Viernes 3 de agosto
de 2001
Viernes 3 de agosto
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Milenio Diario • La Jornada • El Universal •
Excélsior • Novedades
BAJA
CALIFICACIÓN AL AGRO: SAGARPA.
Jorge
Teherán y Mayra Nidia Aguirre, El Universal, página 4, viernes 3 de agosto.
También se publicó en Excélsior, El Heraldo de México, El Sol de México, La
Jornada, La Crónica de Hoy, Novedades, El Economista, La Prensa, Diario de México
y Ovaciones.
En el marco de la firma del convenio de colaboración e intercambio informático
con la SRA, el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, aseguró que existe la
voluntad del gobierno federal para resolver de una vez para siempre los
problemas que aquejan al campo de México. En el evento, la secretaria de la
Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, mencionó, que se pondrá al
servicio del desarrollo rural integral toda la información sobre los núcleos
agrarios existentes en el país, que incluye quiénes son y hasta la escolaridad
de los dueños de la tierra.
PRI
Y PRD ADVIERTEN SOBRE ESTALLIDOS SOCIALES EN EL CAMPO.
Raúl Hernández Arcos, Novedades, página 11, viernes 3 de agosto.
Senadores de la República del PRI y PRD advirtieron ayer que debido a la
deficiente política agropecuaria aplicada por el gobierno federal podría
originarse estallidos sociales, ingobernabilidad y anarquía en el campo, al
tiempo que calificaron la actitud del actual titular de la Secretaría de
Agricultura, Javier Usabiaga, como “negligente e indiferente”.
EL
DESCONTENTO CAMPESINO ALZARÁ SU VOZ EN TODO EL PAÍS.
Mauricio Pérez, Milenio Diario, página 11, viernes 3 de agosto. También
aparece en Reforma.
Las masas campesinas del país se movilizan. Sólo en la protesta ven salida a
su inconformidad con una transición política que mantiene en picada a
productores de maíz, arroz, trigo, frijol, algodón, sorgo, soya, de prácticamente
todas las ramas, a nueve meses de iniciada la administración foxista.
CEDIERON
TLAYAPACA EX COLONOS: SERVIMET.
Alfonso Cruz López y Óscar Rodríguez Hernández, Milenio Diario, página 4,
viernes 3 de agosto. También se publicó en Reforma, El Financiero y Ovaciones.
Un documento de la Dirección de Administración de la empresa gubernamental
Servimet, da cuenta de la indemnización otorgada a 502 familias del predio
Tayapaca, a cambio de la cual cedieron sus derechos sobre el predio en cuestión.
De acuerdo con el texto, el pago se realizó el 24 de febrero de 1999 y fluctuó
entre los 50 mil y 200 mil pesos, según la antigüedad en el predio y los
metros cuadrados que cada familia ocupaba.
XOCHIMILCO,
RIQUEZA NATURAL EN RIESGO.
Nota Informativa, Milenio Diario, página 41, viernes 3 de agosto.
A 14 años de haber sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), Xochimilco está en riesgo de perder su riqueza natural por el
incontrolado crecimiento urbano.
COMUNEROS
RATIFICAN DENUNCIA CONTRA LA LOBA Y EL LOBO, EN CHIMALHUACÁN.
Gustavo Castillo García, La Jornada, página 26, viernes 3 de agosto.
Comuneros del barrio de Xochiaca, ubicado en el municipio de Chimalhuacán,
estado de México, ratificaron una denuncia penal contra Raymundo Olivares Díaz,
El Lobo, y Guadalupe Buendía Torres, La Loba, por haber vendido de manera
ilegal terrenos ejidales.
LA
SRA MEDIARÁ EN EL CONFLICTO DE LOS CHIMALAPAS, ANUNCIA HERRERA TELLO.
Julio Morales Segura, Excélsior, página 9-A, viernes 3 de agosto. También se
publicó en La Jornada, El Heraldo de México, El Día y Ovaciones.
Luego de afirmar que los enfrentamientos no ayudan a nadie y que el diálogo y
la concertación son las mejores vías para solucionar los problemas, la
secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, anunció que
esta dependencia mediará en el conflicto de los Chimalapas, donde indígenas de
la región mantienen secuestrados a cuatro habitantes de la comunidad Cuauhtémoc
por cuestiones de límites territoriales.
Acuerdo
entre chimalapas y gobierno.
Matilde Pérez y Guadalupe Ríos, La Jornada, página 45, viernes 3 de
agosto.
Autoridades del gobierno de Oaxaca, agrarias y de la comunidad de Santa María
Chimalapa, así como representantes de la Secretaría de Gobernación firmaron
un convenio para revisar los límites entre la colonia Cuauhtémoc y la
comunidad indígena; con ello fueron puestos en libertad los colonos detenidos
desde hace 23 días por la comunidad zoque.
Hospitalizan
a dos de los indios que estuvieron retenidoS.
Guadalupe Ríos y Víctor Ruiz, La Jornada, página 45, viernes 3 de
agosto.
El subprocurador regional de Justicia en el Istmo de Tehuantepec, Wilfrido
Alamaraz, dio a conocer que dos de los seis campesinos de la colonia agrícola
Cuauhtémoc retenidos por los indígenas zoques de Santa María Chimalapa desde
hace 23 días, fueron liberados esta madrugada luego que presentaron una crisis
por la diabetes que ambos padecen, y se les trasladó a un hospital de Juchitán.
“USOS
Y COSTUMBRES” EN SAN JUAN MANINALTEPEC.
Alejandro Anaya Muñoz, La Jornada, página 21, viernes 3 de agosto.
La comunidad indígena zapoteca de San Juan Maninaltepec, municipio de Choapam,
Oaxaca, ha sido escenario de una disputa por el poder local y
este proceso de recomposición de la estructura de poder local ha girado
en torno al control de las principales fuentes generadoras de poder económico y
político en Maninaltepec: la tierra y la agencia de policía.
CATASTRO
RURAL NACIONAL.
Ángel Soriano, Vida Nacional, Excélsior, página 27, viernes 3 de agosto.
Se firmó un Convenio de Colaboración e Intercambio Informático entre la
Sagarpa y la SRA, con el cual, dijo el director en jefe del RAN, Joaquín
Contreras Cantú, habrá “un mejor registro integral de la propiedad y de la
posesión de la tierra que permitirá, sin duda alguna, tomar las decisiones más
adecuadas para el desarrollo social del campo mexicano”...
SECTOR AGRARIO
BAJA
CALIFICACIÓN AL AGRO: SAGARPA.
Jorge Teherán y Mayra Nidia Aguirre, El Universal, página
4, viernes 3 de agosto. También se publicó en Excélsior, El Heraldo de México,
El Sol de México, La Jornada, La Crónica de Hoy, Novedades, El Economista, la
Prensa, Diario de México y Ovaciones.
El
campo mexicano tiene una calificación de cuatro, aseguró el secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Javier Usabiaga Arroyo, quien hizo el compromiso de mejorar esa calificación
cuando menos un punto, señaló al reunirse con la Comisión de Desarrollo Rural
de la Cámara de Diputados.
Previamente
a su encuentro con legisladores, Usabiaga habló durante la firma del convenio
de colaboración y de intercambio informático con la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), en el Museo de la Ciudad de México y señaló que la Secretaría
de Agricultura acabará con los falsos redentores del campo. Durante su
discurso, en el marco de la firma del convenio de colaboración e intercambio
informático con la SRA aseguró que existe la voluntad del gobierno federal
para resolver de una vez para siempre los problemas que aquejan al campo de México.
En
el evento en el que se anunció el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos y que lleva un récord de 22 mil 286 núcleos
agrarios en todo el país, también participó la secretaria de la Reforma
Agraria, María Teresa Herrera Tello, quien indicó que esta información
“este archivo no le pertenece sólo al gobierno, es un bien público y por lo
tanto patrimonio de los mexicanos”. La titular de la SRA mencionó, que se
pondrá al servicio del desarrollo rural integral toda la información sobre los
núcleos agrarios existentes en el país, que incluye quiénes son y hasta la
escolaridad de los dueños de la tierra.
En
el convenio la SRA y la Sagarpa intercambiarán información digitalizada a través
de sus órganos desconcentrados: Registro Agrario Nacional (RAN) así como
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Los organismos
RAN y Aserca actualizarán la información del catastro Histórico de la
Propiedad Rural social y privada a nivel nacional, para lo cual formarán un
equipo de trabajo e impulsarán los programas de regularización de la propiedad
ejidal y comunal.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
Y PRD ADVIERTEN SOBRE ESTALLIDOS SOCIALES EN EL CAMPO.
Nota informativa, Novedades, página 11, viernes 3 de agosto.
Senadores
de la República del PRI y PRD advirtieron ayer que debido a la deficiente política
agropecuaria aplicada por el gobierno federal podría originarse estallidos
sociales, ingobernabilidad y anarquía en el campo, al tiempo que calificaron la
actitud del actual titular de la Secretaría de Agricultura, Javier Usabiaga,
como “negligente e indiferente”.
En
entrevista, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del senado, el
priista Javier Bonilla Robles aseguró que los hombres del campo han visto
acrecentar su empobrecimiento debido a la falta de rentabilidad, situación que
se agrava ante la presencia de un sinnúmero de conflictos derivados por la
falta de comercialización.
Señaló
que la política aplicada por el actual titular de la Sagarpa ha propiciado el
empobrecimiento de los productores rurales debido a la falta de rentabilidad en
el campo, a lo que se suma un sinfín de conflictos derivados de la falta de
apoyos a la comercialización.
“El
fenómeno es por culpa de Javier Usabiaga”, acusó.
EL
DESCONTENTO CAMPESINO ALZARÁ SU VOZ EN TODO EL PAÍS.
Mauricio Pérez, Milenio Diario, página 11, viernes 3 de agosto. También
aparece en Reforma.
Las
masas campesinas del país se movilizan. Sólo en la protesta ven salida a su
inconformidad con una transición política que mantiene en picada a productores
de maíz, arroz, trigo, frijol, algodón, sorgo, soya, de prácticamente todas
las ramas, a nueve meses de iniciada la administración foxista. Van a la baja
así las condiciones de vida y expectativas de más de 30 millones de mexicanos
del medio rural.
El
Congreso Agrario Permanente (CAP); representativo de la mayor parte de los
campesinos de México, apoyado por organizaciones locales, actuará el próximo
día 8 con contigentes de al menos 200 personas en cada uno de los 194 distritos
de desarrollo rural del país y más de mil en cada una de las capitales de los
estados.
En
forma simultánea, más de cinco mil campesinos se movilizarán en la ciudad de
México, respaldados por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y algunos
grupos de productores que arribarán de otras entidades, entre otras Oaxaca.
En
los estados y el Distrito Federal, informó el dirigente del CAP, Álvaro López,
puntos de concentración y de protesta serán las delegaciones federales y las
propias secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa); de la Reforma Agraria (SRA), de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), de Desarrollo Social (Sedesol), de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y de Economía.
Productores
de prácticamente todas las ramas agrícolas, coincidirán de nuevo en viejas y
nuevas demandas cuyo incumplimiento no consideran responsabilidad de los
gobiernos estatales, sino del federal.
Álvaro
López mencionó entre éstas, la exigencia de que se expida la Ley de
Desarrollo Rural, normatividad que no obstante haber sido aprobada por el
Congreso de la Unión en diciembre de 2000 en marzo pasado fue vetada por el
presidente Vicente Fox.
Otro
reclamo será el freno a excesivas importaciones de granos, las cuales afectan
los precios y la comercialización de la cosecha nacional.
Los
acuerdos agrarios y los conflictos por la tenencia de la tierra tienen que ser
resueltos por el actual gobierno. Hasta ahora no se han canalizado recursos para
cumplir con los diferentes acuerdos considerados en el presupuesto para el
campo, aprobado por la Cámara de Diputados.
DISTRITO
FEDERAL
CEDIERON
TLAYAPACA EX COLONOS: SERVIMET.
Alfonso Cruz López y Óscar Rodríguez Hernández,
Milenio Diario, página 4, viernes 3 de agosto. También se publicó en Reforma,
El Financiero y Ovaciones.
Un
documento de la Dirección de Administración de la empresa gubernamental
Servicios Metropolitanos (Servimet), da cuenta de la indemnización otorgada a
502 familias del predio Tayapaca, a cambio de la cual cedieron sus derechos
sobre el predio en cuestión.
De
acuerdo con el texto, el pago se realizó el 24 de febrero de 1999 y fluctuó
entre los 50 mil y 200 mil pesos, según la antigüedad en el predio y los
metros cuadrados que cada familia ocupaba.
De
esa cesión de derechos dio fe el notario público 89, Gerardo Correa Echegaray,
quien explicó en la constancia que con la entrega de ese dinero, los habitantes
de Tlayapaca cedieron a la inmobiliaria Poniente de Santa Fe los derechos que
les correspondían, derivados de un decreto presidencial de 1988.
En
el documento de Servimet se incluye una relación de nombres, número de cheque,
lugar de pago, monto de lo entregado, número de la escritura cedida y
referencia de la institución financiera que cubrió la indemnización.
Con
base en el documento, el gobierno del distrito Federal ha asegurado que ningún
ex habitante de Tlayapaca tiene derechos sobre este predio de 137 mil metros
cuadrados, en donde se construye el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.
Según
los ex colonos de Tlayapaca, esa relación de escrituras cedidas es falsa, ya
que la mayoría de los habitantes decidieron permanecer como propietarios del
terreno y pelear por él.
De
acuerdo con Santiago Hernández Ventolero, representante de los ex habitantes de
Tlayapaca, desde 1994 hubo presiones para que los colonos abandonaran el predio
y cedieran sus derechos.
Con
el propósito de integrar la información documental que avala la legalidad en
la venta del predio de Tlayapaca, Carlos Heredia Zubieta, director general de
Servimet del gobierno capitalino se reunirá el próximo lunes con integrantes
del Comité de Atención, Orientación y Queja Ciudadana de la Asamblea
Legislativa.
XOCHIMILCO,
RIQUEZA NATURAL EN RIESGO.
Nota Informativa, Milenio Diario, página 41, viernes 3 de agosto.
A 14 años
de haber sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Xochimilco está en riesgo de perder su riqueza natural por el incontrolado
crecimiento urbano.
En la última
década, cerca de 10 por ciento del área natural de la delegación se ha
transformado en conjuntos residenciales o casa medio construidas, mientras que
casi 80 por ciento de los terrenos que se utilizaban para actividades agrícolas
están abandonados y muchos de ellos son puestos en venta.
“Quienes
antes eran campesinos, ahora observan que tienen más ganancias al vender sus
terrenos que realizando su actividad agrícola”, explica José Antonio Vital
Galicia, quien forma parte del Movimiento en Defensa de Xochimilco, organización
civil que desde hace más de tres años busca rescatar el entorno ecológico del
lugar, aunque su lucha, hasta el momento, no ha tenido el respaldo de las
autoridades.
De las más
de 12 mil hectáreas pertenecientes a la delegación Xochimilco, 80 por ciento
es considerado como área de reserva ecológica.
“Tenemos
graves problemas para proteger la zona chinampera; los niveles del agua de los
canales están diminuyendo considerablemente. Hay invasión de tierras en
lugares señalados como reserva natural, sobre todo en pueblos como Santa
Cecilia o santa Cruz Xochitepec”, señala Vital Galicia.
Las
mismas autoridades delegacionales les han reconocido en diversas ocasiones que
en Xochimilco hay 197 asentamientos irregulares.
“En el
corto plazo, si no se toman las medidas correctivas, este problema podría
generar graves daños a la ecología, principalmente en los suelos de conservación,
en donde no existe una delimitación o barrera que les impida expanderse a las
áreas abiertas de Xochimilco”, se alerta en un documento elaborado por los
integrantes del Movimiento en Defensa de Xochimilco, quienes solicitan a las
autoridades federales y a los representantes de la UNESCO, que se declare a la
zona como Patrimonio Mundial de la Humanidad en Riesgo.
ESTADO DE MÉXICO
COMUNEROS
RATIFICAN DENUNCIA CONTRA LA LOBA Y EL LOBO, EN CHIMALHUACÁN.
Gustavo
Castillo García, La Jornada, página 26, viernes 3 de agosto.
Comuneros
del barrio de Xochiaca, ubicado ene l municipio de Chimalhuacán, estado de México,
ratificaron una denuncia penal contra Raymundo Olivares Díaz, El Lobo, y
Guadalupe Buendía Torres, La Loba, por haber vendido de manera ilegal terrenos
ejidales.
El
grupo de comuneros mexiquenses también solicitó al Ministerio público Federal
que haga comparecer al exgobernador del estado de México Ignacio Pichardo
Pagaza y al exsecretario general de Gobierno de esa entidad Humberto Lira Mora
como presuntos responsables de “complicidad” por la venta ilegal de 185.5
hectáreas que se dio de 1991 a 1998.
De
acuerdo con el escrito presentado, al Ministerio Público, Raymundo Olivares, El
Lobo, se ostenta desde hace 15 años como representante comunal, “en
complicidad con las autoridades agrarias, estatales y municipales, efectuando
contratos de compraventa con autoridades y particulares, violentando la ley”.
Según
la ratificación de la demanda, El Lobo habría “vendido 124 hectáreas en
forma ilegal al gobierno del estado de México para realizar obras de drenaje
profundo”.
En
1992 volvió a vender terrenos al gobierno mexiquense, esta vez una extensión
de 35 hectáreas.
Para
1993, el expresidente municipal de Nezahualcóyotl, Aurelio Salinas, “realizó
un contrato de compraventa con Raymundo Olivares de tres hectáreas, que ahora
son ocupadas por unos basureros”.
En
1998 Guadalupe Buendía Torres, La Loba, compró 23.5 hectáreas a El Lobo por
23 millones de pesos.
OAXACA
LA
SRA MEDIARÁ EN EL CONFLICTO DE LOS CHIMALAPAS, ANUNCIA HERRERA TELLO.
Julio Morales Segura, Excélsior, página 9A, viernes
3 de agosto. También aparece en La Jornada, El Heraldo de México, El Día y
Ovaciones.
Luego
de afirmar que los enfrentamientos no ayudan a nadie y que el diálogo y la
concertación son las mejores vías para solucionar los problemas, la secretaría
de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, anunció que esta
dependencia mediará en el conflicto de los Chimalapas, donde indígenas de la
región mantienen secuestrados a cuatro habitantes de la comunidad Cuauhtémoc
por cuestiones de límites territoriales.
Entrevistada
poco después de la firma del convenio de colaboración para el intercambio
informático entre la Sagarpa y la SRA, la funcionaria revelo la existencia de
una resolución judicial que da claridad y solución a este añejo conflicto que
se vive en la región de los Chimalapas en Oaxaca y la cual deberá ser acatada.
Herrera
Tello, sostuvo que la intervención de esta dependencia en la mesa de
negociaciones, que se iniciará este jueves y en la que participará Xóchitl Gálvez,
comisionada de la Presidencia de la República para Asuntos Indígenas, será
mediante la Procuraduría Agraria.
Destacó
que meses antes de que se reactivara este conflicto, el Tribunal Agrario había
dictado una resolución en la que se daba certeza a los límites de propiedad,
con el propósito de terminar con este conflicto.
Sin
embargo, apuntó, pese a esa resolución judicial, “no se ha podido dar
cumplimiento”, pero –añadió- existe voluntad de ambas partes de acatar el
resultado de estas mediaciones.
Mencionó
que este día fue instalada en la comunidad
Cuauhtémoc la mesa de diálogo con gente del gobierno del estado, con Xóchitl
Gálvez y el procurador agrario, por lo que habrá de esperar los resultados de
estos encuentros, “Ojalá y haya algún avance”, comentó.
Señaló
que información reciente de este conflicto indica que todavía quedan cuatro
personas privadas de su libertad por parte de los indígenas de los Chimalapas,
ya que dos fueron liberadas por cuestiones de salud.
Yo
espero, apuntó, que se llegue a la conciliación, pues a nada nos llevan los
conflictos, sobre todo cuando ya existe una resolución de los tribunales.
Antes,
durante la firma del convenio, Herrera Tello explicó que el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede)
ha permitido generar información de 22 mil 286 núcleos agrarios de todo el país,
situación que ha permitido dar certidumbre a poco más de tres millones de
familias campesinas poseedoras de 60 millones de hectáreas.
Indicó
que esta información será entregada al Registro Agrario Nacional como apoyo en
el diseño y ejecución de las políticas públicas, y de esta manera orientar
adecuadamente el desarrollo de las regiones rurales del territorio nacional.
Hizo
ver que este material no debe mantenerse en los archivos, sino que debe ponerse a disposición de todas las instituciones públicas o
particulares que lo requieran, para impulsar el desarrollo del país. “Este
archivo –puntualizó- no es del gobierno, es un bien público y por lo tanto
patrimonio de todos los mexicanos”.
La
funcionaria recalcó que esta información debe usarse, explotarse, para crear,
activar y fortalecer métodos para avanzar en las acciones interinstitucionales,
como lo exigen los nuevos tiempos.
Se
informó en el evento que este convenio tiene el propósito de conservar,
identificar, hacer operativa la información histórica sobre el campo mexicano,
así como ampliar los acervos informáticos y readecuarlos a las nuevas
necesidades de desarrollo en el sector rural.
Esta
tarea será ejecutada con tecnología avanzada y una elevada especialización en
esta tarea, con la cual se podría extender la cobertura al Catastro Rural
nacional, con el propósito de integrar un mejor registro que dé sustento a las
decisiones más adecuadas para el desarrollo social del campo.
En
su oportunidad, el director del Registro Agrario Nacional (RAN), Joaquín
Contreras Cantú, anunció que luego de la firma de este pacto, iniciará la
entrega de copias digitales de los levantamientos realizados en el procede, los
cuales estarán disponibles para elaborar un calendario de coordinación con el
área de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
Sostuvo
que el RAN se encuentra en condiciones de proporcionar información
especializada referente a la propiedad social y privada de la mayor parte de los
estados y regiones del país.
Con
este acuerdo, añadió, podremos conservar, identificar y hacer funcional la
información histórica sobre le campo mexicano, al igual que ampliar los
acervos informativos para readecuarlos a las necesidades del desarrollo del
campo.
Acuerdo
entre chimalapas y gobierno.
Matilde Pérez y Guadalupe Ríos, La Jornada, página 45, viernes 3 de
agosto.
Autoridades
del gobierno de Oaxaca, agrarias y de la comunidad de Santa María Chimalapa, así
como representantes de la Secretaría de Gobernación firmaron un convenio para
revisar los límites entre la colonia Cuauhtémoc y la comunidad indígena; con
ello fueron puestos en libertad los colonos detenidos desde hace 23 días por la
comunidad zoque.
La
reunión fue encabezada por el procurador agrario y el subsecretario de Gobierno
de Oaxaca, Valdemar Martínez Garza y Ramón Eduardo López Flores,
respectivamente, quienes también puntualizaron que el próximo día 10 habrá
una nueva reunión con las autoridades zoques, el Registro Agrario Nacional y
autoridades del Tribunal Superior Agrario para fijar otra fecha de inicio de los
trabajos de deslinde entre ambas localidades. Los zoques se comprometieron a
levantar el bloqueo carretero que reiniciaron esta tarde a la altura del cruce
de la carretera Transístmica con la población El Mezquite.
Durante
la reunión, el procurador agrario puntualizó que el gobierno federal no desea
que los campesinos se maten entre sí. "Son hermanos de sangre y no
queremos que se maten; venimos a solucionar el problema".
Respecto
a la exigencia de los zoques de que los habitantes de la Cuauhtémoc se
abstengan de presentar demandas en su contra, y por tanto se aplicarían órdenes
de aprehensión en su contra, López Flores aclaró que no se puede violentar la
aplicación de la ley, sin embargo, podrían dialogar ambas partes para evitar
profundizar en el conflicto. El secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de
Oaxaca, Carlos Moreno Derbez, consideró que es revisable y discutible la
aplicación de la justicia y que habría posibilidad de una aplicación
equitativa de ésta para que ninguna de las partes resulte afectada.
Xóchitl
Gálvez faltó a su palabra
Antes
de esta reunión -que se realizó en Tehuantepec por la noche-, los indígenas
de Santa María Chimalapa habían considerado un agravio la cancelación del
encuentro pactado con la titular de la oficina de la Presidencia de la República
para el desarrollo y atención de los pueblos indios, Xóchitl Gálvez.
Anoche,
luego de que levantaron los bloqueos en las carreteras Panamericana y Transístmica,
Gálvez -según versión de los indígenas- se había comprometido a participar
en la reunión con autoridades del gobierno de Oaxaca, de las secretarías de
Gobernación y de la Reforma Agraria, así como de la Procuraduría Agraria en
busca de una solución a la disputa por 13 mil hectáreas entre zoques y
habitantes de la colonia Cuauhtémoc.
Gálvez
llegó a la capital de Oaxaca para el encuentro, mencionaron, sin embargo, esta
mañana, la funcionaria federal se disculpó vía telefónica con el presidente
de bienes comunales de Santa María, Taurino López López. "Tengo una gira
por Puebla que no puedo cancelar", explicó. Y ante el reclamo indígena Gálvez
reviró: ¡liberen a los (seis) secuestrados de la Cuauhtémoc!, y la comunicación
se cortó.
El
problema agrario de 35 años sigue empantanado. Después de conocer la postura
de Gálvez, algunos de los indígenas se pronunciaron en favor de continuar con
los trabajos de deslinde con la Cuauhtémoc: "¡cueste lo que cueste,
incluso la vida!"; otros, por seguir con los bloqueos carreteros, y los
menos, por un diálogo.
Indignados
por la "sordera" y la "falta de comprensión" de las
autoridades federales y estatales, los indígenas -que pasaron la noche y parte
de este día en los patios de la feria ganadera de Juchitán- decidieron irse
hasta El Mezquite, entronque con la carretera Transístmica y acceso a Santa María,
para iniciar ahí, de ser necesario, un nuevo bloqueo por tiempo indefinido.
La
determinación la tomaron luego de que el secretario de Gobierno del estado,
Anuar Mafud, aseguró que habría una reunión en Matías Romero entre
autoridades agrarias, un enviado de Gobernación, el subsecretario de Gobierno
del estado, Ramón Eduardo López Flores, y los indígenas; después el lugar y
hora lo cambió a Tehuantepec.
El
movimiento no fracasó, es una experiencia más y una muestra de que "no
hay gobiernos ni estatal ni federal que quieran escucharnos, y ellos serán los
responsables de lo que pase en los próximos días, comentaron López López y
Gilberto Pacheco, ex comisario de bienes comunales, quien lamentó la actitud de
la representante presidencial, que -dijo- "es muy buena para declarar, pero
en este caso no ha mostrado voluntad política".
Agregó
que los chimalapas -como se les conoce también a los zoques- pensaban que el
cambio de gobierno federal iba a ser positivo para los indígenas, "pero
vemos que las cosas han empeorado y que ni siquiera tienen una respuesta más hábil
que la administración anterior, la cual creó una comisión interdisciplinaria
para solucionar, presuntamente, el conflicto agrario".
Mencionó
que esta situación no impedirá a los chimalapas defender su territorio y
autonomía: "no sé en qué momento se hará esta declaratoria, pero es un
hecho que el movimiento de defensa de los bosques comunales no se detendrá, ni
será abanderado por partidos políticos u otras organizaciones que sólo nos
apoyan".
López
López mencionó que en esta lucha por un derecho territorial, los chimalapas no
se detendrán en hacer a un lado a quien se atraviese en su camino.
Un
muerto inexistente
Los
indígenas también mostraron disgusto por la difusión en medios locales de un
presunto muerto a causa del bloqueo carretero. Eso fue un acto programado,
ignoramos por quién, mencionaron. La noche de ayer, los habitantes de La
Ventosa llegaron hasta donde estaban los chimalapas para solicitarles que los
ayudaran a detener al trailero que había atropellado a una persona frente a las
oficinas de Migración, instaladas en esta zona.
Taurino
López, acompañado por una decena de indígenas, se presentó al lugar, donde
fue recibido por un grupo de mujeres y hombres que de inmediato los acusaron a
gritos de ser responsables de la muerte de una "familia". Sin embargo,
no había ningún cadáver ni huellas de accidente.
Ante
la inminente confrontación, los indígenas se retiraron. Sin embargo, una mujer
incitó al grupo de La Ventosa a detener a López López: "¡deténganlo,
deténganlo, él es el culpable!". La situación trató de ser controlada
por el ex diputado federal y cenecista Porfirio Montero y por otro habitante de
La Ventosa, quien se disculpó por la situación.
"Esto
muestra la presión del gobierno del estado contra el movimiento de los
chimalapas y su intención de ejecutar órdenes de aprehensión, no sabemos cuántas,
en contra de los indígenas para doblegarnos y fracturar la unidad entre Santa
María y San Miguel, y con ello dejar el camino libre a quienes les interesa
esta región clave para el desarrollo del Plan Puebla-Panamá", explicó
Gilberto Pacheco.
Hospitalizan
a dos de los indios que estuvieron retenidos.
Guadalupe Ríos
y Víctor Ruiz, La Jornada, página 45, viernes 3 de agosto.
El
subprocurador regional de Justicia en el Istmo de Tehuantepec, Wilfrido
Alamaraz, dio a conocer que dos de los seis campesinos de la colonia agrícola
Cuauhtémoc retenidos por los indígenas zoques de Santa María Chimalapa desde
hace 23 días, fueron liberados esta madrugada luego que presentaron una crisis
por la diabetes que ambos padecen, y se les trasladó a un hospital de Juchitán.
Funcionarios
de los gobiernos federal y estatal, así como autoridades judiciales instalaron
desde la tarde una mesa de trabajo con comuneros y autoridades chimalapas, para
encontrar una solución al conflicto agrario entre los zoques y ganaderos de la
colonia Cuauhtémoc, la cual se logró hasta la noche.
Como
medida de presión, los indígenas habían reinstalado esta tarde su bloqueo a
la carretera Transístmica, a la altura de El Mezquite.
La
comisión gubernamental arribó con contratiempos y sin la esperada presencia de
la encargada de la oficina de asuntos indígenas de la Presidencia de la República,
Xóchitl Gálvez, quien estuvo en la entidad el miércoles, pero por la noche
retornó a la ciudad de México para cumplir con una gira por el estado de
Puebla.
El
procurador agrario, Valdemar Martínez; el subsecretario de Asuntos Políticos
del gobierno de Oaxaca, Ramón Eduardo López; el secretario de Asuntos Indígenas
del gobierno estatal, Carlos Moreno, y el subprocurador Almaraz encabezaron a
los funcionarios que esta noche negociaron con los chimalapas la libertad de los
detenidos y una salida al conflicto agrario con la colonia Cuauhtémoc.
La
mesa de trabajo se instaló en el restaurante Guiee Xhoba de Tehuantepec, a
pesar de que los zoques insistían en que sólo negociarían en Juchitán o Matías
Romero, donde para evitar tomas o plantones de los comuneros chimalapas,
se cerraron todas las oficinas del gobierno estatal.
“USOS
Y COSTUMBRES” EN SAN JUAN MANINALTEPEC.
Alejandro Anaya Muñoz, La Jornada, página 21,
viernes 3 de agosto.
La
comunidad indígena zapoteca de San Juan Maninaltepec (también conocida como La
Ermita), municipio de Choapam, Oaxaca, ha sido escenario desde hace varios años
de una disputa por el poder local, protagonizada por los comuneros y una
poderosa familia de "pequeños propietarios". Dicho proceso de
recomposición de la estructura de poder local ha girado en torno al control de
las principales fuentes generadoras de poder económico y político en
Maninaltepec: la tierra y la agencia de policía.
La
añeja disputa por la tierra se agudizó hace un par de años, cuando el grupo
caciquil comenzó a cercar los terrenos que ambas partes reclaman como propios.
Al poco tiempo, el conflicto adquirió mayores dimensiones cuando a la lucha por
la tierra se sumó la del control de la agencia de policía; en octubre de 2000
los comuneros eligieron a sus autoridades mediante el mecanismo de "usos y
costumbres", nombramiento que a la fecha no ha sido validado por las
autoridades municipales de Choapam, ligadas al grupo caciquil de Maninaltepec
por vínculos familiares y comerciales.
La
posición de las autoridades municipales ha sido avalada por la autoridad
estatal, la cual ha argumentado que no todos los miembros de la comunidad
participaron en la asamblea de nombramiento de autoridades, por lo cual se
insiste en la realización de una nueva asamblea. Sin embargo, también insisten
en que se acepte la participación de ciertas personas (ligadas a la familia
caciquil y no residentes en la comunidad) en la nueva asamblea, y en la inclusión
de cierto personaje (también ligado a dicha familia) dentro del cabildo
comunal.
El
conflicto en Maninaltepec no gira en torno a los mecanismos o procedimientos políticos
mediante los cuales se ha de encauzar la lucha por el control de la autoridad de
la comunidad, sino que gravita, más bien, alrededor de los resultados del proceso de toma de decisiones. Los caciques
locales y sus aliados en los niveles superiores de gobierno no han cuestionado
el hecho en sí de que la elección de las autoridades comunales haya sido
mediante el sistema de usos y costumbres. Ciertamente, las autoridades estatales
no podrían hacerlo sin mostrarse descaradamente incongruentes con el discurso a
favor de la autonomía indígena que caracteriza a la presente administración
estatal. En este sentido, como se ha dicho, las autoridades municipales y
estatales involucradas han argumentado que no aceptan los nombramientos ya
hechos por la comunidad en asamblea, porque ciertos sectores no estuvieron
presentes, e insisten en la celebración de otra asamblea de nombramiento.
Los
intereses del grupo caciquil y sus aliados en el gobierno municipal se han visto
afectados porque las nominaciones de octubre de 2000 no les garantizan el
control del centro de poder político-institucional de Maninaltepec: la agencia
de policía, cuyo control, dicho sea de paso, es de gran importancia en el
contexto del conflicto de lucha por la tierra. En este sentido, lo que el grupo
caciquil y las autoridades municipales y estatales han intentado para revertir
este resultado adverso no es el cuestionamiento de los usos y costumbres en sí,
sino controlar el resultado del proceso de toma de decisiones mediante el
sistema de usos y costumbres.
Los
sistemas caciquiles de poder se basan en el control o manipulación de los
procesos e instituciones formales de toma de decisiones. En los municipios o
comunidades no indígenas intentan controlar los resultados de las elecciones
mediante el sistema de la democracia liberal occidental; en los municipios indígenas
intentarán manipular los sistemas electorales basados en la costumbre. En
Maninaltepec el objetivo ha sido controlar los resultados del proceso político,
no cuestionar los procedimientos electorales de la comunidad en sí. Este es el
punto en el cual quiero poner mayor énfasis.
Uno
de los argumentos centrales de los detractores de la autonomía indígena, o una
de las preocupaciones principales de los "escépticos honestos" son
las alegadas tendencias no democráticas de las prácticas políticas indígenas.
Se ha argumentado que el reconocimiento de los usos y costumbres apuntalaría la
existencia de sistemas caciquiles de poder a nivel local. Sin embargo, éstos ya
existen e intentarán seguir existiendo dentro de cualquier tipo de marco
institucional, sea de corte liberal-occidental o comunitario-indígena. En este
sentido, no se trataría tanto de determinar cuál sistema es por naturaleza más
o menos democrático, sino de generar y fortalecer procesos de consolidación de
las instituciones del Estado en los niveles de gobierno, de manera que los
mecanismos y procedimientos de toma de decisiones colectivas formalmente
aceptados por nuestra sociedad sean respetados y no manipulados o ignorados por
individuos o grupos poderosos. El objetivo, pues, sería evitar que comunidades
como Maninaltepec tengan que recurrir a la resistencia y la movilización, que
distraigan tantos recursos y energía para lograr que sus autoridades, legítimamente
electas, sean reconocidas por las autoridades municipales y estatales,
simplemente porque dicha elección no favorece los intereses caciquiles locales
y regionales.
OPINIÓN
CATASTRO
RURAL NACIONAL.
Ángel Soriano, “Vida Nacional”, Excélsior, página
27, viernes 3 de agosto.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx