CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
11 DE AGOSTO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Enfrenta PRI-AN a PRD en Chiapas
Por primera vez
en la historia de las coaliciones,
se unen ambos partidos
Tirotean a maestros; un muerto y un herido
Responsabilizan
al gobierno local; éste se deslinda.
Elogia el BM el pago adelantado de deuda
La estrategia refleja
el saneamiento de las finanzas públicas,
asevera.
Bajarán deuda en US15,647 millones
Con uso de reservas
y warrants
quedará en US39,701
millones
Se disparan en el conteo errores aritméticos
En estados panistas, las mayores irregularidades.
Tirotean una marcha en Oaxaca; un muerto.
“No hemos fracasado
en las negociaciones”: Los Pinos.
Ante elección de Estado en Chiapas, alianza PRI-PAN
Integran un frente
con el PVEM y Panal para encarar a
Juan Sabines,
candidato del gobernador
Calderón busca ayuda en EU; AMLO alista presidencia paralela
Felipe intenta
convencer a Bush
de que sí puede gobernar el país.
Frustra Inglaterra matanza en el cielo
Desbarata plan
para derribar aviones; sospecha de
Al Qaeda.
¡Alerta terrorista!
Desarticulan en
Londres conjura terrorista para dinamitar
10 aviones.
Sector agrario
Celebra Prodecam encuentro en Altamirano entre ocurrencias. (Despertar del Sur (Guerrero), Juan M. Robles. web)
-En la llamada Audencia Campesina
quedó claro que productores del campo
quieren seguir sujetos a programas
populistas.
Ciudad Altamirano, Gro. Prosiguiendo
con los mismos formatos de reuniones
anteriores, Olivia Hidalgo Domínguez, quien es la titular de la Procuraduría
de Defensa de los Campesinos (Prodecam),
presidió la Audiencia Campesina en
el Club
Rotario de esta ciudad.
A la misma acudió el presidente municipal Víctor Mojica Wences, el síndico Leobardo Alcántar Santibáñez y varios
regidores de la actual comuna municipal,
quienes firmaron un acuerdo de coordinación,
en la cual el municipio se compromete
a disponer de un abogado y de un técnico
agropecuario para coordinarse con
la Prodecam.
De igual manera estuvieron presentes el jefe del Distrito 03
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa),
José Daniel Román Salazar, y el delegado
de la Secretaría de Desarrollo Rural
(SDR), Moisés Reyes Piedra, así como
Jesús Vergara Romero, visitador
de la Procuraduría Agraria, y
un representante de la Aseguradora
Comercial América.
Esta reunión fue la tercera que se hace en la región, ya que
con anterioridad se habían realizado
en Coyuca
de Catalán y en el municipio de Tlapehuala,
en donde básicamente la titular de
la Prodecam
busca que las diferentes dependencias
a través de sus representantes den
a conocer todo lo relacionado con
los proyectos y programas que van
dirigidos al campo.
Por tal motivo se hizo la invitación a que participaran los
campesinos y productores que de una
u otra manera están
trabajando en algún proyecto, pero
también de aquellos que solicitan
ingresar a uno, o bien, para hacer
algunas denuncias.
Una vez que los representantes de las dependencias dieron a
conocer sus informes, Hidalgo Domínguez
dijo que en ocasiones se le acusaba
de actuar en ocurrencias y parece
que así fue porque al representante
de la Procuraduría Agraria le pidió
que informara acerca del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares Urbanos (Procede),
pero sin percatarse de que ese
programa operativamente terminó en
el mes de abril.
De igual manera solicitó al delegado de la SDR que hablara
en torno al fertilizante porque dijo
tenía muchas quejas y que explicara
de qué manera se distribuyó, pero
también desconociendo de que el insumo
ya no lo maneja esa dependencia, sino
que son los propios ayuntamientos
los que contratan y lo distribuyen.
También propuso a los presentes de que se hiciera un escrito
para solicitar al gobierno estatal
de que se contrate a una sola empresa
para adquirir dicho insumo, pero son
los propios ayuntamientos y en base
a su propia soberanía los que determinan
adquirir el fertilizante con la empresa
que den más barato y llevar la licitación
correspondiente.
Luego se vino la sesión de preguntas y respuestas y una persona
que dijo ir en representación de quienes
juegan la pelota tarasca en los terrenos
de Las Américas,
se quejó de que un grupo de ejidatarios
pretenden quedarse con dichos terrenos
y en el momento en que estaba haciendo
la denuncia, María de la Luz Pérez
Mariano, quien es la presidenta del
Comisariado
Ejidal, se salió de la reunión.
De manera posterior vinieron otras intervenciones, en donde
queda claro de que muchas personas
quieren seguir al mando de los programas
populistas o bien, de que algunos
solicitaron la intervención de las
autoridades para resolver algunos
problemas, como fue el caso del dirigente
campesino Cirilo
Santibáñez López.
Piden regularizar
tierras del ejido de Santa Bárbara. (Despertar del Sur (Guerrero), Juan. M. Robles, p.web).
-Son al menos 200 hectáreas, sobre las que están las instalaciones
del 40 Batallón, el aeródromo y la
Veterinaria.
Ciudad Altamirano, Gro. Dentro del
marco de lo que fue la Audiencia Campesina
que fue presidida por Olivia Hidalgo Domínguez, titular de la Procuraduría de Defensa
de los Campesinos (Prodecam),
Cirilo Santibáñez López, en su calidad de secretario general
de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), solicitó
la regularización de tierras en el
ejido de Santa Bárbara, perteneciente
a este municipio.
El también dirigente de una SSS mencionó en dicha reunión que
este problema data de unos 68 años,
precisamente cuando por resolución
presidencial se determinó afectar
más de 600 hectáreas a la familia
Santamaría.
Dijo que en base a dicha resolución, los problemas no terminan
en ese ejido y que al menos 200 hectáreas
son las que deben de regularizarse
y que corresponden a un terreno que
dice ser de la Escuela Veterinaria,
lo que es el aeródromo y las instalaciones
donde se encuentra el 40 Batallón
de Infantería, que son aproximadamente
80 hectáreas de esta última.
Pidió que sean regularizadas, pero que también la Secretaría
de la Defensa Nacional entregue lo
que son las bodegas que construyó
Fertimex por ser de los ejidatarios, ya que en estos momentos
los soldados no dejan pescar en las
playas de dichos terrenos.
La titular de la Prodecam le pidió
que elaborara una solicitud al gobernador
Zeferino
Torreblanca Galindo, para que a su
vez canalice la petición a las instancias
correspondientes.
En el evento estuvo Jesús Vergara Román, visitador de la
Procuraduría Agraria, y dijo que
esa dependencia ya estaba viendo este
problema con miras a darle legalidad
a dichos terrenos
Sin nombre ni apellido tomaron la SRA. (Meridiano de Nayarit, p.web)
*Los manifestantes
que por horas se plantaron a las afueras
de las oficinas se negaron a expresar
las razones o motivos por los que
tomaron la dependencia.
Tepic.- La mañana de ayer un grupo
de perredistas
se instalaron a las afueras de la
Secretaría de la Reforma Agraria,
ubicada por la avenida Insurgentes
casi esquina con calle P. Guerrero
de esta capital.
Es importante resaltar que los manifestantes
durante varias horas estuvieron obstruyendo
la entrada principal de esta Secretaría
ya que para protegerse de los rayos
del sol, instalaron carpas, además
entre los enceres domésticos se apreciaron
cafeteras televisores, braceros y
cobijas.
Cabe destacar que cuando intentamos
entrevistar a los manifestantes uno
de ellos en tono grosero dijo que
ellos no eran perredistas,
sin embargo reconocieron que estaban
ahí por que fueron citados para apoyar
un proyecto, "nosotros venimos
de muchas partes del estado, nosotros
no somos nada, todos somos unos y
todos somos otros", con estas
palabras el presunto líder de los
manifestantes trató de evadir el cuestionamiento
de este reportero.
No obstante cuando se indagó entre
los ahí presentes a qué se debía su
presencia en este lugar, un grupo
de mujeres indígenas expresaron que
ellas estaban ahí por que sus líderes
con engaños las habían traído de Ruiz
Nayarit a esta ciudad asegurándoles
que recibirían apoyos de parte de
la SRA para iniciar sus propios negocios
dentro de sus comunidades.
A pesar de ello el líder de este grupo,
-quien en todo momento se negó a proporcionar
sus datos negó lo anteriormente declarado
por las damas indígenas y no quiso
dar más información al respecto, revelando
en tono amenazador "mire mi amigo,
lo único que le quiero decir es que
no junte las vacas flacas con las
paridas, nosotros no somos grilleros
ni políticos" ante estas respuestas
dimos por concluida la entrevista,
llegando a la conclusión de que los
líderes perredistas
están engañando a los grupos más vulnerables
de la sociedad para lograr sus propósitos
políticos
El TSA ordenó a
la SRA identificar las tierras del
litigio con Ocoapa:
Evencio. (El Sur (Gurerero), Teresa de la Cruz, p.web)
El Tribunal Superior Agrario (TSA) ordenó ayer a la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), así como a su Unidad Técnica Operativa y a la delegación estatal en Guerrero,
que en un plazo de 15 días “identifique
de manera exacta” las 456 hectáreas
que desde hace más de 120 años, se
disputan comuneros de Ocoapa y Tlacoapa en la región de
la Montaña, informó el abogado de
éstos Evencio
Romero Sotelo.
El también líder cenecista
indicó que esa información se las
hizo saber el presidente del TSA, Ricardo García
Villalobos en la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de México, a donde acudieron
también autoridades agrarias, encabezados
por el presidente de los Bienes Comunales,
Ismael Galena Sixto.
Precisó que decidieron acudir a la capital del país para
conocer de viva voz, en qué etapa
se encuentra el caso de Tlacoapa y Ocoapa “y ahí el presidente
del Tribunal Superior Agrario, nos
informó que este jueves a las 12 del
día el pleno –que integran siete magistrados–
sesionarían para emitir su resolución”.
Resaltó que durante el encuentro, García Villalobos “nos
adelantó lo que va a resolver, dijo
que: va a ordenar al secretario de la Reforma Agraria
(Abelardo Escobar Prieto), a la Unidad Técnica Operativa de esa dependencia y al
delegado estatal en Guerrero (Natividad
Salas Estrada), que de acuerdo a la
ejecutoria en el juicio de amparo
1071/2004, dictada por el juez Primero
de distrito de Chilpancingo, identifique
de manera exacta las 456 hectáreas,
toda vez que los trabajos que se hicieron
con anterioridad fueron mal hechos,
irregulares”.
Romero agregó que para cumplir esa sentencia, el TSA
otorgó un plazo de 15 días, que entran
en vigor una vez que llegue la resolución
a las tres autoridades; mencionó que
posiblemente pudieran ser notificados
entre el lunes o martes de la próxima
semana.
Más adelante, indicó que a pregunta expresa de Galena
Sixto con relación a que ya el INEGI
y Reforma Agraria dijeron que no se
puede localizar la zona en conflicto,
“el presidente del Tribunal, dijo
que sí se pueden localizar esos puntos
porque están debidamente señalados”.
Abundó que Galeana pidió saber también qué es lo que
pasaría en caso de la Reforma Agraria
se declare incompetente “y pues él
(García Villalobos) les dijo que procedieran
a hacer la denuncia ante el juez Primero
de Distrito, para que pidiera la destitución
de los funcionarios de la Reforma
Agraria”.
Romero recordó que en enero el juez de Distrito les concedió
un amparo, aunque el Tribunal Superior
Agrario se inconformó ante el Tribunal
Colegiado de Circuito quien “dijo
a éste: no, tú también tienes vela
en el entierro y apenas el 3 de agosto,
le llegó la orden del juzgado federal.
Por eso hoy (ayer jueves) a las 12
del día se reúnen los siete magistrados
para resolver el asunto de Tlacoapa”.
Dijo que a partir de la sentencia que dicte el Tribunal
Superior Agrario “no le va a quedar
de otra a la Secretaría de la Reforma
Agraria más que obedecer, lo que le
ordene el TSA. Ya no tiene de otra”.
Agregó que aunque buscan una salida jurídica al conflicto
“nosotros estamos en la mejor disposición
de resolverlo por la vía del diálogo,
creemos que era es la salida más viable”.
Plantea SRA reforma agraria para dar seguridad
jurídica a indígenas. (Vanguardia Coahuila, Agencias,
p.web).
Iguala, Gro.- La Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) planteó
la necesidad de una verdadera reforma
constitucional en materia agraria,
que les proporcione a los indígenas
la plena seguridad jurídica sobre
el usufructo de sus riquezas naturales.
La SRA participó este día en el Seminario Internacional sobre
los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas en dos mesas de trabajo,
a través de sus subsecretarías
de Política Sectorial y Ordenamiento
de la Propiedad Rural.
Gilberto Hershberger Reyes, subsecretario
de la SRA, dijo que la mayor riqueza natural y de territorio radica precisamente
en las entidades donde hay más pobreza
y marginación, como Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, y es donde más problemas
agrarios hay.
Lo anterior, indicó, debido a la falta de una garantía jurídica,
que les permita a los indígenas hacer
del usufructo pleno de sus riquezas
naturales, y en consecuencia urge
en el ámbito nacional una reforma
agraria que les proporcione esa garantía.
Informó que las entidades como, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y
Michoacán, presentan el mayor número
de conflictos agrarios, considerados
como focos rojos, porque son las entidades
que aglutina el más número de población
indígena.
Todo esto, afirmó es debido a la falta de una seguridad jurídica,
con ello también se terminarán los
conflictos agrarios, por la disputa
de las tierras, entre localidades,
ejidos, e incluso entre particulares.
Recordó que el territorio nacional se compone de una superficie
de casi 200 millones de hectáreas
de tierras: Durante el periodo del
reparto de tierra a los ejidos y comunidades
de 103. 5 millones de hectáreas, se
cometieron irregularidades.
Indicó que 53 por ciento del territorio nacional es propiedad
de los núcleos agrarios, tanto indígenas
como no indígenas, y que en el reparto
de tierras debido a una visión arcaica,
pocas veces con objetividad, provocó
los problemas agrarios.
Aunado a lo anterior, también la corrupción de funcionarios
agrarios, caciques, jefes políticos,
ocasionó que no se hiciera una adecuada
distribución de las tierras, y se
llegaron a encimar resoluciones presidenciales,
que originaron los enfrentamientos.
Recordó que el presidente que repartió más tierras aptas para
producir fue, Lázaro Cárdenas. Pero
el que repartió más hectáreas de tierras
no aptas para producir, fue Gustavo
Díaz Ordaz.
Este último dijo, lo hizo con la finalidad de distribuir la
riqueza de forma equitativa, pero
no fue suficiente para acabar con
la pobreza, al contrario originó más
conflictos sociales.
Informó que durante la actual administración gubernamental
federal se creó el programa de atención
al medio rural con la finalidad de
resolver los conflictos agrarios,
a través del diálogo y la negociación.
Durante los últimos años se han resuelto al menos 540 conflictos
agrarios en el país, considerados
como focos rojos, esto significan
96 mil 175 hectáreas, 43 mil 765 beneficiarios
de once etnias, ubicadas en nueve
entidades.
En Guerrero, dijo, fueron detectados 23 conflictos agrarios,
considerados como focos rojos, de
estos, sólo faltan por resolver cuatro,
excluyendo al de El Capulín entre
Moyotepec,
quienes se disputan 456 hectáreas
de tierras.
Hershberger Reyes precisó que el conflicto entre
estas dos últimas, fue detectado posterior
a la localización de las 23, cuando
PROCEDE pretendió a regularizar
las tierras.
El funcionario federal indicó que las entidades con problemas
agrarios más agudos, son, Oaxaca,
Chiapas y Guerrero, las cuelas se
les otorgan una atención especial.
Es necesaria una verdadera reforma agraria. (Periódico Pueblo (Guerrero), Francisca Santiaguez,
p.web)
Las entidades con problemas más
agudos son Oaxaca, Chiapas y Guerrero,
a las cuales les dan una atención
especial, dijo el subsecretario
de la SRA, Gilberto Hershberger
Reyes.
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), planteó la necesidad
de una verdadera reforma en materia
agraria, que proporcione a los indígenas
plena seguridad jurídica sobre el
usufructo de sus riquezas naturales.
La SRA participó ayer en el Seminario
Internacional sobre Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas en dos mesas
de trabajo, a través de sus subsecretarías
de Política Sectorial y Ordenamiento
de la Propiedad Rural.
El subsecretario de la SRA, Gilberto
Hershberger
Reyes dijo que la mayor riqueza natural
y de territorio radica precisamente
en las entidades donde hay más pobreza
y marginación, como Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, donde más problemas agrarios
se han presentado.
Lo anterior, indicó, debido a la
falta de garantía jurídica que les
permita a los indígenas usufructuar
plenamente sus riquezas naturales;
en consecuencia urge en el ámbito
nacional una reforma agraria que les
proporcione esa garantía.
Informó que entidades como Guerrero,
Chiapas, Oaxaca y Michoacán, presentan
el mayor número de conflictos agrarios
que se consideran focos rojos, porque
son las entidades que aglutinan el
mayor número de población indígena.
Todo esto, afirmó, se debe a la
falta de seguridad jurídica; con ello
también terminarán los conflictos
agrarios entre localidades, ejidos,
e incluso entre particulares.
Recordó que el territorio nacional
se compone de una superficie de casi
200 millones de hectáreas de tierras;
pero durante el periodo del reparto
de tierra a los ejidos y comunidades
de 103. 5 millones de hectáreas, se
cometieron diversas irregularidades.
Indicó que el 53 por ciento del
territorio nacional es propiedad de
núcleos agrarios, tanto indígenas
como no indígenas, pero el reparto
de tierras debido a una visión arcaica,
pocas veces con objetividad, provocó
los problemas agrarios.
Aunado a lo anterior, también la
corrupción de funcionarios agrarios,
caciques y jefes políticos, provocó
que no se hiciera una adecuada distribución
de las tierras y se encimaron resoluciones
presidenciales que originaron los
enfrentamientos.
Recordó que el presidente que repartió
más tierras aptas para producir fue
Lázaro Cárdenas, pero el que repartió
más hectáreas de tierras no aptas
para producir fue Gustavo Díaz Ordaz.
Este último, dijo, lo hizo con
la finalidad de distribuir la riqueza
de forma equitativa, pero no fue suficiente
para acabar con la pobreza, al contrario,
originó más conflictos sociales.
Informó que durante la actual administración
gubernamental federal se creó el programa
de atención al medio rural con la
finalidad de resolver los conflictos
agrarios a través del diálogo y la
negociación.
Durante los últimos años se han
resuelto al menos 540 conflictos agrarios
en el país, considerados como focos
rojos, esto significa 96 mil 175 hectáreas,
43 mil 765 beneficiarios de 11 etnias
ubicadas en nueve entidades.
En Guerrero, dijo, fueron detectados
23 conflictos agrarios considerados
como focos rojos, de estos sólo faltan
por resolver cuatro, excluyendo el
de El Capulín y Moyotepec,
que se disputan 456 hectáreas de tierras.
Hershberger Reyes
precisó que el conflicto entre estas
dos últimas comunidades fue detectado
posterior a la localización de las
23, cuando Procede pretendió a regularizar
las tierras.
El funcionario federal indicó que
las entidades con problemas agrarios
más agudos son Oaxaca, Chiapas y Guerrero,
a las cuales les dan una atención
especial.
Viola el gobierno
mexicano los derechos de opositores
a La Parota, dice el relator de la
ONU sobre pueblos indígenas. (El Sur (Guerrero), Maribel
Gutiérrez, p.web)
El relator de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos y libertades fundamentales
de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, afirmó que hay violaciones a los derechos de
los comuneros y ejidatarios opositores
a la presa La Parota, porque el gobierno
ha bloqueado su participación en asambleas
donde se toman decisiones, ha usado
de manera desmedida la fuerza pública,
ha habido encarcelados por delitos
fabricados, pero sobre todo, porque
se están tomando decisiones sobre
un enorme proyecto sin informar ni
consultar y a espaldas de los afectados.
Ayer, el relator se reunió con comuneros opositores a
La Parota en Garrapatas y en Agua
Caliente, ambas comunidades que son
parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
y después de recabar la información,
demandas y quejas, que –dijo– tratará
de transmitir al gobernador Zeferino
Torreblanca y al presidente Vicente
Fox, expuso
esa conclusión en entrevista con diversos
medios.
Por la mañana, en reunión con unos 150 vecinos y vecinas
de Garrapatas, y en la tarde con más
de 800 integrantes del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a
la Presa La Parota (Cecop),
planteó que se debe buscar una solución
pacífica y negociada a este conflicto,
que “ya se fue muy lejos”, opinó,
luego de conocer testimonios directos
sobre los asesinatos de tres comuneros,
los casos de encarcelados, la división
de los pueblos y de las familias,
y la represión.
Dijo que el gobierno mexicano, conforme a los convenios
internacionales que ha firmado, debe
pensar en la gente de aquí, y buscar
proyectos de desarrollo social y humano
que no se logran con una presa. Aseguró
que un proyecto hidroeléctrico como
el de La Parota no genera desarrollo
ni empleo ni bienestar para la población
local, como lo demuestran experiencias
por ejemplo en Chiapas o en el río
Papaloapan
y en otros países como India y China.
Las presas –afirmó– son un desastre mundial, sobre todo
en materia de derechos humanos, y
esos grandes proyectos no se justifican,
porque el país no los necesita, se
puede generar con otras fuentes la
misma energía, sin el daño ambiental,
social y humano que causa una presa.
En las reuniones de ayer, en las que estuvo acompañado
por el director del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, que se encarga de la defensa jurídica del Cecop, Abel Barrera Hernández, y por la invitada de esta organización,
la diputada federal perredista
Eliana García
Laguna, los opositores a La Parota
pidieron el apoyo de Stavenhagen para hacer llegar a las autoridades del gobierno
la demanda de la cancelación definitiva
del proyecto La Parota; “ayúdenos
a que la presa se vaya”, le pidieron
por separado mujeres y hombres y niñas
y niños, que coincidieron en su disposición
a defender de la manera que sea necesaria
sus tierras, el agua del río Papagayo,
la naturaleza, y su forma de vida
campesina.
El relator ofreció transmitir la información y las peticiones
a las autoridades. Dijo que buscará
hablar con el gobernador Zeferino Torreblanca, para pedirle que tome en cuenta los
planteamientos de todos los afectados,
“no sólo de una parte de ellos”.
Dijo que buscará hablar con Fox
para evaluar si el gobierno federal
ha cumplido con las recomendaciones
hechas en un informe sobre los derechos
de pueblos indígenas, hace tres años,
y que en esa reunión incluirá el caso
de La Parota.
Planteó que más allá del problema de La Parota, y de
que se haga o no la presa, los pueblos
de esta región tienen derecho a plantear
proyectos de desarrollo, que en este
momento es complicado porque no se
ha definido quién va a ser el próximo
presidente, pero llamó a preparar
propuestas de los pueblos.
La moneda está en el aire
El relator dijo en las reuniones que la situación de
la presa es incierta, “la moneda está
en el aire”, expresó, y explicó que
una posibilidad es que el gobierno
federal ya tenga decidido hacer la
obra, pero que el siguiente dé marcha
atrás.
“Ustedes viven un momento crítico porque no saben dónde
va a caer la moneda, pero hay que
usar la crisis para ver si empujamos
hacia el bien de los pueblos”.
Recordó que otros proyectos hidroeléctricos se han abandonado,
como el de San Juan Tetelcingo,
en el alto Balsas, porque “la gente
se opuso y se paró”.
Por eso, propuso prepararse para negociar con el próximo
gobierno “que no sabemos todavía quién
se va a quedar” en la Presidencia.
Explicó que negociar no quiere decir aceptar la presa,
sino defender el derecho a otros proyectos
de desarrollo, al empleo, a la educación,
a la salud.
El comisario de Garrapatas, Francisco Domínguez Valente,
le preguntó ¿cómo hacemos para que
el gobierno nos escuche?. El relator respondió que un camino es el jurídico, el de
las leyes, y otro es “el que ustedes
vienen utilizando”, que es el de la
resistencia civil, decir, “no queremos
el proyecto y aquí no pasa”.
Después, en su discurso en Agua Caliente, Stavenhagen propuso “encontrar los caminos para resolver este
conflicto”. Dijo que “estamos en una
situación poselectoral
complicada”, como nunca se había vivido
en el país, “no sabemos aún quién
es el próximo presidente de la República,
hay confrontación a nivel nacional,
eso no facilita resolver conflictos
regionales, mientras no haya estabilidad
a nivel nacional”.
Planteó: “El reto de ustedes es solucionar este conflicto
de forma pacífica”, y expresó su aprecio
“a esta causa justa y digna”.
Relator de la ONU pidió respetar decisión de opositores
a La Parota. (Periódico Pueblo (Guerrero),
Zacarías Cervantes, p.web)
“El gobierno mexicano tiene la
obligación de cumplir con la protección
de los derechos humanos de los pobladores,
como el derecho a la tierra, a la
subsistencia, a la libre consulta,
a la participación”, indicó.
El relator especial sobre la Situación
de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de los Indígenas de
la ONU, Rodolfo Stavenhagen,
pidió a los tres niveles de gobierno
respetar la decisión de los comuneros
que se oponen a la construcción de
la presa hidroeléctrica La Parota.
El llamado lo hizo ayer ente cerca
de dos mil integrantes del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras
a La Parota (CECOP), que se concentraron
en Agua Caliente, Acapulco, una de
las opositoras a la presa.
“El gobierno mexicano tiene la
obligación de cumplir con la protección
de los derechos humanos de los pobladores,
como son el derecho a la tierra, el
derecho a la subsistencia, el derecho
a la libre consulta, el derecho a
la participación”, indicó el representante
de la ONU.
El defensor de los derechos humanos
realiza un recorrido de tres días
por Guerrero y ayer le correspondió
reunirse con los opositores a la construcción
de La Parota, a quienes les dio su
respaldo.
Stavenhagen escuchó
primero en ese lugar, en donde el
coordinador del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera Hernández, le dio la
bienvenida, los testimonios de representantes
de varias comunidades.
Por ejemplo, el presidente del
comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
Alfonso García Vázquez dijo que ya
están cansados de tantas mentiras
de los gobiernos federal y estatal.
El campesino Evaristo Mendoza Ramírez
leyó una proclama en la que reseñó
que luego de tres años de lucha y
resistencia, ni la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) ni los gobiernos
federal y estatal han logrado despojarlos
de sus tierras.
“No han logrado quitarnos el agua
del Río Papagayo, desde aquí le decimos
a los del poder que no les permitiremos
consumar el despojo”, dijo.
Denunció que la Procuraduría
Agraria, el Procede y notarios
“se vendieron a la CFE, declarando
válidas las asambleas amañadas y acusaron
a maestros de la Universidad Autónoma
de Guerrero de mercenarios, lo mismo
que diputados regidores y servidores
públicos que les compraron sus conciencias”.
El enviado de la ONU dijo entre
aplausos de los comuneros que “su
movimiento en defensa de sus derechos
es legítimo y merece el respeto y
el reconocimiento de la ONU y del
gobierno mexicano”.
Indicó que la lucha de los comuneros
opositores “merece la atención del
gobierno mexicano, de la opinión pública
nacional e internacional, por su defensa
al derecho a la vida, a la subsistencia,
a la tierra, que deben ser considerados
por cualquier autoridad privada o
de gobierno que pudiera afectarlos”.
Pide la ONU respetar oposición a La Parota. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web)
Se reúne Stavenhagen
con comuneros en Acapulco.
Acapulco, Gro., 10 de agosto. El
relator especial de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre
Derechos Humanos de los Indígenas,
Rodolfo Stavenhagen,
exigió a los tres niveles de gobierno
respetar la decisión de los miles
de comuneros que se oponen a la construcción
de la hidroeléctrica La Parota.
En el poblado Aguacaliente, ante
unos 2 mil integrantes del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras
a La Parota (CECOP), el funcionario
afirmó: ''El gobierno mexicano tiene
la obligación de cumplir con la protección
de los derechos humanos de los pobladores,
como el derecho a la tierra, a la
subsistencia, a la libre consulta
y a la participación''.
En su recorrido de cuatro días por Guerrero, Stavenhagen arribó a la comunidad Garrapata, municipio de
Acapulco, uno de los poblados opositores
a la construcción de la presa La Parota.
El comisario ejidal, Pedro Valente
Gatica,
advirtió al enviado de la ONU: ''Sólo
muertos nos van a sacar de nuestras
tierras''.
Posteriormente, en Aguacaliente,
municipio de Acapulco, escuchó los
testimonios de representantes de varias
comunidades. Ahí, el coordinador del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, asesor del CECOP, narró
a Stavenhagen
la lucha de los opositores a la hidroeléctrica.
El presidente del comisariado de
Bienes Comunales de Cacahuatepec
-también en Acapulco-, Alfonso García
Vázquez, dijo que él y sus vecinos
están ''cansados de tantas mentiras
de los gobiernos federal y estatal'',
y le pidió ''que le jale las orejas
al presidente Vicente Fox
y al gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo, que han tratado
de imponer las cosas como si estuviéramos
en los años 40''.
El relator de la ONU escuchó los relatos de los comuneros de
Arroyo Verde, Salsipuedes,
Amatillo, La Palma, Cacahuatepec, El Carrizo, El Cantón y Guamuchilitos, entre
otros poblados, que se manifestaron
contra el proyecto.
El campesino Evaristo Mendoza Ramírez leyó al relator de la
ONU un comunicado del CECOP, en el
cual resumió los tres años de lucha
y resistencia del movimiento. ''Ni
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ni los gobiernos federal y estatal
han logrado despojarnos de nuestras
tierras, no han logrado quitarnos
el agua del río Papagayo. Desde aquí
les decimos a los del poder que no
les permitiremos consumar el despojo'',
destacó.
Evaristo Mendoza sostuvo que las autoridades de la Procuraduría
Agraria, del Programa de Certificación
de Derechos Parcelarios y Titulación
de Solares Urbanos (Procede) y
diversos notarios ''se vendieron a
la CFE'' al declarar válidas las asambleas
comunitarias sobre La Parota. Además,
llamó ''mercenarios'' a maestros de
la Universidad Autónoma de Guerrero,
a diputados, regidores y otros servidores
públicos, a quienes la CFE y autoridades
federales ''compraron sus conciencias''.
''Para nuestros pueblos el proyecto hidroeléctrico La Parota
está cancelado. La decisión de nuestro
pueblo ha sido retomada por cientos
de organizaciones en México, América
Latina y el resto del mundo, y la
respaldan 25 mil campesinos amenazados
con el desalojo y 75 mil labriegos
cuyas tierras quedarán desertificadas
río abajo'', leyó Mendoza Ramírez.
En su oportunidad, Maximiliano Aparicio, de 72 años, campesino
de la comunidad El Carrizo, manifestó:
''Mis abuelos fundaron este pueblo.
Lo digo con huevos y valor: van a
pasar sobre nuestros cuerpos, pero
este proyecto no va a pasar. Lo digo
con franqueza y con huevos''.
Gobernabilidad se sustenta en el diálogo y el acuerdo.
(Tribuna de Campeche, p.web).
En Campeche la gobernabilidad se
basa en el diálogo y el acuerdo entre
instituciones y personas, que ha dado
como resultado un clima de paz y armonía,
como un imperativo para la actual
administración en el desarrollo de
la comunidad, sostuvo ante diputados
el subsecretario "A" de
Gobierno, encargado del despacho de
la Secretaría de Gobierno, Ricardo
Medina Farfán.
Al comparecer ante diputados locales
que analizan el Tercer Informe de
Gobierno, precisó que la tarea en
la Secretaría de Gobierno es garantizar
la seguridad pública, la inversión
y los proyectos, lo que ha permitido
mejorar la prevención y el combate
del delito.
Abundó que las necesidades de grupos
sociales inmersos en diferentes problemáticas
han sido atendidas mediante el diálogo
y la conciliación, y con los diferentes
poderes y los Municipios trabajan
en coordinación, para concretar sus
gestiones en una relación de respeto
y en la búsqueda del desarrollo del
Estado.
Señaló que en los tres años de
la actual administración han enviado
al Congreso 18 iniciativas de ley,
y las recomendaciones de esta Legislatura
han sido atendidas de manera oportuna
por las instancias competentes.
Con el Poder Judicial hay relación
de respeto a sus mandatos y de colaboración
para establecer medidas que permitan
modernizar y mejorar la administración
de justicia, en que la seguridad pública
es uno de los temas primordiales.
Derechos Humanos disminuyó en 65
por ciento las recomendaciones a las
dependencias del Gobierno del Estado,
y la Secretaría de Gobierno en 50
por ciento. Desde hace tres años no
se recibe recomendación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
En atención y resolución de asuntos
agrarios de 384 ejidos se implementó
el Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos del Gobierno Federal,
donde el 94.79 por ciento han sido
certificados y titulados, beneficiando
a 50 mil 307 familias.
Se atendieron problemas en Juan
de la Cabada
Vera, Municipio de El Carmen, lográndose
un acuerdo que permitió la adquisición
de 250 hectáreas a favor de los campesinos.
La Central C-4 es la administración
de la Red Estatal de Telecomunicaciones
y del Servicio de Telefonía de Emergencia,
que beneficia primordialmente a las
corporaciones policiales, y da la
oportunidad de intercambiar voz y
datos a otras instancias de la administración
pública estatal, en el cual se erogó
27 millones 177 mil 766 pesos.
Entre otras acciones, se invirtió
en infraestructura penitenciaria 15
millones 500 mil 901 pesos y en el
Cereso de
Kobén se
concluyó la clínica y el edificio
de infectología.
En equipamiento para centros penitenciarios
y la Unidad para el Tratamiento de
Menores Infractores se erogaron 2.4
millones de pesos.
Con la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas se realizó
el proyecto de acueducto López Mateos-Xpujil
con erogación de 125 millones de pesos
y otros 202 millones 300 mil, para
la electrificación de comunidades
en Calakmul. Se implementó un programa de atención a productores
indígenas de miel de 24 comunidades
del Estado.
Destinaron 3.2 millones para la
modernización del Registro Civil y
se adquirió equipo automatizado para
33 de las 42 oficialías.
Se verificó las condiciones de
empleo para menores de edad y se apoyó
a los transportistas en la modernización
del parque vehicular, invirtiéndose
15 millones de pesos en 100 unidades.
A punto de reventar, el conflicto entre comuneros
de Tejalpa
y Santa Catarina. (La Jornada de Morelos, Carlos O. Morales, p.web)
Jiutepec, Mor.
Comuneros de Tejalpa
impidieron ayer por la mañana una
nueva invasión de la zona El Texcal,
área en conflicto con la comunidad
de Santa Catarina, cuando vecinos
de dicha colonia perteneciente al
municipio de Jiutepec quitaron alambrados y postes de madera que fueron
colocados durante la noche del pasado
miércoles.
Baltazar Meraz
Cuevas, presidente del Comisariado
de Bienes Comunales de Tejalpa,
informó que afortunadamente no hubo
enfrentamiento en el lugar de los
hechos. Destacó que la zona en conflicto
entre Tejalpa
y Santa Catarina, son aproximadamente
un mil hectáreas de tierras protegidas
como reservas ecológicas, de las cuales
50 ya fueron invadidas y en donde
se encuentran asentadas diferentes
colonias, algunas de ellas residenciales.
Por otra parte, informó que el miércoles por la
tarde, se entrevistaron en la ciudad
de México, con Abelardo Escobar
Prieto, titular de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) quien
ofreció a los comuneros de Tejalpa
pagarles solamente 15 millones de
pesos, que corresponden a la indemnización
por la afectación de 950 hectáreas,
pero la oferta fue rechazada en forma
tajante, porque ellos solicitan 37
millones.
Además, se dijeron engañados por funcionarios de
la delegación en Morelos de la SRA
y del gobierno del estado que les
mencionaron, en diferentes reuniones,
que se estaba elaborando un nuevo
avalúo que les favorecía, cuestión
que era falsa.
Informó que durante la reunión, el titular de la
SRA les mostró documentación en la
que aparece el avalúo de la tierra
que se hizo hace un año, por lo que
descubrieron que era mentira que se
hizo una nueva valoración del metro
cuadrado de tierra.
Durante la reunión, Abelardo Escobar Prieto dejó
en claro que no habrá otra oferta
más y que es la última, por lo que
les dijo de plano que “la toman o
la dejan, ustedes deciden, pues no
habrá más dinero para su comunidad”.
Baltazar Meraz
indicó que hará del conocimiento de
la asamblea general de comuneros el
ofrecimiento que les hizo el titular
de la SRA, pero adelantó que seguramente
rechazarán la oferta debido a que
fue muy complicado que durante una
asamblea aceptarán 37 millones de
pesos, porque se les hacía poco dinero
con relación a lo que realmente valen
esos terrenos, por lo que ahora al
ser menos de la mitad, lo que les
ofrecieron originalmente, entonces
rechazarán los 15 millones de pesos.
Expuso que se entrevistará con los comuneros de
Santa Catarina para ver que acciones
tomarán en los próximos días y espera
hacer un frente común para evitar
las invasiones de la zona ecológica
de El Texcal y del corredor ecológico
Ajusco Chichinautzin, considerado como “foco amarillo” por
parte de la SRA.
Sigue la devastación en El Texcal, acusan comuneros. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Jiutepec, Mor. Ejidatarios
y comuneros de Tejalpa
advirtieron que no permitirán que
se siga invadiendo el área natural
protegida de El Texcal, por lo que
urgieron a las autoridades federales
y estatales a que definan de una vez
por todas esta incertidumbre
agraria.
A pesar de que la Secretaría de la Reforma Agraria ofreció
15 millones de pesos a los comuneros
de Tejalpa
por las casi mil hectáreas que están
en disputa con Santa Catarina, municipio
de Tepoztlán
(acción que fue rechazada) ahora Baltazar Meraz Cuevas, presidente
de bienes comunales, señaló que mientras
que las autoridades agrarias tratan
de ponerse de acuerdo y solucionar
los conflictos denominados focos amarillos,
“un grupo de vivales
integrantes a la coalición por el
Bien de Todos continúa devastando
casi diez hectáreas de la zona”.
Lamentó que este tipo de acciones de devastación y invasión
en parte de la reserva de El Texcal,
“sea consecuencia de que gobierno
federal y estatal que no atiende de
manera puntual y enérgica la problemática
de tierras que se enfrenta en El Texcal
desde hace 60 años”, y que son tierras
que se encuentran en posesión de Santa
Catarina.
Ante esta situación, Meraz Cuevas
adelantó que no piensan quedarse cruzados
de brazos, “permitiendo que mientras
no se define la situación legal de
las tierras, personas ajenas al lugar
y allegadas a los partidos políticos
y al candidato electo de Jiutepec
Rabín Salazar
hagan lo que se les antoje en el Texcal,
(…) ahora son diez hectáreas las afectadas,
situación que nos obliga a interponer
una denuncia penal contra quien resulte
responsable”, además anunció que montarán
guardias en la zona para evitar “que
se siga perjudicando a la sociedad
que al invadir los predios, contaminan
los mantos freáticos y se pierden
más hectáreas”, ante ello hizo un
exhortó a la población a que haga
conciencia y no compre tierras en
El Texcal.
Prensa Estatal
Evangélicos denuncian despojo. (La Voz del Sureste, Antonio Morales, p.web).
Piden a autoridades solución al
problema.
Representantes de familias evangélicas
del ejido Santa Rita, del municipio
de La Trinitaria, se plantaron a las
puertas del Palacio de Gobierno para
solicitar la gestión del ejecutivo
Pablo Salazar, ante católicos tradicionalistas
del lugar, que a la mitad del 2005
los despojaron de 8 lotes ejidales,
sostuvo el vocero Adán Aguilar Pérez.
El evangélico señaló que hasta
el
momento son varias veces que
han buscado audiencia sin éxito alguno,
ante tal situación buscaron reunirse
con autoridades que les den solución
a casos de intolerancia religiosa,
aún vigentes en esa parte de la entidad.
Aguilar Pérez manifestó que las
9 familias en tales condiciones, solicitan
la reposición de solares, además de
denunciar la destrucción de bienes
patrimoniales como una cámara con
un valor de 4 mil 800 pesos, así como
las agresiones físicas y verbales
de las que han sido objeto desde el
año pasado.
El costo por la destrucción de
bienes materiales asciende a 110 mil
800 pesos, por ello exige sean respetados
en la adquisición de los artículos
de los integrantes de sus familias.
Agregó que son alrededor de 600
católicos tradicionalistas los que
han estado perpetrando tales atracos
hacía la integridad del núcleo familiar,
por tal motivo se vieron en la necesidad
de solicitar el apoyo de las instancias
gubernamentales, para frenar dichos
abusos.
Indicó que su plantón será permanente
pero luego de discutir con autoridades
de la Secretaría de Gobernación, dependiendo
de los avances de las pláticas, optarán
por desalojar la entrada del Palacio
de Gobierno.
Cabe hacer mención que fueron alrededor
de 40 los representantes de las familias
quienes urgieron el apoyo del gobierno
actual, para dar solución al acoso
que aseguran, vienen sufriendo desde
marzo del año pasado en el ejido “Santa
Rita”.
DISTRITO FEDERAL
Denuncian venta de lotes en bosque de Cuajimalpa. (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez, p.web).
Vecinos de la asociación civil Pro Contadero, en la delegación
Cuajimalpa,
denunciaron la pretensión de dos empresas
inmobiliarias de fraccionar el terreno
boscoso conocido como Loma Pachuquilla, el cual, advirtieron, forma parte de la sierra
de Las Cruces, zona de reserva ecológica,
por lo cual tiene uso de suelo restringido.
"Se trata de lo último que le
queda a la ciudad de México para garantizar
su sustentabilidad
ambiental", señalaron.
Loma Pachuquilla consta de 24 hectáreas
de bosque poblado por encinos y pinos,
y por estar clasificado dentro de
la zona de reserva ambiental de la
ciudad no puede ser utilizada para
fines habitacionales. Por ello el
proyecto de construir ahí entre 24
y 38 residencias -mismo que data de
1997- ha sido impugnado por los habitantes
de la demarcación, indicó la asociación
vecinal.
Se proyecta construir una casa por hectárea, "lo que representaría
una pérdida del bosque de entre 30
y 40 ciento", agregó la asociación,
y externó
su preocupación por la prisa con que
las empresas inmobiliarias, Jones
Lang LaSalle y Colliers International, han lanzado
una convocatoria para que quienes
deseen adquirir un predio en ese bosque
presenten sus ofertas de compra antes
del 18 de agosto.
De acuerdo con un documento presentado por la asociación vecinal,
las citadas empresas explican que
la "forma de pago para la adquisición
del inmueble deberá ser de 30 por
ciento a la firma del contrato privado
de compraventa, lo cual deberá realizarse
antes del 31 de agosto de este año,
y 70 por ciento a la escrituración
de la propiedad".
HIDALGO
“La Nopalera” corresponde
al Ejido de San Pedrito. (Plaza Juárez, Verónica Monroy,
p.web).
*Asegura Felipe Canseco, defensor
del patrimonio ejidal
*“En su momento se demandó la nulidad de las escrituras que
tiene la familia Montiel
Guerrero.
*Esas escrituras ya fueron dadas de baja en el Registro Público
de la Propiedad.
*La familia Montiel Guerrero asegura
que “La Nopalera”
es herencia y que la defenderán hasta
el final
En asamblea general de ejidatarios celebrada la mañana de ayer
el abogado Felipe Canseco
Ruiz, aseguró a los campesinos que
el predio denominado “La Nopalera”
que comprende 12 hectáreas por resolución
del juez primero de distrito, se reconoció
que el único dueño de las tierras
que ha mantenido en conflicto con
la familia Montiel
Guerrero pertenecen al Ejido de San
Pedrito
Alpuyeca.
El defensor del patrimonio ejidal recalcó que el reconocimiento
de las tierras a favor del Ejido de
San Pedrito
Alpuyeca
se logró gracias a que en su momento
dentro del juicio de amparo 1668/2005-IV
en materia agraria se demando la nulidad
de las escrituras que había obtenido
la familia Montiel
Guerrero.
Señaló que además ya fueron dadas de baja del Registro Público
de la Propiedad, lo que significa
que el legítimo dueño del predio es
el núcleo agrario de San Pedrito
Alpuyeca.
El abogado informó que de todo el conflicto de “La Nopalera” se han derivado 14 juicios de los cuales todas las
resoluciones han sido favorables al
Ejido de San Pedrito
Alpuyeca.
Dijo que a pesar de que la razón les asiste a los ejidatarios
quienes son los verdaderos dueños
del predio de “La Nopalera”, continuarán con la integración de las averiguaciones
previas que se levantaron debido a
los conflictos que se suscitaron en
días pasados, saliendo lesionado el
comisariado
ejidal Gilberto Ortiz Meza.
En la asamblea general celebrada en el salón ejidal de San
Pedrito Alpuyeca, los ejidatarios
pidieron a la autoridad competente
la intervención de la fuerza pública
en el conflicto y con ello evitar
nuevos enfrentamientos que se puedan
suscitar al no respetarse el fallo
del juez de distrito.
Otro de los puntos importantes que se
tocó en asamblea fue el de los informes
que están solicitando por parte de
quienes en su momento fungieron como
autoridad ejidal y que nunca rindieron
cuenta de los recursos que manejaron
y que ascienden a más de 2 millones
de pesos.
El abogado dijo que los implicados en la rendición de cuentas
son José Luis Herrera Montiel,
Cesáreo Hernández Juárez y Paulino
Guadalupe Cerón,
quienes de no comprobar en qué se
gastaron el dinero de los ejidatarios
tendrán que reingresarlo a las arcas
ejidales, no obstante de que ya existe
una denuncia en su contra.
En su informe que rindió Felipe Canseco
a los ejidatarios recalcó que como
la legalidad le asiste al ejido todos
los juicios han sido resueltos a su
favor y que ahora sólo esperan que
la autoridad haga valer la ley y los
campesinos de San Pedrito
Alpuyeca pueden recuperar lo que les han arrebatado.
Con relación a este mismo conflicto la familia Montiel Guerrero en entrevista con Plaza Juárez manifiesta
que las 12 hectáreas de tierra les
pertenecen al ser una herencia que
su abuelo les dejó y que cuentan con
todos los documentos que los ampara
como legítimos dueños del predio que
no cederán a por ningún motivo y que
lo defenderán hasta el final.
NAYARIT
En Nayarit impera la represión y la persecución. (El Tiempo de Nayarit, p.web).
Denuncia ejidatario despojado de su camioneta por policías
“En Nayarit el pueblo está harto, existe hambre, no hay empleo
y aparte hay persecución de los ciudadanos
que no coinciden con la ideología
de quienes gobiernan a esta entidad”,
gritó en tono airado el conocido ejidatario
de Xalisco,
Gustavo Pérez González, en plena sala
de sesiones del Congreso del Estado.
La intervención del campesino, se registró en momentos en que
había confusión en la sala de sesiones,
después de que la presidenta de la
mesa directiva, Jocelyn
Patricia Fernández Molina, anunciara
un receso de cinco minutos, para interrumpir
la denuncia que estaba haciendo en
tribuna la también legisladora Gricela
Villa Santacruz, sobre el desvió de
recursos de la Secretaría de Obras
Públicas del gobierno estatal y del
Ayuntamiento de Xalisco
en actos proselitistas del PRI.
Tan solo unos segundos después que se le apagara desde el control
central el micrófono a la diputada
Villa Santacruz, para interrumpir
su intervención, una voz desesperada
y tronante partió de uno de los pasillos,
para exigir a los diputados que se
pongan al servicio del pueblo y no
de otros intereses.
Esa voz era la del ejidatario Gustavo Pérez González, quien
demandaría justicia, denunciando que
momentos antes por el simple hecho
de pasarse un alto, fue copado por
unos 12 elementos de la policía municipal
sobre el bulevar Tepic-Xalisco
y como su fuera un capo de narcos, fue jaloneado e insultado.
“No choqué, no atropelle a nadie, solo era una falta administrativa
y sin embargo”, agregó dentro de una
actitud que parecía la de una persona
al borde de un infarto, que lo jalonearon
y hasta lo rasguñaron, para finalmente
quitarle el vehículo y dejarlo a pie
a él y su esposa.
Advertiría a los diputados, mientras algunas personas del público
le aplaudían, que no se vale que el
pueblo de la manera más sencilla y
honorable les de su voto para ejercer
el poder y cuando llegan a este, traten
a los ciudadanos como si fueran delincuentes.
Agitado respondería a las preguntas de los reporteros, diciendo
que le habían quitado una camioneta
pick up modelo 1979, que por el mal
estado en que se encuentra, cuando
mucho levanta los 40 kilómetros por
hora.
Insistiría que no había violado la ley para que los policías
lo trataran como delincuente y que
tal vez su único delito era haber
abandonado las filas del PRI, por
tantas violaciones a la ley que cometen
los priístas. Para precisar finalmente:
“Prefiero que me maten, pero diciendo
lo que sufre el pueblo de Nayarit”.