Domingo 9 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El
Universal • La Jornada
IMPONDRÁ
SRA CANDADOS PARA PROTEGER EJIDOS.
Carlos Velasco y Julián Sánchez, El Universal, página 4, domingo 9 de
diciembre.
La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, dijo que se
pretende modificar la actual Ley Agraria para imponer candados y evitar
que cualquier gente, incluso funcionarios públicos o políticos, se adueñen de
tierra ejidal. Además, al concluir el reparto agrario, al no haber más tierra
que repartir, la Reforma Agraria más que desaparecer debe pasar a ser una
Secretaría de Ordenamiento Territorial o de Uso de Suelo, planteó.
DETECTAN
EN ATENCO A GRUPO ANTITERRORISTA.
Juan Lázaro, El Universal, página 4, domingo 9 de diciembre.
El Grupo Antiterrorista (GAT) de la Secretaría de Gobernación mantiene bajo
vigilancia a ejidatarios de Atenco para prevenir el uso de explosivos, armas de
fuego y la filtración de guerrilleros al movimiento de los campesinos que
luchan por sus tierras, afirmó un agente del estado de México.
EL
CNI SE UNE A LA RESISTENCIA DE EJIDATARIOS DE ATENCO.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 39, domingo 9 de diciembre.
Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) provenientes de cuatro
poblados de Morelos se sumaron a la resistencia que llevan a cabo los campesinos
de San Salvador Atenco y Texcoco contra la construcción del nuevo aeropuerto en
la zona.
ALERTAN
INDÍGENAS SOBRE INMINENTE DESALOJO VIOLENTO EN MONTES AZULES.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 38, domingo 9 de diciembre.
Familias choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales de los 24 asentamientos
ubicados en la reserva de la biosfera de los Montes Azules (Rebima) alertaron
sobre un inminente desalojo y agresión debido a las presiones que los
lacandones ejercen por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y de la dirección de la Rebima. Pero advierten que
"defenderán su legítimo derecho a la tierra hasta con su vida".
SECTOR
AGRARIO
IMPONDRÁ
SRA CANDADOS PARA PROTEGER EJIDOS.
Carlos Velasco y Julián Sánchez, El Universal, página 4, domingo 9 de
diciembre.
La secretaria de la Reforma
Agraria, María Teresa Herrera Tello, dijo que se pretende modificar la actual
Ley Agraria para imponer candados y evitar que cualquier gente, incluso
funcionarios públicos o políticos, se adueñen de tierra ejidal. Además, al
concluir el reparto agrario, al no haber más tierra que repartir, la Reforma
Agraria más que desaparecer debe pasar a ser una Secretaría de Ordenamiento
Territorial o de Uso de Suelo, planteó.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
admitió fallas en los programas de la dependencia a su cargo, y no obstante que
se han certificado 26 mil núcleos agrarios de un total de 31 mil no se puede
hablar de que los campesinos que ya entraron al proceso de certificación ya están
en el desarrollo.
"No es cierto, el campo
sigue igual, la pobreza está concentrada en el campo, vemos como hay gente que
tiene sus tierras que son valiosas y no las cultivan ellos, las tienen rentadas
o las tienen en usufructo bajo contratos verdaderamente en condiciones injustas
y desiguales para ellos", confesó la funcionaria.
Admitió que no se cuentan con
registros de los movimientos que ha tenido la tierra ejidal, con el Procede sólo
tenemos el nombre de quien es el titular del derecho, su familia, medidas,
colindancias, superficie, lo derivado de la parcela.
"Aquí tenemos una problemática
muy fuerte, esos datos los tiene el INEGI, qué pasa con el Registro Agrario
nacional, no los tiene, porque no tiene los medios, la tecnología para tener
esa información", señaló.
Herrera Tello indicó que ante
esa problemática se pretende que la Secretaría de la Reforma Agraria tenga un
Sistema de Catastro Único que recopile toda esa información y que realmente
lleve a establecer Políticas Públicas que tiendan al desarrollo, tomando en
cuenta todos estos aspectos, a fin de que el gobierno solamente dirija a los
productores sobre lo que necesita el mercado y ya no les diga lo que tienen que
cultivar.
“Ventas ilegales”
La venta de tierras ejidales y
el desorden administrativo. ¿Cómo está esa problemática?
No se tiene registro porque son
actos simulados, como existe la prohibición legal entonces son actos ilícitos
se hacen a través de prestanombres que difícilmente se conocen, si no hay una
investigación especifica no se puede llegar a saber. Las grandes producciones
de determinados productos son tierras contratadas, no son los dueños los
grandes empresarios, la gente vende y desgraciadamente a precios muy bajos.
¿Qué pasa con los extranjeros
que compran tierras ejidales?
Yo siento que con las reformas
que estamos proponiendo tratamos de que sea menos flexible la Ley. En el caso
por ejemplo nuestro en la atención a zonas con litorales tenemos funcionarios
que se hacen ejidatarios y dice uno en su vida han estado ahí, ni son de ahí.
Entonces nosotros estamos poniendo trabas para justificar la calidad del
ejidatario, del avecindado dentro del núcleo.
¿Hay una iniciativa de ley
específica?
Sí. estamos proponiendo
nosotros reformas a la Ley Agraria y al Reglamento del Registro Agrario
Nacional. Principalmente para que tengas la calidad de ejidatario, para que no
cualquier gente que venga y se diga ejidatario se adueñe de la tierra. Como es
el caso del ex gobernador de Quintana Roo, como algunos alcaldes, algunos
funcionarios.
¿Cuál es el mensaje de un
gobierno de cambio frente a una realidad donde el voto verde parecía que regía
la actitud o los programas de gobierno hacia el cambio?
El nuevo gobierno lo que
pretende es definitivamente dar certeza jurídica, lograr el arraigo de la gente
en su tierra, para este arraigo le tienes que llevar primero proyectos
productivos y a la par organizarla y capacitarla.
¿Todos esos programas ya
estaban cuando usted llegó, como el de la mujer campesina?
Ya no está el de la mujer
campesina, ahora estamos creando un nuevo programa para jóvenes campesinos que
es lo que nos interesa arraigar al joven y la mujer campesina.
También tenemos que pensar en
el envejecimiento de los titulares de la tierra, que tenemos más de la mitad
con más de 50 años, casi las dos terceras partes tienen más de 75, entonces
tiene que darse el relevo generacional.
¿Se puede hablar de un plazo
para que la Secretaría concluya con sus principales objetivos?
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
DETECTAN
EN ATENCO A GRUPO ANTITERRORISTA.
Juan Lázaro, El Universal, página 4, domingo 9 de diciembre.
El Grupo Antiterrorista (GAT)
de la Secretaría de Gobernación mantiene bajo vigilancia a ejidatarios de
Atenco para prevenir el uso de explosivos, armas de fuego y la filtración de
guerrilleros al movimiento de los campesinos que luchan por sus tierras, afirmó
un agente del estado de México.
Este grupo no ha sido detectado
por los ejidatarios de Atenco a pesar de que Ignacio del Valle Miranda, uno de
los líderes de la resistencia campesina, ha girado instrucciones de detener e
interrogar a cualquier persona extraña que entre al pueblo a pie o en vehículo.
Tan sólo el viernes por la mañana
Ignacio del Valle recibió información que personas sospechosas se encontraban
en las canchas deportivas y de inmediato comisionó a 10 campesinos para que los
detectaran y detuvieran.
"Me informan que hay
mosquitos y lagartijas (espías) en las canchas, vayan 10 y búsquenlos",
consignó el líder y pidió a los ejidatarios que no se excedieran o cometieran
abusos.
Los espías huyeron del lugar
al ver que la gente enardecida se dirigía hacía ellos, reportaron ejidatarios.
Sin embargo, a pesar de la
desconfianza de los campesinos hacia los extraños, elementos del GAT fueron los
únicos que se lograron infiltrar, ya que la dirigencia del pueblo de Atenco ha
mantenido lejos a los agentes de la Unidad de Información y Análisis (UIA),
bajo el servicio personal del gobernador Arturo Montiel Rojas, y de la dirección
de Gobernación estatal.
Los agentes del GAT mantienen
presencia en el núcleo ejidal después del 22 de octubre, día en el que se dio
a conocer el decreto expropiatorio de más de cinco mil hectáreas de los ejidos
de Atenco, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, San Miguel Tocuila, entre otros,
ya que los campesinos fabricaron bombas molotov durante un bloqueo a la
carretera Los Reyes-Lechería.
Ellos, los agentes del GAT, están
para prevenir cualquier acto terrorista y detectar el uso de armas de fuego,
dijo el agente estatal que pidió no revelar su nombre. Aunque reconoció que
los labriegos sólo han utilizado machetes y pólvora en sus cañones que
utilizan para llamar a la gente a la plaza principal.
Los campesinos de Atenco sólo
han logrado detener a dos policías federales encubiertos y a dos informadores
del gobierno del estado de México, a quienes los han amenazado con colgarlos de
un árbol y lincharlos, aunque después de maltratarlos y aplicarles tortura
psicológica los dejaron en libertad.
Sin embargo, los campesinos han
confundido a periodistas con espías como sucedió con Félix Hernández,
reportero de Formato 21, quien por carecer de una identificación fue encerrado
en dos ocasiones en el auditorio municipal.
"¿Quién eres, a qué te
dedicas? ¿Por qué traes este teléfono de la Procuraduría en tu
directorio?", fue parte del interrogatorio al que fue sujeto Felix Hernández,
quien dijo que no llevaba identificación por ser de recién ingreso en Formato
21 y señaló que es lógico que un periodista lleve números telefónicos de
dependencias policiacas.
Me di cuenta que al mismo
tiempo que me llevaron a encerrar al auditorio, otro grupo de campesinos ya tenía
detenidas a dos personas más que estaban golpeadas, recordó el informador.
Asimismo, el reportero de una
televisora, Miguel Nila, también fue retenido por la población el pasado 14 de
noviembre, día en que los campesinos fueron golpeados por granaderos de la
ciudad de México, y sólo fue puesto en libertad cuando pasó en vivo un
reporte del movimiento. Otros reporteros también han sufrido acoso.
EL
CNI SE UNE A LA RESISTENCIA DE EJIDATARIOS DE ATENCO.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 39, domingo 9 de diciembre.
Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) provenientes de cuatro
poblados de Morelos se sumaron a la resistencia que llevan a cabo los campesinos
de San Salvador Atenco y Texcoco contra la construcción del nuevo aeropuerto en
la zona.
La
comisión de morelenses de Xoxocotla, Cuentepec, Ocotepec y Santa Catarina llamó
a los ejidatarios mexiquenses a no ceder en su defensa de la identidad cultural
y del tejido social comunitario que mantiene, porque se han convertido ya en
ejemplo de los pueblos de México.
En
tanto, los campesinos de Atenco y Texcoco anunciaron que el próximo martes
marcharán junto con profesores de diversas partes del país en la ciudad de México;
además, los representantes de los 13 núcleos agrarios afectados por la
expropiación de sus tierras con el decreto del pasado 22 de octubre acudirán
ese día a la Cámara de Diputados para exigir a la Comisión de la Reforma
Agraria que demande al presidente Vicente Fox echar abajo el decreto.
Este
sábado la comisión de campesinos de Morelos arribó a la explanada principal
de Atenco para solidarizarse con el movimiento de ejidatarios, que llevaron a
cabo un mitin en el que compartieron algunas experiencias de resistencia.
José
Martínez Cruz, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Morelos, dijo a los ejidatarios que en la medida que se establezca relación
entre los pueblos es más fácil resistir las amenazas, acoso y chantajes que se
dan por parte del gobierno.
Los
llamó a combinar adecuadamente una estrategia de lucha "que no implique
derramamiento inútil de sangre, aunque la gente esté dispuesta a morir. No
tenemos que estar pagando con cuota de sangre lo que legítimamente nos
corresponde". Agregó que hay que seguir combinando las acciones legales y
la lucha social para equilibrar fuerzas y el movimiento no disminuya.
Por
su parte, José Luis Juárez, ejidatario de Ocotepec, expuso a los campesinos de
Atenco el despojo de tierras que ha sufrido su comunidad, en donde se planea
construir una cadena de tiendas comerciales. Señaló que la empresa, junto con
el gobierno de Morelos y el alcalde de Cuernavaca se apoderaron de una franja de
hectáreas comprando al representante de los ejidatarios, Antonio Varona.
Explicó
que a más de un año del despojo mantienen su lucha tanto social como legal,
para poder recuperar sus parcelas, tiempo en el que han sufrido acoso policiaco.
La comitiva entregó a los campesinos videocintas sobre la resistencia de los
campesinos del país y de la lucha de Emiliano Zapata, las cuales fueron
proyectadas durante el día en el auditorio ejidal.
Los
campesinos anunciaron que los profesores de diversas partes del país se sumaron
a su movimiento y elaboran una serie de acciones conjuntas, entre las que
destaca una marcha, además de la difusión de sus movimientos.
Ignacio
del Valle, uno de los líderes del movimiento contra la construcción de la
terminal aérea, señaló que aunque no se confía en los diputados que
visitaron el pasado viernes los ejidos, esperarán una respuesta favorable a sus
demandas en el Congreso.
CHIAPAS
ALERTAN
INDÍGENAS SOBRE INMINENTE DESALOJO VIOLENTO EN MONTES AZULES.
Matilde Pérez
U., La Jornada, página 38, domingo 9 de diciembre.
Familias
choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales de los 24 asentamientos ubicados en
la reserva de la biosfera de los Montes Azules (Rebima) alertaron sobre un
inminente desalojo y agresión debido a las presiones que los lacandones ejercen
por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y
de la dirección de la Rebima. Pero advierten que "defenderán su legítimo
derecho a la tierra hasta con su vida".
Sin
tener un censo específico, la dirección de la Rebima establece que son unas
300 personas las que se han asentado irregularmente en la reserva de los Montes
Azules. Sólo especifica que hay 23 familias en Arroyo Aguilar, y en los casos
de Buen Samaritano y El Innominado establece que son cinco y 29 techos los que
ha avizorado en los recorridos aéreos.
La
situación se complica a más de dos años y medio de la constitución de la
llamada mesa agraria ambiental en la reserva de la biosfera de los Montes
Azules, que pretendía solucionar los asentamientos irregulares mediante
"el diálogo y la concertación". Los avances han sido mínimos y las
presiones contra indígenas crecen.
La
Profepa y la dirección de la Rebima afirman que las familias indígenas
"siguen deforestando" la selva para abrir tierras al cultivo y la
ganadería.
En
el informe Asentamientos irregulares y desmontes. Reserva de la biosfera
Montes Azules, se afirma que hay cinco nuevas invasiones y que algunas de
las familias que aceptaron la reubicación regresaron a los predios, mientras
que en otras zonas también desocupadas hay nuevos asentamientos. La Profepa y
la Rebima aceptan que en la mayoría de los casos la información es imprecisa,
que "hace falta una inspección de campo y nuevos sobrevuelos".
La
Secretaría de la Reforma Agraria insiste ante la Profepa y la Rebima que los
asentamientos irregulares en los Montes Azules son problemas de "carácter
jurídico y no agrario"; el conflicto debe solucionarse a partir de la
concertación y conciliación con los grupos. Héctor René García Quiñónez,
subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, subraya que la reubicación
de los indígenas y la búsqueda de alternativas de producción para ellos es la
vía para la defensa de los Montes Azules.
Mientras,
algunos funcionarios del gobierno de Chiapas consideran que el diálogo
conciliatorio, la agilización de procedimientos jurídicos y una visita de
campo por la región para tener información precisa, deben prevalecer antes que
el desalojo. Aclaran que de acuerdo con la inspección de campo realizada no hay
nuevos asentamientos en la reserva; la dirección de la Rebima afirma que hay
37, pero sólo 24 identificados plenamente.
Por
su parte, 16 organizaciones indígenas y campesinas con presencia en la región
de la selva Lacandona aclararon a los gobiernos federal y estatal que las
familias poblaron la zona entre los años 30 y 70 del siglo pasado y que el
gobierno federal sólo regularizó la tenencia de la tierra en 26 poblados, el
resto sigue solicitando su regularización y se considera víctima de la
injusticia social por haber sido excluido del reconocimiento de sus derechos
agrarios.
"No
es justo que nuevamente se quiera el desalojo violento de los pobladores que están
allí por necesidad de tierra y algunos más porque salieron huyendo de sus
comunidades en 1994 por la presión militar y la violencia paramilitar",
destacan en un escrito que entregaron al gobernador chiapaneco Pablo Salazar
Mendiguchía.
Advierten
que "son las grandes corporaciones multinacionales" -que se ocultan
detrás de algunos grupos ecologistas- las que están interesadas en el desalojo
para poder saquear "los secretos de la selva" (proyectos de
bioprospección), con la finalidad de patentarlos en su beneficio; hay también
empresas interesadas en construir gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos
ríos de la selva, "y no faltan los grupos extranjeros y nacionales que
buscan enriquecerse con el ecoturismo".
"Señor
gobernador, son las corporaciones multinacionales las interesadas en desalojar a
los pueblos indios organizados (...) para eso utilizan a los hermanos caribes
que, a cambio de migajas, levantan actas de despojo en nuestra contra y
favorecen el desalojo". Aclaran que están interesados en proteger y cuidar
la selva, "por eso nos hemos autopropuesto como guardianes de la
reserva". Sugieren también replantear las bases, estrategias y métodos de
la mesa agraria instalada en mayo de 1999, la cual debe estar bajo la conducción
del gobierno del estado y permitir la participación de comunidades
involucradas.
Demandan
que no se reactiven las denuncias penales contra los pobladores asentados en la
zona de los Montes Azules y asientan que las familias están dispuestas a buscar
una solución conjunta a la controversia agrario-ambiental, ya sea mediante la
regularización de la tenencia de la tierra y un programa de manejo y
aprovechamiento sustentable, o bien, vía la reubicación.
Manuel
Guzmán Cruz, secretario de la ARIC Independiente Democrática, dice que la
entrega de 614 mil 321 hectáreas a sólo 66 familias de indígenas caribes o
lacandonas provocó la creación de un "latifundio comunal". A partir
de 1970, "los pueblos indios hemos enfrentado continuas amenazas de
desalojos violentos y acusaciones de invasores, destructores y enemigos de la
naturaleza, cuando fueron los gobiernos estatal y federal los que no detuvieron
la tala de caoba y cedro hecha por Colofasa".
El
año pasado, agregan, "grupos de ambientalistas, investigadores y
fundaciones estadunidenses nos acusaron de incendiarios, diciendo que Montes
Azules se estaba quemando por nuestra culpa, puras mentiras. Fue una farsa y una
provocación zedillista para crear una situación de violencia contra los
zapatistas (EZLN)".
Acuerdos
indígenas de protección
En
un escrito, Guzmán Cruz aclara a Víctor Lichtinger, titular de la Semarnat, y
a José Campillo García, titular de la Profepa, que los pueblos tzeltales,
tzotziles, choles y tojolabales asentados en Montes Azules "no somos
invasores agrarios ni destructores. En asamblea decidimos no tumbar, no quemar,
dejar de usar agroquímicos y convertirnos en guardianes de la reserva, y el
poblado que no cumpla con ello será desconocido por nuestra organización".
Reitera
la disposición de los indígenas a dialogar y abrir sus comunidades a los
funcionarios que participan en la mesa agrario-ambiental, quienes no
respondieron a la propuesta de reunirse el pasado 29 de noviembre. Sugiere una
serie de recorridos durante diciembre por el ejido Nuevo Pichucalco y los
poblados Salvador Allende, Corozal, Israel, San Antonio Miramar y San Gregorio.
Advierte
que "por ningún motivo permitirán acciones de intimidación, órdenes de
aprehensión y menos desalojos (...) Sabemos que quienes promueven nuestra
expulsión bajo el pretexto de cuidar la reserva, lo que buscan es que no haya
indios organizados y conscientes de sus derechos, porque estorbamos a los
intereses de corporaciones multinacionales de los transgénicos, como Pulsar, y
otras que quieren apoderarse, para lucrar con la rica biodiversidad y agua de
nuestras montañas".
En
el informe, la dirección de la Rebima afirma que las nuevas invasiones son:
Arroyo Aguilar, noroeste de Ocotal, Las Ruinas (Sol Paraíso), Nuevo Limar,
Nuevo Pichucalco y Nuevo San Andrés. En el caso de Sol Paraíso, establece, son
60 personas que derribaron acahuales de tres a cuatro años. "Se sabe que
se posesionaron de las tierras después de la marcha zapatista a México, con la
consigna de habitar las áreas desalojadas". Agrega que quienes destruyeron
una hectárea frente al ejido Nuevo San Andrés estaban vinculados con el EZLN.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx