas lo vendieron al Tecnológico de Monterrey que construye ahí
su nuevo campus.
VECINOS
DE TLAYAPACA EXIGEN INDEMNIZACIÓN POR UN PREDIO.
Irasema Pineda, El Heraldo de México, página 9,
martes 7 de agosto.
Según
el gobierno capitalino, el caso del predio de Tlayapaca ya está cerrado, aseguró
Carlos Heredia, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet) quien
reiteró que todas las familias que fueron desalojadas cuando se vendió ese
terreno a la empresa Poniente Santa Fe, fueron indemnizadas conforme a la ley.
Al
comparecer ante el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la
Asamblea Legislativa, el funcionario afirmó que se entregaron 893 escrituras públicas
a las personas que resultaron afectadas, unas en 1994 (para viviendas ubicadas
en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac), y el resto de las viviendas se
entregaron cuatro años después.
GUERRERO
INTERESES
EXTRANJEROS EN OCUPACIÓN DE TIERRAS PRINCIPAL PROBLEMA COSTERO EN ACAPULCO.
Jorge Laurel, El Sol de México, página 2B, martes 7
de agosto.
El
magistrado del Tribunal Unitario Agrario Jorge Lara Martínez sostuvo que uno de
los problemas mayores del ejido en la franja costera es la ocupación de tierras
por intereses extranjeros, ante lo cual “las autoridades competentes deberán
implementar medidas más estrictas para hacer que se respete la ley”.
En
caso de que no se haga así, estaría atentándose con la soberanía nacional,
previno el magistrado. En el caso de Acapulco “se deben evitar las ventas y
compromisos irregulares”.
Actualmente,
el tribunal a su cargo conoce de seis juicios para dictaminar límites y
colindancias, aunque sus veredictos están sujetos a otras instancias federales
por la vía del amparo y de la revisión.
Explicó
el funcionario que la franja costera de su competencia comprende Zihuatanejo,
Acapulco y límites de Oaxaca, pero donde se presentan más problemas es en los
espacios que colindan con las playas por ser de vocación turística.
SAGARPA
CULPAN
A USABIAGA DE APOYO DESIGUAL AL CAMPO.
René Ramón Alvarado, La Jornada, página 11, martes 7 de agosto.
En
Nezahuacóyotl, campesinos e indígenas de 27 organizaciones agrupadas en la
organización Plan del Sur aseguraron que la crisis del campo se debe a que
"hay una política tendenciosa y sesgada del gobierno federal en materia
agropecuaria".
En
rueda de prensa, Alfonso Rodríguez Chanes, integrante de la Unión General
Obrero Campesina y Popular (UGOCP), y Julio César Bautista López, dirigente
local del Movimiento Vida Digna, afirmaron que "la grave crisis" es
por culpa del titular de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, quien sólo apoya
a los productores del ajo, donde es líder y "ha conformado el monopolio de
ese producto".
Insistieron
en que el único que está bien es el secretario Usabiaga Arroyo, quien impulsa
el monopolio del ajo, mientras que el presidente Vicente Fox sólo apoya a la
fundación agropecuaria que representa Lorenzo Servitje, propietario de la
empresa Bimbo.
Explicaron
que esta situación se ha visto reflejada en la importación de productos del
campo de baja y dudosa calidad, como arroz, piña, café y hule, entre otros,
que están siendo traídos principalmente de Asia
Esto
ha ocasionado, dijeron los inconformes, que los campesinos mexicanos tengan sus
productos en bodegas.
Sostuvieron
que para el gobierno federal ha resultado más fácil adquirir granos transgénicos,
que pagar por los que producen los hombres del campo mexicano.
Ante
esta situación, comentaron, los campesinos "hemos decidido aliarnos"
en el denominado movimiento Plan del Sur, el cual llegará a la ciudad de México
el próximo 8 de agosto, para exigir una solución a la crisis del agro, además
de manifestar su rechazo a la ley indígena y la reforma fiscal y su incremento
al impuesto al valor agregado.
SUBSECRETARIO
DE SAGARPA BENEFICIA A SU EX EMPRESA.
Hermenegildo Castro, La Crónica de Hoy, página 1, martes 7 de agosto.
El subsecretario de Desarrollo Rural de
la SAGARPA, Antonio Ruiz García, adjudicó, sin licitar, contratos a la empresa
que dirigió antes de incorporarse al sector público, en lo que constituye un
conflicto de intereses.
Ruiz
García ordenó por escrito y con cargo al presupuesto centralizado de la
Alianza para el Campo, contratar estudios a la Fundación Mexicana para el
Desarrollo Rural, de la cual fue director hasta diciembre pasado, cuando se
incorporó al equipo de Javier Usabiaga.
Los
montos de estas operaciones, que se anteponen al artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al artículo 58
de la Ley de Egresos de la Federación, van de los 954 mil 500 pesos a los 2
millones 167 mil 500 pesos.
Para
ocultar el trato privilegiado a la FMDR, el funcionario público utilizó como
puente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
un organismo de la OEA, para cobrar los recursos en la coordinación
administrativa de la propia subsecretaría.
Al
contratar estudios a una empresa “creada y sostenida por la iniciativa
privada”, el ahora funcionario público pasó por alto la experiencia de
instituciones de la propia secretaría, como el Colegio de Postgraduados o las
universidades Antonio Narro o de Chapingo.
Incorporado
por el secretario Javier Usabiaga Arroyo desde el inicio de su administración,
Ruiz García colocó a la responsable de investigaciones de la Fundación,
Patricia Deschamps, como directora general del Instituto Nacional de Capacitación
Agropecuaria (INCA) para hacer más fácil la relación con la FMDR.
Desde
el inicio mismo de su gestión, agradecido pero en contra de la fracción XIII
del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
el funcionario empezó a favorecer a la FMDR, asignándole un contrato por
954,500 pesos más IVA para realizar “un diagnóstico sobre la cadena
comercial del café”.
para
eludir la supervisión de la Contraloría y evadir la obligación de informar al
Congreso, Ruiz García recurrió a un convenio firmado entre la secretaría de
Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) con fondos centralizados de la Alianza para el Campo.
El
tono patronal e imperativo es evidente pues en una carta a Juan José Salazar
Cruz, representante de IICA en México, no solamente le ordena: “sírvase
contratar a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural” sino que le advierte
que “dado que el estudio ya empezó a realizarse, es necesario cubrir el 40
por ciento del monto total a la firma del contrato”.
Sin
embargo, hay otra asignación, por 2,167,500 pesos a la misma FMDR para
“establecer un sistema que promueva la empresarialidad de los prestadores de
servicios profesionales en el medio rural”.
Tales
asignaciones, que son conocidas como “la punta del iceberg”, son contrarias
al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y al artículo 58 de la Ley de Egresos de la Federación.
De
acuerdo con la ley, las adjudicaciones directas de servicios, como es el caso de
los estudios encargados a la FMDR, pueden alcanzar un monto máximo de hasta 150
mil pesos, en casos excepcionales. Así, los contratos asignados superan el tope
que fija la ley.
Existe
conciencia del ilícito pues las asignaciones a la Fundación no están
reportadas a la Contraloría en el informe de seguimiento de contratos de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Asimismo,
en entrevista telefónica, Mauricio García de la Cadena, director del Centro de
Estudios Estratégicos para el Desarrollo Rural de la FMDR, aseguró que han
realizado tres estudios para el gobierno federal, pero ninguno para la Secretaría
de Agricultura.
Defensa.
En entrevista, Ruiz García reconoció que los contratos a la FMDR fueron
asignados en forma directa por la experiencia y la capacidad de la organización.
Es el mismo caso de otros 12 proyectos contratados con otras instituciones, por
un monto de seis millones de pesos con cargo al IICA pero, dijo, la decisión no
la tomé yo, sino una comisión de seguimiento que consideró que la Fundación
era la mejor.
La
Fundación, dijo, es una organización pequeña en comparación con una
Universidad, pero tiene una trayectoria reconocida.
Informó
que el programa de asistencia técnica importa este año cerca de 500 millones
de pesos, en los que concursa la Fundación, principalmente en los estados,
donde está “el gran paquete y yo no tengo nada que ver”.
El
IICA, puente para cobrar con subsidios
El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) es un organismo especializado en
agricultura de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está regido
por su propia Convención.
Es
una organización intergubernamental con personalidad jurídica y con 34 Estados
miembros que tienen la responsabilidad de orientar, observar y evaluar el
funcionamiento del Instituto, cuyos fines son “alentar, promover y apoyar los
esfuerzos de los países participantes para lograr su desarrollo agrícola y
bienestar rural”.
El
IICA trabaja en México por convenio con la Secretaría de Agricultura en la
modernización de empresas agrarias en el medio rural dentro del Programa
Alianza para el Campo.
Sus
principales líneas de acción son: reducir, con la adopción de tecnologías
apropiadas, el riesgo asociado al temporal y prácticas actuales de cultivo;
Propiciar el uso de canastas tecnológicas, incluyendo el manejo postcosecha, y
mejorar, mediante la capacitación, la extensión y la asistencia técnica, la
articulación entre el productor y los sistemas de producción, con la
investigación y la tecnología.
En
este marco, el subsecretario ordenó a IICA contratar estudios que pagará la
secretaría con recursos de la Alianza para el Campo.
La
ley y el conflicto de interés
Las
adjudicaciones ordenadas por el subsecretario Antonio Ruiz García violan la
fracción 13 del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, la cual estable que los funcionarios deben:
“Excusarse
de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte”.
El
artículo 55 señala las sanciones para quienes violen el 47: “se aplicarán
dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados”.
FMDR,
el negocio de la filantropía
La
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR) es una empresa que se
presenta como filantrópica pero que, a juzgar por los contratos de la Secretaría
de Agricultura, es un negocio bien establecido con el apoyo de funcionarios que
salieron de sus filas.
De
acuerdo con información de su página de internet, la FMDR es una institución
creada y sostenida por la iniciativa privada, cuenta con 31 Centrales de
Desarrollo afiliadas en 21 estados.
Los
patrocinadores de la FMDR son American Express, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Cementos Mexicanos, Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI), Citibank, Colgate – Palmolive, Comercial Mexicana, Confederación de
Cooperativas Alemanas Raiffeisen (DGRV), Fundación J.P. Morgan y General
Electric.
AEROPUERTO ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO
ES
TEXCOCO EL SITIO IDÓNEO PARA EL NUEVO AEROPUERTO.
Nota
Informativa, La Jornada, página 20, martes 7 de agosto.
En
un objetivo análisis y juicio de los expertos que han hecho la evaluación de
las variantes que influirían en el eficiente accionar de un aeropuerto, la vía
idónea para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México es
Texcoco, aseguró la diputada federal Laura Pavón Jaramillo.
Explicó
que se han dado una serie de razones en pro y en contra de la instalación de
este nuevo aeropuerto en los estados de Hidalgo y México, pero al centrar la
atención en el lugar con mayor número de ventajas y con mayores posibilidades
de desarrollo a corto, mediano y largo plazos, en el que se han tomado en
consideración los puntos de vista de los expertos, de quienes vuelan, de
quienes viajan, los que son dueños de las aeronaves, de los receptores del
servicio de los aeropuertos y de quienes trabajan en el entorno ambiental, todo
hace suponer que Texcoco tiene enormes posibilidades de ser seleccionado.
En
entrevista dijo que un elemento digno de tomarse en cuenta es que los terrenos
en donde se ubicaría el proyecto Texcoco no tienen utilidad alguna, por ser
espacio no apto para el cultivo. Son, dijo, propiedad del gobierno y éste está
en la mejor disposición de realizar la implementación de un esquema para la
construcción del aeropuerto y así evitar que sean invadidos.
Pavón
Jaramillo indicó que es novedad la gran demanda de terrenos en el estado, pues
sólo vasta voltear los ojos hacia Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco Solidaridad y
demás municipios que por su cercanía con el Distrito Federal son siempre
apetecibles.
Entonces,
dijo, si no se usan para el aeropuerto va a ser muy difícil que el estado los
mantenga sin que puedan ser invadidos.
Con
este panorama, agregó, sí presenta un problema porque un conglomerado humano
que se asienta de la noche a la mañana va a requerir una serie de servicios, y
ahí los ecologistas no han dicho nada, como no dijeron nada cuando se situaron
en Chalco y Solidaridad.
DIARIO OFICIAL
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página 2-A, martes 7 de agosto.
ARCOIRIS.
Miguel Acosta Romero, El Sol de México, página 7, martes 7 de agosto.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx