Domingo 9 de diciembre de 2001


 Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada


IMPONDRÁ SRA CANDADOS PARA PROTEGER EJIDOS.
Carlos Velasco y Julián Sánchez, El Universal, página 4, domingo 9 de diciembre.

La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, dijo que se pretende modificar la actual Ley Agraria para imponer candados y evitar que cualquier gente, incluso funcionarios públicos o políticos, se adueñen de tierra ejidal. Además, al concluir el reparto agrario, al no haber más tierra que repartir, la Reforma Agraria más que desaparecer debe pasar a ser una Secretaría de Ordenamiento Territorial o de Uso de Suelo, planteó.
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DETECTAN EN ATENCO A GRUPO ANTITERRORISTA.
Juan Lázaro, El Universal, página 4, domingo 9 de diciembre.

El Grupo Antiterrorista (GAT) de la Secretaría de Gobernación mantiene bajo vigilancia a ejidatarios de Atenco para prevenir el uso de explosivos, armas de fuego y la filtración de guerrilleros al movimiento de los campesinos que luchan por sus tierras, afirmó un agente del estado de México.
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EL CNI SE UNE A LA RESISTENCIA DE EJIDATARIOS DE ATENCO.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 39, domingo 9 de diciembre.
 
Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) provenientes de cuatro poblados de Morelos se sumaron a la resistencia que llevan a cabo los campesinos de San Salvador Atenco y Texcoco contra la construcción del nuevo aeropuerto en la zona.
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ALERTAN INDÍGENAS SOBRE INMINENTE DESALOJO VIOLENTO EN MONTES AZULES.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 38, domingo 9 de diciembre.

Familias choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales de los 24 asentamientos ubicados en la reserva de la biosfera de los Montes Azules (Rebima) alertaron sobre un inminente desalojo y agresión debido a las presiones que los lacandones ejercen por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la dirección de la Rebima. Pero advierten que "defenderán su legítimo derecho a la tierra hasta con su vida".
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SECTOR AGRARIO 

IMPONDRÁ SRA CANDADOS PARA PROTEGER EJIDOS.
Carlos Velasco y Julián Sánchez, El Universal, página 4, domingo 9 de diciembre.

La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, dijo que se pretende modificar la actual Ley Agraria para imponer candados y evitar que cualquier gente, incluso funcionarios públicos o políticos, se adueñen de tierra ejidal. Además, al concluir el reparto agrario, al no haber más tierra que repartir, la Reforma Agraria más que desaparecer debe pasar a ser una Secretaría de Ordenamiento Territorial o de Uso de Suelo, planteó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, admitió fallas en los programas de la dependencia a su cargo, y no obstante que se han certificado 26 mil núcleos agrarios de un total de 31 mil no se puede hablar de que los campesinos que ya entraron al proceso de certificación ya están en el desarrollo.

"No es cierto, el campo sigue igual, la pobreza está concentrada en el campo, vemos como hay gente que tiene sus tierras que son valiosas y no las cultivan ellos, las tienen rentadas o las tienen en usufructo bajo contratos verdaderamente en condiciones injustas y desiguales para ellos", confesó la funcionaria.

Admitió que no se cuentan con registros de los movimientos que ha tenido la tierra ejidal, con el Procede sólo tenemos el nombre de quien es el titular del derecho, su familia, medidas, colindancias, superficie, lo derivado de la parcela.

"Aquí tenemos una problemática muy fuerte, esos datos los tiene el INEGI, qué pasa con el Registro Agrario nacional, no los tiene, porque no tiene los medios, la tecnología para tener esa información", señaló.

Herrera Tello indicó que ante esa problemática se pretende que la Secretaría de la Reforma Agraria tenga un Sistema de Catastro Único que recopile toda esa información y que realmente lleve a establecer Políticas Públicas que tiendan al desarrollo, tomando en cuenta todos estos aspectos, a fin de que el gobierno solamente dirija a los productores sobre lo que necesita el mercado y ya no les diga lo que tienen que cultivar.

“Ventas ilegales”

La venta de tierras ejidales y el desorden administrativo. ¿Cómo está esa problemática?

No se tiene registro porque son actos simulados, como existe la prohibición legal entonces son actos ilícitos se hacen a través de prestanombres que difícilmente se conocen, si no hay una investigación especifica no se puede llegar a saber. Las grandes producciones de determinados productos son tierras contratadas, no son los dueños los grandes empresarios, la gente vende y desgraciadamente a precios muy bajos.

¿Qué pasa con los extranjeros que compran tierras ejidales?

Yo siento que con las reformas que estamos proponiendo tratamos de que sea menos flexible la Ley. En el caso por ejemplo nuestro en la atención a zonas con litorales tenemos funcionarios que se hacen ejidatarios y dice uno en su vida han estado ahí, ni son de ahí. Entonces nosotros estamos poniendo trabas para justificar la calidad del ejidatario, del avecindado dentro del núcleo.

¿Hay una iniciativa de ley específica?

Sí. estamos proponiendo nosotros reformas a la Ley Agraria y al Reglamento del Registro Agrario Nacional. Principalmente para que tengas la calidad de ejidatario, para que no cualquier gente que venga y se diga ejidatario se adueñe de la tierra. Como es el caso del ex gobernador de Quintana Roo, como algunos alcaldes, algunos funcionarios.

¿Cuál es el mensaje de un gobierno de cambio frente a una realidad donde el voto verde parecía que regía la actitud o los programas de gobierno hacia el cambio?

El nuevo gobierno lo que pretende es definitivamente dar certeza jurídica, lograr el arraigo de la gente en su tierra, para este arraigo le tienes que llevar primero proyectos productivos y a la par organizarla y capacitarla.

¿Todos esos programas ya estaban cuando usted llegó, como el de la mujer campesina?

Ya no está el de la mujer campesina, ahora estamos creando un nuevo programa para jóvenes campesinos que es lo que nos interesa arraigar al joven y la mujer campesina.

También tenemos que pensar en el envejecimiento de los titulares de la tierra, que tenemos más de la mitad con más de 50 años, casi las dos terceras partes tienen más de 75, entonces tiene que darse el relevo generacional.

¿Se puede hablar de un plazo para que la Secretaría concluya con sus principales objetivos?

Todos se pueden cumplir habiendo recursos y en un momento dado pudiese hablar de su función. Yo siento que más que nada es el concepto, yo siento que Reforma Agraria ya debe pasar a ser una Secretaría de Ordenamiento Territorial o de Uso del Suelo.

NUEVO AEROPUERTO EN TEXCOCO 

DETECTAN EN ATENCO A GRUPO ANTITERRORISTA.
Juan Lázaro, El Universal, página 4, domingo 9 de diciembre.

El Grupo Antiterrorista (GAT) de la Secretaría de Gobernación mantiene bajo vigilancia a ejidatarios de Atenco para prevenir el uso de explosivos, armas de fuego y la filtración de guerrilleros al movimiento de los campesinos que luchan por sus tierras, afirmó un agente del estado de México.

Este grupo no ha sido detectado por los ejidatarios de Atenco a pesar de que Ignacio del Valle Miranda, uno de los líderes de la resistencia campesina, ha girado instrucciones de detener e interrogar a cualquier persona extraña que entre al pueblo a pie o en vehículo.

Tan sólo el viernes por la mañana Ignacio del Valle recibió información que personas sospechosas se encontraban en las canchas deportivas y de inmediato comisionó a 10 campesinos para que los detectaran y detuvieran.

"Me informan que hay mosquitos y lagartijas (espías) en las canchas, vayan 10 y búsquenlos", consignó el líder y pidió a los ejidatarios que no se excedieran o cometieran abusos.

Los espías huyeron del lugar al ver que la gente enardecida se dirigía hacía ellos, reportaron ejidatarios.

Sin embargo, a pesar de la desconfianza de los campesinos hacia los extraños, elementos del GAT fueron los únicos que se lograron infiltrar, ya que la dirigencia del pueblo de Atenco ha mantenido lejos a los agentes de la Unidad de Información y Análisis (UIA), bajo el servicio personal del gobernador Arturo Montiel Rojas, y de la dirección de Gobernación estatal.

Los agentes del GAT mantienen presencia en el núcleo ejidal después del 22 de octubre, día en el que se dio a conocer el decreto expropiatorio de más de cinco mil hectáreas de los ejidos de Atenco, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, San Miguel Tocuila, entre otros, ya que los campesinos fabricaron bombas molotov durante un bloqueo a la carretera Los Reyes-Lechería.

Ellos, los agentes del GAT, están para prevenir cualquier acto terrorista y detectar el uso de armas de fuego, dijo el agente estatal que pidió no revelar su nombre. Aunque reconoció que los labriegos sólo han utilizado machetes y pólvora en sus cañones que utilizan para llamar a la gente a la plaza principal.

Los campesinos de Atenco sólo han logrado detener a dos policías federales encubiertos y a dos informadores del gobierno del estado de México, a quienes los han amenazado con colgarlos de un árbol y lincharlos, aunque después de maltratarlos y aplicarles tortura psicológica los dejaron en libertad.

Sin embargo, los campesinos han confundido a periodistas con espías como sucedió con Félix Hernández, reportero de Formato 21, quien por carecer de una identificación fue encerrado en dos ocasiones en el auditorio municipal.

"¿Quién eres, a qué te dedicas? ¿Por qué traes este teléfono de la Procuraduría en tu directorio?", fue parte del interrogatorio al que fue sujeto Felix Hernández, quien dijo que no llevaba identificación por ser de recién ingreso en Formato 21 y señaló que es lógico que un periodista lleve números telefónicos de dependencias policiacas.

Me di cuenta que al mismo tiempo que me llevaron a encerrar al auditorio, otro grupo de campesinos ya tenía detenidas a dos personas más que estaban golpeadas, recordó el informador.

Asimismo, el reportero de una televisora, Miguel Nila, también fue retenido por la población el pasado 14 de noviembre, día en que los campesinos fueron golpeados por granaderos de la ciudad de México, y sólo fue puesto en libertad cuando pasó en vivo un reporte del movimiento. Otros reporteros también han sufrido acoso.

Los ejidatarios mantienen una vigilancia estrecha en el pueblo de San Salvador Atenco para detectar espías o la presencia de policías. Sin embargo, el GAT convive con ellos.

EL CNI SE UNE A LA RESISTENCIA DE EJIDATARIOS DE ATENCO.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 39, domingo 9 de diciembre.
 

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) provenientes de cuatro poblados de Morelos se sumaron a la resistencia que llevan a cabo los campesinos de San Salvador Atenco y Texcoco contra la construcción del nuevo aeropuerto en la zona.

La comisión de morelenses de Xoxocotla, Cuentepec, Ocotepec y Santa Catarina llamó a los ejidatarios mexiquenses a no ceder en su defensa de la identidad cultural y del tejido social comunitario que mantiene, porque se han convertido ya en ejemplo de los pueblos de México.

En tanto, los campesinos de Atenco y Texcoco anunciaron que el próximo martes marcharán junto con profesores de diversas partes del país en la ciudad de México; además, los representantes de los 13 núcleos agrarios afectados por la expropiación de sus tierras con el decreto del pasado 22 de octubre acudirán ese día a la Cámara de Diputados para exigir a la Comisión de la Reforma Agraria que demande al presidente Vicente Fox echar abajo el decreto.

Este sábado la comisión de campesinos de Morelos arribó a la explanada principal de Atenco para solidarizarse con el movimiento de ejidatarios, que llevaron a cabo un mitin en el que compartieron algunas experiencias de resistencia.

José Martínez Cruz, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dijo a los ejidatarios que en la medida que se establezca relación entre los pueblos es más fácil resistir las amenazas, acoso y chantajes que se dan por parte del gobierno.

Los llamó a combinar adecuadamente una estrategia de lucha "que no implique derramamiento inútil de sangre, aunque la gente esté dispuesta a morir. No tenemos que estar pagando con cuota de sangre lo que legítimamente nos corresponde". Agregó que hay que seguir combinando las acciones legales y la lucha social para equilibrar fuerzas y el movimiento no disminuya.

Por su parte, José Luis Juárez, ejidatario de Ocotepec, expuso a los campesinos de Atenco el despojo de tierras que ha sufrido su comunidad, en donde se planea construir una cadena de tiendas comerciales. Señaló que la empresa, junto con el gobierno de Morelos y el alcalde de Cuernavaca se apoderaron de una franja de hectáreas comprando al representante de los ejidatarios, Antonio Varona.

Explicó que a más de un año del despojo mantienen su lucha tanto social como legal, para poder recuperar sus parcelas, tiempo en el que han sufrido acoso policiaco. La comitiva entregó a los campesinos videocintas sobre la resistencia de los campesinos del país y de la lucha de Emiliano Zapata, las cuales fueron proyectadas durante el día en el auditorio ejidal.

Los campesinos anunciaron que los profesores de diversas partes del país se sumaron a su movimiento y elaboran una serie de acciones conjuntas, entre las que destaca una marcha, además de la difusión de sus movimientos.

Ignacio del Valle, uno de los líderes del movimiento contra la construcción de la terminal aérea, señaló que aunque no se confía en los diputados que visitaron el pasado viernes los ejidos, esperarán una respuesta favorable a sus demandas en el Congreso.

Propondrán a los diputados que tomen como suyos los planteamientos de los ejidatarios y demanden a Vicente Fox la cancelación del decreto de expropiación de las tierras. "Tienen los legisladores una oportunidad histórica de cumplir el papel al que están asignados: la defensa del pueblo”, dijo.

CHIAPAS 

ALERTAN INDÍGENAS SOBRE INMINENTE DESALOJO VIOLENTO EN MONTES AZULES.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 38, domingo 9 de diciembre.

Familias choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales de los 24 asentamientos ubicados en la reserva de la biosfera de los Montes Azules (Rebima) alertaron sobre un inminente desalojo y agresión debido a las presiones que los lacandones ejercen por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la dirección de la Rebima. Pero advierten que "defenderán su legítimo derecho a la tierra hasta con su vida".

Sin tener un censo específico, la dirección de la Rebima establece que son unas 300 personas las que se han asentado irregularmente en la reserva de los Montes Azules. Sólo especifica que hay 23 familias en Arroyo Aguilar, y en los casos de Buen Samaritano y El Innominado establece que son cinco y 29 techos los que ha avizorado en los recorridos aéreos.

La situación se complica a más de dos años y medio de la constitución de la llamada mesa agraria ambiental en la reserva de la biosfera de los Montes Azules, que pretendía solucionar los asentamientos irregulares mediante "el diálogo y la concertación". Los avances han sido mínimos y las presiones contra indígenas crecen.

La Profepa y la dirección de la Rebima afirman que las familias indígenas "siguen deforestando" la selva para abrir tierras al cultivo y la ganadería.

En el informe Asentamientos irregulares y desmontes. Reserva de la biosfera Montes Azules, se afirma que hay cinco nuevas invasiones y que algunas de las familias que aceptaron la reubicación regresaron a los predios, mientras que en otras zonas también desocupadas hay nuevos asentamientos. La Profepa y la Rebima aceptan que en la mayoría de los casos la información es imprecisa, que "hace falta una inspección de campo y nuevos sobrevuelos".

La Secretaría de la Reforma Agraria insiste ante la Profepa y la Rebima que los asentamientos irregulares en los Montes Azules son problemas de "carácter jurídico y no agrario"; el conflicto debe solucionarse a partir de la concertación y conciliación con los grupos. Héctor René García Quiñónez, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, subraya que la reubicación de los indígenas y la búsqueda de alternativas de producción para ellos es la vía para la defensa de los Montes Azules.

Mientras, algunos funcionarios del gobierno de Chiapas consideran que el diálogo conciliatorio, la agilización de procedimientos jurídicos y una visita de campo por la región para tener información precisa, deben prevalecer antes que el desalojo. Aclaran que de acuerdo con la inspección de campo realizada no hay nuevos asentamientos en la reserva; la dirección de la Rebima afirma que hay 37, pero sólo 24 identificados plenamente.

Por su parte, 16 organizaciones indígenas y campesinas con presencia en la región de la selva Lacandona aclararon a los gobiernos federal y estatal que las familias poblaron la zona entre los años 30 y 70 del siglo pasado y que el gobierno federal sólo regularizó la tenencia de la tierra en 26 poblados, el resto sigue solicitando su regularización y se considera víctima de la injusticia social por haber sido excluido del reconocimiento de sus derechos agrarios.

"No es justo que nuevamente se quiera el desalojo violento de los pobladores que están allí por necesidad de tierra y algunos más porque salieron huyendo de sus comunidades en 1994 por la presión militar y la violencia paramilitar", destacan en un escrito que entregaron al gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía.

Advierten que "son las grandes corporaciones multinacionales" -que se ocultan detrás de algunos grupos ecologistas- las que están interesadas en el desalojo para poder saquear "los secretos de la selva" (proyectos de bioprospección), con la finalidad de patentarlos en su beneficio; hay también empresas interesadas en construir gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos ríos de la selva, "y no faltan los grupos extranjeros y nacionales que buscan enriquecerse con el ecoturismo".

"Señor gobernador, son las corporaciones multinacionales las interesadas en desalojar a los pueblos indios organizados (...) para eso utilizan a los hermanos caribes que, a cambio de migajas, levantan actas de despojo en nuestra contra y favorecen el desalojo". Aclaran que están interesados en proteger y cuidar la selva, "por eso nos hemos autopropuesto como guardianes de la reserva". Sugieren también replantear las bases, estrategias y métodos de la mesa agraria instalada en mayo de 1999, la cual debe estar bajo la conducción del gobierno del estado y permitir la participación de comunidades involucradas.

Demandan que no se reactiven las denuncias penales contra los pobladores asentados en la zona de los Montes Azules y asientan que las familias están dispuestas a buscar una solución conjunta a la controversia agrario-ambiental, ya sea mediante la regularización de la tenencia de la tierra y un programa de manejo y aprovechamiento sustentable, o bien, vía la reubicación.

Manuel Guzmán Cruz, secretario de la ARIC Independiente Democrática, dice que la entrega de 614 mil 321 hectáreas a sólo 66 familias de indígenas caribes o lacandonas provocó la creación de un "latifundio comunal". A partir de 1970, "los pueblos indios hemos enfrentado continuas amenazas de desalojos violentos y acusaciones de invasores, destructores y enemigos de la naturaleza, cuando fueron los gobiernos estatal y federal los que no detuvieron la tala de caoba y cedro hecha por Colofasa".

El año pasado, agregan, "grupos de ambientalistas, investigadores y fundaciones estadunidenses nos acusaron de incendiarios, diciendo que Montes Azules se estaba quemando por nuestra culpa, puras mentiras. Fue una farsa y una provocación zedillista para crear una situación de violencia contra los zapatistas (EZLN)".

Acuerdos indígenas de protección

En un escrito, Guzmán Cruz aclara a Víctor Lichtinger, titular de la Semarnat, y a José Campillo García, titular de la Profepa, que los pueblos tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales asentados en Montes Azules "no somos invasores agrarios ni destructores. En asamblea decidimos no tumbar, no quemar, dejar de usar agroquímicos y convertirnos en guardianes de la reserva, y el poblado que no cumpla con ello será desconocido por nuestra organización".

Reitera la disposición de los indígenas a dialogar y abrir sus comunidades a los funcionarios que participan en la mesa agrario-ambiental, quienes no respondieron a la propuesta de reunirse el pasado 29 de noviembre. Sugiere una serie de recorridos durante diciembre por el ejido Nuevo Pichucalco y los poblados Salvador Allende, Corozal, Israel, San Antonio Miramar y San Gregorio.

Advierte que "por ningún motivo permitirán acciones de intimidación, órdenes de aprehensión y menos desalojos (...) Sabemos que quienes promueven nuestra expulsión bajo el pretexto de cuidar la reserva, lo que buscan es que no haya indios organizados y conscientes de sus derechos, porque estorbamos a los intereses de corporaciones multinacionales de los transgénicos, como Pulsar, y otras que quieren apoderarse, para lucrar con la rica biodiversidad y agua de nuestras montañas".

En el informe, la dirección de la Rebima afirma que las nuevas invasiones son: Arroyo Aguilar, noroeste de Ocotal, Las Ruinas (Sol Paraíso), Nuevo Limar, Nuevo Pichucalco y Nuevo San Andrés. En el caso de Sol Paraíso, establece, son 60 personas que derribaron acahuales de tres a cuatro años. "Se sabe que se posesionaron de las tierras después de la marcha zapatista a México, con la consigna de habitar las áreas desalojadas". Agrega que quienes destruyeron una hectárea frente al ejido Nuevo San Andrés estaban vinculados con el EZLN.

Los grupos a los que reconoce sus derechos constituidos son: Indio Pedro, San Antonio Escobar (dotación) y Chamizal (dotación). Los que aceptaron ser reubicados, pero cuyo proceso no ha concluido son: una fracción de Indio Pedro; Taniperla, segunda ampliación; Nuevo Villaflores; Laguna Suspiro, y Ocotal. Sin embargo, varios de los que aceptaron los acuerdos se quejan porque las autoridades no han cumplido con la entrega de tierras con agua y servicios básicos.

   fechas atras... Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx