CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
MIÉRCOLES
7
DE
FEBRERO
DE
2007
OCHO COLUMNAS
Entorpece SNTE la educación.- BID
Dice estudio que
el
sindicato
impide
profesionalizar
al
magisterio.
Comando ejecuta a siete y retorna alerta en Acapulco
Irrumpió en dos
oficinas
policiacas
en
sólo
media
hora;
grabó
los
crímenes.
Enmudecen celulares; se le cae sistema a Slim
Incomunicados,
10
millones
de
clientes
de
Telcel
y
otras
telefónicas.
Generan evasión los privilegios fiscales
Pierde el fisco
27.1%
de
la
recaudación
potencial:
ITAM.
Doble ataque de sicarios en Acapulco; 7 muertos
Cuarteles policiacas, los blancos.
Sicarios matan a 7 en Acapulco y graban crimen
Cinco policías
y
dos
secretarias,
las
víctimas;
es
una
represalia
del
narco:
PGR.
EL PERIÓDICO DE LA VIDA
NACIONAL
Aún sin capos, sigue
la
matanza
Guerrero, Michoacán,
Sinaloa
y
Baja
California
fueron
presa
de
una
nueva
oleada
de
crímenes.
Desafían Operativo; matan a 7 en cuarteles de Acapulco
Un comando de 15
llegó,
engañó
a
los
agentes
para
quitarles
sus
armas,
los
asesinó
y
videograbó todo.
El narco responde; mata a 20 policías
en
un
mes
Fracasa operativo
en
Guerrero;
ayer
ejecutan
a
7
en
cuarteles
policiacos;
otro
en
Sinaloa.
Cacería contra policías; matan a 7 en Acapulco
Simulan operativo
para
ejecutar
a
tres
agentes,
un
comandante,
un
ministerio
público
y
dos
secretarias.
Acapulco…¡Masacre!
Martes negro; un
comando
mató
a
un
MP,
4
agentes
y
dos
civiles.
Sector agrario
El titular de la Procuraduría Agraria del Gobierno
Federal
expuso
que
la
ley
del
17
sirvió
para
el
reparto
de
tierras. (Mi Morelia. com, Agencia de Noticias
Cuasar,
p.web).
Morelia, Michoacán (Agencia Cuasar).-
En
el
marco
del
CL
aniversario
de
la
Constitución
de
1857
y
del
XC
de
la
promulgación
de
la
Carta
Magna
de
1917,
el
titular
de
la
Procuraduría
Agraria
del
Gobierno
Federal,
Rocendo
González
Patiño,
expuso
que
la
ley
del
17
sirvió
de
plataforma
jurídica
para
el
reparto
de
las
tierras
con
la
conformación
del
ejido
y
la
pequeña
propiedad,
y
el
reconocimiento
a
las
comunidades
indígenas.
Ante representantes de los tres
Poderes:
el
secretario
de
Gobierno,
Enrique
Bautista
Villegas;
el
presidente
sustituto
del
Supremo
Tribunal
de
Justicia,
Alejandro
González;
y
el
diputado
local,
Alejandro
Méndez
López,
González
Patiño
informó
que
a
la
fecha
está
certificado
más
del
96
por
ciento
de
los
núcleos
agrarios,
un
total
de
93
millones
de
hectáreas
con
beneficio
para
más
de
4
millones
de
familias
campesinas.
Y
que
se
han
entregado
más
de
9
millones
de
documentos
que
acreditan
la
titularidad
de
las
propiedades
en
el
campo.
Y aseguró que en la presente administración
federal
se
inicia
la
tercera
etapa
de
la
reforma
agraria:
el
desarrollo
rural
sustentable,
meta
cuyo
antecedente
está
contenido
en
las
bases
jurídicas
del
artículo
27
de
la
Constitución.
Recordó que la Constitución de
1917
diseñó
la
construcción
del
México
moderno,
estructuró
las
garantías
individuales;
los
sistemas
educativo
y
laboral;
la
división
de
poderes
del
Estado;
las
relaciones
internacionales
y
con
las
iglesias,
así
como
las
formas
de
tenencia
de
la
tierra.
Y
precisó
que
dichos
temas
fueron
concebidos
con
los
ingredientes
de
la
justicia
social,
el
bienestar
colectivo
y
de
la
ética
y
la
moral
del
pueblo.
Asimismo subrayó que Michoacán
es
cuna
de
la
ley
que
nos
rige
y
ejemplificó
que
Los
Sentimientos
de
la
Nación
que
promulgó
el
Generalísimo
José
María
Morelos,
así
como
las
sustantivas
contribuciones
del
filósofo
de
las
leyes
de
Reforma,
Don
Melchor
Ocampo,
además
del
aporte
esencial
de
los
constituyentes,
Jesús
Romero
Flores
y
Francisco
J.
Múgica
Velázquez,
definen
históricamente
el
estado
de
Derecho
que
hoy
tenemos.
También destacó que los procesos
nacionales
de
Independencia,
Reforma
y
Revolución
germinaron
el
cambio
en
el
país
e
hizo
hincapié
en
la
fortaleza
democrática
enraizada
en
el
territorio
nacional
y
en
el
estado.
El Procurador Agrario federal dijo
que
la
ley
es
primero
porque
ordena
y
otorga
igualdad,
forma
en
la
democracia
y
la
libertad,
y
regula
el
ejercicio
del
poder
público.
Consideró que el compromiso para
vivir
mejor
y
alcanzar
una
sociedad
más
igualitaria
es
vivir
al
amparo
del
estatuto
jurídico.
Acudieron al evento, en representación
del
gobernador
Lázaro
Cárdenas
Batel,
Enrique
Bautista
Villegas;
el
Comandante
de
la
XXI
Zona
Militar,
Mauro
Enrique
Tello
Quiñones;
el
secretario
de
Educación,
Manuel
Anguiano
Cabrera;
la
rectora
de
la
Universidad
Michoacana,
Silvia
Figueroa
Zamudio,
y
en
representación
del
presidente
municipal
de
Morelia,
Salvador
López
Orduña,
el
síndico,
Carlos
Macouzet
Zamacona.
Se conmemoró el 90 aniversario de la Constitución
de
1917. (Mi Morelia.com, Agencia de
Información
y
Análisis
Quadratín, p.web)
Morelia, Mich.,
5
de
febrero
de
2007.-
La
alternancia
política
le
imprime
a
México
una
indudable
fortaleza
democrática,
la
cual
experimentó
una
etapa
de
consolidación
con
la
presencia
de
políticos
michoacanos
al
interior
de
las
tres
principales
fuerzas
partidistas,
reconoció
Rocendo
González
Patiño,
titular
de
la
Procuraduría
Agraria
en
su
discurso
oficial
realizado
durante
el
acto
cívico
conmemorativo
del
90
aniversario
de
la
Constitución
de
1917
y
del
150
aniversario
de
la
Constitución
de
1857.
En ese sentido, el funcionario
federal
señaló
al
general
Lázaro
Cárdenas
del
Río
como
un
destacado
priísta,
al
fundador
y
líder
moral
del
Partido
de
la
Revolución
Democrática
(PRD),
Cuauhtémoc
Cárdenas
Solórzano
y
al
actual
presidente
de
la
República,
el
panista Felipe Calderón Hinojosa, a quien describió como “otro
michoacano
de
gran
visión,
formado
en
sólidos
principios
de
procurar
el
bien
común,
el
respeto
de
la
persona,
la
honestidad
institucional
y
la
observancia
estricta
de
la
ley”.
En evento efectuado en la Plaza
Melchor
Ocampo
de
esta
ciudad,
González
Patiño
indicó
que
bajo
los
sexenios
de
gobierno
del
Partido
Acción
Nacional,
se
ha
utilizado
la
Ley
de
1917
como
plataforma
jurídica
para
el
reparto
de
las
tierras,
integrando
legalmente
a
los
ejidos
y
a
la
pequeña
propiedad
particular
y
comunal.
El también ex diputado local afirmó
que
se
deben
aplicar
las
leyes
sin
entrar
jamás
en
negociaciones
y
componendas
“porque
sólo
existe
la
opción
que
sujetarnos
todos
al
imperio
de
la
ley,
so
pena
de
enfrentar
las
acciones
que
derivan
de
la
violación
de
la
misma”.
En un discurso salpicado de retórica
triunfalista,
González
Patiño
dijo
que
a
la
fecha
está
certificado
el
96
por
ciento
de
los
núcleos
agrarios,
el
equivalente
a
93
millones
de
hectáreas
que,
dijo,
reportan
beneficios
para
más
de
cuatro
millones
de
familias
campesinas,
con
lo
cual
se
han
entregado
más
de
nueve
millones
de
documentos
que
acreditan
la
titularidad
de
las
propiedades
agrarias.
En el acto estuvieron presentes
también
otros
funcionarios
estatales
y
municipales,
como
el
secretario
de
gobierno,
Enrique
Bautista
Villegas;
el
síndico
municipal
Carlos
Macouzet Zamacona; el comandante
de
la
21
Zona
Militar,
Mauro
Enrique
Tello
Quiñones;
el
diputado
local
Alejandro
Méndez
López;
el
magistrado
Luís
Eudoro González Gómez y la rectora de la Universidad Michoacana
de
San
Nicolás
de
Hidalgo,
(UMSNH)
Silvia
Figueroa
Zamudio.
En el sexenio de Fox, 469 campesinos asesinados
por
conflictos
agrario. (Mi Morelia.com, Agencia
de
Información
y
Análisis
Cuadratín, p.web).
Morelia, Mich.,
5
de
febrero
de
2007.-
En
los
últimos
seis
años
la
Procuraduría
Agraria
contabilizó
al
menos
86
enfrentamientos
agrarios
que
dejaron
como
saldo
469
muertos
y
345
heridos
en
todo
el
país,
siendo
los
de
mayor
importancia
los
ocurridos
en
Michoacán
y
Oaxaca.
Rocendo González
Patiño,
procurador
agrario en el país, dio a conocer que
este
año
se
destinarán
900
millones
de
pesos
para
la
resolución
de
conflictos
agrarios,
toda
vez
que
el
compromiso
del
actual
gobierno
es
solucionar
todos
los
focos
rojos
que
existan
en
esa
materia
en
México.
El funcionario federal explicó
que
a
través
de
ese
esquema
de
trabajo,
se
proyecta
tener
un
campo
más
ordenado,
más
seguro
y
con
mayores
inversiones
que
permitan
reactivar
la
economía
de
ese
sector
de
la
población
y
garantizar
el
abasto
de
alimentos
en
el
país.
Mencionó que de los 14 conflictos
agrarios
identificados
en
el
país
y
considerados
como
focos
rojos
que
tenían
que
ver
con
problemas
de
límites,
despojos
o
invasión
de
la
tierra,
se
lograron
finiquitar
12
y
están
pendientes
dos
localizados
en
los
estados
de
Michoacán
y
Oaxaca.
El de Michoacán se encuentra ubicado
en
la
Meseta
Purépecha
y
agrupa
58
conflictos,
de
los
cuales,
según
el
reporte
de
la
Procuraduría
Agraria,
se
resolvieron
11,
quedan
20
mil
hectáreas
en
conflicto.
A
nivel
nacional
son
200
mil
las
hectáreas
que
presentan
algún
tipo
de
demanda.
Por la magnitud y complejidad de
la
problemática
que
enfrenta
esa
zona
del
estado,
las
autoridades
agrarias
lo
catalogan
como
el
conflicto
más
difícil
de
resolver;
“hay
tres
grupos
especializados
de
trabajo,
negociadores,
abogados
que
trabajan
de
forma
directa
con
ellos,
son
profesionistas
de
tiempo
completo
atendiendo
esa
problemática”.
El titular de esa dependencia aseguró
que
en
este
sexenio
se
van
a
solucionar
todos
los
focos
rojos
del
país,
para
lo
cual
se
destinarán
900
millones
de
pesos
a
fin
de
contar
con
un
campo
más
ordenado
y
seguro.
Respecto a los focos amarillos,
el
responsable
de
la
procuración
de
justicia
en
el
campo
de
país,
dio
a
conocer
que
a
nivel
nacional
son
600
los
puntos
identificados,
de
los
cuales
300
ya
fueron
solucionados
y
el
resto
se
encuentran
pendientes;
de
estos
24
se
localizan
en
el
estado
de
Michoacán.
Rosendo González Patiño, expuso que la ley del
17
sirvió
de
plataforma
jurídica
para
el
reparto
de
la
tierra. (Mi Morelia.com, Agencia de Noticias Cuasar, p.web).
Morelia, Michoacán (Agencia Cuasar).-En
el
marco
del
CL
aniversario
de
la
Constitución
de
1857
y
del
XC
de
la
promulgación
de
la
Carta
Magna
de
1917,
el
titular
de
la
Procuraduría
Agraria
del
Gobierno
Federal,
Rocendo
González
Patiño,
expuso
que
la
ley
del
17
sirvió
de
plataforma
jurídica
para
el
reparto
de
las
tierras
con
la
conformación
del
ejido
y
la
pequeña
propiedad,
y
el
reconocimiento
a
las
comunidades
indígenas.
Ante representantes de los tres
poderes:
el
secretario
de
Gobierno,
Enrique
Bautista
Villegas;
el
presidente
sustituto
del
Supremo
Tribunal
de
Justicia,
Alejandro
González;
y
el
diputado
local,
Alejandro
Méndez
López,
González
Patiño
informó
que
a
la
fecha
está
certificado
más
del
96
por
ciento
de
los
núcleos
agrarios,
un
total
de
93
millones
de
hectáreas
con
beneficio
para
más
de
4
millones
de
familias
campesinas.
Y
que
se
han
entregado
más
de
9
millones
de
documentos
que
acreditan
la
titularidad
de
las
propiedades
en
el
campo.
Y aseguró que en la presente administración
federal
se
inicia
la
tercera
etapa
de
la
reforma
agraria:
el
desarrollo
rural
sustentable,
meta
cuyo
antecedente
está
contenido
en
las
bases
jurídicas
del
artículo
27
de
la
Constitución.
Recordó que la Constitución de
1917
diseñó
la
construcción
del
México
moderno,
estructuró
las
garantías
individuales;
los
sistemas
educativo
y
laboral;
la
división
de
poderes
del
Estado;
las
relaciones
internacionales
y
con
las
iglesias,
así
como
las
formas
de
tenencia
de
la
tierra.
Y
precisó
que
dichos
temas
fueron
concebidos
con
los
ingredientes
de
la
justicia
social,
el
bienestar
colectivo
y
de
la
ética
y
la
moral
del
pueblo.
Asimismo subrayó que Michoacán
es
cuna
de
la
ley
que
nos
rige
y
ejemplificó
que
Los
Sentimientos
de
la
Nación
que
promulgó
el
Generalísimo
José
María
Morelos,
así
como
las
sustantivas
contribuciones
del
filósofo
de
las
leyes
de
Reforma,
Don
Melchor
Ocampo,
además
del
aporte
esencial
de
los
constituyentes,
Jesús
Romero
Flores
y
Francisco
J.
Múgica
Velázquez,
definen
históricamente
el
estado
de
Derecho
que
hoy
tenemos.
También destacó que los procesos
nacionales
de
Independencia,
Reforma
y
Revolución
germinaron
el
cambio
en
el
país
e
hizo
hincapié
en
la
fortaleza
democrática
enraizada
en
el
territorio
nacional
y
en
el
estado.
El Procurador Agrario federal dijo
que
la
ley
es
primero
porque
ordena
y
otorga
igualdad,
forma
en
la
democracia
y
la
libertad,
y
regula
el
ejercicio
del
poder
público.
Consideró que el compromiso para
vivir
mejor
y
alcanzar
una
sociedad
más
igualitaria
es
vivir
al
amparo
del
estatuto
jurídico.
Acudieron al evento, en representación
del
gobernador
Lázaro
Cárdenas
Batel,
Enrique
Bautista
Villegas;
el
Comandante
de
la
XXI
Zona
Militar,
Mauro
Enrique
Tello
Quiñones;
el
secretario
de
Educación,
Manuel
Anguiano
Cabrera;
la
rectora
de
la
Universidad
Michoacana,
Silvia
Figueroa
Zamudio,
y
en
representación
del
presidente
municipal
de
Morelia,
Salvador
López
Orduña,
el
síndico,
Carlos
Macouzet
Zamacona.
Entrevista a Abelardo Escobar, secretario de la
Reforma
Agraria. (Radio Fórmula On Line, Gustavo Rentería, p.web).
Abelardo Escobar Prieto / Secretario de la Reforma
Agraria.
Antes los campesinos tenían la tierra sin tenerla.
El objetivo de la Secretaría de la Reforma Agraria,
a
cargo
del
entrevistado
de
esta
semana,
es
proporcionar
certeza
jurídica
en
la
tenencia
de
la
tierra,
a
través
del
impulso
al
ordenamiento
territorial
y
la
regularización
de
la
propiedad
rural,
así
como
elaborar
políticas
públicas
que
fomenten
el
acceso
a
la
justicia
y
el
desarrollo
agrario
integral.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) es la
cabeza
del
sector,
el
cual
está
conformado
por
el
Registro
Agrario
Nacional,
la
Procuraduría
Agraria
y
el
Fideicomiso
Fondo
Nacional
de
Fomento
Ejidal.
El
titular
de
la
SRA
nos
recibió
en
su
sala
de
juntas,
y
antes
de
iniciar
la
charla
nos
obsequió
su
libro
titulado
Una
Ventana
al
Pasado
(las
historias
que
no
queremos
olvidar).
La
obra,
de
mil
300
páginas,
está
dedicada
a
la
memoria
de
don
Abelardo
Escobar
Villalba,
padre
de
este
estratégico
integrante
del
gabinete
calderonista.
El libro también es resultado del cobijo de doña
Marilú,
esposa
del
secretario,
y
reconstruye
los
hechos
más
notables
de
la
vida
de
Jesús
Escobar
y
Armendáriz,
abuelo
de
Escobar
Prieto.
La edición tiene valía por sí misma, ya que es
historia
viva
platicada
por
uno
de
sus
protagonistas,
quien,
participando
en
la
Guerra
de
Reforma,
nos
legó
un
diario,
base
de
esta
obra
bibliográfica.
Don
Jesús
heredó,
para
el
conocimiento
de
las
nuevas
generaciones,
fotografías
y
misivas
firmadas
por
Matías
Romero,
Sebastián
Lerdo
de
Tejada,
Benito
Juárez,
José
María
Iglesias,
J.
Bustamente,
el
cura
Juan
L.
Corral
y
Juan
de
Dios
Peza.
“Conjunto de testimonios de mis antepasados, que
originalmente
fue
planeado
para
dejárselo
a
mis
hijos
y
a
mis
nietos,
y
a
los
que
vendrán
después,
con
el
objeto
de
que
supieran
quiénes
fueron
la
personas
que
nos
antecedieron
en
nuestra
familia.
Pero
durante
la
elaboración
del
documento,
que
duró
diez
años,
nos
dimos
cuenta
que
había
testimonios
plasmados
allí
con
documentos
y
con
cartas
originales,
de
gran
valía
histórica”.
Consideramos que podría ser del interés de otras
personas
fuera
de
la
familia,
y
creo
que
ha
sido
esa
una
apreciación
correcta,
puesto
que
ha
sido
bien
recibido
por
gente
que
se
dedica
a
estudios
históricos,
pues
allí
fueron
plasmados
testimonios
escritos
en
el
momento
en
el
que
se
sucedieron
los
hechos.
Mi
abuelo
escribió
su
diario
desde
los
13
hasta
los
74
años,
y
plasmó
hechos
históricos
de
la
vida
comunitaria
de
Paso
del
Norte,
hoy
Ciudad
Juárez,
y
del
país,
los
que
quedaron
plasmados
allí.
Y,
por
otra
parte,
la
correspondencia
también
es
de
gran
valor”.
Abelardo Escobar Prieto es de esos mexicanos orgullosos
de
sus
antepasados.
Y
no
quiere
olvidar
sus
historias,
esas
que
le
fueron
transmitidas
por
sus
ancestros,
y
que
hoy
pertenecen
a
sus
hijos
y
nietos.
También,
es
de
esos
seres
humanos
agradecidos,
ya
que
aunque
murió
su
amigo
Héctor
Daniel
Olave
Arreola,
recuerda
que
éste
fue
fundamental
para
la
recopilación
y
redacción
de
esta
“ventana
escrita”.
El entrevistado es verdaderamente cercano a la
coordinadora
de
la
campaña
de
Felipe
Calderón,
Josefina
Vázquez
Mota,
hoy
secretaria
de
Educación
Pública,
y
por
ende
al
titular
del
Ejecutivo.
Fue
compañero
de
fórmula
de
la
ex
secretaria
de
Desarrollo
Social
cuando
ésta
buscaba
la
diputación
federal
para
la
XLVIII
Legislatura.
Cuando
ella
aceptó
la
invitación
de
Vicente
Fox
Quesada
a
integrarse
al
gabinete,
él
asumió
el
cargo
de
hacedor
de
leyes.
Ahí
compartió
labores
con
el
Charro
Salinas,
César
Nava, Julio Castellanos, Jordi Herrera,
Francisco
García
Cabeza
de
Vaca
y
el
propio
Primer
Mandatario.
La
ley
de
Desarrollo
Rural
Sustentable
y
la
Ley
Financiera
Rural,
que
él
impulsó,
las
sigue
festejando.
A la mitad del primer gobierno panista aceptó la invitación que le hizo el entonces titular
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame, para hacerse cargo del Registro Agrario Nacional. Al
irse
Florencio,
a
la
campaña
de
Calderón,
Escobar
asumió
la
titularidad
del
despacho.
Sigue
ahí,
es
decir,
repitió.
Recuerda con cariño sus inicios en la política,
con
el
polémico
alcalde
de
Juárez,
ya
fallecido,
Francisco
Villarreal
Torres,
con
quien
participó
como
secretario
del
ayuntamiento
fronterizo.
“Viví
años
extraordinarios
con
él.
Las
experiencias
que
me
dio
fueron
muchísimas.
Me
ofreció
también
conocimientos
y
vivencias
que
marcaron
mi
vida
como
funcionario
público”.
- ¿Te hiciste amigo de Felipe Calderón cuando fue
líder
panista
en
San
Lázaro?
“Fue mi líder. Y sí: me distingue con su amistad.
Y
ahora
estoy
más
comprometido
con
él”.
Del “Programa Procede” recuerda que era
para
la
regularización
de
la
tenencia
de
la
tierra.
“Como
ustedes
saben,
el
reparto
agrario
en
México
se
inició
en
1915
con
motivo
de
la
ley
del
6
de
enero
que
promulgó
don
Venustiano
Carranza,
en
Veracruz.
Ahí
se
estableció
ya
el
procedimiento
para
el
reparto
agrario
que
duró
hasta
1992,
en
que
se
cambió
el
artículo
27
constitucional.
Fue
el
reparto
agrario
más
largo
del
mundo,
y
se
dio
en
circunstancias
inclusive
violentas.
El
reparto
tuvo
errores
y
deficiencias.
A
partir
de
1993
empezamos
a
medir
el
52
por
ciento
del
territorio
nacional,
que
es
de
propiedad
social.
Fue
una
obra
monumental
medir
103
millones
de
hectáreas,
la
superficie
de
muchos
países
juntos.
Eso
fue
el
Procede.
Fue
certificado
el
95
por
ciento
de
los
núcleos
agrarios
del
país
con
mediciones
más
modernas
y
con
mucho
más
precisión”.
“El reclamo de Emiliano Zapata, “Tierra y libertad”,
se
hizo
realidad
hasta
el
momento
en
el
que
Vicente
Fox
y
Florencio
Salazar
Adame
entregaron
los
títulos,
es
decir,
el
certificado
parcelario”.
“Antes los campesinos tenían la tierra sin tenerla.
La
tenían
prestada.
Y
eso
se
prestaba
a
manipulaciones,
a
despojos,
a
malos
tratos.
Y
además
los
campesinos
no
tenían
libertad
para
disponer
de
su
tierra.
Ahora
ya
tienen
la
certidumbre
jurídica
y
ya
tienen
tierra.
Y
ahora
tienen
también
la
libertad
de
hacer
lo
que
quieran
con
ella”.
- ¿Cuándo te avisó el Presidente electo que repetirías
en
este
despacho?
“Tres semanas antes”.
- ¿Y a quién se lo participaste?
“A Marilú, porque para
ella
no
guardo
secretos”.
- ¿Y ella, tu distinguida esposa, no se lo dijo
a
los
hijos
y
a
los
nietos?
“No. Ella sabe guardar los secretos de su esposo”.
gustavo@libertas.com.mx
Pide PRD a los panistas
que
prediquen
con
el
ejemplo. (El Siglo de Durango, Rosy Gaucín, p.web)
“Se verían más bonitos los panistas
si
predicaran
con
el
ejemplo,
ya
que
ellos
también
hicieron
uso
de
recursos
federales
en
la
pasada
elección
presidencial”,
en
este
tono
se
refirió
el
líder
estatal
del
Partido
de
la
Revolución
Democrática
(PRD),
José
Arreola Contreras, a lo señalado por el dirigente nacional
del
Partido
Acción
Nacional
(PAN),
Manuel
Espino
Barrientos,
en
su
reciente
visita
a
Durango.
Al mencionar que la exigencia del
blanquiazul
es
correcta
en
el
sentido
de
que
no
se
utilicen
recursos
de
la
administración
estatal
para
favorecer
al
candidato
a
la
presidencia
municipal
de
Durango
por
el
Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI),
indicó
que
esta
demanda
también
se
tiene
que
ajustar
a
nivel
federal,
ya
que,
como
se
recordará,
los
panistas también utilizaron los programas federales.
Por lo anterior, el PRD en la entidad
va
a
estar
al
pendiente
de
que
no
se
presente
esta
situación,
tras
asegurar
que
donde
se
detectaron
algunas
irregularidades
fueron
en
dependencias
como
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
(Sedesol),
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(Sagarpa) y la Reforma Agraria (SRA).
Mencionó Arreola
Contreras
que
en
esta
dependencia
en
el
proceso
electoral
federal
del
2006
hubo
coacción
del
voto,
por
lo
que
ellos
están
mintiendo.
El dirigente perredista
manifestó
que
están
monitoreando
el
desempeño
de
cada
uno
de
los
aspirantes
a
algún
cargo
público
porque
se
pretende
estar
alerta
en
caso
de
que
se
vuelvan
a
presentar
este
tipo
de
situaciones.
Al ser cuestionado sobre el hecho
de
que
el
Instituto
Estatal
Electoral
(IEE)
no
realizará
un
monitoreo
debido
a
la
insuficiencia
de
recursos
económicos,
puntualizó
que
ellos
harán
su
trabajo
aparte
y
en
caso
de
que
se
detecte
alguna
circunstancia
anómala
la
harán
pública
y
demandarán
que
se
investigue
ante
el
Consejo
Estatal
Electoral.
Insistió en que van a estar vigilantes
de
que
no
se
incurra
en
prácticas
que
vayan
en
contra
de
la
ley
y
no
sólo
en
los
niveles
estatal
y
federal,
sino
además
en
lo
correspondiente
a
los
municipios.
Indígenas toman agencia del MP en Matías
Romero. (La Jornada, Octavio Vélez,
p.web).
Demandan cese de hostigamiento a campesinos y liberación de
un
dirigente.
Oaxaca, Oax., 6 de febrero. Aproximadamente 400 mixes y chinantecos, militantes
de
la
Unión
de
Comunidades
Indígenas
de
la
Zona
Norte
del
Istmo,
ocuparon
hoy
la
agencia
del
Ministerio
Público
de
Palomares,
en
el
municipio
de
Matías
Romero,
para
demandar
el
cese
al
hostigamiento
contra
campesinos
del
ejido
San
Juan
del
Río
y
la
liberación
del
dirigente
étnico
Miguel
Juan
Hilaria.
Carlos Beas Torres, coordinador de
programas
de
esa
organización
integrante
de
la
Asamblea
Popular
de
los
Pueblos
de
Oaxaca
(APPO),
informó
que
la
toma
se
realizó
para
exigir
que
se
cancelen
las
averiguaciones
previas
iniciadas
por
la
agente
del
Ministerio
Público
Janet
Maldonado,
a
raíz
de
denuncias
presentadas
por
ganaderos
que
invadieron
las
tierras
de
los
ejidatarios,
de
las
que
se
dicen
propietarios,
con
el
supuesto
apoyo
de
funcionarios
de
la
Procuraduría
Agraria.
Destacó que Janet Maldonado, además
de
"operar"
las
averiguaciones
previas
contra
los
ejidatarios
y
de
autoridades
comunitarias
opositoras
al
gobernador
Ulises
Ruiz
Ortiz,
también
es
responsable
de
la
detención
ilegal
y
de
torturas
del
dirigente
mixe Miguel Juan Hilaria, quien permanece recluido en el penal
de
Matías
Romero.
En la protesta se reclamó la inmediata liberación de Hilaria
y
el
castigo
a
funcionarios
y
policías
responsables
de
la
violación
a
sus
derechos.
Incomunican amplia zona conurbada
Pobladores de unas 60 colonias del municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán
bloquearon
los
accesos
a
la
localidad
para
demandar
obras
públicas.
Los
manifestantes
retuvieron
autobuses
del
servicio
urbano
de
pasajeros
para
obstruir
el
tránsito.
El cierre dejó sin comunicación también a pobladores de Cuilapan de Guerrero, San Raymundo Jalpan
y
Villa
de
Zaachila,
entre
otros
municipios.
Gonzalo Juárez, representante de la colonia 20 de Noviembre,
dijo
que
el
ayuntamiento,
encabezado
por
la
presidenta
municipal
interina,
la
perredista Sandra Ramírez Flores, no ha realizado ningún trabajo
de
introducción
de
agua
potable
y
electricidad,
así
como
de
pavimentación
de
calles,
a
pesar
de
ser
prioritarias
para
el
bienestar
de
sus
habitantes.
Periodista denuncia amenazas
Nadia Altamirano Díaz, reportera del diario El Imparcial, interpuso una denuncia en
la
Fiscalía
Especializada
para
la
Atención
de
Delitos
Cometidos
contra
Periodistas,
para
que
se
investigue
las
supuestas
amenazas
de
agresión
que
le
habrían
hecho
dos
asesores
del
director
de
Caminos
y
Aeropistas
de
Oaxaca,
Armando
González
Bernabé,
en
represalia
por
publicar
información
sobre
irregularidades
en
la
ampliación
a
cuatro
carriles
de
la
carretera
Cristóbal
Colón
190,
en
el
tramo
que
divide
en
dos
el
Cerro
del
Fortín
de
esta
capital.
Cristina Delgado y José Alfredo Juárez, asesores del funcionario,
le
dijeron:
"Te
están
investigando
para
ver
qué
te
encuentran,
y
dependiendo
de
lo
que
publiques
te
pueden
involucrar
en
un
hecho
delictivo
o
inclusive
con
el
movimiento
(de
la
APPO)",
explicó
la
comunicadora.
Con
esta
organización
"no
tengo
ningún
tipo
de
nexo,
excepto
el
que
pudiera
haber
entre
un
informador
y
sus
entrevistados",
señaló
la
reportera,
quien
laboró
en
la
dirección
de
radio
del
gobierno
estatal
al
inicio
del
gobierno
de
Ulises
Ruiz
Ortiz.
En un reporte, el Servicio Geológico Mexicano detectó "condiciones
de
alto
riesgo"
y
un
peligro
para
vecinos
y
conductores
de
vehículos
en
la
ampliación
a
cuatro
carriles
de
esa
carretera,
por
la
inestabilidad
de
los
taludes
y
las
laderas.
Joan Sebastian, en líos
legales. (Vanguardia (Coahuila),
p.web)
Chilpancingo.-Por un problema con
comuneros
del
municipio
de
Taxco
de
Alarcón,
la
Procuraduría
Agraria
suspendió
las
obras
de
construcción
de
un
complejo
turístico
que
lleva
a
cabo
el
cantautor
Joan
Sebastian
en
ese
lugar.
Este martes, el cantautor acudió
a
esta
ciudad
a
una
reunión
con
autoridades
de
la
Procuraduría
Agraria
y
habitantes
de
la
localidad
de
San
Francisco
Cuitlapa,
municipio
de
Taxco
de
Alarcón,
quienes
lo
acusan
de
pretender
apoderarse
de
120
hectáreas
de
tierras.
A su salida, luego de la reunión,
Joan
Sebastian
sólo
dijo
que
el
predio
donde
se
hacen
trabajos
de
construcción
de
obras,
es
de
su
propiedad.
El
cantautor
no
quiso
aportar
más
información
a
los
medios
de
comunicación
sobre
el
desarrollo
del
encuentro
con
los
ejidatarios.
El delegado de la Procuraduría
Agraria,
Fernando
Jaimes
Ferrer,
informó
que
el
conflicto
agrario
será
resuelto
por
el
Tribunal
Unitario
Agrario,
con
sede
en
esta
capital,
y
mientras
tanto
se
ordenó
la
suspensión
de
las
obras
en
San
Francisco
Cuitlapa.
Para solucionar el conflicto por
medio
del
diálogo
y
de
la
conciliación,
Jaimes
Ferrer
citó
al
cantautor
y
los
representantes
del
comisariado
de
bienes
comunales,
pero
no
llegaron
a
ningún
acuerdo.
En tanto, Raymundo Castro Aparicio,
asesor
jurídico
de
los
ejidatarios,
dijo
que
se
le
ordenó
al
cantautor
suspender
la
apertura
de
carreteras
y
las
obras
que
hacen
en
la
comunidad.
Dijo que se trata de un lugar bello,
que
cuenta
con
aguas
termales,
una
cascada,
borbollones,
unas
grutas
y
pozos
naturales,
y
que
las
tierras
pertenecen
a
los
más
de
300
habitantes
de
esa
localidad
perteneciente
a
Taxco
de
Alarcón.
Sostiene Joan Sebastian
careo
con
ejidatarios. (Reforma, Jesús Guerrero,
p.web).
Chilpancingo.- El cantautor guerrerense
Joan
Sebastian
compareció
ante
autoridades
de
la
delegación
estatal
de
la
Procuraduría
Agraria
para
responder
una
acusación
de
campesinos
de
San
Francisco
Cuitlapan,
de
querer
apropiarse
de
120
hectáreas
de
tierras,
donde
pretende
construir
un
balneario
turístico.
"No doy entrevistas de algo
que
no
tiene
importancia,
cuando
sea
algo
importante
entonces
veré",
dijo
el
cantante
al
salir
de
las
oficinas
de
la
Procuraduría
Agraria,
donde
se
careó
con
los
campesinos
que
lo
acusan.
El conflicto entre el artista y
300
comuneros
originó
que
la
Procuraduría
Agraria
cancelara
diversas
obras
que
realiza
el
cantautor
en
las
120
hectáreas
de
tierras
comunales
del
poblado
de
San
Francisco
Cuitlapan,
del
municipio
de
Taxco
de
Alarcón.
Raymundo Castro Aparicio, abogado
defensor
de
los
campesinos
presuntamente
afectados,
señaló
en
la
comparecencia
que
Joan
Sebastian
presentó
ante
una
autoridad
unas
escrituras
en
las
que
supuestamente
acredita
la
propiedad
de
las
tierras.
"Presentó unas escrituras
y
dijo
que
esas
tierras
se
las
vendió
una
persona
que
se
llama
Héctor
Pineda,
que
vive
en
la
ciudad
de
Taxco",
afirmó.
Según el abogado defensor, el lugar
donde
Joan
Sebastian
pretende
construir
el
balneario
tiene
una
serie
de
bellezas
naturales,
como
aguas
termales,
una
cascada
y
unas
grutas.
El delegado de la Procuraduría
Agraria,
Fernando
Jaimes
Ferrel, dijo que el conflicto lo resolverá el Tribunal
Unitario
Agrario,
en
Chilpancingo,
y
por
ahora
ordenó
que
el
compositor
y
cantante,
originario
de
Juliantla,
Guerrero,
suspenda
las
obras
que
realiza
en
la
zona
del
conflicto.
Dijo que a pesar de que el Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede)
ratificó
que
las
tierras
pertenecen
a
los
comuneros
de
San
Francisco,
Joan
Sebastian
insiste
en
que
son
de
él,
e
incluso
hace
más
de
un
año
un
grupo
de
pistoleros
se
metieron
a
la
zona
del
conflicto.
Jaimes Ferrel citó a ambas partes y al comisariado
de
bienes
comunales,
pero
no
llegaron
a
ningún
acuerdo.
Castro señaló que el conflicto
se
reavivó
por
culpa
del
área
jurídica
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
que
envió
un
oficio
a
la
Procuraduría
donde
le
explica
que
esa
área,
que
es
propiedad
de
los
campesinos,
está
excluida
de
los
bienes
comunales.
Sin embargo, la Procuraduría ratifica
la
posición
de
que
las
120
hectáreas
pertenecen
a
los
300
comuneros
de
San
Francisco
Cuitlapan.
"Confiamos en que el Tribunal
Agrario
va
a
ratificar
la
resolución
de
la
Procuraduría
Agraria,
pero
en
caso
de
que
no
sea
así
los
campesinos
no
van
a
permitir
que
Joan
Sebastian se quede con las tierras", dijo Castro.
Ordenan a cantante frenar obras en comunidad de
Taxco. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web)
Chilpancingo, Gro. La Procuraduría Agraria ordenó
la
suspensión
de
todas
las
obras
que
el
cantautor
Joan
Sebastian realizaba en 120 hectáreas de tierras, propiedad
de
más
de
300
comuneros
del
poblado
San
Francisco
Cuitlapan,
municipio
de
Taxco,
donde
proyecta
construir
un
centro
de
recreación,
informó
Raymundo
Castro
Aparicio,
asesor
de
los
campesinos
afectados.
Entrevistado
luego
de
la
audiencia
a
la
que
asistió
el
cantante
quien
afirmó
ser
el
nuevo
dueño
de
las
tierras,
confirmó
que
el
compositor
ya
no
podrá
continuar
con
la
apertura
de
caminos
a
partir
de
este
martes.
"Quería
hacer
otras
construcciones;
el
lugar
es
muy
bello,
tiene
una
cascada,
borbollones,
pozas
azules
naturales
y
unas
grutas",
dijo
Castro
Aparicio.
Ordena el TUA a Joan Sebastian
cancelar
obras
de
un
complejo
turístico
en
Taxco. (El Sur, Zacarías Cervantes, p.web)
Chilpancingo.
La Procuraduría Agraria (PA) de Guerrero ordenó cancelar diversas
obras
que
realiza
el
cantante
José
Manuel
Figueroa
(Joan
Sebastian) en el municipio de Taxco, debido a un conflicto
agrario
que
tiene
con
los
comuneros
del
lugar,
quienes
lo
acusan
de
que
pretende
apropiarse
de
120
hectáreas
de
tierras
comunales
para
utilizarlas
en
un
complejo
turístico.
“El lugar es bello, tiene aguas termales, una cascada,
borbollones,
unas
grutas
y
pozas
naturales”,
describió
Raymundo
Castro
Aparicio,
asesor
jurídico
de
los
aproximadamente
300
comuneros
de
la
localidad
de
San
Francisco
Cuitlapa,
municipio
de
Taxco,
que
presuntamente
pretenden
ser
despojados
por
Joan
Sebastian.
El cantante acudió ayer a la delegación de la PA en Chilpancingo,
en
donde
argumentó
que
el
predio
en
el
que
edifica
las
obras
es
de
su
propiedad;
sin
embargo,
el
delegado de la dependencia, Fernando Jaimes Ferrel, dijo que el conflicto agrario
será
resuelto
por
el
Tribunal Unitario Agrario también de Chilpancingo, y por
el
momento
le
ordenó
que
suspenda
las
obras
que
hace
en
la
zona
del
conflicto.
El asesor de los comuneros reconoció que el conflicto
ya
es
viejo
pero
que
actualmente
quien
se
dice
el
propietario
de
las
120
hectáreas
es
Joan
Sebastian,
a
pesar
de
que
aseguró
que
la
Procuraduría
Agraria
ratificó,
a
través
del
Procede, que las tierras pertenecen a la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa.
Explicó que Joan Sebastian
respalda
la
propiedad
de
las
tierras
con
unas
escrituras,
“pero
nosotros
tenemos
la
ratificación
de
la
Procuraduría
Agraria
de
que
esas
tierras
son
propiedad
de
la
comunidad”.
Castro señaló que el conflicto agrario se complicó debido
a
que
el
área
jurídica
de
la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) envió un oficio a la PA en donde
explica
que
esa
área
está
excluida
del
núcleo
de
los
bienes
comunales,
mientras
que
por
el
otro
lado
la
PA
ratifica
la
posición
de
las
tierras
a
favor
de
los
comuneros.
Para resolver el conflicto por medio de la conciliación,
el
procurador
agrario
estatal,
Jaimes
Ferrel citó ayer al cantante y los representantes del comisariado de Bienes Comunales representado por Castro; sin
embargo,
no
llegaron
a
acuerdos
motivo
por
el
que
Jaimes
Ferrel
dijo
que
el
caso
será
resuelto
por
el
Tribunal
Agrario.
Por lo pronto, ordenó a Joan Sebastian
suspender
la
apertura
de
carreteras
y
las
obras
que
lleva
a
cabo
en
las
inmediaciones
de
esa
comunidad
en
la
que,
aprovechando
las
bellezas
naturales
pretende
construir
un
complejo
turístico.
Castro dijo que los comuneros confían en que el Tribunal
Agrario
ratificará
la
resolución
de
la
Procuraduría,
en
el
sentido
de
que
las
tierras
son
propiedad
de
la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa, de lo contrario, advirtió que la posición de los
habitantes
de
ese
pueblo
es
de
que
van
a
defender
“a
como
de
lugar”
sus
tierras.
Joan Sebastian se negó a omitir
una
opinión
del
caso,
al
salir
de
la
audiencia.
Obligan a Joan Sebastian
a
suspender
obras
que
realiza
en
comunidad
de
Taxco. (Periódico Pueblo, Zacarías Cervantes, p.web)
El cantautor Joan Sebastián fue
obligado
por
la
Procuraduría
Agraria
(PA),
a
suspender
obras
que
realiza
en
San
Francisco
Cuitlapa,
Taxco,
por
un
conflicto
agrario
que
enfrenta
con
los
comuneros
del
lugar,
quienes
lo
acusan
de
pretender
apropiarse
de
120
hectáreas
comunales
para
construir
un
centro
turístico
en
ese
lugar.
Ayer, el cantante acudió a la delegación
de
la
PA
en
esta
capital
y
argumentó
que
el
predio
en
el
que
realiza
las
obras
es
de
su
propiedad,
sin
embargo,
el
delegado
de
la
dependencia,
Fernando
Jaimes
Ferrel
dijo
que
el
conflicto
agrario
será
resuelto
por
el
Tribunal
Unitario
Agrario,
también
de
Chilpancingo,
y
por
el
momento
le
pidió
que
suspenda
las
obras
que
realiza
en
la
zona
del
conflicto.
“El lugar es bello, tiene aguas
termales,
una
cascada,
borbollones,
unas
grutas
y
pozas
naturales”,
describió
Raymundo
Castro
Aparicio,
asesor
jurídico
de
los
aproximadamente
300
comuneros
de
San
Francisco
Cuitlapa,
Taxco,
que
pretenden
ser
despojados
por
Joan
Sebastián.
El asesor de los comuneros reconoció
que
el
conflicto
ya
es
viejo
pero
actualmente
quien
se
dice
propietario
de
las
120
hectáreas
es
Joan
Sebastián,
a
pesar
de
que
aseguró
que
la
Procuraduría
Agraria
ratificó,
a
través
del
Procede,
que
las
tierras
pertenecen
a
la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa.
Explicó que Joan Sebastián justifica
su
argumento
de
que
son
suyas
las
tierras
con
unas
escrituras,
“pero
nosotros
tenemos
la
ratificación
de
la
Procuraduría
Agraria
de
que
esas
tierras
son
propiedad
de
la
comunidad”.
Castro Aparicio señaló que el conflicto
agrario
se
complicó
debido
a
que
el
área
jurídica
de
la
secretaría
de
la
Reforma
Agraria
envió
un
oficio
a
la
PA
en
el
que
explica
que
esa
área
está
excluida
del
núcleo
de
los
bienes
comunales,
mientras
que
por
el
otro
lado
la
PA
ratifica
la
posición
de
las
tierras
a
favor
de
los
comuneros.
Para resolver el conflicto por
medio
de
la
conciliación,
el
procurador
agrario,
Jaimes
Ferrel
citó
ayer
al
cantautor
y
los
representantes
del
comisariado
de
Bienes
Comunales
representado
por
Castro
Aparicio,
sin
embargo,
no
llegaron
a
acuerdos
por
lo
que
Jaimes Ferrel señaló que el caso
será
resuelto
por
el
Tribunal
Agrario.
Por lo pronto, ordenó a Joan Sebastián
suspender
la
apertura
de
carreteras
y
las
obras
que
realiza
en
las
inmediaciones
de
esa
comunidad
en
la
que,
aprovechando
las
bellezas
naturales,
pretende
construir
un
emporio
turístico.
Castro Aparicio dijo que los comuneros
confían
en
que
el
Tribunal
Agrario
ratificará
la
resolución
de
la
PA
en
el
sentido
de
que
las
tierras
son
propiedad
de
la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa,
de
lo
contrario,
advirtió
que
la
posición
de
los
habitantes
de
ese
pueblo
es
que
van
a
defender
“a
como
de
lugar”
sus
tierras.
Mientras tanto, Joan Sebastián
se
negó
a
omitir
una
opinión
del
caso,
al
salir
de
la
audiencia
Pretende Joan Sebastian
despojar
de
sus
tierras
a
comuneros
de
Cuitlapa. (Diario de Iguala, Jacqueline Rojas, p.web)
Chilpancingo, Gro.,
(IRZA).-
Habitantes
de
la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa,
municipio
de
Taxco,
acudieron
a
la
Procuraduría
Agraria
(PA)
en
esta
ciudad
capital,
donde
llegaron
al
acuerdo
de
cancelar
diversas
obras
del
cantautor
José
Manuel
Figueroa,
(Joan
Sebastian)
a
consecuencia
de
un
conflicto
agrario
que
tiene
con
los
comuneros
del
lugar.
El asesor jurídico de alrededor de 300 comuneros, Raymundo
Castro
Aparicio,
explicó
que
los
pobladores
de
esta
localidad
demandaron
al
cantautor
guerrerense
quien
pretende
de
apropiarse
de
120
hectáreas
de
tierras
comunales
para
utilizarlas
en
un
emporio
turístico
que
tiene
en
construcción,
aseguró
que
ahora
intentan
despojarlos
de
sus
tierras.
Castro Aparicio describió el territorio en disputa como “un
lugar
muy
bello;
tiene
aguas
termales,
una
cascada,
borbollones,
unas
grutas
y
pozas
naturales”.
Afirmó
que
el
conflicto
ya
es
viejo
pero
que
actualmente
quien
se
dice
el
propietario
de
las
120
hectáreas
es
Joan
Sebastian.
Ello,
“a
pesar
de
que
la
Procuraduría
Agraria
ratificó,
a
través
del
Procede,
que
las
tierras
pertenecen
a
la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa”.
Declaró que el cantante ha pretendido demostrado que las tierras
son
suyas
con
unas
escrituras,
“pero
nosotros
tenemos
la
ratificación
de
la
Procuraduría
Agraria
de
que
esas
tierras
son
propiedad
de
la
comunidad”.
Expresó que el conflicto agrario se complicó debido a que el
área
jurídica
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
envió
un
oficio
a
la
Procuraduría
Agraria
en
donde
explica
que
ese
área
está
excluida
del
núcleo
de
los
bienes
comunales,
mientras
que
por
el
otro
lado
la
Procuraduría
ratifica
la
posesión
de
las
tierras
a
favor
de
los
comuneros.
La forma de dar por concluido el conflicto sería por medio
de
la
conciliación.
El
delegado
agrario,
Jaimes
Ferrel, citó ayer al cantautor y al representante del
comisariado de Bienes Comunales, Castro Aparicio, quienes
no
llegaron
a
un
acuerdo,
por
lo
que
Jaimes
Ferrel señaló que el caso lo resolvería el Tribunal Agrario.
Por lo pronto, se ordenó a Joan Sebastian
suspenda
la
apertura
de
carreteras
y
las
obras
que
realiza
en
las
inmediaciones
de
esa
comunidad
en
la
que,
aprovechando
las
bellezas
naturales
pretende
llevar
adelante
una
empresa
turística,
señaló.
Dijo que los comuneros confían en que el TA ratificará la resolución
de
la
PA,
y
reconozca
que
las
tierras
son
propiedad
de
la
comunidad
de
San
Francisco
Cuitlapa,
de
lo
contrario,
los
habitantes
de
esa
localidad
amagaron
con
defender
sus
tierras
a
como
dé
lugar.
Suspenden obra de Joan Sebastian. (Galavisión, La Oreja, p.web)
En el estado de
Guerrero.
Por un problema
con
comuneros
del
municipio
guerrerense
de
Taxco
de
Alarcón,
la
Procuraduría
Agraria
suspendió
las
obras
de
construcción
de
un
complejo
turístico
que
lleva
a
cabo
el
cantautor
Joan
Sebastian
en
ese
lugar.
Este martes, el
cantautor
acudió
a
esta
ciudad
a
una
reunión
con
autoridades
de
la
Procuraduría
Agraria
y
habitantes
de
la
localidad
de
San
Francisco
Cuitlapa,
municipio
de
Taxco
de
Alarcón,
quienes
lo
acusan
de
pretender
apoderarse
de
120
hectáreas
de
tierras.
A su salida, luego
de
la
reunión,
Joan
Sebastian
sólo
dijo
que
el
predio
donde
se
hacen
trabajos
de
construcción
de
obras,
es
de
su
propiedad.
El
cantautor
no
quiso
aportar
más
información
a
los
medios
de
comunicación
sobre
el
desarrollo
del
encuentro
con
los
ejidatarios.
El delegado
de
la
Procuraduría
Agraria,
Fernando
Jaimes
Ferrer,
informó
que
el
conflicto
agrario
será
resuelto
por
el
Tribunal
Unitario
Agrario,
con
sede
en
esta
capital,
y
mientras
tanto
se
ordenó
la
suspensión
de
las
obras
en
San
Francisco
Cuitlapa.
Para solucionar
el
conflicto
por
medio
del
diálogo
y
de
la
conciliación,
Jaimes
Ferrer
citó
al
cantautor
y
los
representantes
del
comisariado
de
bienes
comunales,
pero
no
llegaron
a
ningún
acuerdo.
En tanto, Raymundo
Castro
Aparicio,
asesor
jurídico
de
los
ejidatarios,
dijo
que
se
le
ordenó
al
cantautor
suspender
la
apertura
de
carreteras
y
las
obras
que
hacen
en
la
comunidad.
Dijo que se trata
de
un
lugar
bello,
que
cuenta
con
aguas
termales,
una
cascada,
borbollones,
unas
grutas
y
pozos
naturales,
y
que
las
tierras
pertenecen
a
los
más
de
300
habitantes
de
esa
localidad
perteneciente
a
Taxco
de
Alarcón.
La construcción de La Parota tiene “un alto nivel
de
conflicto”,
dice
funcionario
de
la
ONU. (El Sur,
Daniel
Velázquez,
p.web)
El representante en México del Alto Comisionado de la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
(ONU)
para
los
Derechos
Humanos,
Amerigo Incalcaterra, se reunió
por
separado
con
el
alcalde
Félix
Salgado
Macedonio,
y
con
el
magistrado del Tribunal Unitario
Agrario
(TUA),
Luis
Ponce
de
León
Armenta, para hablar sobre el conflicto
por
la
construcción
de
la
presa
La
Parota.
Entrevistado al salir de la oficina de Presidencia del
Ayuntamiento,
Incalcaterra
indicó
que
el
proyecto
de
la
presa
es
un
tema
de
carácter
internacional
y
que
las
quejas
contra
éste
“plantean
varias
irregularidades
que
se
habían
dado
en
el
proceso
de
consulta
y
otras
más
graves”,
pero
no
especificó
cuáles.
Aunque dijo que no se ha confirmado la violación a los
derechos
humanos
de
los
comuneros
y
ejidatarios
que
serían
afectados
con
la
construcción
de
la
presa,
destacó
que
la
obra
tiene
“un
alto
nivel
de
conflicto”.
Explicó que el motivo de su primera visita a Acapulco
es
analizar
“cómo
superar
el
conflicto
y
cómo
asesorar
a
las
autoridades
para
abordar
ese
tema”.
El representante en México del Alto Comisionado de la
ONU
para
los
Derechos
Humanos
llegó
ayer
al
puerto
y
estará
en
el
estado
tres
días:
hoy
recorrerá
algunas
comunidades
de
opositores
y
el
jueves
se
entrevistará
en
Chilpancingo
con
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca
Galindo.
Adelantó que es probable que lleve a cabo una segunda
visita
y
en
la
que
se
incluiría
un
encuentro
con
funcionarios
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE),
y
después
de
tener
las
opiniones
de
todos
los
involucrados
con
el
proyecto
emitiría
“a
las
autoridades
cuál
es
nuestro
punto
de
vista”.
“Ahora no puedo calificar nada porque tengo información
sólo
de
una
parte.
He
venido
porque
necesito
saber
qué
pasa,
no
puedo
tener
una
opinión”,
dijo.
Amerigo Incalcaterra
indicó
que
su
visita
se
debe
al
acuerdo
de
coordinación
que
a
finales
del
año
pasado
firmó
con
el
gobierno
del
estado
“para
hacer
un
diagnóstico
del
estado
sobre
la
situación
de
derechos
humanos”.
Y en el caso especial de La Parota, explicó que se aborda
este
tema
por
las
quejas
que
a
nivel
nacional
e
internacional
han
hecho
“sobre
al
proceso
de
consulta”
para
la
construcción.
Agregó que al tener la ONU una oficina en México “es
importante
que
tenga
el
conocimiento
directo
para
opinar”
porque
de
lo
contrario
“sería
irresponsable
repetir
situaciones
que
nosotros
como oficina no conocemos”.
Expresó que la ONU “no tiene una posición general sobre
las
represas”
pues
así
como
hay
beneficios
a
un
sector
de
la
población
también
hay
afectados,
y
por
ello
se
tienen
que
ver
“situaciones
particulares”
en
las
que
se
violenten
los
derechos
de
personas
o
de
comunidades
“y
si
esta
afectación
se
traduce
en
una
vulneración
de
derechos
evidentemente
ahí
es
una
preocupación”.
En el caso de La Parota, dijo: “lo que estamos viendo
es
que
hay
un
proceso
para
la
construcción
de
una
represa
donde
ciertos
afectados
exigen
que
se
suspenda,
entonces
en
estos
momentos
no
podemos
decir
que
haya
o
no
afectados
porque
no
hay
una
construcción,
está
en
trámite,
con
un
alto
nivel
de
conflicto”.
A pregunta expresa sobre el número de quejas recibidas,
el
funcionario
de
la
ONU
aclaró
que
no
estaban
cuantificadas
pero
las
había
a
nivel
nacional
e
internacional
y
que
la
mayoría
se
referían
a
“procedimientos
que
no
se
están
respetando”.
–¿De qué tipo?
–De consulta, principalmente.
Señaló que no podía dar una fecha sobre las opiniones
que
haría
sobre
la
construcción
de
la
presa;
“el
tema
es
complejo,
hay
muchos
actores
que
en
esta
visita
no
podemos
reunirnos,
seguramente
se
necesitará
una
visita
adicional,
entonces
no
hay
tiempos.
Creo que el mensaje es, de alguna manera, que hay un
problema
y
que
evidentemente
ha
llegado
no
sólo
a
nivel
nacional
e
internacional
y
eso
es
un
tema”.
Condicionado, el apoyo a la presa.
El representante de la oficina en México del Alto Comisionado
de
las
Naciones
Unidas
para
los
Derechos
Humanos
indicó
que
en
la
reunión
con
el
alcalde
éste
le
manifestó
que
está
a
favor
si
se
respetan
los
derechos
de
las
personas,
el
medio
ambiente,
que
no
haya
pérdida
de
vidas
humanas
y
el
proyecto
se
lleve
a
cabo
por
la
vía
de
la
legalidad.
Amerigo Incalcaterra
aseguró
que
salía
satisfecho
de
la
reunión
con
el
alcalde
y
que
su
postura
había
sido
“bastante
abierta”,
pues
había
expresado
su
preocupación
por
el
respeto
a
los
derechos
humanos,
al
medio
ambiente
y
a
la
transparencia
del
proceso
de
construcción.
“Creo que esas son posiciones que corresponde a una autoridad
que
velan,
de
alguna
manera
tienen
que
velar
por
los
derechos
de
todas
las
personas
que
viven
en
su
municipio”,
opinó.
Agregó que la postura del alcalde sólo es una parte de
los
testimonios
que
desea
obtener
para
emitir
sus
puntos
de
vista
sobre
el
proyecto
y
que
había
sido
un
diálogo
“franco”.
Reiteró que su visita es por “una cierta preocupación
que
hemos
recibido”
y
que
esas
preocupaciones
las
comparte
con
las
autoridades
y
que
al
terminar
las
visitas
programadas
“vamos
a
tener
un
panorama
más
claro”.
No acepta presiones.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario,
Luis
Ponce
de
León
Armenta,
alabó
que
la
ONU
se
interese
en
el
caso
de
La
Parota.
Dijo que han sido varias organizaciones no gubernamentales
las
que
han
solicitado
información
sobre
el
proceso
judicial
que
se
sigue
a
las
asambleas
de
nulidad
que
demandan
los
opositores.
La visita de la ONU “la veo interesante, observo que
esta
problemática
ha
despertado
interés
internacional,
varias
ONG’s
se
han
dirigido
a
nosotros
a
través
de
varios
comunicados
y
ya
la
ONU
está
interviniendo”.
Aclaró que no aceptaría presiones de ningún grupo y que
los
resolutivos
del
TUA
respecto
a
los
casos
que
lleva
relacionados
con
La
Parota
estarían
apegados
a
la
ley.
“Que estén muy tranquilos los que estén en derecho de
que
vamos
a
decidir
a
su
favor
y
que
estén
intranquilos
los
que
saben
que
no
tienen
ese
derecho
porque
no
se
los
vamos
a
otorgar”,
advirtió.
Amerigo Incalcaterra
señaló
que
el
encuentro
con
el
magistrado
fue
para
conocer
“el
trámite
judicial”
por
el
que
se
han
suspendido
los
trabajos,
“y
conocer
un
poco
más
en
detalle
la
normativa
a
la
cual
se
estaría
apegando
el
tratamiento
del
caso”.
El magistrado comentó que en la reunión privada con el
funcionario
de
la
ONU
le
planteó
preguntas
sobre
las
asambleas
y
cuál
es
el
proceso,
“le
preocupa
en
cuanto
a
las
nulidades
solicitadas
en
el
tribunal”,
dijo,
y
se
refirió
a
los
casos
de
Cacahuatepec,
Dos
Arroyos
y
La
Palma.
Dijo que no entró en detalles sobre los casos y que dio
información
muy
general
porque
sólo
a
las
partes
involucradas
en
los
asuntos
se
les
puede
informar
en
detalle.
“Nosotros (el TUA) somos consecuentes con la responsabilidad
republicana
que
tenemos
encomendada
y
no
admitimos
ningún
tipo
de
presión,
ningún
tipo
en
general
ni
en
un
sentido
ni
en
el
otro
ni
una
parte
ni
la
otra,
simplemente
no
admitimos
presiones
de
ninguna
especie
y
se
lo
hemos
asegurado”,
señaló.
Del conflicto con la minera canadiense Luismin, Incalcaterra aclaró que
no
ha
recibido
ninguna
queja
al
respecto.
Piden al gobierno estatal el retiro de la Policía
Montada
de
predios
en
Llano
Largo. (El Sur,
Daniel
Velázquez,
p.web)
El comisariado ejidal de Llano Largo, Jesús Cruz Chupín, solicitó al gobierno del estado que desocupe las tierras
donde
se
ubica
el
cuartel
de
la
policía
montada
o
en
su
caso
pague
a
los
ejidatarios
el
valor
de
las
tres
hectáreas.
Explicó que de las
50
hectáreas
que
pretendía
expropiar
el
gobierno
del
estado
al
ejido,
actualmente
sólo
ocupan
tres.
En conferencia de prensa
en
el
restaurante
Fersattos,
Cruz
Chupín reiteró que ha enviado dos escritos para solicitar
una
audiencia
con
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca
y
hablar
con
él
sobre
la
resolución
que
emitió
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraría (SRA) y que no ha recibido respuesta.
Insistió en que los
ejidatarios
están
dispuestos
a
medidas
más
enérgicas
“como
tomar
calles”
si
no
reciben
respuesta
del
gobernador.
“Que
nos
diga
de
una
vez
si
las
va
a
desocupar
o
qué”.
“Hemos recibido un
escrito
de
la
SRA
de
México
y
lo
que
pedimos
es
que
si
no
hubo
expropiación
pues
se
desocupen
o
que
el
gobernador
nos
atienda
en
una
reunión”,
dijo.
Cruz Chupín indicó que acudió a los medios de información para
denunciar
la
ocupación
irregular
del
cuartel
de
la
policía
montada
en
Llano
Largo,
debido
a
que
el
gobernador
no
ha
atendido
los
oficios,
“entonces
a
ver
si
por
los
medios
nos
escucha
y
nos
atiende”.
El 26 de noviembre,
el
comisariado
ejidal
recibió
una
notificación
de
la
SRA
en
la
que
se
informa
que
el
oficio
de
expropiación
12071/GOB.EDO que promovía el gobierno del estado fue cancelado,
y
debido
a
ello
las
50
hectáreas
que
solicitaba
para
la
policía
montada
siguen
como
propiedad
del
ejido.
Después de recibir
estos
documentos
el
11
de
diciembre
de
2006,
enviaron
un
oficio
dirigido
a
Torreblanca
Galindo
para
solicitarle
la
devolución
del
predio
pero
no
han
recibido
respuesta.
De nueva cuenta el
16
de
enero
de
este
año
entregaron
en
la
oficialía
de
partes
del
Palacio
de
Gobierno
otro
oficio
dirigido
al
secretario
general
de
Gobierno,
Armando
Chavarría Barrera, y al gobernador para insistir en la entrega
del
terreno
al
ejido
pero
no
hay
respuesta.
Acusan a diputado de agitador
. (Vanguardia (Coahuila), Mayte Parro, p.web)
Saltillo, Coah.- Ejidatarios de Villa
Frontera,
municipio
de
Ciudad
Frontera,
exigieron
cárcel
para
el
diputado
local
Alejandro
de
Luna,
a
quien
denunciaron
ante
el
gobernador
Humberto
Moreira
como
agitador
social.
Agregaron que incluso puso en estado de alerta a esta ciudad,
al
falsificar
documentos
para
negociar
la
venta
de
200
hectáreas
ejidales
a
futuras
empresas.
Durante una gira de trabajo del Ejecutivo estatal ayer por
Ciudad
Frontera,
ejidatarios
encabezados
por
Nicolás
y
Juan
Manuel
García
le
entregaron
un
escrito
en
el
que
le
manifiestan
la
posibilidad
de
brotes
de
violencia
en
la
comunidad
ejidal,
entre
incondicionales
del
legislador
y
los
verdaderos
ejidatarios.
Señalan también que con la falsificación de firmas, el diputado
Alejandro
de
Luna
registró
ante
la
Procuraduría
Agraria
del
estado
a
Maurilio
Cárdenas
Correón
como
la
máxima
autoridad
ejidal,
con
el
uso
de
un
acta
de
asamblea
apócrifa,
eliminando
así
al
verdadero
comisariado
ejidal,
Gonzalo
Castillo
Alvarado.
Con ello, dijeron, tratan de sacar ventaja de los tratos de
compra-venta
que
en
un
futuro
cercano
puedan
realizar
los
ejidatarios,
considerando
que
dichas
extensiones
territoriales
son
de
interés
para
inversionistas
extranjeros,
según
información
del
Ayuntamiento.
“El diputado priísta está comprometido con la legalidad, cómo
es
posible
que
con
su
investidura
de
diputado
se
preste
a
este
delito,
porque
nadie
nos
puede
despojar
de
nuestras
tierras”,
manifestaron.
Las tierras en conflicto implican de 200 a 300 hectáreas, cuyos
propietarios,
cerca
de
116
personas,
están
dispuestos
a
pagar
a
los
inversionistas
extranjeros
o
nacionales
interesadas
en
ellas,
pero
no
perderlas
y
cederlas
al
diputado
del
PRI,
quien
no
tiene
propiedades
en
Villa
Frontera.
Para sus intereses y mediante la entrega de dádivas económicas
de
hasta
500
pesos
y
despensas,
denunciaron
los
afectados,
De
Luna
maneja
a
un
grupo
de
incondicionales,
algunos
con
tierras
y
otros
no,
a
los
que
amenazó
con
quitarles
19
hectáreas
de
agostadero
si
no
apoyaban
el
manejo
de
las
tierras
ejidales.
Por el delito de falsificación de firmas, los ejidatarios exigen
cárcel,
para
lo
cual
ya
entablaron
sus
demandas
penales.
Explicaron que detrás de ellos, los que están contra el diputado,
no
está
el
presidente
municipal
Rogelio
Ramos
Sánchez,
quien
ha
manifestado
que
su
único
interés
es
la
atracción
de
nuevas
empresas.
De Luna ha participado en 4 conflictos.
Los campesinos acusaron al diputado Alejandro de Luna de estar
involucrado
en
cuatro
conflictos
en
el
ejido
Villa
Frontera,
casi
todos
por
despojos
de
tierra,
argumentando
que
son
derechos
de
su
madre,
“por
lo
que
trae
a
esta
ciudad
de
cabeza”.
Retorno obligado a selva. (Cuarto Poder, Fredy Martín, p.web)
Montes
Azules.
Les
ofrecieron
una
minicasa
cerca
de
la
ciudad
y
cinco
hectáreas
que
no
dan
nada.
Hace 20 meses, 162 familias abandonaron
Montes
Azules,
la
biosfera
de
mayor
riqueza
en
plantas,
animales
y
agua
de
México,
como
parte
de
un
programa
gubernamental
para
"salvar
la
selva",
pero
el
olvido
en
que
viven
los
obligó
a
regresar
a
sus
antiguas
moradas.
"Esta no es selva, es casi desierto;
puro
bajerío
(tierra
anegable)
tenemos",
resume
Ángel
Hernández
Sántiz,
un
indígena
tzeltal
que
la
mayor
parte
de
sus
33
años
vivió
en
Santa
Elena,
una
de
las
40
comunidades
"irregulares"
de
Montes
Azules.
En febrero del 2005, cuando las 162
familias
dejaron
la
Lacandona,
el
gobierno
federal
presumió
que
había
resuelto
la
problemática
agraria
en
la
selva,
pero
los
indígenas
han
demostrado
lo
contrario;
la
mayoría
retornó
a
la
zona
núcleo.
De las 162 casas del poblado que fue
bautizado
como
Montes
Azules,
a
unos
60
kilómetros
al
oriente
de
la
cabecera
municipal
de
Palenque,
un
total
de
30
casas
han
sido
abandonadas
por
sus
moradores,
indígenas
tzeltales
y
choles.
Los que aún permanecen en el lugar se
quejan
del
engaño
del
gobierno
federal
y
estatal
y
del
abandono
en
que
se
encuentran
a
dos
años
de
haber
dejado
sus
casas
en
el
"corazón"
de
la
Lacandona.
No es para menos, por fuera las casas
de
30
metros
cuadrados,
como
las
que
recibieron
los
damnificados
del
huracán
Stan, se ven impecables y parecen recién construidas, pero
sólo
al
entrar
se
ve
por
que
los
indígenas
han
regresado
a
la
biosfera:
no
sirven
los
baños,
los
pisos
se
han
deteriorado,
no
hay
agua
y
las
láminas
están
rotas.
Sebastián Hernández Sántiz, de 30 años de edad, dice que sus padres vivieron por
más
de
40
años
en
Montes
Azules,
pero
cuando
él
aceptó
entrarle
al
programa
del
gobierno,
se
emocionó
porque
tendrían
una
casa
cerca
de
una
ciudad
como
es
Palenque
y
cinco
hectáreas
de
tierras
para
sembrar.
Dejaría
la
selva
donde
habitó
desde
su
infancia.
Pero a 20 meses que su salida en Santa
Elena
cuenta
su
pesar:
"Aquí
estoy
triste,
no
hay
alegría
como
la
que
hay
allá
en
la
Selva.
Aquí
no
tengo
terreno
suficiente
para
sembrar
frijol y maíz; allá todo se daba, pero aquí vivimos en puros
charcos".
En efecto, el día que este diario llegó
a
Montes
Azules
las
calles,
con
nombres
de
ríos
de
la
Selva,
permanecían
lodosas
y
en
los
charcos
jugaban
los
niños.
La
clínica
de
la
Secretaría
de
Salud
estaba
cerrada;
sólo
un
grupo
de
albañiles
y
pobladores
trabajaba
en
la
construcción
de
un
salón
de
actos.
-¿Por qué hay muchas casas abandonadas?,
se
le
pregunta
a
Sebastián.
-Se fueron otra vez a la selva; la mayor
parte
se
ha
ido.
Aquí
hay
puros
charcos
y
mucho
calor.
No
hay
terreno
bueno
para
la
siembra,
apenas
nos
dieron
cinco
hectáreas,
no
son
tierras
buenas
y
no
hay
apoyo.
-¿Los engañó el gobierno con este programa
de
reubicación?
-Sí pues...
En las diminutas casas que con dificultad
entra
una
cama,
permanecen
arrumbadas
las
estufas
y
cilindros
de
gas
que
el
gobierno
les
dio
cuando
las
familias
llegaron
de
la
Lacandona.
Sólo
los
primeros
meses
cocinaron
con
gas,
pero
desde
hace
varios
meses
se
les
dificulta
reunir
260
pesos
para
rellenar
los
tanques.
"¿Qué voy hacer así? Todo los días
va
ser
lo
mismo,
sin
frijol,
sin
maíz,
voy
a
regresar
o
mejor
me
voy
a
ir
a
la
frontera
norte,
allá
sí
hay
trabajo",
desgrana
Sebastián
que
contagiado
por
el
éxito
que
han
tenido
media
docena
de
hombres
en
el
estado
de
Sinaloa,
quiere
probar
suerte
en
el
norte
del
país.
Pascual López Sánchez, de 44 años está
incómodo
en
la
"minicasa".
Durante
más
de
tres
décadas
vivió
en
El
Censo,
pero
aquí
sólo
vive
con
dos
de
sus
hijos
y
su
esposa,
porque
alega
que
la
vivienda
es
insuficiente
para
albergar
a
todos.
María Pérez Gómez, esposa de Ángel,
de
42
años
de
edad,
sólo
tiene
tres
hijos
en
el
poblado,
uno
se
rehusó
acogerse
al
programa
del
gobierno
y
se
quedó
en
Santa
Elena.
-¿Les gustaría regresar a la selva?
-No, ya no hay tierra allá, responde
la
mujer
mientras
prepara
las
tortillas.
"El gobierno todo lo hizo mal hecho",
explica
Juvencio
Gómez
López,
uno
de
los
dirigentes
de
esta
comunidad
habitada
por
indígenas
que
vivieron
en
seis
poblados
que
se
ubicaron
en
la
zona
núcleo
de
la
selva
Lacandona.
En febrero el pueblo cumplirá dos años,
pero
parece
que
ha
pasado
mucho
más.
La
mitad
de
las
casas
están
medianamente
derruidas
o
deshabitadas.
En el poblado del municipio de Palenque,
los
habitantes
no
tienen
fuentes
de
empleo.
La
tierra
es
"mala"
y
no
cuentan
con
recursos
para
comprar
ganado
vacuno.
Aun
más
en
estos
20
meses
todos
los
habitantes
están
endeudados
con
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE)
con
cantidades
que
van
de
los
cuatro
a
siete
mil
pesos;
"tenemos
una
deuda,
pero
no
tenemos
con
qué
pagar",
justifica
uno
de
ellos.
Gómez López cuenta que a principios
de
2005,
operadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
y
del
gobierno
del
estado,
viajaban
hasta
sus
pueblos
para
convencerlos
que
dejaran
Montes
Azules.
A cambio les construirían un pueblo
con
clínica
de
salud,
espacios
para
que
jueguen
sus
hijos,
tendría
calles,
escuelas,
agua,
área
de
siembra,
cocina
y
estarían
a
tan
sólo
dos
horas
de
"la
ciudad".
Pero el agua que "todos los días"
tendrían
en
sus
casas,
no
llega
con
fluidez.
Hay
ocasiones
en
que
la
CFE
corta
la
luz
y
quedan
sin
el
vital
líquido
hasta
tres
días.
Aseveraron que a principios del 2005,
la
entonces
delegada
estatal
Martha
Cecilia
Gordillo,
viajaba
constantemente
en
helicóptero
o
a
pie
hasta
las
comunidades
de
Montes
Azules,
y
al
conseguir
su
objetivo,
no
ha
vuelto
a
visitarlos
en
este
lugar.
Consideran mejor a Calderón en área política que
en
la
social. (El Universal, Jorge Buendía,
p.web)
Satisfecho sólo 28% con labor para mejorar
nivel
de
vida.
La satisfacción ciudadana con el gobierno
de
Felipe
Calderón
es
mayor
en
las
áreas
de
política
y
gobierno
que
en
los
temas
de
economía
y
política
social.
La encuesta nacional de Ipsos-Bimsa/EL UNIVERSAL muestra que, por ejemplo, 42% de los mexicanos
está
satisfecho
con
el
combate
a
la
delincuencia
realizado
por
la
nueva
administración,
mientras
que
35%
está
insatisfecho
(balance
de
satisfacción:
+7).
Los
temas
económicos
generan
gran
insatisfacción:
sólo
28%
está
satisfecho
con
las
acciones
del
gobierno
de
Calderón
para
mejorar
el
nivel
de
vida
de
la
población,
mientras
que
45%
está
insatisfecho
(balance
de
satisfacción:
-17).
En las áreas de política y gobierno, la mejor calificación
se
da
en
el
rubro
de
derechos
humanos
(53%
de
satisfacción),
seguida
por
combate
a
la
delincuencia.
Los
temas
políticos
que
mayor
descontento
generan
entre
la
ciudadanía
es
la
relación
con
el
Congreso:
sólo
27%
está
satisfecho
respecto
de
su
relación
con
diputados
y
senadores.
De
los
ocho
temas
de
política
y
gobierno
evaluados,
en
tres
de
ellos
hay
un
balance
de
satisfacción
positivo
(derechos
humanos,
combate
a
la
delincuencia
y
eficiencia
de
la
administración
pública),
mientras
que
en
cinco
de
ellos
hay
un
balance
negativo
o
neutro.
El
rubro
con
el
mayor
balance
negativo
es
combate
a
la
corrupción
gubernamental
(-6).
En los asuntos de índole económica y social, la ciudadanía
se
muestra
más
satisfecha
con
el
trabajo
del
Presidente
en
los
rubros
de
educación
(40%),
obra
pública
(38%)
y
el
manejo
de
la
economía
(36%).
Les
siguen
la
defensa
del
poder
de
compra
de
los
mexicanos
(29%),
la
generación
de
empleos
(28%),
mejora
del
nivel
de
vida
de
la
población
(28%),
el
estímulo
a
la
inversiones
(26%),
el
apoyo
al
campo
(25%)
y
el
combate
a
la
pobreza
(22%).
El
balance
de
satisfacción
en
estos
rubros,
sin
embargo,
es
mayoritariamente
negativo,
ya
que
en
7
de
las
9
áreas
evaluadas
hay
más
personas
insatisfechas
que
satisfechas.
Las
posturas
más
críticas
se
dan
en
combate
a
la
pobreza:
22%
de
la
población
está
satisfecho
con
las
acciones
del
Presidente
en
la
materia,
mientras
que
58%
está
insatisfecho
(balance
de
satisfacción:
-36).
Si comparamos la evaluación del gobierno de Fox (noviembre
de
2006)
con
la
del
gobierno
de
Calderón,
podemos
advertir
cuáles
son
las
áreas
en
las
que
se
observa
una
mejoría
o
un
deterioro.
En
la
lucha
contra
la
delincuencia
se
observa
un
avance,
ya
que
la
satisfacción
con
el
gobierno
de
Calderón
está
11
puntos
por
arriba
de
la
evaluación
del
gobierno
de
Fox.
Por
el
contrario,
en
temas
como
empleo
y
nivel
de
vida
de
la
población,
los
ciudadanos
observan
un
deterioro
(-12).
La satisfacción ciudadana con el desempeño de Felipe Calderón
en
diversas
áreas
específicas
de
su
gobierno
es
menor
a
su
nivel
de
aprobación
presidencial.
La
aprobación
de
Calderón
es
de
58%,
mientras
que,
en
promedio,
sólo
32%
de
la
población
está
satisfecho
con
el
trabajo
de
su
gobierno
en
diversas
áreas
económicas,
políticas
y
sociales.
Es
claro,
entonces,
que
el
desempeño
gubernamental
es
sólo
un
componente
de
la
aprobación
presidencial.
Otros
componentes
importantes
son
la
personalidad
o
la
deferencia
a
la
autoridad.
En resumen, Calderón se ha posicionado notablemente en el combate
a
la
delincuencia,
el
problema
más
difícil
e
importante
de
los
últimos
años.
El
aumento
a
los
precios
de
la
tortilla
y
la
difícil
cuesta
de
enero,
sin
embargo,
han
propiciado
evaluaciones
negativas
en
el
ámbito
económico.
Aquí
se
vislumbran
los
mayores
retos
de
la
nueva
administración.
Sector agropecuario
La soberanía alimentaria,
en
peligro
por
el
auge
de
los
biocombustibles. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)
Los monocultivos transgénicos de
materia
prima
desplazan
a
la
siembra
tradicional.
No importa a las trasnacionales si dejan hambre y destrucción
ambiental:
Vía
Campesina.
Una nueva colonización se cierne sobre Latinoamérica al expanderse los monocultivos transgénicos
de
cereales,
oleaginosas
y
especies
forestales
destinados
a
producir
biocombustibles, "vendidos" por los gobiernos de
los
países
desarrollados
y
las
trasnacionales
a
los
ciudadanos
como
una
excelente
oportunidad
para
el
desarrollo
rural
y
la
respuesta
a
la
amenaza
del
cambio
climático
generado
por
la
concentración
en
la
atmósfera
de
los
gases
de
efecto
invernadero.
Su visión no alude a la soberanía alimentaria
y
menos
al
desplazamiento
de
los
pequeños
y
medianos
campesinos
de
sus
tierras,
como
consecuencia
de
esa
tecnología
que
ahora
eleva
a
categoría
de
"oro
verde
o
amarillo"
a
los
que
hace
pocos
años
eran
considerados
sólo
cultivos
importantes.
En su discurso, los gobiernos de los países más ricos ocultan
su
pretensión
de
mantener
a
las
naciones
pobres
únicamente
como
productoras
de
materias
primas
que
alimentarán
sus
plantas
de
biocombustibles, y convencen a las autoridades para que destinen
grandes
extensiones
de
tierra,
sin
importar
si
es
ganadera
o
forestal,
a
la
siembra
de
soya,
maíz,
caña
de
azúcar,
girasol,
palma
aceitera,
álamo,
eucalipto,
aunque
ello
implique
perder
la
capacidad
de
producir
alimentos,
advirtió
Alberto
Gómez
Flores,
delegado
para
América
del
Norte
de
la
organización
internacional
Vía
Campesina.
Preocupación de campesinos en AL.
A pocas semanas del inicio del Foro Mundial de Soberanía Alimentaria en Malí, Africa, Gómez
Flores
habló
de
la
preocupación
que
hay
entre
los
campesinos
mexicanos
y
de
otras
naciones
latinoamericanas
porque
en
este
auge
de
los
biocombustibles los gobiernos no anteponen el derecho de los
pueblos
a
definir
su
política
agraria
y
alimentaria,
sin
dumping
frente
a
otros
países.
"Esto nos está llevando inevitablemente al choque del
modelo
de
la
industria
de
los
transgénicos,
promovida
por
las
grandes
corporaciones,
con
el
de
los
campesinos
que
defienden
su
cultura,
su
tierra,
su
actividad,
quienes
siguen
alimentando
a
la
humanidad
pese
a
políticas
y
condiciones
adversas.
Desde
1996,
esas
corporaciones,
como
Monsanto y Cargill, se han comprometido
a
abatir
el
hambre
en
el
mundo,
y
paradójicamente,
según
datos
de
la
FAO,
en
ese
año
había
800
millones
de
personas
sin
alimentos
suficientes
y
en
2006
la
cifra
se
elevó
a
860
millones",
comentó.
En lo que se avizora como una batalla por los granos tradicionales,
la
tierra
y
el
agua,
Gómez
Flores
asentó
que
los
campesinos
seguirán
resistiendo.
"Aun
con
la
aplicación
implacable
de
la
política
neoliberal
y
excluyente
no
nos
han
vencido.
Los
campesinos,
con
nuestras
semillas,
asumiremos
el
papel
de
defender
esa
soberanía
frente
a
las
trasnacionales
productoras
de
transgénicos,
que
buscan
sólo
ganancias
y
no
les
importa
si
dejan
destrucción
ambiental,
pobreza
y
hambre".
En el caso de México, dijo, los campesinos no aceptaremos la
siembra
del
maíz
transgénico,
"aquí
esa
semilla
no
es
bienvenida;
sí,
a
la
producción
de
biocombustible
la
van
a
presentar
como
una
alternativa
atractiva,
pero
no
dirán
que
eso
significará
dependencia,
monocultivo,
riesgo
de
contaminación
de
los
maíces
criollos.
Por
eso
proponemos
que
primero
revisemos
cómo
estamos
en
la
producción
de
alimentos
y
discutamos
profundamente
la
conveniencia
de
que
el
país
se
meta
en
ese
modelo
de
productor
de
materia
prima
para
plantas
de
biocombustibles.
"No prestar atención a esto generará graves conflictos
sociales
y
mayor
dependencia
alimentaria
con
las
grandes
corporaciones,
que
paulatinamente
se
convertirán
en
las
arrendadoras
de
la
tierra
para
los
monocultivos",
explicó.
En México, después de una década de estancamiento en la producción
de
maíz
1980
a
1990
y
entre
los
vaivenes
de
la
política
agropecuaria,
los
campesinos
aumentaron
su
productividad
y
el
año
pasado,
según
datos
de
la
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación,
se
cosecharon
22.1
millones
de
toneladas
del
grano,
el
doble
que
en
1989.
Sin
embargo,
desde
1998,
las
importaciones
continuaron
con
tendencia
creciente
y
sumaron
10.7
millones
de
toneladas,
incluyendo
el
maíz
quebrado.
"Esas importaciones que limitan la soberanía alimentaria del país pueden eliminarse si el gobierno decide
dar
un
golpe
de
timón
en
la
política
agropecuaria,
erradica
todos
los
vicios
y
con
imaginación
y
estrategia
política
actúa
junto
con
los
pequeños
y
medianos
productores",
afirmó
Gerardo
Sánchez,
coordinador
del
Congreso
Agrario
Permanente.
La experiencia argentina
Similar objetivo se habían planteado los pequeños y medianos
agricultores
de
Argentina,
quienes
sin
el
andamiaje
institucional
había
desaparecido
en
1991
y
luego
con
la
autorización
del
cultivo
de
la
semilla
transgénica de soya en 1996, se endeudaron para entrar al
modelo,
explicó
Norma
Giarracca,
coordinadora
del
área
de
Estudios
Rurales
en
el
Instituto
Gino
Germain
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires.
A finales de la década de los 90 había 13 millones de hectáreas
en
peligro
por
las
deudas
de
sus
propietarios;
el
modelo
había
convertido
la
región
pampera
en
sembradíos
de
soya,
se
"barre"
con
montes
y
yungas,
las
tierras
campesinas
cuya
propiedad
es
por
periodos
de
20
años
y
las
recuperadas
por
los
indígenas
son
vendidas
a
los
nuevos
inversionistas
procedentes
de
Buenos
Aires
y
Córdoba.
"El nuevo oro verde
ocupa
tierras
en
todo
el
país,
antes
dedicadas
a
los
alimentos;
desaparecen
productores
de
leche,
cultivos
industriales,
ganadería
y
25
por
ciento
de
las
unidades
medias
de
explotación
(menores
de
200
hectáreas);
el
modelo
dejó
mayores
niveles
de
pobreza,
indigencia
y
hambre,
mientras
Monsanto
teje
una
política
de
acercamiento
con
la
sociedad
mediante
el
financiamiento
de
investigaciones
en
las
facultades
de
agronomía,
y
el
sistema
científico
salvo
excepciones
tiene
una
mirada
complaciente
y
poco
crítica",
abundó
la
socióloga
rural.
Argentina dejó de ser el granero del mundo al convertirse en
megaproductor
de
soya
con
la
mirada
complaciente
del
gobierno,
pues
el
producto
es
uno
de
los
principales
aportadores
de
ingresos
fiscales;
el
año
pasado
el
valor
de
las
exportaciones
fue
de
10
mil
millones
de
dólares.
La explotación industrial de la soya transgénica
que
habría
de
impulsar
al
primer
mundo
a
los
productores
argentinos
sólo
ha
dejado
la
pérdida
de
la
soberanía
alimentaria,
ya
que
los
pequeños
y
medianos
agricultores
que
ocupaban
45
por
ciento
de
la
superficie
y
generaban
47
por
ciento
de
los
alimentos
fueron
eliminados,
el
deterioro
ambiental
por
el
uso
indiscriminado
de
glifosato
aumenta,
al
igual
que
la
dependencia
hacia
las
grandes
empresas
como
Monsanto y Novartis, expone Miguel
Teubal
en
su
libro
La expansión del modelo sojero en la Argentina.
De
la
producción
de
alimentos
a
los
commodities.
Y ante el giro de utilizar más tierras para la producción de
transgénicos
con
miras
a
elevar
la
producción
de
bioenergéticos,
Vía
Campesina
y
diversas
organizaciones
sociales
lanzaron
un
llamado
mundial
de
alerta
para
detener
el
avance
de
Monsanto,
Syngenta,
Bayer,
Dupont, Archer Daniels Midland Company, entre otras empresas, que no sólo realizan millonarias
inversiones
para
generar
y
patentar
semillas
transgénicas
y
convencer
a
los
gobiernos
de
los
países
en
desarrollo
de
los
"beneficios"
de
los
biocombustibles,
sino
empiezan
a
firmar
convenios
con
empresas
automovilísticas
para
difundir
el
uso
de
estos
energéticos.
Prevé Greenpeace arremetida
de
IP
por
manglares. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.web).
Presionará al gobierno para seguir explotando la barrera natural
contra
huracanes.
Frente a la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley
General
de
Vida
Silvestre,
que
protege
los
manglares,
se
prevé
que
el
sector
turístico
presionará
al
gobierno
para
que
realice
cambios
y
continúe
con
la
explotación
de
esa
vegetación,
de
la
cual
queda
sólo
50
por
ciento
800
mil
hectáreas
de
la
que
existía
el
siglo
pasado,
advierten
organizaciones
ambientalistas.
La visión empresarial de cortar los manglares vegetación que
tardó
cientos
de
años
en
crecer
y
que
es
imposible
reforestar
para
construir
hoteles,
no
toma
en
cuenta
que
son
barrera
de
protección
natural
contra
huracanes
e
inundaciones,
además
de
fuente
de
generación
de
70
por
ciento
de
las
pesquerías
comerciales,
entre
otros
aspectos.
El sector empresarial se amparó el año pasado contra los cambios
a
la
norma
oficial
mexicana
(NOM
022)
sobre
manglares,
porque
argumentó
que
se
buscaba
modificarla
antes
del
tiempo
que
establece
la
ley,
lo
que
no
consideraron
cuando
el
ex
secretario
de
Medio
Ambiente
Alberto
Cárdenas
cambió
unilateralmente
esa
normatividad
para
beneficiarlos.
Luego de que en diciembre pasado el Senado aprobó las modificaciones
a
la
ley
para
proteger
ese
ecosistema,
las
presiones
empresariales
llegaron
hasta
los
gobernadores,
y
17
entidades
con
litoral,
con
excepción
de
Yucatán,
firmaron
un
desplegado
en
demanda
de
que
no
se
publicara
la
regulación.
Las presiones también corrieron por parte del Grupo Quintana
Roo,
la
Asociación
de
Propietarios
e
Inversionistas
de
la
Rivera
Maya,
la
Asociación
de
Hoteles
de
Cancún,
la
Asociación
de
Clubes
Vacacionales,
el
Centro
Coordinador
Empresarial
y
del
Caribe
y
la
Asociación
Mexicana
de
Desarrolladores
Turísticos,
señaló
Greenpeace.
María Elena Sánchez, de la agrupación Telleliz,
aseveró
que
los
empresarios
echaron
a
la
basura
los
resultados
del
grupo
de
trabajo
de
la
NOM
022,
que
durante
2006
elaboró
la
modificación
de
la
regulación;
se
ampararon
contra
un
proyecto
en
el
que
obtenían
un
margen
de
explotación
de
5
por
ciento
del
manglar,
y
ahora
es
cero.
Agregó que las mayores presiones turísticas están en Quintana
Roo,
donde
los
empresarios
insisten
en
un
sistema
de
desarrollo
turístico
encima
de
la
vegetación
milenaria,
sin
respetarla,
y
tampoco
a
las
dunas
costeras.
"Las
consecuencias
se
vieron
con
el
huracán
Wilma. Querían el hotel en la playa, y la arena terminó en los cuartos;
las
playas
están
erosionadas
y
a
los
desarrolladores
les
importa
más
recuperar
rápidamente
su
inversión,
lo
que
hacen
en
unos
cuantos
años,
y
después
es
ganancia".
Con la nueva legislación queda prohibida la remoción, relleno,
trasplante,
poda
o
cualquier
obra
o
actividad
que
afecte
la
integralidad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema
y
su
zona
de
influencia,
de
su
productividad
natural,
de
la
capacidad
de
carga
natural
del
ecosistema
para
los
proyectos
turísticos,
de
las
zonas
de
anidación,
reproducción,
refugio
y
alimentación,
o
bien
de
las
interacciones
entre
el
manglar,
los
ríos,
la
duna
y
la
zona
marítima.
Organizaciones campesinas
La Central Campesina pide renegociación del tratado
comercial. (La Crónica, Adolfo Sánchez, p.web)
La Central Campesina Independiente
(CCI)
manifestó
que
el
diálogo
de
esta
organización
con
las
diferentes
dependencias
del
Gobierno
federal
debe
girar
en
torno
a
la
construcción
de
una
política
de
Estado
para
el
campo,
con
el
fin
de
garantizar
la
seguridad
y
la
soberanía
alimentaria.
También, indicó que el diálogo
debe
girar
en
torno
al
aumento
y
redistribución
de
recursos
presupuestales
destinados
al
campo,
y
a
la
reorientación
de
la
política
social
en
el
medio
rural,
con
el
fin
de
imprimirle
una
visión
fundamentalmente
productiva.
Otro aspecto en torno del cual
debe
abordar
el
diálogo
CCI-Gobierno
federal
se
refiere
a
la
revisión
y
renegociación
del
capítulo
agropecuario
del
TLC.
Rafael Galindo Jaime, secretario
general
de
la
CCI,
advirtió
que
la
composición
de
las
fuerzas
políticas,
resultado
de
las
elecciones
pasadas,
así
como
los
graves
problemas
económicos
y
sociales
por
los
que
atraviesa
México,
son
grandes
obstáculos
para
la
gobernabilidad
y
la
paz
social,
que
no
podrán
ser
superados
si
subsiste
el
divorcio
entre
el
gobierno
y
las
organizaciones
sociales.
Consideró que los sindicatos, organizaciones
sociales
y
campesinas
que
marcharon
el
pasado
miércoles
dejaron
en
claro
al
presidente
Felipe
Calderón
que
es
urgente
modificar
las
reglas
del
juego
entre
el
Gobierno
federal
y
estas
agrupaciones
para
garantizar
la
estabilidad
del
país.
El deterioro en el poder adquisitivo
de
los
mexicanos
en
los
últimos
meses,
dijo,
es
una
alerta
para
la
actual
administración,
pues
hay
que
recordar
la
escalada
de
precios
de
varios
productos
de
la
canasta
básica
como
el
incremento
al
precio
de
la
tortilla
de
más
del
40
por
ciento,
el
estancamiento
de
los
salarios
y
el
abuso
de
los
intermediarios
en
el
pago
de
las
cosechas
de
productos
agropecuarios.
Para la CCI, afirmó, es bienvenida
la
actitud
del
Jefe
del
Ejecutivo
Federal,
quien
públicamente
expresó
su
respeto
por
la
libre
manifestación
y
el
derecho
de
petición,
por
lo
que
proponemos
"instalar
una
mesa
de
diálogo
entre
el
gobierno
y
las
organizaciones
agrarias,
a
fin
de
discutir
y
acordar
una
agenda
de
trabajo
para
el
sector
rural
que
comprenda
los
próximos
seis
años".
En este diálogo, sostuvo, no sólo
debe
incluirse
a
la
Secretaría
de
Agricultura
sino
también
a
todas
las
dependencias
que
tienen
bajo
su
responsabilidad
la
ejecución
del
Programa
Especial
Concurrente.
Prensa Estatal
CHIAPAS
La selva, ‘botín’ de lacandones y explotadores. (Expreso, Ángeles Mariscal, p.web).
Miguel Ángel García Aguirre, director de la ambientalista organización
Maderas
del
Pueblo,
consideró
que
la
selva
Lacandona
se
ha
convertido
en
un
“botín”
en
el
que
los
indígenas
lacandones
están
sirviendo
de
vínculo
para
la
explotación
de
la
biodiversidad,
el
agua
y
el
ecoturismo.
Explicó que con el argumento de que unas 600 mil hectáreas
les
pertenecen
legalmente,
el
año
pasado
el
gobierno
federal
les
entregó
más
de
170
millones
de
pesos
a
cambio
de
que
permitieran
la
estancia
de
tres
poblados.
“Ni un peso de esos recursos los aplicaron en proyectos de
beneficio
social,
ni
para
desarrollo
o
educación
para
sus
hijos,
sino
que
procedieron
a
repartirse
los
recursos
y
cada
familia
le
tocó
190
mil
pesos
que
despilfarraron
en
camionetas
y
fiestas,
lo
que
demostraría
su
verdadera
conciencia
ecológica
y
conservacionista.
El ambientalista explicó que a principios del siglo pasado
la
selva
Lacandona
contaba
con
un
millón
de
hectáreas
de
bosque
tropical,
y
actualmente
le
quedan
poco
más
de
300
mil,
que
se
concentran
en
la
llamada
biósfera de Montes Azules. Es la comunidad lacandona, conformada
por
los
poblados
Lacanjá
Chansayab, Frontera Corozal y Palestina, la que oficialmente
posee
los
títulos
de
propiedad
de
la
región.
Miguel Ángel García explica que los lacandones se “sacaron
la
lotería
sin
comprar
billete”,
porque
desde
que
se
decretó
la
reserva
en
1972,
los
hicieron
socios
de
la
empresa
maderera
Cofolasa,
por
lo
que
cada
familia
recibía
mensualmente
unos
cinco
mil
pesos.
“El negocio era en ese entonces la madera, ahora es la biodiversidad,
es
el
agua,
es
el
ecoturismo”,
explica
García
Aguirre
que
hace
dos
años,
los
lacandones
recibieron
una
de
170
millones
de
pesos
al
aceptar
la
regularización
de
los
ejidos
Bella
ilusión
y
13
de
septiembre.
“Este año el gobierno se vio obligado a negociar nuevamente
con
ellos
y
a
reconocer
la
regularización
de
24
de
28
poblados,
pero
para
lograr
eso,
necesitó
expropiarle
la
tierra
e
indemnizarlos
a
seis
mil
pesos
la
hectárea,
en
total
les
pagó
el
monto
de
40
mil
hectáreas”,
expuso
el
activista.
Dijo que todo este dinero los comuneros no lo aplicaron en
proyectos
de
beneficio
social,
ni
para
desarrollo
o
educación
para
sus
hijos,
sino
que
procedieron
a
repartirse
los
recursos
y
cada
familia
le
tocó
190
mil
pesos.
Esos recursos, explica García Aguirre fueron para la compra
de
camionetas
“chocolate”,
adquisición
de
ganado
vacuno
y
el
resto
lo
derrocharon
en
parrandas
en
Palenque
o
Villahermosa,
Tabasco.
“El dinero se botó, se les fue a los lacandones como agua”,
explica
el
director
de
Maderas
de
Pueblo
que
sabe
que
ahora
los
comuneros
ejercen
presión
para
que
los
habitantes
de
cuatro
poblados
dejen
sus
hogares,
uno
de
estos
ya
lo
consiguieron
a
través
de
la
violencia
el
13
de
noviembre
del
año
pasado,
en
Viejo
Velasco
Suárez.
Los tres restantes son: Ojo de agua El progreso, San Jacinto
Lacanjá
y
Flor
de
Cacao,
que
se
ubican
a
pocos
kilómetros
de
la
zona
arqueológica
de
Yaxchilán.
Ahora, los lacandones pretenden presionar al gobierno para
que
los
habitantes
de
estos
poblados
dejen
sus
casas
con
el
fin
de
explotar
la
caoba
o
realizar
proyectos
de
ecoturismo
en
la
zona
arqueológica
de
Yaxchilán y río Usumacinta, acusa.
García Aguirre alertó, actualmente está en proceso el otorgamiento
de
un
permiso
de
explotación
caoba
producida
en
plena
zona
de
amortiguamiento
de
la
selva,
por
el
cual
los
lacandones
recibirían
recursos
millonarios.
Evangélicos en el estado son expulsados y amenazados
de
muerte. (Diario de Chiapas, Jatziri Caba, p.web).
Actualmente miles de cristianos evangélicos han sido expulsados
de
sus
distintas
comunidades,
agredidos,
amenazados
de
muerte;
las
mujeres
han
sido
violadas
y
los
hombres
violentados
en
sus
garantías
individuales,
denunció
la
Barra
Nacional
de
Abogados
Cristianos.
Por su parte Esdras Alonso González, dirigente evangélico de
la
región
Altos
de
Chiapas,
informó
que
en
la
comunidad
de
San
Cristóbal
de
Las
Casas,
Mitzitón,
evangélicos
han
sido
despojados,
de
por
lo
menos
70
hectáreas,
"no
pueden
sembrar,
ni
cosechar,
tienen
prohibido
recoger
leña".
Esdras Alonso exigió que las autoridades tomen en serio este
problema,
ya
que
en
Chiapas
gran
número
de
evangélicos
están
sufriendo
por
esta
situación.
Las
comunidades
en
donde
está
más
acentuada
la
violencia
hacia
evangélicos,
es
en
las
comunidades
de
Las
Margaritas,
Huixtán,
Chamula,
Carranza,
San
Cristóbal
de
Las
Casas
y
Zinancantán, "en algunos casos ni siquiera pueden enterrar
a
sus
muertos,
cuando
muere
alguien
de
su
comunidad
no
pueden
enterrarlo
ahí,
tienen
que
llevarlo
a
otro
pueblo;
en
el
caso
de
los
Pozos
Huixtán, sigue cortada el agua, en otras partes hay casos
de
violaciones
a
mujeres,
encarcelamientos".
El dirigente evangélico señaló que, ha tenido pláticas con
el
Gobierno
del
Estado,
"pero
el
gobierno
piensa
que
tenemos
que
ceder
ciertos
derechos
a
favor
de
usos
y
costumbres
de
los
pueblos,
el
gobierno
no
ha
sido
muy
claro
que
en
Chiapas
se
debe
respetar
la
libertad
de
creencia".
Aunado a lo anterior, cristianos evangélicos anunciaron ayer
que
hicieron
entrega
de
un
documento
al
presidente
de
la
República,
Felipe
Calderón
Hinojosa
y
al
secretario
de
Gobernación,
Francisco
Ramírez
Acuña,
en
donde
piden
urgentemente
la
creación
de
una
Fiscalía
Federal
para
la
atención
de
asuntos
relacionados
con
la
intolerancia
religiosa.
Asimismo la inclusión de personal no católico en la Dirección
de
Asociaciones
Religiosas
y
Culto
Público,
y
por
último
que
la
Secretaría
de
Gobernación
dé
a
conocer
públicamente
las
políticas
que
lleva
a
cabo
para
evitar
este
fenómeno
de
intolerancia
religiosa.
Óscar Moa, vocero oficial de la Barra
Nacional
de
Abogados
Cristianos,
informó
que
por
lo
menos
tienen
alrededor
de
200
denuncias
en
distintas
partes
del
país,
de
parte
de
miembros
que
profesan
la
religión
evangélica;
mencionó
que
los
estados
en
los
que
se
ha
acentuado
este
tipo
de
problemas
son:
Oaxaca,
Guerrero,
Puebla,
Veracruz
y
Chiapas,
principalmente.
DISTRITO FEDERAL
Rinden protesta los titulares de cuatro nuevas
secretarías
en
el
DF. (La Jornada, Ángel Bolaños,
p.web;
El
Universal,
p.
web;
La
Crónica
de
Hoy,
p.
web).
Ebrard reconoce la labor de la Asamblea Legislativa.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, tomó la protesta
de
cuatro
nuevos
secretarios
ayer,
en
el
salón
de
cabildos
del
edificio
de
Gobierno
del
Antiguo
Palacio
del
Ayuntamiento,
por
tratarse,
dijo
de
la
creación
de
instancias
de
gestión,
asunto
que
no
es
menor
para
la
ciudad.
En su mensaje, tras hacer un reconocimiento a la Asamblea Legislativa
por
aprobar
la
iniciativa
que
crea
las
nuevas
dependencias,
dijo
que
el
tema
de
la
educación
es
su
principal
política
social,
en
tanto
el
área
de
protección
civil,
además
de
coordinar
las
tareas
en
su
materia,
tendrá
como
principal
función
preparar
a
la
sociedad
ante
otro
posible
gran
sismo
como
el
de
1985.
Los titulares de las nuevas secretarías son: Axel Didriksson, en Educación; Elías
Miguel
Moreno
Brizuela,
en
Protección
Civil;
María
Rosa
Márquez,
en
Desarrollo
Rural
y
Equidad
para
las
Comunidades,
y
Benito
Mirón
Lince,
quien
estará
encargado
de
la
Secretaría
del
Trabajo
y
Fomento
del
Empleo.
ESTADO DE MÉXICO
‘Amarran’ ejidos al aeropuerto. (El Universal, Teresa Montaño, p.web).
Toluca, Méx.- El administrador
del
Aeropuerto
Internacional
de
Toluca,
Alexandro
Agudin Le Roy, advirtió que las
tierras
que
rodean
a
la
central
aérea
están
consideradas
como
de
"reserva
aeronática" por lo que sus propietarios no pueden destinarlas
a
otro
uso
y
estarían
prácticamente
obligados
a
venderles,
en
tanto
que
dirigentes
ejidales
aseguraron
que
están
recibiendo
presiones
para
rematar
sus
tierras
a
"precios
risibles".
En entrevista Agudín Le Roy aseguró que los campesinos,
a
quienes
pretenden
comprar
150
hectáreas
para
las
obras
de
ampliación
de
la
central
aérea,
no
han
presentado
formalmente
su
oferta
de
600
dólares
el
metro
cuadrado
e
insistió
en
que
de
acuerdo
a
las
cotizaciones
catastrales
de
la
zona
el
precio
por
metro
cuadrado
no
puede
rebasar
los
230
pesos.
Aseguró que por lo tanto los campesinos
propietarios
de
la
tierra
aledaña
al
aeropuerto,
no
pueden
destinar
la
superficie
a
otro
fin,
pues
existen
restricciones
para
efectuar
desarrollos
comerciales
o
inmobiliarios.
"Es un área que está considerada
como
de
reserva
aeronáutica,
es
decir,
no
tiene
usos
comerciales,
está
restringida
la
construcción
y
el
desarrollo
inmobiliario
en
esa
zona
entonces,
tiene
un
valor
determinado
el
predio
pero
para
el
aeropuerto,
para
nadie
más",
sostuvo.
Sin embargo aseguró que en las
negociaciones
que
realizan
dos
despachos
con
los
campesinos
"al
que
no
quiera
vender
no
se
le
comprará".
"Esto es un negocio y en todos
los
negocios
se
llega
a
un
acuerdo,
al
que
nos
quiera
vender
le
compramos,
el
que
no
nos
quiera
vender
no
le
compramos",
señaló.
Sin embargo, Santos Cedillo Padilla,
representante
ejidal
de
San
Pedro
Totoltepec,
reconoció
que
algunos
de
sus
compañeros
ya
comenzaron
a
recibir
fuertes
presiones
por
parte
de
ingenieros
del
aeropuerto
para
vender
sus
terrenos
a
precios
que
los
dejarían
mucho
más
empobrecidos.
Aseguró que algunas familias temen
ser
desposeídas
de
su
único
patrimonio
como
en
1981,
cuando
se
realizó
la
primera
expropiación
para
construir
la
primera
etapa
de
la
central
aérea.
Por su parte, Domitilo Posadas Hernández, diputado de la fracción del PRD
en
el
Congreso
local,
aseguró
que
en
los
próximos
días
buscará
un
punto
de
acuerdo
de
todas
las
fracciones
parlamentarias
para
que
la
compra
del
ejido
de
San
Pedro
Totoltepec
se
realice
de
forma
transparente
y
justa.
El legislador sostuvo que su partido
pugnará
para
que
la
compra
de
tierras
no
afecte
los
intereses
de
los
ejidatarios
y
posesionarios
de
la
zona.
MICHOACÁN
Destinan recursos para atender a las cuatro etnias
michoacanas. (La jornada de Michoacán,
Martha
Luna,
p.web).
El Congreso de la Unión autorizó 560 mdp.
Se verán beneficiadas 360 comunidades indígenas en el estado
con
el
incremento
de
10
por
ciento
al
presupuesto
de
ingresos
que
el
Congreso
de
la
Unión
autorizó
para
su
aplicación
en
este
año,
así
lo
informó
Humberto
Alonso
Razo,
diputado
federal
del
Partido
de
la
Revolución
Democrática
por
el
VII
Distrito
con
cabecera
en
Zacapu,
en
su
reciente
visita
a
Los
Reyes.
Indígenas de las cuatro etnias en la entidad, ñañu, nahua, maszahua y purépecha gozarán con este incremento que asciende a mil millones
de
pesos
el
impulso
y
desarrollo
a
cuatro
rubros:
forestación
y
reforestación;
cuidado
y
tratamiento
de
agua;
proyectos
productivos
que
privilegien
a
las
mujeres,
e
identidad
cultural.
El recurso de 560 millones de pesos autorizado, informó el
legislador,
se
distribuirá
en
los
rubros
antes
mencionados
por
considerarlos
como
prioritarios
para
apoyar
el
combate
a
la
tala
ilegal;
se
contemplan
acciones
de
explotación
racional
de
estos
recursos,
así
como
impulsar
casetas
de
vigilancia
y
brigadas
de
guardias
forestales
con
elementos
de
las
mismas
comunidades;
una
alternativa
más
a
este
grave
problema
es
la
propuesta
del
impulso
y
desarrollo
de
proyectos
productivos,
en
donde
todas
las
comunidades
del
municipio
de
Los
Reyes
estarán
contempladas;
se
atenderá
también
el
abastecimiento
y
cuidado
del
agua
sobre
todo
en
zonas
que
presentan
mayor
problemática
por
la
carencia
de
ésta;
en
este
sentido,
se
desarrollarán
programas
para
su
tratamiento
y
cuidado,
así
como
redes
de
distribución
y
la
implementación
de
nuevos
pozos
de
extracción.
Dentro de la aplicación de los recursos antes señalados se
contempla
también
la
promoción
y
conservación
de
la
identidad
cultural,
y
con
la
intención
de
preservar
las
costumbres
y
tradiciones
se
crearán
casas
de
arte
comunitario,
donde
se
fomentarán
manifestaciones
artísticas
como
la
danza,
la
música,
la
artesanía,
literatura,
así
como
todas
aquellas
tradiciones,
festividades
y
celebraciones
que
caracterizan
y
le
dan
identidad
cultural
a
un
pueblo.
Por otro lado, mencionó que en materia de comunicaciones y
caminos
se
tienen
ya
etiquetados
los
recursos
para
concluir
los
tramos
carreteros
Los
Reyes-Pamatácuaro
y
San
Antonio
Tierras
Blancas-Patamban.
Humberto Alonso comentó que ha recorrido todos los municipios
del
estado
sin
descuidar
ninguno,
y
que
ha
visitado
las
comunidades
para
cumplir
con
las
demandas
de
la
gente
y
romper
con
lo
que
se
piensa
de
que
“el
candidato
visita,
pero
el
diputado
ya
no
regresa”.
En este primer informe de actividades legislativas, el diputado,
acompañado
de
su
suplente,
Arturo
Magaña
Mendoza,
informó
acerca
de
la
aprobación
de
la
Ley
de
Pesca
y
el
punto
de
acuerdo
para
que
los
legisladores
concedan
la
libertad
total
a
pescadores
de
Pátzcuaro
por
la
latente
orden
de
aprehensión,
además
mencionó
acerca
de
la
redistribución
de
recursos
al
campo,
y
la
intención
de
inyectar
mayor
recurso
a
los
56
pueblos
indígenas
que
integran
el
país.
Agregó que dentro de los temas que se pondrán sobre la mesa
en
el
presente
periodo
legislativo
están
los
referentes
a
las
reformas
del
estado,
recaudación
fiscal,
reforma
electoral,
defensa
de
la
soberanía
de
los
energéticos
y
la
defensa
de
los
derechos
laborales
establecidos.
Por último, el diputado perredista
se
reunió
con
el
presidente
municipal
de
Los
Reyes,
José
Antonio
Guzmán
Tejeda, para ofrecer su apoyo y colaboración como gestor en
busca
de
mayor
beneficio
de
los
reyenses,
dejando
a
un
lado
tintes
partidistas.
En
este
sentido,
el
edil
municipal
externó su agradecimiento, al mismo tiempo que se agenda una
mesa
de
trabajo
entre
el
Ejecutivo
municipal,
funcionarios
del
Ayuntamiento
y
el
legislador
en
próximos
días.