CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2005

OCHO COLUMNAS

Jubila el ISSSTE a 600 por semana

Requiere instituto de contribuciones de 14 empleados para pagar cada pensión

Compra SEP libros a precios inflados

Burla criterios de Conaliteg

Incierto panorama del sector energético

El país podría enfrentar una crisis por la escasa inversión: Elizondo

Muerta, la esperanza de crecer al 7%: FMI

En el mejor escenario, el PIB avanzará 2.2% anual en el sexenio

Salvan PRI y PAN a Aldana del desafuero

Dan portazo en la Cámara a la reapertura del Pemexgate

El PAN salva a Aldana del desafuero

Impide reabrir el caso Pemex

Culpa Ortega a medios de mala imagen de policías…

Dice que el DF tiene el gobierno que se merece

Descomunal Rezago Legislativo

Paradas, 1,219 Iniciativas en el Recinto de San Lázaro

Madrazo organiza fiesta por desafuero

Celebra disciplina de bancada tricolor

Avala Corte que IP genere electricidad

No se cancelarán contratos; da la razón a Fox en controversia con la Auditoría Superior

Q. Roo emporio del narco

Reconoce gobernador que "barones de la droga" convirtieron la entidad en campo de guerra

Sector agrario

Falso que se imponga el Procede, aclara la Procuraduría Agraria. (La Jornada, p. 20).

La Procuraduría Agraria, que encabeza el Dr. Isaías Rivera Rodríguez, rechazó de manera tajante que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) “se imponga ilegalmente” bajo una “política coactiva” en ejidos y comunidades de la región occidente y en todo el país”, como expusieron ejidatarios de San Isidro, Jalisco, y se publicó ayer en este diario.

Así lo declaró el Subprocurador General, Lic. Rogelio Parra Silva, al señalar que “este programa es absolutamente voluntario y gratuito para ejidos y comunidades, por lo que de ninguna manera existe imposición o coacción en su aplicación”. La decisión para aceptar incorporarse, resaltó, es tomada por la asamblea de los núcleos agrarios, legalmente constituida.

El funcionario negó que el titular de la Institución, Dr. Isaías Rivera Rodríguez, haya desatado una “ilegal campaña en todo el territorio nacional para obligar la incorporación de los núcleos agrarios al Procede”; prueba irrefutable de lo anterior, recalcó, es que al 31 de marzo pasado, 25 mil 815 núcleos agrarios que representa el 86% de los 29,942 ejidos y comunidades en el país han aceptado incorporarse voluntariamente al Procede.

Parra Silva afirmó que el Sector Agrario y en particular, la Procuraduría Agraria, ratifica su absoluto respeto a las decisiones que tomen los núcleos agrarios al respecto, ya que “la regularización y certificación de los ejidos y las comunidades tiene por objeto otorgar certeza jurídica en la propiedad de la tierra y la consecuente expedición de los documentos que así lo comprueben, generando a su vez, las condiciones para la inversión y desarrollo, contrarrestando precisamente la migración y el deterioro de la economía campesina”.

En este sentido, el Subprocurador Agrario rechazó que la aplicación del Procede tenga como fin “la privatización de las tierras ejidales y comunales”, como se señaló. A la fecha, precisó, sólo el 0.8% de la totalidad de núcleos agrarios certificados han decidido cambiar de régimen ejidal o comunal y asumir el dominio pleno, en su gran mayoría para responder a la creciente demanda de vivienda en el país.

Finalmente, el funcionario dejó en claro que “en la incorporación y las etapas del Procede, las entidades responsables se ajustan al marco legal correspondiente, siendo la Procuraduría Agraria la responsable de su vigilancia”.

Presentan en el Senado resultados de la Consulta Nacional Indígena. (Notimex, p. web. /Información también publicada en El Universal, p. web.12 Abril,05).

* Se aplicó a cuatro mil 316 personas en 23 estados de la República

México, 12 Abr .- La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, Luisa María Calderón Hinojosa, informó que la Consulta Nacional a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre las iniciativas turnadas fue aplicada a cuatro mil 316 personas en 23 estados.

Al presentar los resultados de la consulta, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que Oaxaca es el estado donde se presenta mayor pérdida de la lengua original, pues de mil 36 encuestados, 797 explicaron que hablan totalmente su lengua, mientras que 140 dijeron que no la hablan.

Detalló que los indígenas de Chiapas son los que más desconocen la existencia de alguna ley que proteja a los jornaleros agrícolas.

La mayoría de los indígenas consultados señalaron que para beneficiar económicamente a sus comunidades se requiere de apoyo gubernamental, trámites más sencillos y la creación de empleos.

Con relación a los usos y costumbres, se comprobó que Chiapas es el estado donde se acostumbra amarrar, golpear e insultar a quien cometa algún delito.

Calderón Hinojosa destacó el valor de la consulta al indicar que se aplicó directamente a los indígenas y no como antes, que se efectuaban "con los grupos políticos o líderes de las diversas comunidades".

A su vez, el representante de la Procuraduría Agraria, Rafael Mariscal, dijo que la consulta fue enriquecedora pues la mayoría de los indígenas tienen conocimientos del Procampo pero no saben de la existencia de una ley para jornaleros, por lo que es necesario asesorarlos para que conozcan sus derechos.

En la presentación de los resultados participaron también la directora de Consulta y Participación Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cristina Enríquez, y los senadores Jesús Vicencio Alvarez y Francisco Fraile García, ambos del PAN.

Termina el Procede en octubre del 2005. (El Siglo de Torreón, p. web)

Acelera la SRA recepción de documentos para certificar derechos sobre tierras ejidales

El Programa de Certificación de Documentos Ejidales cerrará de manera definitiva en octubre del presente año, aunque desde el mes de junio se dejarán de recibir documentos para la titulación de tierras de manera gratuita, según lo dio a conocer la Delegación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Debido a esto, el delegado de la SRA, Noel Pérez Saláis, manifestó que actualmente las dependencias federales del sector agropecuario están admitiendo constancias de títulos para acceder a los recursos de los distintos programas; sin embargo, luego de cerrar el Procede, se tendrá que presentar el certificado de propiedad para poder entrar a los esquemas de apoyo al campo. De lo contrario, no podrán integrarse a los proyectos productivos.

En este sentido, personal de la SRA, Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria están realizando visitas a los núcleos que faltan por regularizarse, donde se hace saber de los beneficios del Procede, ya que con éste se puede contar con seguridad sobre sus tierras.

Aseveró que al cierre del Procede se prevé la apertura de más programas para el 2006 para hacer de los núcleos certificados y en general sus actividades agropecuarias más productivas.

Entre los nuevos programas para el próximo año, mencionó el de Fondo de Tierras, que consistirá en facilitar financiamiento o créditos y capacitación a grupos de jóvenes para comprar o rentar tierras que no sean utilizadas y que ellos mismos sean los que trabajen en ellas para elevar sus niveles de productividad. Los recursos serán recuperables.

Actualmente los trámites de certificación de tierras son de manera gratuita; sin embargo, al no regularizar sus núcleos agrarios hasta el mes de junio, posteriormente los ejidos tendrán que costear los gastos de mediciones, entre otros, declaró el entrevistado.

El funcionario federal aseguró que el cierre del Procede obedece a cumplir con la meta presidencial que consiste en que para el 2006 deberá estar regularizada toda la tierra de carácter social de la entidad. Durante el 2003 se cerró en un estado, posteriormente en 2004 12 lo concluyeron y ahora en este año finalizarán en 12 más. En el 2006 finalizarán con las últimas siete entidades.

Supervisarán proyectos autorizados

Serán supervisados los proyectos autorizados en el ejercicio 2004 de los programas de la Mujer del Sector Agrario (Promusag) y del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios (FAPA) de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para ver la correcta aplicación de los recursos públicos.

Noel Pérez Saláis, delegado de la SRA, comentó que 52 proyectos del Promusag y 13 del FAPPA de diferentes municipios de la entidad serán inspeccionados, ya que después de proporcionales los recursos, cuentan con tres meses para comprobar los gastos.

En caso de que haya algún proyecto donde no se utilizaron los recursos se pondrá en conocimiento del órgano interno de la SRA para que investigue y en su caso proceder ante otras instancias fuera de la Secretaría.

Dentro de estos programas se apoyan proyectos productivos en el sector rural para la instalación de tiendas de abarrotes, ropa, tortillerías, invernaderos, cría de pollos, entre otros.

Ante lacandones se actúa con apego a derecho: la SRA. (La Jornada, p. web)

La Secretaría de la Reforma Agraria aseguró que siempre ha actuado apegada a derecho y con base en la concertación y el diálogo para cumplir con los objetivos del Programad e Atención Integral a la Comunidad Zona Lacandona y a la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

Es importante destacar que no existen denuncias formales por parte de la organización denominada Xi’Nich contra la dependencia por supuestos despojos o desalojos disfrazados de reubicaciones pacíficas con programas institucionales en la selva norte de Chiapas.

Asimismo es fundamental reiterar que tampoco se ha llevado a cabo ningún tipo de acción o intromisión en los poblados y comunidades de Montes Azules y la zona lacandona para convencer a los indígenas a incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Se manifiesta un reducido grupo de gente frente a la SRA. (Mi Morelia. com, Bruno Montana, p. web).

Martes 12 de Abril de 2005

Morelia, Mich., 12 de abril.- Al menos 10 personas se manifestaron este martes por la tarde en las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en demanda de adeudos pendientes a este sector.

Cerca de las 14:00 horas, un grupo de 10 personas bloquearon la entrada principal de la mencionada dependencia y no permitían ni la entrada ni la salida de los empleados federales.

Los manifestantes provenientes de Churumuco, arribaron a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Madero, a la altura de la calle Juan José de Lejarza en el Centro para exigir el pago de un adeudo del 2004 utilizados en programas en materia agraria.

Aunque no fue revelado el monto de lo solicitado, aseguraron que ya se adeuda el monto del 2004 y por supuesto la cantidad del 2005, razón por la cual no se ha avanzado en los objetivos programados en la región.

Los manifestantes solicitaban una audiencia con el delegado de la dependencia federal y aseguraron que de no obtener una respuesta favorable intensificarían las manifestaciones.

Documentos falsos aparecen con inscripción al Procede. (Diario del Istmo, Martín Ruiz Urieta, p. web)

10 de Abril, 2005

Cosoleacaque, Ver.- En el ejido Cosoleacaque están saliendo a relucir documentos apócrifos, asegura el Comisariado ejidal, al estar próxima la conclusión de los trabajos de localización de vértices de parcelas fraccionadas, que realiza personal del INEGI para la correspondiente inscripción al Procede.

El Procede es un Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos que le da legalidad a la posesión de los campesinos y un instrumento para que éstos puedan acceder a créditos, apoyos agropecuarios y otros trámites agrarios.

Pero dentro de esto, se han detectado documentos apócrifos que involucran a anteriores personas que manejaron sin representatividad el ejido, porque jamás fueron nombrados directivos y firmaron documentos que carecen de validez y que afectan a posesionarios que les pagaron grandes sumas de dinero para tener una porción de tierra.

En esto se involucra a Cándido Cruz Rodríguez y a Ángel Cruz, en momentos en que el INEGI está por concluir (el próximo martes) sus trabajos en los predios Tonalapa, Cerro Alto, Hato Nuevo y La Colmena.

Sin embargo, el comisariado señala que se está buscando la manera de regularizar esos predios irregulares para que los posesionarios no sigan afectados.

Aprueban secar presa de Ibarilla. (A.M. (Guanajuato), Miguel Zacarías, p. web).

A 10 días del anuncio inicial, la Comisión Nacional de Agua aún no concluye la investigación de la extracción de materiales en la presa de Ibarrilla.

El delegado estatal de la CNA, Ricardo Holguín Santana, explicó que este embalse está fuera de uso y no hay ninguna irregularidad en ese aspecto.

“En el caso de Ibarrilla, es una presa que está fuera de uso. Es posible que llegue a almacenar algo, pero para almacenar la totalidad de su capacidad... De hecho por eso se construyó la presa de la Manzanilla que está aguas arriba, que regula los escurrimientos del arroyo de Ibarrilla, y la presa que está aguas abajo ya quedó fuera de uso”.

El funcionario federal dijo que esos terrenos fueron dotados mediante una resolución agraria. Es decir, la autoridad les repartió la superficie de ese terreno.

“Esto significa que los ejidatarios tienen la posesión de esa superficie y en un momento dado, como esa presa ya no almacena porque se azolvó, perdió su vida útil, porque las condiciones estructurales de la cortina ya no son las adecuadas, ya cambió su uso”.

El pasado 27 de marzo A.M. publicó que dicha presa está seca y que ejidatarios de la zona la secaron para utilizar el vaso como un banco de materiales de donde extraen tierra lama, arena y grava.

“En lo que se refiere a la extracción de materiales, tendríamos que ver. Porque la extracción de materiales se vinieron depositando durante mucho tiempo, y lo que tenemos que identificar es si existe extracción o explotación porque ya se perdió el trazo original, y eso es lo que estamos haciendo: definir dónde se dio la extracción”.

Holguín Santana explicó que no es un caso excepcional el uso que está teniendo ahora la presa de Ibarrila.

“Está la presa de Santa Ana Pacueco, de San Gregorio, de San Antonio, muy antiguas, azolvadas, y que están fuera de uso, y que tienen una dotación por resolución agraria. Los ejidatarios tienen la posibilidad de manejar sus tierras de acuerdo a sus condiciones, sobre todo porque las presas no almacenan agua”.

Por otra parte, en el Congreso del Estado no se está tratando el asunto de las presas porque le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, según informó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Verónica Chávez de la Peña.

Por su parte, Miguel Ángel Torrijo Mendoza, titular de la Procuraduría de Medio Ambiente del estado de Guanajuato, informó que hace una semana la Procuraduría recibió la denuncia por el asunto de la presa de Ibarrilla, y ya se hizo una revisión.

Agregó que para poder incidir en el caso de las otras presas (Chichimequillas, San Gregorio y San Antonio) se necesita una denuncia, que, de tener un grado penal, la investigación será canalizada a la PGJE.

No hay acuerdo; sigue plantón de campesinos. (El Sur de Campeche, Juan Carlos Hernández, p.web)

Sin ningún acuerdo concluyó la reunión entre los miembros del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata" con autoridades de los gobiernos federal y estatal, por lo que permanecen en plantón los aproximadamente 300 manifestantes en los bajos de Palacio Federal, donde se encuentran desde el pasado lunes.

Luis Antonio Che Cu, dirigente de la agrupación y líder de los inconformes, anunció que este miércoles llegarán a la ciudad funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, ante quienes plantearán su problemática, con la esperanza, dijo, "que ellos sí nos den respuesta" a las peticiones de tierras, ofrecidas por gobiernos anteriores, sin que hasta la fecha les hayan cumplido.

Ayer, alrededor de las 10 de la mañana, los manifestantes salieron de las instalaciones del edificio federal, del que se habían "apoderado" el lunes por la mañana, y encabezados por Che Cu iniciaron una marcha por la avenida 16 de Septiembre con dirección a Palacio de Gobierno, en medio de gritos, pancartas y un muñeco de trapo, representando "al mártir" del ejido Juan de la Cabada, en una cruz, al frente de la larga fila de campesinos.

Al llegar a la altura de la Fuente del Progreso, los manifestantes tomaron la calle 8, para llegar a las puertas de Palacio de Gobierno donde pararon algunos minutos, para que Luis Antonio Che Cu tomara el micrófono y pidiera la intervención del gobernador del Estado ante la Secretaría de Reforma Agraria, y ante las autoridades municipales de Candelaria y Hecelchakán.

Al lugar se presentó el subsecretario de Gobierno, Carlos Torres Melken, quien invitó a los campesinos para formar una comisión y subir a dialogar, invitación que no fue aceptada.

De regreso a Palacio Federal, Che Cu y los campesinos sostuvieron una reunión con autoridades de la Reforma Agraria, Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Social, y de los municipios de Candelaria y Hecelchakan.

Desde las 11 de la mañana, en presencia de una comisión de los manifestantes, Pablo Enrique Hau Dzul, delegado de la Reforma Agraria; Carlos Torres Melken, subsecretario de Gobierno, y Antonio Piedra Castro, presidente municipal de Candelaria, inició el diálogo, que horas más tarde terminaría sin acuerdo alguno.

En las pláticas, Piedra Castro se comprometió en apoyar y gestionar ante las autoridades correspondientes para solucionar este viejo problema de reparto de tierras, aunque dejó en claro que "no prometo lo que no puedo cumplir".

Los inconformes presentaron sus peticiones, y ante la falta de respuesta que los satisfaciera, advirtieron que permanecerán en plantón "el tiempo que sea necesario", porque "ya nos estamos cansando, siempre es lo mismo, ya tenemos más de 15 años con esto; no somos nuevos en esto".

Al hacer uso de la palabra, Antonio Che Cu dijo que las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria "deben de tomar muy en serio este viejo problema, pues los campesinos de Juan de la Cabada y los demás poblados de Candelaria ya están cansados de tanto engaño; agradecemos el apoyo por parte del presidente municipal de Candelaria, Antonio Piedra Castro y a las autoridades del gobierno por su comprensión y deseos de que este problema y otros se solucionen, en beneficio de cada uno de estos campesinos".

Posteriormente, una comisión de 10 campesinos entró a Palacio Federal, para una nueva reunión, con la esperanza de un acuerdo, pues había el borrador de una minuta de acuerdo, pero después de 3 horas todo intento de conciliación fue en vano, y solamente se les notificó de la llegada, hoy, de funcionarios de las oficinas centrales de la Reforma Agraria.

Cabe mencionar que empleados de las distintas oficinas del edificio federal no laboraron, pues fueron retirados desde la mañana, por temor a que se produjera algún atercado con los manifestantes, pues las puertas de acceso al inmueble fueron cerradas por los campesinos, quienes sólo permitían la entrada a los representantes de los medios de comunicación.

No ceden los campesinos. (Tribuna de Campeche, p. web)

Ante la negativa de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para resolver los problemas de tenencia de la tierra en Pomuch y Juan de la Cabada Vera, los campesinos del Sur mantienen su plantón en el Palacio Federal, donde cinco mujeres fueron internadas de emergencia por presentar problemas diarreicos.

Pese a la intervención del secretario de Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio, con la representación de la SRA, no se acordó nada, por lo que se decidió mantener el plantón en espera de la llegada hoy de un funcionario de oficinas centrales.

A las 10 horas unos 200 campesinos tomaron la avenida 16 de Septiembre, doblaron por la Fuente de la Electrificación y retornaron sobre la misma arteria al Palacio Federal. Tras la caminata de unos 20 minutos, reingresaron al edificio y obligaron a los más de 600 trabajadores de las 17 dependencias de los tres niveles de gobierno a abandonar sus oficinas.

Instalaron la mesa de diálogo y exigieron la presencia del alcalde de El Carmen, Jorge Rosiñol Abreu, mientras que sudoroso, con voz temblorosa y el celular pegado al oído, el delegado de la Sedeso, Mario Alberto Ávila Lizarraga, llamaba a la calma y ofrecía que en cuestión de minutos estaría su homólogo panista. Al filo de las 11:30 horas se integró una comisión, y tras tres horas de negociaciones no se acordó nada.

El alcalde candelarense Antonio Piedra Castro dijo que los problemas de servicios públicos en las comunidades asentadas en la región de las ampliaciones forestales de Pomuch estaban resueltas, y ofreció intervenir para mejorar la vigilancia, pero la tenencia de la tierra corresponde a la SRA resolver.

El representante de la SRA, Paulo Enrique Hau Dzul, propuso una reunión el 20 de abril, y los campesinos no aceptaron. Entonces una comisión encabezada por Luis Antonio Che Cu, dirigente del Freciez, se trasladó a Palacio de Gobierno para dialogar con el secretario de Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio. Hau Dzul y Ávila Lizarraga quedaron en calidad de "garantía" en tanto retornaba la comisión al Palacio Federal.

Che Cu pidió a Ortega Rubio comunicarse a la ciudad de México con oficinas centrales de la SRA, para acordar una reunión este miércoles, o el plantón se mantendría indefinidamente.

A su retorno le informaron a Che Cu que Ávila Lizarraga subió a su camioneta a cinco mujeres, de las que sólo se dieron los nombres de Antonia de la Cruz, Ana María de los Santos, Emilia Moreno Méndez y Jovita Guzmán Guzmán, para trasladarlas a una clínica por problemas gástricos y diarreas. Ofreció cubrir los gastos. Lo acompañó el representante de la SRA, Paulo Hau Dzul.

Advirtió que Ávila y Hau deberían retornar porque no habían firmado la minuta de entrega de recursos por ocho millones de pesos para los programas de vivienda rural, empleo temporal y adultos mayores.

Liberan a campesinos de El Capulín; los iban a rescatar “a machetazos”. (Excélsior, Rafael Rodríguez, p.17A).

Tras haber permanecido retenidos por más de diez horas, cinco campesinos de la comunidad de El Capulín, de esta cabecera municipal por comuneros de Moyotepec, municipio de Ocuapa, fueron liberados ayer a las 10:30 horas, justo antes de que sus compañeros iniciaran un enfrentamiento con palos y machetes para rescatarlos, informó la Dirección de Gobernación estatal.

El conflicto comenzó desde la semana pasada cuando los comuneros de Ocuapa rompieron las pláticas que sostenían en el Distrito Federal con personal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), donde se busca solucionar el conflicto de tierras que persiste desde hace 120 años con los ejidatarios de Tlacuapa, al rehusarse estos últimos a incorporarse a un programa compensatorio, dijo la dependencia.

Lo anterior, agregó, originó que el conflicto ejidatario detonara en un nuevo enfrentamiento, que estuvo a punto de convertirse en un hecho de sangre por la disputa de 456 hectáreas de tierras de labor que reclaman ambos grupos.

Evalúa Fox a dependencias de su gobierno. (La Prensa, Arturo B. Pansza, p. 33).

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las metas de cada una de las dependencias del gobierno federal, así como su contribución al buen desempeño de la actual administración, el Presidente Vicente Fox Quesada se reunió ayer con los integrantes del gabinete legal.

En la reunión que forma parte de los encuentros sistemáticos de evaluación, se revisarán los esquemas de canalización de recursos a los programas prioritarios de cada dependencia.

A la residencia oficial de Los Pinos acudieron a participar en la junta los titulares de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, defensa, Salud, Reforma Agraria, Seguridad Pública, Comunicaciones, entre otras.

El ojo monitor. (Diariomonitor, p. 10)

Camaleónico

El subsecretario de Política Social de la Secretaría de la Reforma Agraria, Armando Ríos Piter, encargado de manejar los principales subsidios de la dependencia dejó su cargo y desde hace dos semanas es el flamante secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, con el gobernador perredista Zeferino Torreblanca. Ríos es oriundo de Guerrero y apenas tomó posesión el gobernador, el pasado primero de enero, le ofreció la secretaría.

Sector agropecuario

Apremia la UNC-CNPR a poner en venta los ingenios expropiados. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

La Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales (UNC-CNPR) apremió al gobierno federal a poner en venta los 27 ingenios que expropió en septiembre de 2001 para dejar de ser "juez y parte" en dicho sector productivo, y demandó que la desincorporación no beneficie sólo a dos o tres particulares que después conviertan los terrenos ocupados por las agroindustrias en desarrollos inmobiliarios.

Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la UNC-CNPR, mencionó que la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar -aprobada por la Cámara de Diputados y en espera de ser votada en el Senado- contempla una estrategia para la desincorporación de los ingenios y el desarrollo de economías regionales.

"Ahora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación señala que hay ingenios que podría convertir en paraestatales y en otros casos determinar su cierre; sin embargo, no presenta un estudio que respalde su dicho ni tampoco que evalúe el costo social que significaría la determinación de cancelar una actividad alrededor de la cual se han construido economías locales", abundó el también diputado.

Lo que interesa a los productores es que se impulse el desarrollo de la agroindustria, de la cual dependen directa e indirectamente casi tres millones de personas y cuyo cultivo ocupa 638 mil hectáreas, de las cuales las dos terceras partes son del sector social. La ley, insistió, es un paso fundamental para que ese cultivo y la agroindustria sean competitivas en el mercado internacional.

Seguir atrasando la aprobación de dicha ley es frenar el desarrollo de ese sector productivo y no atender los altos costos de producción, que es de 200 por ciento en comparación con competidores como Brasil, Colombia y Australia, entre otros. Recordó que entre más de un centenar de países productores de azúcar, México ocupa el séptimo lugar a escala mundial en producción y la octava posición en consumo, pues éste se coloca en 42 kilogramos anuales per cápita. En términos de productividad, los abastecedores se ubican en tercer lugar y en cuarto en rendimientos, con 8.25 toneladas por hectárea.

Además, señaló, con la ley se busca el desarrollo de todo el sector, incluyendo el de los edulcorantes, y la diversificación del uso de la caña de azúcar para la producción de combustibles como el etanol, por ejemplo. "Actualmente aportamos 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Con la ley ese porcentaje se duplicaría, ya que no es limitativa porque ofrece una plataforma de lanzamiento".

Confiado en que los senadores emitirán un voto razonado, serio y comprometido con el sector cañero, Blackaller afirmó que con dicha norma la cadena caña-azúcar volverá a tener la certidumbre y confianza que "nos arrebató" la abrogación del decreto cañero, firmado por el Presidente en enero pasado.

Creciente integración del sector de alimentos en la zona del TLCAN. (La Jornada, David Zúñiga, p. web).

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha incrementado la integración de los mercados alimentarios de los países participantes y ha contribuido a incrementar la producción de carne en México; sin embargo, los hogares mexicanos destinan cada vez menos dinero a comida.

En 1992 los mexicanos invertían 36 por ciento de su ingreso en alimentos, bebidas y tabaco, y para 2002 la proporción se había reducido a 31 por ciento, según un análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El estudio NAFTA at 11. The growing integration of North American Agriculture, señala que Estados Unidos, Canadá y México funcionan cada vez más como un mercado de alimentos integrado. Por ejemplo, el abasto de forrajes de Estados Unidos contribuye a incrementar la producción de carne en México; mientras, los productores estadounidenses de frutas y vegetales están ajustando sus estrategias para ganar mercados en el continente, y las multinacionales extienden sus actividades en cada uno de los países del TLCAN.

Para los consumidores, señala el texto, la integración del mercado de productos agropecuarios ofrece beneficios como precios bajos, mayor variedad de alimentos y disponibilidad todo el año.

Estos factores, agrega, han contribuido a elevar el consumo de carne en México y permiten a productores mexicanos y canadienses de frutas y verduras ganar mercados en Estados Unidos.

Sin embargo, el Departamento de Agricultura reconoce que las investigaciones sobre los efectos de la apertura comercial se han concentrado en el éxito logrado al aumentar la disponibilidad de alimentos y se han dejado de lado algunos efectos colaterales.

Por ejemplo, el estudio menciona que durante la vigencia del TLCAN el consumidor estadounidense promedio sólo tiene que gastar 10 por ciento de su ingreso personal para comprar los alimentos que necesita, mientras un hogar mexicano gasta en comida 31 por ciento de su ingreso, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares correspondiente a 2002.

El documento también admite que hay sectores que se han quedado ''rezagados'' en la integración alimentaria: lácteos, carne de aves y edulcorantes.

Organizaciones campesinas

Se acaba el tiempo extra a Fox para atender el campo: CNC. (La Jornada, Matilde Pèrez U., p. web).

El tiempo extra del gobierno se está acabando: si el presidente Vicente Fox y sus colaboradores no entienden que el campo y la nación requieren atención, habrá tensiones sociales y las instituciones perderán su acción política, advirtió Tomás Gloria Requena, durante el encuentro de dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) con jóvenes indígenas.

"Si no atienden los diversos llamados habrá una reacción en cadena; la desintegración del tejido social y la desconfianza en las instituciones. Hay riesgo de una polarización de todo el sistema de gobierno y la irrupción de situaciones sociales de extremo", advirtió.

Antes, el presidente de la CNC, Heladio Ramírez López, dijo al gobierno y a los dirigentes de los partidos políticos que es "hora de poner un alto a tanta insensatez"; lo que necesita el país es una conducción firme, acotó.

Convocó a los jóvenes indígenas del país a constituir un frente de lucha combativo para afrontar "a la fuerza política y económica" que ha llevado al éxodo obligado de sus comunidades a miles de ellos. "Es necesario reiniciar el diálogo y la discusión con los pueblos indígenas en torno a sus derechos históricos."

Ramírez López dijo que el desarrollo del país no puede estar "atrapado en el atropello a las instituciones y a la ley; en el menoscabo a la democracia y entre las descalificaciones estériles entre políticos y sus personales intereses; en el debilitamiento de la política y de los partidos".

Expuso que los jóvenes indígenas de México y de otros países latinoamericanos -vistos como terroristas y conspiradores por el gobierno de Estados Unidos- se están organizando porque quieren justicia, trabajo, ejercer su libertad, recuperar sus derechos históricos y saciar su hambre; su causa ya no está aislada ni es incomprendida. Los mexicanos, destacó, ya no quieren políticas asistencialistas ni caritativas, ni que su cultura y lengua sean vistas como reliquias y testimonios de un pasado ya muerto y sin lugar en la actualidad.

En posterior entrevista, el dirigente de la CNC apuntó que la convocatoria a los jóvenes para construir un movimiento de organización es para llamar la atención de los gobernantes y de los dirigentes políticos en torno a la situación de pobreza y marginación de los habitantes del campo. "El hambre y el desempleo están avanzando; ahora, los cazainmigrantes están listos para detener a los nuestros en la frontera. El gobierno tiene que asumir plenamente su interés, atención y responsabilidad constitucional".

Respecto a la posición que asumió la mayoría de los diputados del sector campesino del PRI en favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando habían prometido hacerlo en sentido contrario, el dirigente de la CNC refrendó: "yo dije muchas veces que estaba contra el desafuero y hubo diputados que se pronunciaron en ese sentido, y hubo quienes seguramente fueron presionados por su conciencia".

Tomás Gloria Requena comentó que la demanda de los jóvenes indígenas de la CNC incluye la demanda del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés aunque, señaló, algunos de sus apartados deben ser nuevamente revisados en una auténtica consulta con los pueblos indígenas.

Prensa Estatal

CAMPECHE

Acusan penalmente. (Tribuna de Campeche, p. web).

Por la protesta de campesinos que reclaman solución a la titulación de tierras, desalojaron a los 600 trabajadores de las 17 dependencias que se encuentran en Palacio Federal, reveló su administradora Beatriz López Ayanegui, y añadió que denunciará penalmente por daños al inmueble, golpes a un vigilante y secuestro de empleados.

Mostró copia de oficios que dirigió para solicitar la intervención de la fuerza pública estatal, y dijo que sólo recibió el ofrecimiento del secretario de Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio, de trasladar la protesta a otro lugar, aunque los campesinos no desean moverse. "Como administradora tengo esa facultad y lo hice para velar por el edificio y la seguridad de los trabajadores".

Las denuncias penales serán por destrucción de jardinería, daños a la puerta de acceso, que se descolgó y golpes a un guardia de nombre Manuel, a quien patearon. "Se trata de gente que no entra en razones, por lo que se giró oficio a las autoridades policiacas. Es un abuso del señor Luis Antonio Che Cu o pretende que la gente que lo acompaña use las instalaciones como hotel.

Convirtieron en basurero el edificio y pierde legitimidad la manifestación, porque no tienen derecho a destruir y privar de la libertad a 600 trabajadores, indicó. Responsables de las 17 dependencias de los tres niveles de gobierno se reunieron para acordar la salida del edificio y dejar guardias, en tanto se soluciona el conflicto.

Acusan a funcionarios de comuna que están adquiriendo nuevas propiedades. (El Sur de Campeche, Juan Aarón Chong, p. web)

CHAMPOTON (SPC).- Tras acusar que ya casi para ajustarse dos años de la presente administración no ha habido mayores avances sustanciales a favor de la ciudadanía, en contraparte, los funcionarios de primer nivel incluyendo al alcalde, día a día incrementan sus bienes y de la misma forma se convierten en nuevos millonarios, Fernando Uc Muñoz, dirigente del ejido de Paraíso afirmó lo anterior al tiempo que solicitó la presencia de la Contraloría del Estado para que investigue los hechos.

Uc Muñoz dentro de sus apreciaciones dijo que varios funcionarios del ayuntamiento acaban de adquirir entre otras cosas un aproximado a las 100 hectáreas, se sabe que compraron determinada superficie de un rancho conocido como San Agustín ubicado en la cercanía de la comunidad de Moquel.

"Este rancho resultó ser propiedad de un expresidente municipal el cual optó por venderlo por varias decenas de miles de pesos a los funcionarios de la comuna porteña, también se tiene conocimiento de que en la actualidad en este rancho se encuentran trabajando maquinaria pesada, parte de ella que pertenece al ayuntamiento y otra que se alquila a particulares, obviamente los gastos corren a cuenta de las arcas del municipio".

El declarante destacó que mientras por una parte el municipio no está siendo sujeto a la atención que se merece, por el otro lado sus autoridades están aprovechando sus cargos para obtener amplios beneficios.

"Resulta que no solo es la recién adquisición de este rancho, hace unos cuantos meses atrás hicieron lo propio con un espacio del área del mercado público donde se construyeron varios locales que hoy día son rentados".

Se tiene conocimiento de que estos funcionarios de primer nivel también se encuentran en "pláticas" con ejidatarios y particulares a fin de adquirir poco más de 160 hectáreas del ejido de Paraíso, es muy cierto que cada quien puede comprar lo que mejor le parezca, lo sospechoso del asunto es que lo estén haciendo gentes que hoy día son las autoridades del municipio", concluyó el entrevistado.

Apoyos a los campesinos han sido nulos. (Tribuna de Campeche, p. web)

Las autoridades sólo privilegian a sus amigos y parientes

CALKINI.-- Es claro y evidente que el apoyo dirigido a los campesinos ha sido nulo, ya que las autoridades correspondientes sólo privilegian a amigos y parientes que no son productores, por lo que los recursos y programas no llegan a los verdaderos productores, aseguró el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Calkiní, Pedro Jacinto Cahuich May.

Lamentó que la administración panista dé mal uso a los recursos destinados para el campo. Aseguró que los panistas han dejado a un lado a los campesinos sin darse cuenta que gracias a ellos se están alimentando.

Cahuich May señaló que existen recursos para apoyar al campo, pero la incapacidad del Gobierno para aplicarlos en las verdaderas necesidades de los productores han sido vagas.

Dijo que con estas actitudes lo que ha propiciado es que el sector campesino toque otras puertas, pero sobre todo que se de cuenta que los que hoy gozan del poder sólo llegaron para ver qué se llevan.

"Hay que investigar a dónde han ido a parar los recursos, ya que no debe olvidarse el caso de Tepakán donde aparece el nombre y firma de un campesino como que ya recibió apoyos y no es así".

Sostuvo que urgen apoyos de la Comuna calkiniense para este sector que ha resentido el abandono. "Queremos un gobierno municipal justo, donde el derecho de los que menos tiene sea respetado y se garantice igualdad en la atención de sus demandas y oportunidades de progreso y desarrollo".

Cahuich May indicó que el gobierno estatal está haciendo lo que le corresponde, pero es obligación de la Comuna responder a las necesidades del campesinado, ya que el reclamo de la falta de apoyos cada día es mayor.

Abundó que les faltan más y mayores recursos e insumos para trabajar las tierras. Añadió que por la falta de apoyo no se logran buenas producciones y desmoraliza el agro calkiniense.

Atastecos marcharían a Campeche. (Tribuna de Campeche, p. web)

Cientos de ejidatarios pertenecientes a la comunidad de Atasta se alistan ya para lo que se presume será una megamarcha hacia la capital del Estado, en repudio por las que llaman arbitrariedades provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) que de acuerdo a lo dicho por los ejidatarios está usando a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para justificar sus atropellos.

Según el testimonio de los campesinos atastecos, aunque la problemática es añeja los ánimos se caldearon en la región el pasado martes cinco de los corrientes, cuando el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) José Carlos Martínez de León, acusó indirectamente a los atastecos de ser invasores.

Ante tal situación, el comisario ejidal de Atasta, Juan Carlos Heredia Córdova, advirtió que "estas acusaciones han indignado y causado revuelo entre los habitantes de la zona", y añadió que ello era de esperarse pues se aúna a la actitud asumida por la mencionada dependencia, cuyos representantes, apenas el viernes pasado arribaron a la región para notificar a sus habitantes un pago de ocho mil pesos.

"Este cobro --dijeron lugareños-- se nos planteó por parte de Semarnat como algo de carácter obligatorio, mencionando que se debía a que nosotros nos encontramos viviendo sobre terrenos irregulares que supuestamente les robamos a lo que originalmente era la extensión de la laguna, por lo que nos fue dado como plazo hasta el viernes 15, o desalojarnos si no cubrimos el monto".

Martínez de León declaró días antes a un medio tabasqueño que los habitantes de las extensiones territoriales que hoy conforman el poblado de Atasta pasaron por encima de la ley, incluida la dependencia que en Campeche está a su cargo, al ocupar tierras que antes abarcó la Laguna del Pom.

Por ello, y ante la tensa situación que prevalece entre propietarios parcelarios y pobladores, TRIBUNA del Carmen solicitó dialogar con Casimiro Hernández Peralta, de 94 años de edad, hijo de uno de los fundadores de este pueblo, quien acusó al Martínez de León de "difundir infundios; afirmaciones sin argumentos que nada tienen que ver con la realidad".

CHIAPAS

Ejidatarios y OCEZ disputan terrenos. (Cuarto Poder, Raymundo Díaz, p. web).

Un grupo de labriegos adheridos a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-DI UMOI) intenta posesionarse de los terrenos del rancho Antolín, ubicado a cuatro kilómetros de la cabecera de Chicomuselo.

El intento de invasión registrado el domingo pasado, en el marco de la conmemoración del 86 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, pudo haber sido escenario de un enfrentamiento entre campesinos que se disputan esta propiedad.

Los ejidatarios de Lázaro Cárdenas reclaman los derechos sobre los terrenos del rancho Antolín, luego que conformaran una Sociedad de Producción Rural (S.P.R) denominada "Nueva Grecia", bajo cuya organización aprovechan estas tierras con sembradíos de diversos cultivos que son alimentados por un sistema de riego que la misma Secretaría de Agricultura estatal les dotó.

Este grupo de 26 campesinos afirma contar con escrituras notariadas, en donde se les otorga el derecho sobre dichas tierras, las cuales eran propiedad de Enrique Albores, a quien presuntamente compraron -hace ya unos 15 años- las 208 hectáreas de que consta este rancho por la cantidad de 300 mil pesos aproximadamente, y desde esa fecha se encuentran cultivándolas.

Sin embargo, otro grupo perteneciente a la OCEZ-DI UMOI afirma que los documentos que poseen sus contrarios carecen de validez.

ESTADO DE MÉXICO

Familias desalojadas de predio exigen $8 millones a Montiel. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)

La Sociedad de Solidaridad Social de San Sebastián Xhala interpuso en el juzgado cuarto de lo civil, con sede en Toluca, una demanda contra el gobierno del Estado de México, que adeuda 8 millones de pesos a 178 familias por un predio de 60 hectáreas localizado en Cuautitlán Izcalli.

Lázaro Hernández Bastida y Jairo Cabrero López, presidente y secretario general de la organización, comentaron que pese a las presiones y amenazas que recibieron, decidieron interponer la demanda, ya que antes de la firma del convenio de compra -en septiembre de 2003- sostuvieron cinco años de confrontaciones en juzgados civiles y penales con autoridades del gobierno del Estado de México, durante los cuales varios integrantes de la organización fueron encarcelados e incluso tres fallecieron tras la dureza de las presiones.

"Ahora sólo queremos que nos paguen esos 8 millones de pesos, que son una miseria frente a los mil 869 millones que recibió el gobierno del estado de Inmobiliaria Euromex", asentaron Cabrero López y Hernández Bastida. Explicaron que de las 178 familias que comenzaron la lucha por su terreno sembrado con maíz, frijol, cebada y trigo, ahora sólo quedan 38.

El terreno de la ex hacienda San Miguel, explicó la abogada María del Pilar Ortega Garduño, era propiedad de María Aurora Skiabon de Castro y de José Luis Castro Cuervo, según consta en el único antecedente que encontraron en el Registro Público de la Propiedad en la entidad.

Sin embargo, la superficie fue otorgada en posesión en 1980 a las familias por Armando García Nieto, en representación de Antonio Escandón Chavarín; años después la superficie fue reclamada por Pablo Morales Mendoza, quien en 1995 fue acusado por las autoridades de "fraccionador clandestino".

Ante el hecho, las familias decidieron regularizar la situación de su propiedad y fue en ese periodo cuando el gobierno mexiquense les informó que las 60 hectáreas pertenecían al estado y estaban destinadas a convertirse en reserva ecológica. Ante los tribunales, narró la abogada, se comprobó que las familias habían comprado de "buena voluntad".

Sin embargo, iniciaron las amenazas y agresiones contra las familias y los abogados, hasta que el gobierno tomó posesión del terreno desalojando a los propietarios. Han transcurrido dos años después de la firma del convenio y "seguimos esperando el pago, aunque las inmobiliarias Nuevo León, Karuka, Marly y Helmer pagaron mil 869 millones de pesos al gobierno del Estado de México por las 60 hectáreas", apuntaron.

GUERRERO

Niegan copias de la sentencia ejecutoria a opositores de Plan de los Amates. (El Sur, Karina Contreras, p.web)

El Tribunal Unitario Agrario rechazó su petición porque no forman parte de las autoridades ejidales. Los ejidatarios insisten en que no van a salirse del predio hasta que les respeten su parte proporcional de las 49 hectáreas. Advierten que si los quieren desalojar, se defenderán

Ejidatarios de Plan de los Amates acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 41, para pedir copias de la sentencia ejecutoria en el caso del predio de 49 hectáreas que estuvo en conflicto con la empresa Tres Vidas, pero les fueron negadas, debido a que la comisión de opositores no forman parte de las autoridades ejidales, “a los únicos”, de acuerdo a la ley, “que se les pueden entregar”, informaron.

Por su parte, los ejidatarios que estuvieron de acuerdo con la venta del predio a la empresa regiomontana, por 80 millones de pesos, estuvieron cobrando en la Notaría Pública número 4, cuyo titular es Arturo Nozari Morlett, los 500 mil pesos que les tocan a cada uno.

A pesar de que el TUA elevó a “sentencia ejecutoria” el convenio en el que ejidatarios y empresa establecen las condiciones de la venta, los opositores reiteraron que no van a salirse del predio.

En declaraciones a El Sur de algunos de ellos –quienes pidieron omitir sus nombres pues temen que, por lo tensa de la situación, puedan derivarse órdenes de aprehensión en su contra–, señalaron que continuarán en su resistencia hasta que les respeten su parte proporcional de las 49 hectáreas y señalaron que si los quieren desalojar, se defenderán.

Como lo dio a conocer El Sur en su nota principal de este martes, el TUA elevó a sentencia ejecutoría (caso juzgado) el conflicto de Plan de los Amates, pues de acuerdo a las partes involucradas ya se habían cumplido todas las cláusulas del convenio firmado entre los ejidatarios y la empresa Tres Vidas, el pasado 16 de febrero.

Aunque el inciso C de la cláusula quinta no ha sido cumplida, pues dice que el ejido tiene que “reintegrar de forma plena y pacifica la posesión material y absoluta de sus predios a las empresas propietarias (...) y, en su caso, las cercas colocadas en éstas sean removidas hasta el lindero físico que determine la comisión formada por las partes”.

Hasta el cierre de la edición, los ejidatarios continuaban su plantón dentro de los linderos del predio, ubicado en la carretera a Barra Vieja.

Labriegos acusan a empresario de explotar “irracionalmente” bosques en Guerrero. (La Jornada, Misael Habana de los Santos, p. web).

Tecpan de Galeana, Gro., 12 de abril. El empresario maderero David Otero taló y explotó comercialmente más de 30 hectáreas de pinos y encinos en el ejido Cordón Grande, perteneciente a este municipio de la Costa Grande de Guerrero, informaron campesinos ecologistas de la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana.

Ante la situación, los ejidatarios exigieron a autoridades federales, así como al gobernador Zeferino Torreblanca, proceder contra los responsables y por evitar un "ecocidio".

Alejandro Domínguez, miembro del ejido Cordón Grande, que se encuentra en la comunidad Zaragoza, municipio de Tecpan de Galeana, dio a conocer que en 2001 firmó junto con sus compañeros un convenio con Otero para permitirle explotar el bosque durante diez años.

Agregó que en ese acuerdo, el empresario -dueño del aserradero La Cañada y "mandamás" del ejido Pitos Pitales- se comprometió a entregar a los ejidatarios beneficios por más de un millón 500 mil pesos, mejorar caminos en la sierra, construir viviendas, así como entregar 500 mil pesos por la explotación de pino y encino.

Domínguez sostuvo que para lograr la explotación "irracional" del bosque, Otero sobornó a Tomás Castañeda, presidente del consejo de vigilancia del ejido Cordón Grande, quien en contubernio con el comisario ejidal, Gregorio Ramírez, "le dio sus mordidas" a funcionarios locales de la Semarnat y de la Profepa para que no enviaran inspectores a supervisar la explotación de madera que empresas realizan en la zona desde 1993.

Indicó que para maniobrar libremente y quedarse con todo el poder de decisión, Ramírez "corrió" a dos miembros de su equipo, al secretario y al tesorero del ejido. Añadió que hace tres meses el presidente del comisariado ejidal "desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra", llevándose un millón y medio de pesos que pertenecían a la comunidad, y otros 500 mil pesos que el Programa para el Desarrollo Forestal -dependiente de la Comisión Nacional Forestal- otorgó al ejido.

"Queremos que (Ramírez) rinda cuentas del dinero que se ganó con la explotación de los bosques", exigió Domínguez a nombre de los ejidatarios inconformes, "porque esto afecta a campesinos" de las comunidades Zaragoza, El Rincón, La Parota, Guacamaya, El Cordón, La Troja, La Saibita, La Cañada, La Manteca, La Confianza, El Plato y el Pinito.

Sobre los daños por la explotación de la riqueza forestal, Domínguez comentó que Otero "dejó una porquería", al usar técnicas arcaicas de tala; aplanó el suelo, lo que impedirá que nazcan más árboles; abrió caminos, destruyendo la arboleda, y tapó varios ojos de agua.

De acuerdo con los ejidatarios, Otero y otros caciques han explotado los bosques en Tecpan, y podrían tener ligas con una empresa estadunidense que opera en la zona de Petatlán y Zihuatanejo. "Creemos que ya sacaron 6 mil metros de madera, o sea unas 6 mil toneladas", por lo que no permitirán la continuación del convenio citado.

Denuncian campesinos de Tecpan la deforestación de más de 30 hectáreas. (El Sur, Zacarías Cervantes, p.C5).

Campesinos ecologistas pertenecientes a la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana, denunciaron que el empresario maderero David Otero, explotó de manera indiscriminada e irracional más de 30 hectáreas de árboles en el ejido Cordón Grande, municipio de Tecpan, que forman parte de uno de los principales pulmones del país en la Sierra Madre del Sur.

Debido a ello demandaron al gobernador, Zeferino Torreblanca, a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que intervengan para evitar que se siga dando este ecocidio.

El ejidatario Alejandro Domínguez Barragán, originario de la comunidad de Zaragoza, perteneciente también al ejido Cordón Grande, municipio de Tecpan, explicó que desde hace diez años los ejidatarios firmaron un convenio con el empresario maderero y “cacique”, David Otero, “mandamás del ejido Pitos pitales” y del aserradero La Cañada, para la explotación de los bosques, principalmente pino y encino, con el compromiso de que a las comunidades se les entregarían beneficios por más de un millón 500 mil pesos, la mejora de los caminos, vivienda y que se darían otros 500 mil pesos más”.

Pero agregó que el Consejo de Vigilancia que preside Tomás Castañeda, en contubernio con el comisario ejidal, Gregorio Ramírez Nava, le dieron su mordida al delegado de la Semarnat y de la Profepa, para que no enviaran inspectores a supervisar los trabajos de explotación de la madera, que se viene haciendo con distintas empresas prácticamente desde 1993 “ antes en el comité había tres elementos, pero Gregorio corrió al secretario y al tesorero y sólo quedó él”.

El ejidatario aseguró que el Comisario Gregorio Ramírez Nava desapareció hace aproximadamente tres meses y se llevó los recursos por un monto de un millón 500 mil pesos que pertenecen a la comunidad sin que hasta el momento se conozca su paradero, porque lo han ido a buscar a su casa y les dicen que no está “queremos que nos rinda cuentas del dinero que se ganó con la explotación de los bosques”.

Domínguez Barragán denunció que esta situación afecta a las comunidades de Zaragoza, El Rincón, La Parota, Guacamaya, El Cordón, La Troja, La Saibita, La Cañada, La Manteca, La Confianza, El Plato y El Pinito.

Agregó asimismo que al ejido Cordón Grande lo pretenden controlar dirigentes priístas de la región, como es el caso de Teódulo Benítez, quienes intervinieron también para que David Otero pudiera iniciar la explotación de mil metros cuadrados de los bosques de ese ejido; sin embargo al poco tiempo hizo un nuevo contrato falsificando las firmas de las autoridades por otros 2 mil metros cuadrados.

En tono molesto insistió que David Otero, como dueño del aserradero La Cañada junto con varios caciques han explotado los bosques de la sierra en la zona de Tecpan, y dijo que es probable que al mismo tiempo estén trabajando con una empresa norteamericana que opera en la zona de Petatlán y Zihuatanejo.

Dijo que a pesar del daño que ha causado a los bosques, David Otero no lo han denunciado ante el alcalde priísta de Tecpan, Jesús Orbe Torres, tomando en cuenta que el año pasado antes de la temporada de lluvias, durante dos meses sacaron la madera y que en diciembre nuevamente empezaron a abrir los caminos con la aprobación de la asamblea de los pueblos “pero no sabíamos las cochinadas que iban a hace con nuestros bosques”.

Recordó que el convenio de explotación fue por 2 mil metros lineales, pero que alcanzaron a sacar mil 300 metros lineales luego de que el pueblo se percató del daño que había causado la maquinaria en el bosque explotado “se supone que para abrir caminos hay técnicos especializados, se designa un jefe de monte para que se entienda con los técnicos para trazar madera y trazar las brechas, pero ahora todo lo hicieron al aventón”.

Indicó además que el ejido tiene convenio con David Otero para explotar los bosques por diez años, pero que apenas llevan cuatro y quedan seis, sin embargo informó que hasta que se presente un representante del gobierno estatal, de la Profepa y de la Semarnat, las comunidades no permitirán que se saque la madera. “Creemos que sacaron 6 mil metros de madera o sea unas 6 mil toneladas”.

Denunció que los inspectores de la Profepa solamente se presentaron una sola ocasión, pero que luego ya no regresaron porque tanto el empresario David Otero como el comisario ejidal, Gregorio Ramírez Nava, le dieron su mordida y que por eso no se hizo ninguna revisión del daño, aunado a esto expresó que desde hace cinco años no se ha reforestado ese ejido “antes se plantaban 7 mil árboles por año”.

Explicó que originalmente se iba a trabajar con tres empresas, pero que dos hicieron negocios sucios con el comisario ejidal; una era de Papanoa, Complejo Industrial, la otra ya no quiso trabajar porque la gente ya no la quiso, y sólo se quedó la del aserradero La Cañada, propiedad de David Otero, “pero resultó peor”, concluyó.

OAXACA

Desalojan a invasores. (El Imparcial, José Ordoñez, p.web)

Unas 120 viviendas fueron incineradas este martes en la comunidad de Nuevo Faisán perteneciente al municipio de Santa María Jacatepec, durante un desalojo que hicieran propietarios del predio invadido por integrantes del Movimiento Civil por la Defensa del Pueblo que liderea el exdiputado local Zenón Bravo Arellano.

Desde las primeras horas de ayer, un contingente de personas armadas con palos y machetes encabezados por Arain Juárez López, representante de la Asociación Civil de Filantrópicos Educativos acompañado de un centenar de militantes del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec (CROCUT) que liderea César Toimil Roberts entraron al predio denominado Nuevo Faisán ubicado en el kilómetro 32 de la carretera federal Tuxtepec-Oaxaca en el municipio de Jacatepec para recuperar las tierras que legalmente les corresponden.

En entrevista, Araín Juárez López, dijo que el 16 de octubre del 2004, el predio Nuevo Faisán fue invadido por gente de Zenón Bravo Arellano, quien desalojó violentamente a un grupo de 40 personas que ahí vivían y así se apropiaron de las 12 hectáreas propiedad notarialmente de la Asociación Civil Filantrópica Educativa.

Desde ese entonces, afirmó, fue un ir y venir a la capital del Estado y reuniones con los delegados regionales de gobierno, convirtiéndose en un calvario para los verdaderos propietarios de las 12 hectáreas que no encontraron otro camino que recuperar sus tierras de la misma forma en que fueron invadidas.

En tanto, en rueda de prensa en esta capital, Zenón Bravo Arellano lamentó la impunidad con la que viene actuando César Toimil, quien en los últimos 5 días ha provocado la zozobra e incertidumbre en esa región, al apoderarse de poco más de 12 hectáreas de la agencia municipal “El Faisan”, Jacatepec, Tuxtepec.

Por eso, dijo, demandamos la detención de César Toimil y que se proceda en su contra, ante la actitud que ha asumido, porque no solo se trata de la destrucción de las casas y todos los enseres domésticos, sino se ha dejado sin hogar a más de 320 personas.

Indicó que por ahora las familias están plantadas a orilla de carretera, a la altura del kilómetro 33 de la vía Tuxtepec- Valle Nacional, en donde van a esperar una respuesta de las autoridades.

A la vez acusó a César Toimil de la muerte del ex Comisariado ejidal, Nicolás Andrés Félix, luego de la incursión armada que realizaron el jueves pasado, en donde dispararon a diestra y siniestra con armas de alto poder, además de intentar violar a dos jovencitas.

PUEBLA

Nuevo Plan de Ayala anuncian organizaciones campesinas. (Diario Cambio, Hipólito Contreras, p.web)

Las organizaciones Central Campesina Cardenista, Unión Nacional de Trabajadores Agrícola, Confederación Nacional Plan de Ayala y el Barzón anunciaron la creación de un nuevo Plan de Ayala con el fin exigir se cumplan la demandas del Caudillo del Sur, la solución de los problemas agrarios, se atienda las demandas de los grupos campesinos, se dé impulso a proyectos productivos y cumplimiento al Acuerdo Nacional para el campo.

Rogelio Carvajal Lozano, dirigente estatal del Barzón, informó que este acuerdo de las organizaciones campesinas se hizo en Ayoxuxtla de Zapata durante el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Queremos, dijo, reivindicar la lucha del Caudillo del Sur con un nuevo Plan de Ayala y exigir se cumplan las demandas básicas por las que han luchado los campesinos.

Indicó que a estas demandas se agrega una de carácter vital, la reforma al Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario por los graves daños que se han causado a la producción nacional desde la firma del tratado en 1992.

Carvajal Lozano destacó que a 88 años del asesinato de Zapata las condiciones en el campo nacional no han cambiado mucho, sigue la pobreza, el bajo nivel de vida en la mayor parte de la población rural, problemas de salud, falta de servicios, bajas inversiones de los gobiernos federales y estatales.

"Vamos a retomar la lucha iniciada por Zapata hace casi cien años, el Plan de Ayala, firmado en Ayoxuxtla, sigue vigente, no se ha respetado en su totalidad. Si bien se ha dado el reparto agrario, éste no se ha completado, todavía hay superficies afectables. Lo más importante es que no se ha respondido a las viejas demandas, el campo es el sector más castigado del país, ahí se ubica el 25 por ciento de la población, porcentaje que sigue bajando por la migración a los Estados Unidos.

Carvajal Lozano afirmó que si los campesinos poblanos y del país siguen saliendo de sus poblaciones se debe a que los apoyos institucionales resultan insuficientes para generar producción y mayores niveles de vida, es evidente que faltan oportunidades y proyectos productivos generadores de empleos.

Destacó que los campesinos del país se han organizado para exigir que el gobierno federal cumpla con sus compromisos. Se van a cumplir en este mes, indicó, dos años de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo sin que se haya cumplido con cada uno de los más de 80 numerales como es la construcción de vivienda rural, programas para las personas de la tercera edad, recursos para proyectos productivos, dotación de servicios públicos, etc.

Las organizaciones campesinas, dijo, pedimos un cambio de política hacia el campo, una política económica que privilegie el mercado interno, que se aporte al campo un mayor presupuesto para el desarrollo de proyectos productivos. "El gobierno de Fox, en lugar de beneficiar al campo, ha tratado de desmantelarlo desapareciendo a las instituciones, sólo la decisión de los diputados ha frenando la desaparición del INIFAP y el Colegio de Postgraduados, entre otros."

Reglamento para resolver conflicto San Andrés-Puebla: Espinosa. (Diario Cambio, Hipólito Contreras, p.web)

El decreto de 1962 emitido por el Congreso del estado no define con claridad los límites entre San Andrés y el municipio de Puebla, su objetivo era suprimir cinco municipios, como San Francisco Totimehuacán y San Miguel Canoa, lo que se necesita es un reglamento para evitar acuerdos políticos, afirmó José Juan Espinosa Torres, diputado por el Partido Convergencia.

Explicó que sólo mediante un reglamento será posible emitir un juicio y una resolución en un pleno. Es preciso, apuntó, que esta Legislatura trabaje al respecto y tomen en cuenta aspectos de carácter jurídico, histórico, geográfico, cartográfico y social, porque ambos ayuntamientos tienen elementos para defender lo que creen les corresponde.

Expuso que por diferencias políticas el problema no se va a resolver. Esto, dijo, sólo va a provocar ingobernabilidad e inconformidad entre los ciudadanos de los dos municipios.

Señaló que no obstante en el 2002 hubo una consulta, lo que está contemplado en la Constitución del estado, la misma no fue sustentada por el Congreso del estado, ya que no ratificó dicho convenio entre ambas administraciones -que en ese año eran panistas- "Jurídicamente, la consulta sólo duró durante esos gobiernos, en el momento en que terminan y al no ratificarse por el Congreso, carece de validez."

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